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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2397-202624 abr 2026

nombre reservado con ADMINISTRADORA D FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A

Fecha
24 de abril de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 2397-2026, sentencia de 24 de abril de 2026

Resumen

Se rechaza la protección contra AFP Hábitat: su exigencia de apostillar o legalizar el certificado del seguro social extranjero se ajusta a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin arbitrariedad.

Texto íntegro

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. El acto impugnado es el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnica extranjera, comunicado el 17 de marzo de 2026.

La recurrente expone que es una ciudadana de nacionalidad venezolana que se desempeña en Chile en calidad de técnica (profesora de educación preescolar). Afirma que cumple con la totalidad de los requisitos del artículo 7° de la Ley N° 18.156, a saber: poseer la calidad de técnica, estar afiliada a un régimen de seguridad social en el extranjero (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS) que otorga prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber pactado expresamente en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Sostiene que acompañó a su solicitud una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, verificable en línea mediante el portal oficial del organismo, una declaración jurada notarial apostillada y su título profesional. Estima que el rechazo de la AFP, basado en que el certificado de seguridad social no estaría legalizado o apostillado, es caprichoso, ignora la imposibilidad material de legalizar documentos venezolanos ante la embajada – por hallarse ésta cerrada – y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.

A folio 7, evacuó informe AFP Hábitat S.A., solicitando el rechazo de la acción. Argumenta que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Indica que la documentación presentada por la afiliada fue analizada y rechazada por no cumplir con las exigencias de validación (apostilla o legalización), y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS carece de firma autorizada y de la correspondiente apostilla, no siendo el código de verificación en línea un sustituto de aquellos requisitos formales.

A folio 9, se recibió el informe de la Superintendencia de Pensiones. El órgano regulador informa que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y que la devolución de fondos solo procede cuando se acredita de manera indubitada la cobertura “a todo evento” en el extranjero. Advierte que, en el caso de la recurrente, la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no permite constatar una protección vigente y completa respecto de todas las contingencias de seguridad social exigidas por la ley chilena, careciendo además de firma autorizada y de apostilla o legalización; y que la declaración jurada suscrita por la propia recurrente tampoco constituye un documento idóneo para suplir la certificación oficial de la autoridad previsional extranjera competente.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, la controversia se centra en determinar si el rechazo de la devolución de fondos previsionales por parte de AFP Hábitat S.A. constituye un acto ilegal o arbitrario. Al respecto, debe tenerse presente que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción al principio de obligatoriedad de las cotizaciones previsionales en Chile. Como toda norma de excepción, su interpretación y aplicación deben ser de carácter restrictivo.

Tercero: Que, según las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI, sobre “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales”), para que proceda la devolución de fondos, el trabajador debe acreditar que el régimen de seguridad social extranjero le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Las instrucciones administrativas vigentes exigen que dicha cobertura sea real, efectiva y que se encuentre vigente durante todo el periodo en que el trabajador prestó servicios en Chile, debiendo los certificados institucionales estar debidamente legalizados o apostillados de acuerdo con la Ley N° 20.711 y la Convención de La Haya. No resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional extranjero, ni una constancia de cotizaciones que no indique en forma específica que el trabajador contó efectivamente con protección por todos los riesgos indicados durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados por la recurrente se observa que la documentación aportada para acreditar su cobertura previsional en el extranjero resulta insuficiente para los fines de la Ley N° 18.156. En efecto, tal como lo han sostenido la recurrida y el órgano regulador, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS carece de firma de quien emite el documento y no fue apostillada ni legalizada. El hecho de que dicho documento incluya un código de verificación electrónica no suple los requisitos legales formales exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile surtan efectos en el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Además, dicha constancia no consigna de forma específica que la recurrente haya contado efectivamente con cobertura para todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, sino que se limita a mencionar de manera genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por su parte, la declaración jurada suscrita por la propia recurrente tampoco es un instrumento idóneo para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha acreditación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente. En cuanto al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, tal circunstancia no configura una imposibilidad absoluta de cumplir con la exigencia legal, pues el IVSS continúa emitiendo certificaciones a través de sus canales institucionales, siendo factible obtener la apostilla en Venezuela mediante los mecanismos habilitados al efecto.

Quinto: Que, el actuar de AFP Hábitat S.A. no puede calificarse de ilegal ni arbitrario, pues se ajusta estrictamente a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. La administradora tiene el deber legal de verificar el cumplimiento íntegro y copulativo de los requisitos antes de autorizar la disposición de fondos que tienen un fin social y previsional obligatorio. En este mismo sentido, la propia Corte de Apelaciones de Valparaíso, en autos Rol N° 1431-2025 – fallo confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 17866-2025 –, resolvió que la conducta de una AFP al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero no constituye acto ilegal ni arbitrario, y que el código de verificación electrónica no sustituye la exigencia de legalización o apostilla que impone el ordenamiento jurídico nacional.

Sexto: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado una vulneración a las garantías constitucionales invocadas, la acción debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2397-2026.