Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar

Foja: 55 Cincuenta y Cinco eaam C.A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunció para alegar el abogado Sr. Francisco Rodríguez Villalobos, 5 minutos contra el recurso, quien ejerció su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, tres de junio de dos mil dieciséis.

N° Protección 2394-2016.-

nombre reservado

Relator Valparaíso, a tres de junio de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 2 comparece nombre reservado, jubilada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, y en contra de don Francisco Rodríguez Villalobos, Inspector Comunal de dicha Inspección, ambos domiciliado en domicilio reservado, en contra del acto ilegal y arbitrario contenido en el Ordinario N° 687 de 16 de abril de 2016, del cual señala haber tomado conocimiento el día 29 de abril, mediante el cual no se admitió a tramitación su recurso administrativo de reconsideración de multas por no haber sido presentado dentro de los 30 días corridos contados desde su notificación.

Expone que con fecha 29 de febrero del presente año fue notificada de la resolución de multa N° 4038/16/01-1, 2, 3, 4 y 5, dedujo recurso administrativo de reconsideración de multas con fecha 6 de abril, de acuerdo con el artículo 512 del Código del Trabajo, que el plazo para deducirlo es de 30 de días contados a partir de la notificación de la resolución de multas, pero se trata de un plazo de días hábiles, siendo inhábiles, además de los días domingo y festivos, los días sábado, ello por aplicación supletoria de la Ley N° 19.880, de “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, que en su artículo 25 determina la forma de computar los plazos y que, al ser una norma especial, se debe aplicar preferentemente a las normas del Código Civil, por lo que su recurso se interpuso dentro del plazo de 30 días hábiles, descontando los días inhábiles correspondientes.

Señala que con el acto recurrido han sido vulneradas las siguientes Garantías constitucionales:

a) Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la garantía de la igualdad ante la Ley, ya que al desconocer la recurrida el término en toda su extensión, esto es, de días hábiles, constituye un acto discriminatorio.

b) Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad, que se vulnera en cuanto el recurso que no fue admitido a tramitación tiene un efecto perjudicial que incide económicamente en su patrimonio.

c) Artículo 19 N° 3 inciso 5° de la carta fundamental, garantía del debido proceso, ya que no se ha admitido a tramitación un recurso establecido por la Ley para impugnar una resolución administrativa que la perjudica, no se le ha dado el derecho a ser oída, agrega que esta garantía se aplica en forma extensiva a todo procedimiento, no sólo a uno de carácter jurisdiccional.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección y declarar que el acto recurrido es ilegal y/o arbitrario, que produce privación, perturbación y/o amenaza del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales indicadas, restableciendo el imperio del Derecho y asegurando la debida protección de la afectada, ordenando a la recurrida dejar sin efecto el Ordinario 687 de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar que no admitió a tramitación el recurso de reconsideración administrativa de multas presentado por su parte, y dar tramitación a dicho recurso, todo lo anterior con costas.

Acompaña copia del acto recurrido.

A fs. 9 se concedió orden de no innovar.

A fs. 11 informó la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, representada por el abogado Mario Javier Araos Rojas, solicitando el rechazo del presente recurso de protección en atención a que ya en la proposición del recurso existe un obstáculo que impide que sea acogido, por cuanto del mérito de las alegaciones efectuadas por la recurrente queda claro que lo impugnado es la interpretación sobre el sentido y alcance de la voz “30 días” del artículo 512 inciso 1º del Código del Trabajo, que contiene el Ordinario Nº 687, de fecha 26.04.2016. Así las cosas, la pretensión jurídica de la recurrente sobrepasa los fines de la acción cautelar deducida, ya que las diversas interpretaciones que se den a una norma determinada no constituye una ilegalidad o arbitrariedad que pueda ser amparada a través del presente recurso constitucional, al existir expresas vías de impugnación que le franquea e1 legislador, tanto en la Ley Nº 19.880, con los recursos de reposición y jerárquico, y en el Código del Trabajo, con la acción del artículo 512 inciso 2º, para reclamar judicialmente en contra la resolución que resuelve la reconsideración administrativa, ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, sin que pueda tratar de sustituir dichos iter de impugnación a través de esta vía cautelar reservada para casos urgentes.

Agrega que la finalidad del recurso de protección es restablecer el imperio del ordenamiento jurídico frente a una situación anómala, y que sería inaceptable intentar esta acción cautelar por el hecho de discrepar de la interpretación jurídica en que se fundan los pronunciamientos del órgano administrativo, realizados conforme a la ley, transformándolo en una vía de control de 1a juridicidad de los actos de la administración por vías distintas a las previstas por la propia Constitución, posición que se fundamenta en el principio de separación de funciones que inspira al ordenamiento constitucional.

Expone que, para el caso que esta Corte considere que la pretensión jurídica de la recurrente se encuentra incluida en la finalidad del recurso incoado, corresponde analizar si la actuación recurrida resulta arbitraria y/o ilegal, teniendo presente que, como lo ha expresado la Corte Suprema, la arbitrariedad implica un proceder caprichoso, carente de fundamento, y lo ilegal supone una acción contraria al derecho. En este caso, según consta del Ordinario Nº 687 que se recurre, éste contiene los fundamentos en los cuales se basó la autoridad para rechazar la reconsideración administrativa presentada por la empresa en contra de la resolución de multa Nº 4038/16/1-1-2-3-4-5, siendo razonada y fundada la decisión. En cuanto a la hipótesis de ilegalidad, indica que los Inspectores del Trabajo están facultados por ley para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. Y añade que la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº 85.946, de fecha 31.12.2013, que forma parte de la jurisprudencia administrativa de dicho servicio, vinculante para los órganos de la administración del Estado, entre ellos la Dirección del Trabajo, en conformidad al artículo 9º de la ley Nº 10.336, ha resuelto que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los Inspectores del Trabajo, que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos, por lo que el Inspector del Trabajo de Viña del Mar, al dictar el Ordinario N° 687, de fecha 26.04.2016, no ha incurrido en acto ilegal por cuanto solo se limita a cumplir lo preceptuado por el legislador en la Ley Nº 10.336, esto es, a observar obligatoriamente el Dictamen Nº 85.946 emitido por la Contraloría General de la República.

Indica que, además de lo anterior, no han sido vulneradas ninguna de las garantías constitucionales señaladas por la recurrente. En efecto, en cuanto a la garantía de igualdad ante la Ley, al resolver la recurrida de la manera indicada no hace sino dar cumplimiento a dicha garantía por cuanto todos los administrados que presenten su reconsideración administrativa fuera del plazo de 30 días corridos, se les resolverá su inadmisibilidad por extemporánea. En cuanto a la garantía del debido proceso, señala que la Inspección del Trabajo, en cuanto órgano de administración del Estado, conforme al artículo 1° inciso segundo de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al resolver un recurso administrativo, no está ejerciendo jurisdicción ni dictando una sentencia que produzca cosa juzgada, sino cumpliendo sus funciones de administración, y el acto recurrido es un acto administrativo. En relación a la garantía del derecho de propiedad, indica que, encontrando las multas impuestas por la Dirección del Trabajo, su fundamento en la ley, el DFL Nº 2 /1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el artículo 506 del Código del Trabajo, no existe afectación, vaciamiento o desfiguración de la garantía que la recurrente estima vulnerada, por cuanto la imposición de las multas se hace con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que el arbitrio de la especie no puede prosperar y debe ser desestimado.

Acompaña copia del dictamen N° 85.946 emitido por la Contraloría General de la República, de la resolución administrativa referida en el recurso, del recurso de reconsideración administrativo de la recurrente y del acto recurrido, ordinario 687.

Por resolución de fojas 51 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo trascrito, que es requisito sine que non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas, y que afecte una o más de las garantías constitucionales perseguidas.

Segundo: Que el conflicto sometido a la decisión de esta Corte radica en la forma de computar el plazo de 30 días para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Tercero: Que por tratarse de un recurso administrativo, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en dichos procedimientos, disposición que establece expresamente que los plazos, son de días hábiles y que se entenderán inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Cuarto: Que el recurso de reconsideración en sede administrativa fue presentado el 6 de abril del año en curso, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación, que fue practicada el 29 de febrero de 2016, por lo que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, con lo cual, además, se afectó la garantía constitucional invocada por el recurrente.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido a fojas 2 por doña nombre reservado en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, y del Inspector comunal, don Francisco Rodríguez Villalobos, Inspector Comunal de dicha Inspección, por lo que se deja sin efecto el Ordinario N° 687 de 16 de abril de 2016, debiendo la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la actora respecto de la Resolución N° 4038/16/01- N°1, 2, 3, 4, 5.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2394-2016.

Pronunciada por las Ministros de la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado y Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez.

En Valparaíso, tres de junio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.