nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que comparece Juan Luis Tobar Valdivia, abogado y deduce acción de protección en favor de nombre reservado, en José Miguel Carrera N° 149, nombre reservado y en contra del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, con domicilio en Valparaíso, por estimar que el acto administrativo dictado por la recurrida, que dispuso la no renovación de su contrato bajo la modalidad de honorarios con más de 5 años de servicio, es arbitrario e ilegal y ha vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor, de profesión Prevencionista de Riesgos, ingresó a prestar servicios a la institución recurrida el 15 de abril de 2018, en calidad jurídica a honorarios, desempeñando una serie de funciones en la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, como: coordinar acciones dentro del territorio provincial, con diferentes actores, públicos y privados, con el objeto de facilitar la difusión de los programas de Sence; representar a Sence en reuniones o actividades, a fin de alinear la oferta programática con las necesidades de la comuna y del territorio; representar a Sence ante certificaciones de cursos y actividades institucionales; Colaborar en la supervisión de los cursos Sence, a fin de informar a la Dirección Regional respecto de las necesidades que se generen en su ejecución; visitar empresas, a fin de entregar oferta programática de Sence, y generar espacios de conversación en tal sentido; Atender público, informando y resolviendo problemas de los beneficiarios, y todas las demás que le sean encomendadas por la jefatura y se enmarquen en el desarrollo de la prestación de servicios contratados.

Afirma que durante toda su trayectoria jamás fue objeto de alguna sanción administrativa. Refiere que, el 28 de noviembre de 2023, fue notificado que su contrato no será renovado para el año 2024, invocándose como fundamento que se habrían cumplido los objetivos establecidos en el respectivo convenio.

Estima que el acto imputado a la recurrida, es arbitrario e ilegal, pues no contiene una motivación razonable, lo que infringiría los requisitos y transparencia del acto administrativo regulados en la Ley 19.880, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el inciso segundo del artículo 13° de la Ley 18.575. Refiere que las funciones que él desempeñaba, siguen existiendo en la institución.

Invoca además los dictámenes 85700, 6400 y 156769 de la Contralorías General de la República, que se refieren al principio de confianza legítima, así como también la Circular N°21 emitida por el Ministerio de Hacienda el 28 de noviembre de 2018, que indica que las eventuales no renovaciones deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, reforzando así el requisito de fundamentación en actos administrativos de este tipo.

En cuanto a la vulneración de garantías fundamentales, afirma que se ha vulnerado primero el de igualdad ante la ley del actor, pues todos los demás funcionarios de la institución fueron renovados en sus contratas, excepto el Sr nombre reservado, y segundo, el derecho de propiedad sobre su empleo y remuneraciones, atendido que, por tratarse de un trabajador que había sido renovado en su contratación por más de dos periodos, tenía derecho a que su contrato fuese renovado, saldo que existiesen circunstancias graves para no hacerlo. Enfatiza que se trata de funcionarios contratados en un régimen legal precario como es del de honorarios, a quienes el órgano contralor ha reconocido como funcionarios públicos sujetos de derechos y obligaciones, sometidos a normas de probidad del estado y obligaciones o deberes funcionarios.

Concluye solicitando que: se deje sin efecto la decisión de no renovación del contrato habido entre el servicio recurrido y don nombre reservado, ordenando la prórroga de su contrato, salvo que incurra en alguna falta que lo haga merecedor de una sanción expulsiva derivada de una investigación o sumario administrativo, o que sus calificaciones lo ubiquen en lista de eliminación. En subsidio de lo anterior, solicita que se le renueve el contrato entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024 o, en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha, además de todas las medidas que, sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas del recurso.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 9 evacua informe el SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, quien solicita el rechazo del presente recurso por las razones que expone.

Indica que el Sence es un servicio público perteneciente a la Administración del Estado, por lo que las relaciones entre la Administración y el personal se rigen por la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo. Destaca los artículos 2 y 11 del señalado cuerpo legal, que distingue los funcionarios de planta o a contrata, denominados “funcionarios públicos” quienes desempeñan las funciones propias que debe realizar la institución, en tanto los funcionarios a honorarios realizan labores accidentales, que no son las habituales de la institución, o prestan servicios para cometidos específicas. Eb este último caso se habla de “Servidores públicos” y se rigen por el contrato respectivo, no siéndoles aplicable el Estatuto Administrativo.

Agrega que a fin de dar cumplimiento a su función encomendada por Ley, mantuvo una relación contractual con don nombre reservado, de conformidad a lo indicado en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, en virtud de 7 contratos de prestación de servicios a honorarios a suma alzada, desde el 15 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2023.

Explica que desde el comienzo de la contratación, las funciones de don nombre reservado fueron accidentales, pues en su mayoría corresponden a acciones que necesariamente se deben ejecutar en terreno por tratarse de cometidos específicos, es decir, no se requería de su presencia en las oficinas de la Dirección Regional de Valparaíso. Añade que, con fecha 31 de julio del año 2023 las partes de autos suscribieron una modificación al contrato de prestación de servicio pactado, mediante el cual se modificaron algunas cláusulas, tales como la cláusula tercera “Pago de los servicios”; cláusula quinta “Derechos”; cláusula octava “Otras obligaciones”. Refiere que además, se incluyó una cláusula decimosexta, referente a “Jornada”, mediante la cual se estableció una jornada de 44 horas semanales para la realización de las tareas encomendadas, ya que nunca antes había tenido jornada de trabajo. Indica que, dicha modificación al convenio fue autorizada por la Resolución Exenta RA N°250/530/2023 y comenzó a regir desde el 1 de agosto del año 2023.

Reconoce que el recurrente no ha sido objeto de alguna sanción administrativa, pero ello se debe a que los contratados a honorarios no tienen responsabilidad administrativa, porque no son “funcionarios públicos”.

Asimismo, manifiesta que con fecha 28 de noviembre del año 2023, como un acto de buena práctica, se le entregó una carta al actor en la cual se señalaba que su contrato concluía por el solo ministerio de la Ley el 31 de diciembre del año 2023 y que no habría un nuevo contrato el año 2024 para desarrollar las funciones que venía ejecutando, porque estas ya habrían sido cumplidas. Aduce que se trata de una carta y no de un acto administrativo propiamente tal, por lo cual este acto inexistente no puede ser catalogado como arbitrario e ilegal y no pudo haber vulnerado garantías fundamentales.

Arguye que la carta no contiene decisión formal alguna adoptada por la recurrida, que contenga una declaración de voluntad en el ejercicio de su facultad, pues no requería de un acto administrativo para no prorrogar el convenio suscrito. Precisa que el texto de dicho instrumento, señala “sus servicios cesaran por el solo ministerio de la ley a contar del 1° de enero de 2024”. Explica que lo anterior se debe a que el contrato de prestación de servicios a honorarios a suma alzada, suscrito libremente por las partes con fecha 30 de diciembre del año 2022 y autorizado mediante la Resolución Exenta RA 250/153/2023 de fecha 24 de febrero del año 2023, en su cláusula segunda estipula, “la vigencia del presente contrato regirá desde el 1° enero y hasta el 31 de diciembre de 2023”. Alega así que, dicho contrato terminó por el solo vencimiento del plazo convenido por las partes.

En cuanto a los derechos que se reclaman vulnerados, expone que la condición del recurrente de prestador de servicios a honorarios y la de los demás funcionarios a contrata del Servicio no es la misma. Asevera que el marco normativo es distinto entre ellos, pues el actor se vincula por las reglas que se establezcan en el respectivo contrato y supletoriamente por las normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el Párrafo 9 del Título XXVI del Libro IV del Código Civil, pero no le son aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo, así como tampoco los dictámenes de la Contraloría General de la República que invocó en su recurso, a diferencia del funcionario a contrata, quien se rige únicamente por el Estatuto Administrativo. Afirma que al encontrarse en una situación distinta a la de los funcionarios a contrata, no existe una discriminación arbitraria, ni ilegal a su respecto.

Enseguida se refiere a fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, rol 80.816-2022, que se refiere al principio de confianza legítima, cuando se trata de un funcionario a contrata que haya estado vinculado con la administración con contratas anuales por más de 5 años, y los requisitos que debe cumplir el acto administrativo que disponga el término anticipado o la no renovación de la contrata, destacando que el fallo solo habla de funcionarios de planta o a contrata, pero nunca menciona los contratados a honorarios. El señalado fallo indica que, en caso de contar con confianza legítima, solo podrán ser desvinculados, en caso de ser así resuelto en un sumario administrativo, o tener una mala calificación, lo que no podría cumplirse en el caso de contratados a honorarios, porque no están sujetos a calificaciones y dado que no tienen responsabilidad administrativa, tampoco pueden ser sujetos de un sumario administrativo.

En relación con la supuesta vulneración del derecho de igualdad ante la ley, no es tal , pues el propio recurrente se refiere a los otros funcionarios de la institución que fueron renovados en sus contratas, esto es, tienen una calidad jurídica distinta a la de él, y es la propia ley y sentencias de las diversas Cortes del país quienes hacen esa diferenciación, por lo que no existe una discriminación arbitraria en su contra; y en cuanto a la propiedad en el empleo y las remuneraciones, aduce que el contrato a honorarios es eminentemente de carácter temporal y/o transitorio, por lo que no puede existir una pretensión de propiedad y tenencia sobre el mismo que exceda del tiempo fijado para dicho contrato. Agrega que, en caso de no contar con el principio de confianza legítima, la Administración podría incluso no renovar las designaciones a contrata, lo que reflejaría la eminente naturaleza transitoria de dichos contratos.

Acompaña con su informe los distintos contratos de honorarios a suma alzada suscritos entre las partes, y resoluciones exentas que los aprobaron.

A folio 10 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para resolver la presente acción constitucional, se debe considerar que el supuesto fáctico que la sustenta, ha sido cuestionado por la recurrida, en tanto el recurrente pretende asimilar la situación jurídica de las personas vinculadas con el Estado mediante contratas con convenios a honorarios, y no es posible realizar dicha conclusión con el mérito de los documentos acompañados por las partes.

Segundo: Que, determinar la naturaleza jurídica del vínculo que une al actor con el Estado corresponde a un procedimiento de lato conocimiento, por lo que la presente acción constitucional no es la sede para ello, pues ésta tiene como objetivo garantizar y cautelar derechos indubitados que, como se dijo en el considerado anterior, no se presentan en este caso.

Tercero: Que, aun cuando fuese necesario discernir sobre la naturaleza jurídica de los servicios prestados por el actor, de los convenios a honorarios acompañados por la recurrida es posible apreciar que el actor no cumplía con jornada laboral, y no se pactó sino hasta la modificación contractual del 31 de julio de 2023, que fue el último documento suscrito por las partes, lo que confirma el hecho que su caso no presenta elementos comunes al caso de las personas vinculadas al Estado con una contrata.

Por estas consideraciones y vistos lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2 y 24, artículo Nº 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 23857-2023.

No sujeta a anonimización.