ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LIMITADA CONTRA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR

Foja: 34 Treinta y Cuatro eaam C.A. Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar el abogado Sr. Eduardo Arrate Menare, 15 minutos por el recurso. Valparaíso, veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.

N° Protección 242-2016.- nombre reservado

Relator Valparaíso, veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 8, comparece don Cristian Garnham Purcell, abogado, actuando como mandatario judicial y en representación de Administradora de Naves Humboldt Limitada, persona jurídica del giro de su razón social, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, representada legalmente por doña nombre reservado, funcionario público, o por quien la reemplace o subrogue, ambas domiciliadas en domicilio reservado, Expone que con fecha 11 de noviembre de 2015, su representada fue notificada de la Resolución Nº 6093/15/122 – 1, 2 y 3, dictada por el Fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, don nombre reservado, mediante la cual se le impuso las multas que en dicho documentos se señalan; agregando que en contra de dicha Resolución de Multa, con fecha 15 de diciembre de 2015, la recurrente de autos presentó ante la recurrida una solicitud de reconsideración administrativa, por adolecer el fundamento de las sanciones aplicadas, de errores de hecho y de derecho. Así las cosas, entre la fecha de la notificación de la multa y la presentación de la solicitud de reconsideración, transcurrieron 23 días hábiles, considerándose inhábiles los días sábados, domingo y los festivos. No obstante lo anterior, la recurrida, mediante Ordinario Nº 22, de fecha 8 de enero del año en curso, se negó a conocer y pronunciarse acerca de dicha reconsideración, declarándola inadmisible, arguyendo que ella “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”, por estimar que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos.

Alega que la disposición contenida en el citado artículo 512 no consagra regla alguna acerca de si el plazo a que se refiere es de días hábiles o corridos, por lo que, tratándose de un procedimiento administrativo, debe aplicarse la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, cuyo artículo 25, que regula el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, estatuye que los plazos de días en el referido procedimiento, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general contenidas en otros cuerpos legales. Así las cosas, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro del plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. Asimismo, se ve amenazado el derecho de propiedad, puesto que con la resolución recurrida se afecta gravemente el patrimonio de su representada, ya que, indebida y arbitrariamente se le obliga a pagar el monto de multas incorrectamente aplicadas, sin siquiera conocer de los argumentos que debieran llevar a dejarlas sin efecto.

Solicita, en definitiva, acoger el presente recurso, declarando arbitrario e ilegal su acto contenido en el Ordinario N° 22 de fecha 8 de enero del presente año, decretando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, específicamente disponiendo que la recurrida debe admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por su parte respecto de la Resolución de Multa N° 6093/15/122-1,2,3 de fecha 12 de noviembre de 2015.

Acompaña la recurrente a su presentación documentación consistente en: (i) Resolución de Multa 6093/15/122-1,2,3 y (ii) copia del Ordinario N° 22 de fecha 8 de enero de 2016, suscrito por la inspectora Comunal del Trabajo de Viña del Mar, doña nombre reservado

A fojas 26, informa doña nombre reservado, Inspectora Comunal del Trabajo de Viña del Mar (S), solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 10 de noviembre de 2015, se generó la fiscalización Nº 0513/2015/204 respecto de la recurrente, siendo asignada la comisión a un funcionario de la Inspección del Trabajo de Viña del Mar, y, como consecuencia de la constatación del fiscalizador, se cursó la multa Nº 6093/15/122-1,2 y 3. En contra de dicha resolución de multa, la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa; sin embargo, tal presentación se efectúa fuera del plazo establecido, toda vez que, habiéndose notificado la multa el 11 de noviembre de 2015, sólo se recurrió administrativamente el día 15 de diciembre de 2015, esto es, fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador, motivo por el cual la recurrida dictó el Ordinario Nº 22 de fecha 8 de enero de 2016, en que se informó a la recurrente la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de término.

Respecto de la presente acción cautelar, en primer término, alega la improcedencia de la misma, atendida la naturaleza del acto recurrido, ello por cuanto en la especie se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de multa; decisión en contra de la cual el ordenamiento jurídico laboral contempla diversas instancias y recursos específicos para impugnarla, no siendo el presente arbitrio la vía idónea para reclamar de ésta.

En efecto, señala que tratándose de una resolución de multa administrativa, el ordenamiento jurídico otorga para su impugnación, tanto un procedimiento de reclamación judicial como administrativo; el primero de ellos, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo de éstos, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, pudiendo reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo competente, según lo dispone el artículo 512 inciso 2º del citado Código; por lo que concluye que la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida resolución y que, en consecuencia, se estaría utilizando ésta sólo como un mero sustituto de procedimientos específicos expresamente contemplados en la ley.

En cuanto al fondo del recurso, advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, que atente contra la garantía que se reclama conculcada, toda vez que, por una parte, la resolución impugnada por esta vía se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose a la legalidad vigente; y porque, por otro lado, dicha resolución ha sido dictada, con fundamento razonable, una vez comprobado que el término de días corridos se encontraba vencido.

En dicho orden de ideas, explica que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por los funcionarios de su dependencia, cumpliéndose ciertas condiciones mínimas. De igual modo, agrega el artículo 512, que el Director del Trabajo hará uso de dicha facultad ante solicitud escrita del interesado, la cual deberá presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa que se impugna; cuestión que, en este caso, no se ha cumplido, dado que notificada la resolución de multa a la recurrente, con fecha 11 de noviembre de 2015, ésta presentó la solicitud de reconsideración administrativa, el día 15 de diciembre pasado, esto es, encontrándose ya vencido el término legal de 30 días corridos con que contaba para hacerlo, el que venció el día 11 de diciembre de 2015.

Explica que, si bien la disposición del artículo 512 del Código del Trabajo no señala expresamente si el término de 30 días que se establece para impugnar la resolución de multa, es de días corridos o de días hábiles, para tales efectos debe tenerse a la vista lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil, los que aplicados en forma armónica con lo previsto en el derecho administrativo, permiten concluir que el referido plazo es de días corridos, lo que resulta reforzado con lo dispuesto también en el artículo 42 de la Ley Nº 11.764, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público, debiendo el Presidente de la República fijar el horario y establecer sus excepciones en casos calificados.

A mayor abundamiento, añade que debe tenerse presente el mismo Formulario Nº 10, de solicitud de reconsideración de multa administrativa, en que consta, dentro de sus notas importantes, que el plazo para su presentación es de 30 días corridos desde la notificación de la resolución de multa; además de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que cita al efecto; y las propias Circulares Nº 73, de fecha 8 de junio de 2012, y Nº 96, de fecha 23 de septiembre de 2009, ambas de la Dirección del Trabajo.

Acompaña documentación a su informe.

Por resolución de fojas 30, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario Nº 22, de fecha 8 de enero de 2016, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la resolución de multa Nº 6093/15/122 – 1, 2 y 3, notificada a su parte, con fecha 11 de noviembre de 2015, en atención a que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 24 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, entendiéndose como inhábiles los días sábado, domingo y festivos; de modo tal que la solicitud de reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

TERCERO: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla en el artículo 512 del Código del Trabajo, que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada por la actora.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

QUINTO: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedente allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 15 de diciembre de 2015, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 11 de noviembre de ese mismo año, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

SEXTO: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente, y amenazando su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 8 por don Cristian Garnham Purcell, en representación de Administradora de Naves Humboldt Limitada, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, y en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 15 de diciembre de 2015 deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Nº 6093/15/122 – 1, 2 y 3, de fecha 12 de noviembre de 2015.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-242-2016.

Pronunciada por las Ministros Sra. Eliana Quezada Muñoz, Sra. Carolina Figueroa Chandía y Sra. María del Rosario Lavín Valdés.

En Valparaíso a veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis se notificó por el estado diario la resolución que antecede.