Recurso de protección

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, bajo el Rol N°2401-2026 comparece don Nicolás Armando Pérez Castro, abogado, en representación de Clínica Reñaca S.A., también denominada Clínica Bupa Reñaca, interponiendo acción constitucional de protección en favor del recién nacido de apellido nombre reservado, y en contra de sus padres doña nombre reservado y don nombre reservado, por la negativa de éstos a la aplicación de la vacuna para la prevención de la hepatitis B (VHB) comprendida en el Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud.

Invoca como garantía vulnerada la contenida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

Expone que la recurrida, encontrándose en estado de embarazo próximo a término, ingresó al recinto clínico de su representada el día 20 de enero de 2026, manifestando el rechazo a la vacunación del Programa Nacional de Inmunización, en específico a la vacuna anti-hepatitis B (VHB), aduciendo, sin respaldo científico acreditado, la posibilidad de padecimiento de diversas patologías con su aplicación.

Agrega que, pese a haber sido debidamente informada por el personal clínico de los beneficios y riesgos de la no vacunación, como asimismo de la obligatoriedad de su aplicación por los recintos sanitarios conforme al Decreto N° 68 Exento del Ministerio de Salud, de 2021, los recurridos insistieron en su rechazo.

Señala que el NUM000 de 2026 se practicó el parto, sin complicaciones, dando a luz al recién nacido; y que, pese a que el personal sanitario reiteró la importancia de la vacunación, los recurridos persistieron en su negativa, suscribiendo el 22 de enero de 2026 el respectivo registro de respaldo de rechazo de inoculación de la vacuna anti-hepatitis B (VHB). Otorgándose el alta con fecha 23 del mismo mes y año.

Arguye que la negativa de los recurridos constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto la referida vacuna se encuentra contemplada en el Decreto Exento N° 68, de 2021, del Ministerio de Salud, y en el Decreto Exento N° 6, de 2010, del mismo Ministerio, dentro de aquellas cuya aplicación resulta obligatoria conforme a la facultad que a dicha cartera confiere el artículo 32 del Código Sanitario.

Añade que los incisos primero y séptimo del artículo 38 de la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, consagran el derecho de todo niño, niña y adolescente a la inmunización contra las enfermedades prevenibles, imponiendo al Estado el deber de asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria, y a los padres, madres o responsables legales, el deber de garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente; lo que, a su vez, se encuentra en armonía con los artículos 3 N° 1 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Destaca que la aplicación de la vacuna anti-hepatitis B resulta de vital importancia para la salud del recién nacido, desde las perspectivas neonatal, infectológica y de salud pública, pues su omisión lo expone a contraer enfermedades que pueden amenazar directamente su vida o acarrearle secuelas o patologías crónicas a largo plazo, como el daño hepático crónico por virus de la hepatitis B; agregando que su aplicación contribuye al denominado efecto rebaño, que permite una mejor prevención individual y colectiva.

Cita, en apoyo de sus pretensiones, los fallos dictados por la Iltma.

Corte de Apelaciones de La Serena en causa Rol N° 737-2025 y por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol N° 1367-2025.

Concluye solicitando se acoja el recurso y, en definitiva, se ordene la inmediata aplicación de la vacuna anti-hepatitis B (VHB) al hijo de los recurridos, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación: 1) Ficha clínica del recién nacido en el recinto clínico de su representada; y 2) Ordinario B27 N° 1630, de 3 de abril de 2019, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.

A folio 8 informan los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado solicitando el rechazo del recurso.

Sostienen que la madre de la niña cuenta con prueba serológica HBsAg negativa, realizada y confirmada antes y al momento del parto, lo que descarta la posibilidad de transmisión vertical del virus durante el embarazo y el alumbramiento.

Añaden que, tratándose de un país de baja endemicidad, el riesgo de transmisión horizontal por contacto casual en los primeros meses de vida del recién nacido sano es extremadamente bajo, no existiendo -a su juicio- evidencia científica de que la omisión de la dosis neonatal en estos casos genere riesgo significativo para la salud pública o el denominado efecto rebaño.

Relatan que, a partir de diciembre de 2025, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América modificaron su recomendación, dejando la administración de la dosis al nacer a la decisión compartida entre padres y médico tratante en aquellos casos de madres con serología negativa; añadiendo que otros países de baja endemicidad, como el Reino Unido o Dinamarca, no aplican dosis universal neonatal.

Manifiestan que se habría vulnerado su derecho al consentimiento informado, consagrado en el artículo 14 de la Ley N° 20.584, toda vez que no se les exhibió el prospecto de la vacuna, ni se les informó su marca o sus posibles efectos adversos, ni se realizó la consejería que exigiría el protocolo ministerial para los rechazos de vacunación neonatal contra VHB.

Aducen que su hija se encuentra en óptimo estado de salud, alimentada con lactancia materna exclusiva, residiendo en un entorno rural, sin frecuentar espacios de alta concentración de personas, lo que reduciría el riesgo epidemiológico individual; todo lo cual habría sido evaluado y respaldado por la pediatra tratante, Dra. nombre reservado, mediante certificado médico de 25 de marzo de 2026, que se acompaña.

Concluyen solicitando el rechazo del recurso y, que se ordene respetar la decisión compartida con la pediatra y se inicie la vacunación regular a los dos meses de edad. Acompañan: 1) Resultado de laboratorio HBsAg negativo de la madre; 2) Copia del comunicado y fact sheet de los CDC, de 16 de diciembre de 2025; y 3) Certificado médico de la pediatra tratante, Dra. nombre reservado.

A folio 1, del recurso acumulado Rol N° Protección-2401-2026, Clínica Reñaca S.A. dedujo idéntica acción constitucional en favor del recién nacido de apellido nombre reservado, y en contra de sus padres doña nombre reservado y don nombre reservado, por análoga negativa a la aplicación de la vacuna anti-hepatitis B, invocando la misma garantía y el mismo marco normativo que en la causa principal.

Relata que la recurrida ingresó al recinto clínico de su representada el NUM001 de 2026, manifestando su rechazo a la vacuna anti-hepatitis B; que, pese a la información proporcionada por el personal sanitario sobre los beneficios y riesgos asociados y la obligatoriedad de la inoculación, los recurridos insistieron en su rechazo. El mismo día se practicó la cesárea, sin complicaciones, dando a luz al recién nacido, suscribiendo los padres el respectivo registro de respaldo de rechazo y otorgándose el alta el 8 de marzo de 2026.

Mediante resolución de 23 de marzo de 2026, esta Corte dispuso la acumulación de la causa Rol Protección-2439-2026 a los presentes autos, por ser aquélla de anterior iniciación.

A folio 10 los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado evacuaron informe, sosteniendo, en síntesis, que los hechos expuestos por la recurrente no se ajustarían a la realidad, pues en ningún momento habrían rechazado definitivamente la vacunación, sino que manifestaron la preferencia por postergar su administración por un breve período, con el objeto de actuar con mayor cautela. Añaden que su hijo ha recibido las demás intervenciones y vacunas indicadas por el equipo médico, incluyendo vitamina K, inmunización contra el virus sincicial respiratorio y vacuna BCG, constituyendo la anti-hepatitis B la única excepción, respecto de la cual se habría decidido únicamente su postergación y no su rechazo.

Refieren que la madre se realizó durante el embarazo el examen de hepatitis B, cuyo resultado fue negativo, por lo que no existiría riesgo inmediato de transmisión vertical, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso.

A folio 11 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar de naturaleza constitucional, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de providencias de resguardo tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en consecuencia, resulta requisito indispensable para el acogimiento de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, carente de razonabilidad, entendida ésta como la adecuada proporción entre los motivos y los fines perseguidos; y que, además, tal acto u omisión provoque la privación, perturbación o amenaza de una o más de las garantías protegidas en el referido artículo 20.

Tercero: Que, en la especie, constituyen hechos no controvertidos, en ambos recursos, los siguientes: 1) Que, el hijo recién nacido de los recurridos nombre reservado y nombre reservado nació el NUM000 de 2026 en el recinto clínico de la recurrente, y que el hijo recién nacido de los recurridos nombre reservado y nombre reservado nació el NUM001 de 2026 en el mismo establecimiento. 2) Que, ambos grupos de recurridos manifestaron, al momento del ingreso y durante la hospitalización, su voluntad contraria a la aplicación de la vacuna anti-hepatitis B (VHB) a sus respectivos hijos recién nacidos, suscribiendo los correspondientes registros de respaldo de rechazo. 3) Que, a la fecha de esta sentencia, ninguno de los dos lactantes ha sido inoculado con la referida vacuna.

Cuarto: Que, en el plano normativo, el artículo 32 del Código Sanitario establece que el Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, agregando que el Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

A su turno, el Decreto N° 6 Exento, de 29 de enero de 2010, del Ministerio de Salud, dispuso la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, encontrándose entre ellas la relativa a la hepatitis B; y, posteriormente, el Decreto N° 68 Exento, de 2021, del mismo Ministerio, ratificó dicho carácter obligatorio dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, incorporando expresamente la vacuna anti-hepatitis B dentro del esquema neonatal.

Por su parte, la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, si bien consagra en su artículo 14 el derecho de toda persona a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, establece en el inciso segundo de su artículo 16 que tal derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de la intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario, debiendo en tal caso dejarse constancia en la ficha clínica.

En el mismo sentido, la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, representa un cambio de paradigma al consolidar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, consagrando expresamente, en su artículo 38, el derecho a la salud y a los servicios de salud, disponiendo en su párrafo séptimo que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles, debiendo el Estado asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente. Dicha disposición se armoniza con el artículo 7 del mismo cuerpo legal, que consagra el principio del interés superior del niño, niña y adolescente como criterio rector de toda decisión que les concierna.

Finalmente, en sede internacional, el artículo 3 N° 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante el Decreto Supremo N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores- dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; y el artículo 24 del mismo tratado reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, imponiendo a los Estados Partes la obligación de adoptar las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y asegurar la atención sanitaria necesaria.

Quinto: Que, confrontado el referido marco normativo con la conducta desplegada por los recurridos en ambas causas acumuladas, fuerza es concluir que su negativa o, según la propia denominación que utiliza en la causa acumulada, su postergación, a la aplicación de la vacuna anti-hepatitis B a sus respectivos hijos recién nacidos, se aparta de un mandato legal y reglamentario expreso, que impone la vacunación obligatoria dentro del esquema neonatal definido por la autoridad sanitaria, sin que dicha obligatoriedad se encuentre entregada a la decisión individual de los progenitores.

En efecto, la normativa nacional, recogida en el Código Sanitario y en los referidos decretos exentos del Ministerio de Salud, no distingue según el resultado serológico materno, el entorno socio-ambiental de los padres, o la existencia de seguimiento por un pediatra privado; sino que, partiendo del carácter de obligatoria, universal y gratuita de la vacunación, impone a los padres el deber correlativo de garantizar la oportuna inmunización de sus hijos, como manifestación concreta del deber de cuidado que les corresponde en virtud de la corresponsabilidad parental.

Sexto: Que, el argumento esgrimido por los recurridos nombre reservado y nombre reservado, consistente en la modificación de la recomendación adoptada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América en diciembre de 2025, no resulta idóneo para eximirles del cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Ello, por cuanto tales recomendaciones constituyen directrices de un organismo sanitario extranjero, sin fuerza normativa en Chile, correspondiendo únicamente a las autoridades competentes, en particular al Ministerio de Salud, evaluar la evidencia científica disponible y, en su caso, modificar el Programa Nacional de Inmunizaciones. Mientras tal modificación no se produzca, la vacunación contra la hepatitis B al recién nacido continúa siendo obligatoria para la población conforme a los Decretos Exentos N° 6, de 2010, y N° 68, de 2021, del Ministerio de Salud, sin que sea admisible sustituir el criterio del legislador y de la autoridad sanitaria.

Séptimo: Que, tampoco puede prosperar la alegación fundada en una supuesta vulneración del derecho al consentimiento informado consagrado en el artículo 14 de la Ley N° 20.584. Ello, porque el propio cuerpo legal, en el inciso segundo de su artículo 16, excluye expresamente de su ámbito de aplicación aquellos procedimientos cuya omisión suponga un riesgo para la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario; hipótesis que, precisamente, se configura tratándose de la vacunación obligatoria dispuesta por la autoridad sanitaria en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 32 del mencionado Código. En consecuencia, el eventual déficit informativo que se denuncia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o disciplinarias que pudieran perseguirse en la sede respectiva, no resulta apto para habilitar el rechazo a un procedimiento de inmunización cuya aplicación se encuentra sustraída al régimen general de consentimiento informado.

Octavo: Que, en lo que atañe a la alegación de los recurridos en el sentido de que no se trataría de un rechazo absoluto sino de una postergación controlada y médicamente guiada, cabe señalar que el Programa Nacional de Inmunizaciones contempla la aplicación de la vacuna anti-hepatitis B dentro del esquema neonatal, precisamente por la ventana epidemiológica que el legislador y la autoridad sanitaria han determinado como óptima para la protección del recién nacido. La postergación unilateral del calendario, fundada en la preferencia de los padres o en la supuesta opinión de un profesional particular, importa incumplir el mandato legal de vacunación oportuna que el artículo 38 de la Ley N° 21.430 impone a los progenitores, quedando excedido aquello del margen de apreciación que la legislación entrega a la potestad parental. Un entendimiento distinto conduciría a vaciar de contenido el carácter obligatorio del Programa, sometiéndolo a la voluntad individual de cada familia, en perjuicio del interés colectivo y del propio niño.

Noveno: Que, del mismo modo, la circunstancia de que las madres presenten serología HBsAg negativa, como sucedería en ambas causas acumuladas, no constituye, conforme a la normativa nacional, una causa legal de excepción a la obligatoriedad de la vacunación neonatal. Los Decretos Exentos N° 6, de 2010, y N° 68, de 2021, del Ministerio de Salud, establecen la obligatoriedad con carácter general, sin condicionarla al resultado serológico materno, por lo que la invocación de tal circunstancia escapa del ámbito de las excepciones legalmente reconocidas y, en consecuencia, no puede justificar la negativa desplegada. Sin perjuicio de lo anterior, lo pretendido por los recurridos implicaría, además, introducir por vía de interpretación una excepción que la autoridad competente no ha contemplado, alterando con ello el régimen sanitario vigente.

Décimo: Que, desde la perspectiva del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 N° 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 7 de la Ley N° 21.430, y conforme a los criterios de evaluación y determinación contenidos en la Observación General N° 14, de 2013, del Comité de los Derechos del Niño, corresponde identificar, entre las alternativas posibles, aquélla que maximice el bienestar del niño y minimice los daños colaterales, permitiéndole el goce y disfrute efectivo de las garantías que le son reconocidas.

En este ejercicio ponderativo, adquieren relevancia elementos tales como la corta edad de ambos lactantes, la estructura familiar, la carencia de razones objetivas que justifiquen privarles de su derecho a ser inmunizados oportunamente, los riesgos que ello conlleva para su salud e integridad física -extrapolables, además, a los sujetos que compartan con ellos en caso de contagio-, y la circunstancia de que, en nuestro ordenamiento, la vacunación contra la hepatitis B ha sido definida por la autoridad competente como la alternativa que, de mejor forma, protege la vida y la integridad física del recién nacido, sin que se hayan aportado antecedentes que, en concreto, permitan desplazar esa valoración normativa.

De este modo, en el conflicto entre la voluntad de los progenitores y el interés superior del niño, debe primar este último, particularmente si la decisión denunciada vulnera la garantía del numeral 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al privar a los lactantes de la inmunización que el plan nacional de vacunación aporta. Como se ha sostenido en términos que esta Corte hace suyos, la obligación de los padres de asegurar la vacunación de sus hijos se enmarca en el cumplimiento del contenido esencial de la protección de la salud como derecho social, cuya efectividad no depende exclusivamente de la voluntad individual, sino que constituye un deber jurídico orientado a la protección del interés superior del niño y de la salud pública en su conjunto.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, la vacunación, como política pública, se inscribe dentro del principio general conforme al cual la libertad individual en el ejercicio de la autonomía personal encuentra su límite cuando afecta la libertad o los derechos de otras personas, en este caso, del colectivo social. El rechazo a la inmunización obligatoria expone a la población a la eventual reaparición de brotes de enfermedades que, gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones, se encuentran hoy controladas; principio de solidaridad sanitaria que, desde una perspectiva ético-jurídica, justifica la obligatoriedad de la vacunación por sobre la decisión individual, resguardando el bien superior de proteger a la totalidad de la población a través de una alta cobertura vacunal.

Décimo primero: Que, en cuanto a la alegación sobre la supuesta caducidad de la oportunidad para administrar la dosis neonatal, formulada por los recurridos nombre reservado y nombre reservado, cabe señalar que el solo transcurso del tiempo no puede operar como causal de extinción del deber de vacunación. Corresponderá al equipo médico del Servicio de Salud respectivo determinar, conforme a las normas técnicas vigentes y al estado actual del lactante, el esquema concreto de inoculación que permita resguardar el derecho del menor a ser inmunizado contra la hepatitis B, integrándolo oportunamente al Programa Nacional de Inmunizaciones. La aceptación de la tesis contraria importaría premiar la inobservancia de la obligación legal, consolidando una situación contraria a derecho por mero efecto del retardo.

Décimo segundo: Que, así las cosas, no encontrándose la negativa opuesta por los recurridos en ambas causas acumuladas fundada ni amparada en la legislación vigente, resulta forzoso concluir que su actuar es ilegal y arbitrario: ilegal, por cuanto contraviene los Decretos Exentos N° 6, de 2010, y N° 68, de 2021, del Ministerio de Salud, y los artículos 32 del Código Sanitario, 38 de la Ley N° 21.430 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y arbitrario, por cuanto se sustenta en razones que, confrontadas con el ordenamiento jurídico y con la evidencia normativa disponible, carecen de la razonabilidad exigida, cediendo ante los derechos que la normativa nacional e internacional reconoce a los niños, niñas y adolescentes en materia sanitaria.

Consecuencialmente, tal actuar amenaza la garantía consagrada en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, desde que los lactantes, al no ser oportunamente inmunizados, quedan expuestos a contraer enfermedades inmunoprevenibles, correspondiendo, por tanto, acoger la acción constitucional intentada en los términos que se dirán.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República; 32 del Código Sanitario; 14 y 16 de la Ley N° 20.584; 7 y 38 de la Ley N° 21.430; 3 N° 1 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño;

Decretos Exentos N° 6, de 2010, y N° 68, de 2021, del Ministerio de Salud; y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acogen los recursos de protección deducidos por Clínica Reñaca S.A., en los autos Rol Protección N° 2401-2026 y Rol Protección N° 2439-2026 - esta última acumulada a la primera- sin costas, disponiéndose:

I.- Que los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado deberán concurrir, con su hija, al Servicio de Salud que corresponda, con el fin de permitir su vacunación contra la hepatitis B, conforme al esquema que la autoridad sanitaria determine de acuerdo con las normas técnicas vigentes, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

II.- Que los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado deberán concurrir, con su hijo, al Servicio de Salud que corresponda, con el fin de permitir su vacunación contra la hepatitis B, conforme al esquema que la autoridad sanitaria determine de acuerdo con las normas técnicas vigentes, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-2401-2026 (acumulada Rol N° Protección- 2439-2026).