SOCIEDAD AGRÍCOLA DE SERVICIOS E INVERSIONES SERFUSAN S.A. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE QUILLOTA

Foja: 44 Cuarenta y Cuatro edp Valparaíso, treinta de octubre de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 7, comparece don Pablo César Palacios Alvarado, abogado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, en representación convencional de la Sociedad Agrícola de Servicios e Inversiones Serfusan S.A., sociedad anónima del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo, y en contra del fiscalizador de dicha institución, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de los actos arbitrarios y/o ilegales en que éstos han incurrido afectando los derechos y garantías fundamentales que indica.

Expone que con fecha 11 de agosto de 2014, la recurrente fue fiscalizada por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, en cuya virtud el inspector recurrido, pese a haber tenido a la vista los contratos de trabajo de los dependientes de la recurrente, constató según el acta de fiscalización la infracción del empleador de mantener excluidos de la limitación de jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales a 30 trabajadores cuya naturaleza de sus labores no cumpliría con los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, al no desempeñar éstos funciones sin fiscalización superior inmediata; agregando que a causa de dicha situación se dictó por la Resolución Nº 391414029-A, de fecha 22 de agosto de 2014, por la que se le aplicó a la recurrente una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales.

Sostiene que los hechos descritos constituyen en primer término una infracción a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, que establece el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales ni por un juez distinto al establecido en la ley, por cuanto el fiscalizador recurrido al constatar la infracción cursada ha procedido a la interpretación de una cláusula del contrato de trabajo arrogándose con ello el ejercicio de facultades jurisdiccionales de exclusiva competencia de los tribunales ordinarios de justicia. En efecto, señala que si bien el Estado a través de la Dirección del Trabajo tiene la misión de amparar a los trabajadores en sus derechos, velar por el cumplimiento de la normativa que regula la prestación de servicios y fiscalizar la aplicación de la ley laboral, tales atribuciones deben ejercerse sólo ante infracciones claras, precisas y determinadas; aclarando al respecto que conforme a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo corresponde a los tribunales ordinarios de justicia conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación de los contratos individuales y colectivos de trabajo, y no a la Inspección del Trabajo, la que con su proceder se ha convertido en una comisión especial.

En segundo lugar, alega que la Dirección del Trabajo al aplicar la multa administrativa en los términos señalados, también ha vulnerado la garantía constitucional del derecho de propiedad prevista en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, en tanto la sanción impuesta bajo las condiciones descritas afecta ilegítimamente el patrimonio de la recurrente, al tener que disponer de éste para satisfacer el pago de la multa impuesta por el organismo fiscalizador, la que en caso de no ser pagada dentro de un plazo determinado adquiere mérito ejecutivo pudiendo ser incluso cobrada ejecutivamente.

Por lo expuesto, refiere que la actuación de los recurridos además de resultar ilegal, al obrar fuera del marco que les es permitido en protección de los trabajadores, es arbitraria por cuanto su proceder aparece como antojadizo, infundado y producto del mero capricho, al desconocer un pacto contractual cuya efectividad y/o legitimidad debe ser decidida por la justicia ordinaria sujetándose al procedimiento que la ley establece al efecto.

Finalmente, señala que la procedencia de la presente acción cautelar debe entenderse sin perjuicio de la reconsideración administrativa y/o reclamación judicial en contra de la multa que le fuera cursada a la recurrente, conforme lo dispuesto en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo, toda vez que el arbitrio cautelar no excluye los mecanismos ordinarios de impugnación, los que resultan compatibles con él según se desprende del propio enunciado del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva que se restablezca el imperio del derecho, y que se deje sin efecto la Resolución de Multa Nº 391414029-A, de fecha 22 de agosto de 2014, como asimismo, la multa impuesta por medio de ésta, instruyendo a los recurridos de abstenerse en el futuro de actuar como lo han hecho en el presente caso y, por tanto, de la aplicación de cualquier multa que derive directamente del diferendo jurídico relativo a la interpretación de cláusulas de contratos individuales válidamente celebrados entre la recurrente y sus trabajadores dependientes, y sin perjuicio de las demás medidas que se estimen necesarias para asegurar la debida protección de la recurrente, con costas.

A fojas 28, informan los recurridos solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas. Señala que con fecha 1 de agosto de 2014 un dependiente de la recurrente interpuso ante la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota una denuncia debido a que se encontraba exceptuado de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, no obstante existir a su respecto un control de asistencia y de horarios en que debía cumplir sus labores; motivo por el cual se originó una comisión destinada a investigar los hechos denunciados a cargo del fiscalizador recurrido, el que con fecha 11 de agosto pasado, se presentó en las dependencias de la recurrente constatando, previo examen de la documentación laboral requerida y entrevista con el personal administrativo, que efectivamente 15 trabajadores cumplían funciones en terreno de control de plagas y saneamiento ambiental, los que se encontraban contractualmente excluidos de la limitación de la jornada de trabajo de 45 horas semanales por no estar sujetos a fiscalización superior inmediata, cuestión que fue descartada durante el proceso de fiscalización al verificarse que el empleador denunciado confeccionaba una agenda o programa semanal para cada trabajador en que se establecían horarios y lugares donde éstos debían realizar sus funciones diariamente, razón por la cual se levantó acta de constatación de hechos en terreno, y se otorgó al empleador un plazo de 7 días hábiles para regularizar la ilegalidad en que había incurrido, lo que al no haberse cumplido dio origen a la aplicación de la multa impuesta al recurrente equivalente a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

Acto seguido, alega la improcedencia de la acción cautelar intentada en función de la naturaleza del acto recurrido, el que tratándose de una resolución de multa puede impugnarse a través de un procedimiento de reclamación judicial o administrativo de multa; el primero de ellos, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo de éstos, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal.

En cuanto al fondo del recurso, sostiene primeramente la imposibilidad de destruir a través de la acción cautelar de autos, la presunción de veracidad de que gozan los hechos constatados por el fiscalizador recurrido en el ejercicio de sus funciones, pues para que ello se verifique es indispensable la existencia de un juicio de lato conocimiento, cuestión que no permite la sede de protección que requiere de un derecho indubitado que amparar.

Asimismo, advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal pues el proceso de fiscalización que derivó en la aplicación de la multa a la recurrente ha cumplido estrictamente con todos los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose estrictamente a la legalidad vigente. Al respecto precisa que no existe arbitrariedad en la actuación de los recurridos, ya que la resolución de multa se ha dictado una vez que el fiscalizador en uso de sus atribuciones privativas contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo y DFL Nº 2 de 1967, constató que a los trabajadores indicados en dicha resolución se encontraban excluidos de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo, sin cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, lo que verificó mediante su percepción personal en terreno, como de la documentación laboral examinada, por lo que no se aprecia cómo podría estimarse arbitrario el acto recurrido.

En el mismo sentido, señala que tampoco la resolución de multa cursada puede ser calificada de ilegal ya que ha existido por parte de la Dirección del Trabajo un irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, en cuya virtud dicho organismo actuando dentro del marco de su competencia y en la forma prescrita por la ley, ha obrado fiscalizando el cumplimiento de los derechos que establece la legislación laboral, en ejercicio de la función pública que el propio ordenamiento jurídico le ha encomendado; agregando que concluir lo contrario importaría desconocer al Estado en su misión de preservar el bien común que es la base y sustento de su existencia tal como lo dispone el artículo 2º inciso final del Código del Trabajo por el que se le encomienda velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.

Justifica el actuar administrativo de la Dirección del Trabajo en el artículo 1º del DFL 2 de 1967 que confiere a dicho organismo la fiscalización de la aplicación de la normativa laboral; el artículo 23 del mismo cuerpo normativo que establece que los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministros de fe en todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones; y el artículo 505 del Código del Trabajo que entrega a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, la que cumple a través de las respectivas Inspecciones del Trabajo. De esta forma, aclara que fiscalizar la aplicación de la legislación laboral conlleva una actividad que, necesariamente, requiere tanto la recopilación de los antecedentes de hecho, como la determinación de si esa realidad que se observa se adecua a la normativa laboral vigente, lo que en ningún caso significa un juicio o interpretación de las cláusulas contractuales, sino que sólo la apreciación de los hechos.

Finalmente, y en relación a las garantías que se reclaman vulneradas, señala que la resolución de multa administrativa que motivó la presente acción cautelar, no viola de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, pues la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo al aplicar una resolución de multa administrativa debe entenderse acotada a las facultades fiscalizadoras; haciendo presente, además, que la resolución de multa en cuestión no tiene naturaleza jurisdiccional, sino administrativa, por lo que ni se ha estado en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido jurisdicción por parte de dicho organismo. Por su parte, también señala que resulta abiertamente errado pretender tutelar por esta vía la garantía del derecho de propiedad establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, en tanto la aplicación de las multas obedecen justamente a todo un proceso, debidamente establecido y regulado por un tipificador de multa, que determina los valores de éstas de acuerdo a la infracción detectada, por lo que habiéndose constatado infracciones a la legislación laboral se han aplicado las sanciones pecuniarias correspondientes.

Por resolución de fojas 35 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren su ejercicio, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante resolución de multa administrativa, la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota le impuso la sanción de 10 Unidades Tributarias Mensuales por la infracción de excluir a trabajadores de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, cuestión que a su juicio importa una actuación arbitraria y/o ilegal de los recurridos que indebidamente se han atribuido el ejercicio de funciones jurisdicciones al proceder a interpretar las cláusulas del contrato de trabajo de sus dependientes, cuya labor corresponde exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia, vulnerando con ello las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que los recurridos informan solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando en primer término que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución de multa toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales de reclamación establecidos especialmente para impugnar dicho acto; mientras que en cuanto al fondo de recurso, precisa que la acción cautelar resulta improcedente para destruir la presunción de veracidad de los hechos constatados por el fiscalizador; que la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo y su fiscalizador tampoco es arbitraria y/o ilegal en tanto ésta se ha ajustado estrictamente al ejercicio de las facultades fiscalizadoras y procedimientos establecidos por la ley; y que en consecuencia tampoco existe en la especie vulneración de algunas de las garantías fundamentales indicadas como conculcadas por la actora.

CUARTO: Que en cuanto a la alegación de las recurridas respecto de que esta acción constitucional no sería la vía idónea para impugnar la multa que le fue cursada a la recurrente, por existir un procedimiento especial de reclamación de ella ante la judicatura laboral, ella debe ser desestimada, por cuanto de manera explícita el artículo 20 de la Constitución Política de la República antes mencionado, señala que la posibilidad de recurrir de protección por parte del que ha resultado agraviado en sus derechos constitucionales, por privación, perturbación o amenaza, lo es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

QUINTO: Que en lo que hace al fondo de la reclamación deducida, esto es, que la Inspección del Trabajo se habría constituido en una comisión especial que se ha excedido en sus funciones al interpretar los contratos de trabajo suscritos entre la recurrente y sus trabajadores, debe tenerse presente que conforme a lo prevenido en el artículo 505 del Código del Trabajo, “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen” y conforme a ello, corresponde a este organismo del Estado la constatación del efectivo cumplimiento de la normativa laboral, lo que implica que el Inspector del Trabajo, en su condición de ministro de fe, puede establecer si en los hechos se está o no dando cumplimiento a estas normas o a las estipulaciones de los respectivos contratos de trabajo.

SEXTO: Que en la especie la Inspección del Trabajo no ha realizado ninguna labor interpretativa de lo convenido en los contratos de trabajos suscritos entre la recurrente y sus trabajadores, labor que escapa a sus funciones, sino que simplemente se ha limitado a constatar que, en los hechos, los trabajadores de la recurrente, contrariamente a lo señalado en sus contratos de trabajo, cumplían funciones bajo supervisión inmediata del empleador apartándose de lo que prescribe el inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo. En efecto, mientras en sus respectivos contratos de trabajo se estipulaba que ellos no estaban sujetos a la limitación horaria de 45 horas semanales por desempeñarse sin fiscalización superior inmediata, pudo comprobarse que sí laboraban bajo esta fiscalización.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, en el acta de fs. 23 el fiscalizador de la Inspección del Trabajo informa que de los contratos de trabajo tenidos a la vista, se estableció que los trabajadores que cumplen funciones de control de plagas y saneamiento ambiental en terreno, se encuentran contractualmente excluidos de la limitación de jornada de trabajo de acuerdo al artículo 22 inciso 2º del Código del Trabajo, por no estar sujetos a fiscalización superior inmediata, pero durante la fiscalización se pudo constatar que dichos trabajadores sí se encuentran sujetos a una supervigilancia superior inmediata, debido a que la denunciada empresa, “confecciona una agenda o programa semanal” para cada trabajador; “en donde se establecen horarios y lugar a desempeñar sus funciones diariamente, existiendo una fiscalización y control sobre las funciones que realizan en terreno diariamente”.

OCTAVO: Que, en consecuencia, ha quedado debidamente establecido que la sanción que se aplicó a la recurrente, no se basa en una personal interpretación que haya hecho el fiscalizador o la Inspección del Trabajo de las cláusulas de los contratos de trabajo que ha tenido a la vista, sino porque ha constatado que en la realidad los trabajadores en cuestión sí eran sujeto de este tipo de fiscalización superior, ya que la empresa confecciona una agenda o programa semanal para los trabajadores donde se establecen horarios y lugar a desempeñar sus funciones diariamente y además, se realizaba un control después de cada jornada del cumplimiento de lo encomendado y, en consecuencia, por dicha circunstancia los trabajadores se encuentran sujetos a la limitación de la jornada de trabajo de hasta 45 horas semanales establecidos en la ley.

NOVENO: Que, por consiguiente, no se ha privado, perturbado o amenazado ninguna de las garantías constitucionales que el recurrente menciona en su acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 7 por don Pablo César Palacios Alvarado en representación de Sociedad Agrícola de Servicios e Inversiones Serfusan S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Quillota, y en contra del fiscalizador de dicha institución, don nombre reservado, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 2423-2014.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Fabián Elorriaga De Bonis.

No firma el Abogado Integrante Sr. Fabián Elorriaga, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por la Ministro Sra. Rosa Aguirre Carvajal, el Ministro Suplente Sr. Vicente Hormazábal Abarzúa y el Abogado Integrante Sr. Fabián Elorriaga De Bonis.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.