nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, comunicado el 23 de febrero de 2026.

Expone que el actor solicitó ante la AFP recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de los fondos previsionales existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando la Ley N°18.156, que establece una exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica.

Señala que la recurrida rechazó la solicitud, cuestionando la documentación acompañada para acreditar su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en particular por no encontrarse legalizada o apostillada, exigencia que la parte recurrente estima improcedente, atendida la imposibilidad material de obtener actualmente ciertos documentos o legalizaciones consulares por el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Sostiene que acompañó antecedentes suficientes para acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, entre ellos una declaración jurada otorgada ante notario chileno, una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS y documentación verificable en línea mediante código de validación en el sitio oficial de dicho organismo. Agrega que la constancia electrónica permite comprobar su afiliación, el número de semanas cotizadas y su registro ante la seguridad social venezolana.

Afirma que la recurrida incurre en ilegalidad y arbitrariedad al desconocer tales antecedentes, omitir su verificación electrónica e imponer requisitos que, a su juicio, no se encuentran expresamente establecidos en la Ley N°18.156, realizando una interpretación excesivamente formalista que desatiende la finalidad de la norma, consistente en permitir al trabajador extranjero disponer de sus fondos previsionales cuando se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen.

Añade que la exigencia de legalización o apostilla resulta desproporcionada en el contexto actual de imposibilidad de obtener documentación consular venezolana en Chile, y que la autenticidad de la constancia puede verificarse por medios electrónicos idóneos, por lo que la negativa de la AFP carecería de razonabilidad.

Concluye que el rechazo impugnado vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al establecer una carga no prevista por la ley y privarlo de disponer de fondos que estima de su propiedad.

Solicita que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que esta Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, indicando que don nombre reservado no registra reclamo ante dicho organismo respecto de los hechos materia del recurso, por lo que no cuenta con antecedentes administrativos específicos sobre la solicitud cuestionada.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°, en relación con el artículo 7° del mismo cuerpo legal.

En cuanto al caso concreto, señala que el recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones y una declaración jurada. Sostiene que esta última no resulta idónea para acreditar cobertura previsional extranjera, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen. Respecto de la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, indica que tampoco sirve para acreditar el requisito legal, pues no se encuentra firmada por quien la emite, ni apostillada o legalizada; además, no señala las coberturas específicas con que contaría el recurrente, ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano.

Finalmente, concluye que no cuenta con antecedentes que permitan estimar cumplidas las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 10, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que el actor presentó, el 19 de febrero de 2026, una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, respecto de cotizaciones enteradas por su empleador ADM. de Supermercados Express Ltda., RUT RUT reservado, y para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156, acompañó título profesional apostillado, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada ante notario y contrato de trabajo con sus anexos.

Indica que, revisados dichos antecedentes, se rechazó la solicitud el 23 de febrero de 2026, por no haberse acompañado una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera competente, debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y, a todo evento, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada del propio trabajador no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile, conforme a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que se limitó a aplicar la normativa vigente y las instrucciones obligatorias del órgano fiscalizador, por lo que no existiría privación, perturbación ni amenaza de las garantías constitucionales invocadas.

A folio 12, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, abogado, cuya condición de técnico extranjero fue acreditada mediante título profesional apostillado, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con Supermercados Express Ltda., RUT RUT reservado° Por contrato de trabajo y sus anexos, el recurrente expresa su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundándose en la falta de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y, a todo evento, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, haciendo presente que la declaración jurada acompañada tampoco es documento apto para acreditar la afiliación.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho, la devolución de fondos previsionales del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante título profesional apostillado, y que por lo tanto puede ser considerado como técnico extranjero en los términos de la Ley N°18.156.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera, su falta de autenticidad y el no haber sido emitido por la autoridad competente de forma debidamente legalizada o apostillada, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurado del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable. El documento carece de firma autorizada y no ha sido legalizado ni apostillado; el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente exige para los instrumentos otorgados en el extranjero, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

A mayor abundamiento, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de residencia definitiva en Chile, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que la Ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo del recurso, teniendo únicamente presente que a su entender el asunto planteado es de lato conocimiento y de competencia de los tribunales laborales conforme a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2408-2026.