nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1 comparece don Carlos Enrique Fischer Jara, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, representada legalmente por su alcaldesa doña María Carolina Corti Badía, por haber dictado actuaciones que estima ilegales y arbitrarias consistentes en el Decreto Alcaldicio N°4173, de 26 de diciembre de 2025, que dispuso la invalidación de los Decretos Alcaldicios N°2019 y N°2559, ambos de 2024, y en el Decreto Alcaldicio N°0570-8023705, de 19 de febrero de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del primero, las que tuvieron por efecto privar a la recurrente del pago de remuneraciones por trabajos extraordinarios realizados, situación que considera ilegal y arbitraria por carecer de fundamento legal y razonabilidad, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto tales actos y ordenando el pago de las sumas adeudadas.

Refiere que doña nombre reservado se desempeñó como funcionaria de la Ilustre Municipalidad de Quilpué en calidad de Directora de la Secretaría Comunal de Planificación, grado directivo 5, cargo de exclusiva confianza, hasta diciembre de 2024, fecha en que se produjo su desvinculación con ocasión del cambio de autoridad comunal. Durante el ejercicio de sus funciones en el año 2024, le correspondió participar directamente en la elaboración del presupuesto municipal correspondiente al año 2025, labor que implicaba un trabajo de alta complejidad técnica y coordinación interdepartamental, que comprendía análisis de ingresos y egresos, coordinación con diversas unidades municipales, así como la preparación de instrumentos complementarios tales como orientaciones globales, programas anuales, planes de capacitación y proyectos de inversión.

Agrega que, debido a la magnitud de dichas tareas, junto con circunstancias específicas tales como la ausencia de personal de apoyo, el uso de feriado legal acumulado, la necesidad de suplir funciones administrativas adicionales y modificaciones imprevistas derivadas de decisiones del Ministerio de Educación en relación al financiamiento del área educacional, resultó imposible ejecutar estas labores dentro de la jornada ordinaria, lo que obligó a realizarlas fuera de horario, incluso en fines de semana, constituyendo así trabajo extraordinario.

Indica que tales labores fueron inicialmente reconocidas mediante los Decretos Alcaldicios N°2019 y N°2559 de 2024, los cuales dispusieron la compensación de horas extraordinarias, posteriormente transformada en derecho a remuneración conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República, al haber cesado la relación laboral. No obstante, la autoridad recurrida inició un procedimiento invalidatorio que culminó con la dictación del Decreto N°4173 de 2025, dejando sin efecto dichas compensaciones, decisión que fue confirmada mediante rechazo del recurso de reposición interpuesto, a través del Decreto N°0570-8023705 de 2026.

Sostiene que la actuación de la recurrida infringe la normativa aplicable contenida en la Ley N°18.883, particularmente su artículo 63, que permite la realización de trabajos extraordinarios cuando se trate de labores impostergables, sin exigir que éstas sean de carácter no habitual. En este sentido, se argumenta que la exigencia de “no habitualidad” invocada por la Municipalidad deriva de un reglamento interno, el cual no puede imponer requisitos adicionales a los establecidos por la ley, resultando ello contrario al principio de legalidad.

Asimismo, se expone que la calificación de las labores desarrolladas como no impostergables resulta errónea, puesto que la elaboración del presupuesto municipal está sujeta a plazos legales estrictos, cuya inobservancia podría afectar el funcionamiento del municipio e incluso generar responsabilidades administrativas, lo que necesariamente confiere a dichas labores el carácter de impostergables.

Se agrega que las horas extraordinarias fueron autorizadas previamente por el Administrador Municipal y posteriormente validadas mediante los decretos ahora invalidados, los que podían producir efectos retroactivos conforme a la Ley N°19.880, circunstancia que refuerza la legalidad de su reconocimiento. Del mismo modo, se reprocha que la recurrida haya actuado de manera contradictoria al reconocer posteriormente la impostergabilidad de las funciones, pero persistir en la negativa de pago sobre la base de su habitualidad.

Por otra parte, sostiene que el procedimiento invalidatorio fue utilizado indebidamente con fines sancionatorios, imputándole deficiente gestión sin seguir el procedimiento disciplinario que la ley establece, lo que implicaría una desviación de poder y una vulneración al principio del debido proceso. Argumenta que la actuación de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, en cuanto se ha afectado el debido proceso al utilizar un mecanismo administrativo —la invalidación— para imponer una sanción sin sujeción a un procedimiento legalmente establecido; se ha infringido la igualdad ante la ley al haber discriminado a la recurrente respecto de otros funcionarios que sí recibieron pago por horas extraordinarias en circunstancias similares; y se ha lesionado el derecho de propiedad, al privarla del pago de remuneraciones que habrían ingresado legítimamente a su patrimonio como contraprestación por servicios efectivamente prestados.

En lo relativo a la igualdad ante la ley señala que la Municipalidad ha autorizado y pagado sistemáticamente horas extraordinarias a numerosos funcionarios en condiciones equivalentes, lo que fue acreditado mediante diversos decretos alcaldicios obtenidos vía Ley de Transparencia, lo que daría cuenta de una discriminación arbitraria respecto de la recurrente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que los actos impugnados constituyen actuaciones ilegales y arbitrarias, se ordene dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°4173 de 2025 y el Decreto Alcaldicio N°0570-8023705 de 2026, y se disponga el pago de las remuneraciones por concepto de trabajos extraordinarios realizadas por la recurrente, o bien se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Mandato judicial otorgado por la recurrente; 2) Decreto Alcaldicio N°1718 de 2025 que da inicio al procedimiento invalidatorio; 3) Decreto Alcaldicio N°4173 de 2025 que declara la invalidación; 4) Recurso de reposición interpuesto el 6 de enero de 2026; 5) Decreto Alcaldicio N°0570-803705 de 2026 que rechaza la reposición; 6) Notificación electrónica de fecha 19 de febrero de 2026; y 7) archivo digital con decretos alcaldicios relativos al pago de horas extraordinarias de diversos funcionarios municipales.

A folio 7, evacuando el informe requerido, comparece la Ilustre Municipalidad de Quilpué, debidamente representada, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

Expone que el procedimiento invalidatorio fue tramitado conforme a derecho, dentro de las competencias que la ley confiere a la Administración. En este sentido, indica que mediante el Decreto Alcaldicio N° 4173 se invalidaron parcialmente actos anteriores por estimarse contrarios a derecho, al no cumplir los trabajos extraordinarios cuya compensación se pretendía con los requisitos de “especificidad” ni de “impostergabilidad” exigidos por la normativa aplicable.

En cuanto a los fundamentos de dicha invalidación, la recurrida detalla que los trabajos que motivaron la solicitud de pago correspondían a labores vinculadas a la elaboración del presupuesto municipal para el año 2025, actividad que, según se argumenta, constituye una función habitual y propia de la Secretaría Comunal de Planificación. Así, se afirma que, por tratarse de una tarea ordinaria, previsible y programable, no reviste el carácter de urgente ni de imprevista, de modo que debía ejecutarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo, careciendo por tanto del presupuesto fáctico necesario para su calificación como trabajo extraordinario no programado. Invoca expresamente lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.883 y en el Reglamento N° 12/2022 sobre trabajos extraordinarios de la Municipalidad, los cuales establecen que tales labores deben ser impostergables, entendidas como aquellas que no pueden demorarse y no constituyen funciones habituales. A ello agrega lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 18.695, que define las funciones propias de la Secretaría Comunal de Planificación, entre las cuales se encuentra precisamente la elaboración del presupuesto municipal, reafirmando así el carácter ordinario de dichas tareas.

Añade, como defensa formal, la extemporaneidad del recurso de protección, sosteniendo que la propia recurrente reconoce haber sido notificada del acto invalidatorio el día 26 de diciembre de 2025, mientras que la acción cautelar fue interpuesta recién el 19 de marzo de 2026, esto es, fuera del plazo legal de 30 días que rige para este tipo de acciones, cuestión que, según se afirma, impide su conocimiento.

Como alegación de improcedencia, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar el acto administrativo cuestionado, toda vez que el artículo 53 de la Ley N° 19.880 contempla expresamente la posibilidad de reclamar judicialmente los actos invalidatorios, mediante un procedimiento especial, breve y sumario. En este contexto, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha establecido que el recurso de protección no puede sustituir los mecanismos impugnatorios previstos por el ordenamiento jurídico, especialmente cuando éstos resultan idóneos para resolver la controversia planteada.

Enfatiza que la acción deducida excede el ámbito propio del recurso de protección, el cual no está destinado a revisar la legalidad de actos administrativos cuando existen vías ordinarias o especiales para ello, motivo por el cual solicita su rechazo sin necesidad de pronunciarse sobre las garantías constitucionales invocadas.

Asimismo afirma que no existe vulneración alguna de derechos fundamentales, desde que la actuación de la Municipalidad se ha ajustado estrictamente al principio de legalidad que rige a la Administración del Estado, destacándose que la potestad invalidatoria fue ejercida dentro del plazo legal de dos años y previa audiencia de la interesada, cumpliéndose así las exigencias del artículo 53 de la Ley N° 19.880.

Por consiguiente la recurrida concluye que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en la dictación de los actos impugnados, sino el legítimo ejercicio de una potestad administrativa destinada a corregir actos contrarios a derecho, descartándose, por ende, toda infracción a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Acompañó los siguientes instrumentos: 1) Decreto Alcaldicio N° 4173, de fecha 26 de diciembre de 2025; 2) Decreto Alcaldicio N° 570, de fecha 19 de febrero de 2026; 3) Decreto Alcaldicio N° 1718, de fecha 08 de mayo de 2025; 4) recurso de reposición de fecha 06 de enero de 2026; 5) Reglamento de Trabajos Extraordinarios N° 12/2022; y 6) Complemento del Reglamento de Trabajos Extraordinarios N° 20, de 2022.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

PRIMERO: Que esta línea defensiva será rechazada, pues la acción de autos fue deducida el diecinueve de marzo recién pasado y se dirigió, entre otros, contra el Decreto Alcaldicio N°0570-8023705 de 19 de febrero de 2026, que rechazó la reposición deducida en contra del Decreto N°4173, de 26 de diciembre de 2025, que invalidó los Decretos N°2019 y N°2559, ambos de 2024. Ergo, el recurso de protección fue interpuesto dentro del plazo de treinta días establecido en el auto acordado de la Corte Suprema relativo a su tramitación.

II. En cuanto a la alegación de improcedencia.

SEGUNDO: Que la improcedencia alegada, al supuestamente no constituir la acción de autos la vía idónea, según se desprendería del artículo 53 de la Ley N° 19.880 que expresamente contemplaría la posibilidad de reclamar judicialmente los actos invalidatorios mediante un procedimiento especial, breve y sumario, debe ser igualmente desestimada; toda vez que es la propia Constitución Política de la República que, en su artículo 20, señala la procedencia del recurso de protección “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

III. En cuanto al fondo del asunto que motiva esta acción constitucional.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la recurrente, por la presente acción denuncia la supuesta ilegalidad del procedimiento de invalidación que determinó la dictación del Decreto Alcaldicio N°4173, de 26 de diciembre de 2025, el que a su vez dejó sin efecto aquellos Decretos Alcaldicios N°2019 y N°2559, ambos de 2024, que en su momento habían dispuesto la compensar en tiempo la realización de trabajos extraordinarios efectuados por la actora en julio y septiembre de 2024.

QUINTO: Que la controversia planteada ante esta sede exige, en primer término, revisar si las conductas sindicadas a la recurrida constituyen actuaciones que puedan afectar alguna de las garantías fundamentales invocadas por la actora y previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, para lo anterior, deben tenerse presente como hechos indiscutidos, entre las partes, que las compensaciones originadas en los Decretos Alcaldicios N°2019 y N°2559 nunca fueron pagadas a la actora y que ella fue debidamente oída durante el proceso de invalidación, tal como lo establece imperativamente el artículo 53 de la Ley N° 19.880.

SEPTIMO: Que el sustento de la corporación edilicia, para dejar sin efecto los aludidos actos administrativos municipales, se resume de manera clara en el propio Decreto Alcaldicio N°4173; el que, en su vistos número 8, señala: “Que, los hechos constitutivos de trabajo extraordinario cuyo pago se solicita por la Sra. nombre reservado. no reúne los requisitos que prescribe la ley N° 18.883 y el Reglamento N° 12 sobre trabajo extraordinario no programado, por cuanto, como se dijo, no cumple con la exigencia de especificidad ni de impostergabilidad, esto es, de aquellas labores que no pueden demorarse, sean urgente o no son parte de las funciones habituales, lo anterior, habida consideración que, la elaboración del presupuesto es una actividad propia de la Secretaria Comunal de Planificación, la que debe planificarse y realizarse todos los arias para ser sometido a la aprobación del Concejo Municipal (en la primera semana de octubre de cada ano) sin que se trate de una quehacer que revista el carácter de urgente o imprevisto, por tanto, corresponde que sea realizado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. La situación descrita, priva al acto administrative que autorizó su compensación en descanso (y su pago en dinero come se solicita), del presupuesto de hecho o material que habilita lícitamente a considerarlo como trabajo extraordinario no programado”.

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, los derechos cuya protección procura la recurrente por esta vía no tienen el carácter de indubitados, exigencia fundamental para que esta acción pueda prosperar, ya que los derechos por ella exhortados se encuentran discutidos desde que no se verificaría -en su caso- el presupuesto fáctico exigido por la Ley N° 18.883 para la procedencia del trabajo extraordinario; apareciendo además visiblemente controvertidos por la municipalidad recurrida, sin que esta acción cautelar y urgente pueda llegar a constituirse en una instancia declarativa de derechos.

NOVENO: Que, por las motivaciones precedentes, la acción de protección será rechazada.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad.

II.- Se rechaza la alegación de improcedencia.

III.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos por el abogado don Carlos Enrique Fischer Jara, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilpué.

Acordada con el voto en contra de la ministra interina señora Cohen quien estuvo por acoger el recurso, teniendo para ello presente que para que sea procedente la invalidación, como facultad exorbitante de la Administración, ello debe ser exclusivamente porque el acto a invalidar no se ajusta al ordenamiento por no cumplir con los requisitos legales del mismo, a saber, competencia, causa, motivación, objeto y finalidad lícito y provenir de un procedimiento regular. En la especie, los actos invalidados no lo han sido por incumplir los requisitos antes señalados, sino porque la nueva autoridad edilicia, ha procedido a interpretar -cuestión de mérito- que las actividades que habían originado el pago de horas desempeñadas por la actora, no tienen -en concepto de esta nueva autoridad- el carácter necesario para justificarlas. Esta nueva interpretación que, si bien tornaría improcedente el pago de horas extras, nada tiene que ver con la legalidad del acto invalidado, el cual nació lícito a la vida jurídica, tanto es así, que se trata de una cuestión discutible el determinar si las funciones que sirvieron para motivar estos actos son en realidad urgentes. Luego, lo que ha ejercido la recurrida no es una invalidación sino una revocación del artículo 61 de la Ley N°19.880, que no procede para los actos creadores de derechos como era el caso, pues los actos dejados sin efecto ordenaban el pago de horas extras para la actora, en número bastante razonable.

En consecuencia, estima esta disidente que se ha ejercido una verdadera revocación, encubierta de invalidación, para un caso que la misma ley aludida lo hace improcedente, lo que amerita dejar sin efecto los actos recurridos, acogiendo la acción constitucional.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Señor Felipe Caballero Brun y del voto disidente su autora.

Se deja constancia que no firma la Ministra señora Teresa Carolina Figueroa Chandía, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar Sala el día de hoy, autorizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N° Protección-2385-2026.