Protección contra Universidad Adolfo Ibáñez

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, quince de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece Waldo del Villar Mascardi, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, estudiante, y en contra de la Universidad Adolfo Ibáñez, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la resolución que rechazó el recurso de reclamación presentado por el actor, en contra de aquella que lo sancionó por hechos acaecidos en el ámbito privado, afectando sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el señor nombre reservado es alumno regular de cuarto año de la carrera de psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Viña del Mar, y tiene entre sus compañeras de promoción en la carrera de psicología, a doña nombre reservado, con quien comparte una amistad desde hace algún tiempo. Refiere que el sábado 15 de abril de 2023, compartieron en un paseo organizado por el Centro de Estudiantes de la carrera que ambos estudian, en el Jardín Botánico de la misma ciudad, la que se desarrolló entre las 14:00 y las 18:00 horas, donde compartieron y consumieron alcohol y marihuana, estuvieron juntos todo el tiempo, conversaron, coquetearon, se besaron, cantaron, entre otras actividades.

Relata que pasadas las 18:00 horas, ambos jóvenes en estado de ebriedad se retiraron junto a otros compañeros, entre ellos, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, con destino al domicilio del primero, donde continuaron compartiendo hasta el otro día en la madrugada. Señala que, durante la estadía en el departamento de su compañero, continuaron los coqueteos de la pareja nombre reservado-nombre reservado, en presencia de sus amigos, bebiendo juntos, hasta que todos deciden en horas de la madrugada descansar, para lo cual ambos jóvenes se retiran a un dormitorio, recostándose juntos, comenzaron a acariciarse, sin llegar a intimar, manteniéndose con sus vestimentas. Sin embargo, en medio de estos intercambios, la Srta. nombre reservado manifiesta que no quiere continuar y el señor nombre reservado se detiene, la abraza y comienza a dormir, y posteriormente la Srta. nombre reservado abandona la habitación.

Indica que, al día siguiente, la Srta. nombre reservado comenta a sus amistades que el Sr nombre reservado se habría excedido en sus caricias, lo que causó molestia a este último, pues sostiene que los intercambios de caricias fueron correspondidos, en un contexto de coqueteo.

Sostiene que el lunes 17 de abril de 2023 la Srta. nombre reservado se entrevista con la psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez, doña nombre reservado y denuncia un acoso sexual que “habría tenido lugar en el hogar de su compañero nombre reservado, consistente en tocaciones intimas no consentidas, detallando que se fue a dormir porque no se sentía bien, y que despertó viendo al actor tocando sus partes íntimas interiores dentro del calzón”.

Señala que la denuncia dio origen a un procedimiento disciplinario ordenado por la Secretaria General de la Universidad, mediante resolución de 19 de abril de 2023, el que estuvo a cargo de la Comisión Disciplinaria conformada por el abogado Alejandro Célis y la psicóloga nombre reservado, la que por resolución de 23 de mayo de 2023, dictada en expediente Rol número 2-A-Ac-2023, propuso la sanción principal de censura y carta de disculpas a la afectada con garantía de no repetición y reconocimiento del daño emocional causado y sanciones accesorias de reparación del mal causado de asistencia a un taller de respeto y buen trato y/o derechos humanos impartido por la Dae, con duración límite de un trimestre, y el mantenimiento permanente de la cautelar de restricción de acercamiento hacia ella por parte del estudiante nombre reservado, prohibición de grupos de trabajo conjunto y medidas de flexibilidad académica, y apoyo psicológico a la denunciante.

Explica que en conocimiento de la propuesta de los encargados de la investigación, “El Subcomité de Acoso” resuelve e impone como sanción principal la suspensión temporal de la Universidad, por el lapso de un semestre académico, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 inciso 1 letra e, sanción que se decreta para lo que resta del semestre en curso, según lo indicado en el artículo 37 número 6.2 del Código de Honor, y mantiene las sanciones accesorias y recomendaciones de apoyo psicológico y social a la denunciante. De esta resolución, añade, el actor recurrió ante el Consejo Revisor de la Universidad Adolfo Ibáñez, el que mediante acta de la cuarta sesión del año 2023, de fecha 11 de octubre de 2023, resolvió rechazar el reclamo y remitir los antecedentes a la autoridad académica para dar cumplimiento a las medidas adoptadas.

Argumenta que no busca que se resuelva si existió o no una transgresión a la libertad sexual de la Srta. nombre reservado u otro tipo de infracción legal o reglamentaria, o si las resoluciones citadas son dictadas conforme a derecho o en un procedimiento legalmente tramitado, sino que se recurre para que se declare la total falta de jurisdicción de la Universidad para conocer de los actos que corresponden y se desarrollan en la esfera personal e íntima de sus alumnos, habiendo consenso en que fueron realizados fuera de las instalaciones universitarias y de cualquier actividad académica, y por lo tanto, la institución carece de jurisdicción o competencia para sancionar actos que son propios de la vida privada de las personas.

En este sentido, sostiene que si bien en el ámbito de la educación superior las universidades se encuentran facultadas para investigar y sancionar actos que eventualmente signifiquen una transgresión a sus reglamentos académicos y de convivencia, hay sin embargo un marco de restricción a dichas atribuciones, destinado a guardar coherencia con su función propia, debiendo respetar el debido proceso, el derecho a la intimidad, la vida privada y la igualdad ante la ley, citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en tal sentido, que daría cuenta de la falta de competencia de la Universidad para investigar y sancionar hechos acaecidos en el ámbito privado de los individuos, lo que demuestra que las comisiones que actuaron en la investigación y sanción, se han constituido en comisiones especiales, vulnerando la igualdad ante la ley del recurrente, al ingresar al ámbito privado, persiguiendo hechos que son ajenos al establecimiento donde se desarrolla la educación superior, sin perjuicio de afectarse su derecho de propiedad sobre la educación que se imparte y la expectativa de un título profesional.

Solicita que se deje sin efecto todo lo obrado por la universidad recurrida, en especial toda sanción principal y/o accesoria aplicada a nombre reservado, por los hechos denunciados por doña nombre reservado, con costas.

Acompaña correo electrónico de 16 de noviembre de 2023, que notifica al recurrente de la decisión final del Consejo Revisor, copia del Acta del Subcomité de acoso y de la cuarta sesión del año 2023, del Consejo Revisor.

A folio 4, informa la Universidad Adolfo Ibáñez, confirmando la ocurrencia de los hechos en los términos expuestos en el libelo de inicio, pero argumenta que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar del acto recurrido, ya que la acción supone la existencia de un derecho cierto y determinado que ha sido vulnerado o amagado a partir de una acción u omisión ilegal o arbitraria, esto es, contraria a derecho o a la ley, o bien ser antojadiza, ilógica o irracional, lo que en el caso de autos no ocurre, pues se resolvió y se sancionó al actor, en uso de la normativa disciplinaria de la Universidad, contenida en el Protocolo de Investigación y sanción frente a denuncias de acoso no sexual, acoso sexual, violencia de género, discriminación de género y discriminación arbitraria, aprobado por Decreto Orgánico N° 8/2022, el cual establece un procedimiento y un sistema de recursos que aseguran el derecho de defensa y el debido proceso y de los cuales el estudiante recurrente hizo uso.

Por otro lado, sostiene que las sanciones adoptadas se enmarcan dentro de la autonomía universitaria que contempla el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación (ley general de educación) y de la Ley 21.091 (ley sobre educación superior), que protege a las universidades de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

Señala que, bajo el amparo de esa autonomía legal, se genera una normativa interna de la Universidad, que, en particular, regula las situaciones ocurridas en el caso de autos, la que fue dictada conforme a sus estatutos, para el cumplimiento de sus fines y con estricto apego a las normas constitucionales y legales que garantizan a los estudiantes un debido proceso, las que, además, fueron aceptadas por el recurrente al ingresar a la universidad.

Argumenta, en otro orden de ideas, que la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, en el artículo 1° inciso tercero mandata a la universidad a establecer medidas que sean conducentes a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual conforme a una política integral sobre el mismo, según señala el artículo 3° del mismo cuerpo legal. El procedimiento y la sanción aplicados al caso son, justamente, una concreción de este mandato, razón por la cual el asunto está dentro de la competencia de la universidad, y el artículo 2° en su inciso final otorga potestad para investigar y sancionar hechos que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por instituciones de educación superior o por personas vinculadas a ellas, ocurran o no en espacios académicos o de investigación, especialmente si tales hechos o situaciones afectan el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones de educación superior. En este sentido, refiere que la medida tomada por la Universidad se vuelve absolutamente necesaria para cumplir con este objetivo, puesto que ningún alumno podría vivir en un ambiente educativo sano, si es que se ve obligado a compartir clases todos los días con su agresor, añadiendo que esta interpretación ha sido recogida por la Superintendencia de Educación Superior, mediante Oficio Circular N° 1, de 8 de julio de 2022 y N° 1, de 23 de octubre de 2023, en el que se reconoce la facultad de investigar y sancionar hechos acontecidos en fiestas o paseos organizados por alumnos de la universidad.

Solicita el recazo del recurso, con costas, y acompaña copia de los Estatutos de la Universidad Adolfo Ibáñez, copia del Protocolo de investigación y sanción frente a denuncias de acoso no sexual, acoso sexual, violencia de género, discriminación de género y discriminación arbitraria, entre otros documentos.

A folio 5, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que del análisis del recurso de protección se desprende que lo que se cuestiona por el actor es la facultad de la Universidad Adolfo Ibáñez para investigar y sancionar hechos ocurridos dentro del ámbito privado de su persona, en el entendido de que los hechos denunciados habrían ocurrido en la casa de un compañero de carrera del señor nombre reservado y la denunciante, lo que tiñe de ilegalidad todo el proceso seguido en su contra, y que finalmente determinó que fuese sancionado con la medida de suspensión temporal de la Universidad, por el lapso de un semestre académico, por parte del Subcomité de Acoso.

Tercero: Que la Ley N° 21.369, que Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior, establece en el inciso tercero de su artículo 2º que: “Para los efectos de esta ley, quedan comprendidos todos aquellos comportamientos o situaciones que sean realizados o que tengan como destinatarias a personas que cursen programas de pre y posgrado, desarrollen funciones de docencia, administración, investigación o cualquier otra función relacionada con las instituciones de educación superior”, agregando el inciso cuarto de este mismo artículo que la “potestad de las instituciones de educación superior de investigar y sancionar de conformidad con esta ley se extenderá a los hechos o situaciones que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por instituciones de educación superior o por personas vinculadas a ellas de conformidad con el inciso anterior, ocurran o no en espacios académicos o de investigación, especialmente si tales hechos o situaciones afectan el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones de educación superior.”

Cuarto: Que la norma transcrita evidencia que las universidades se encuentran facultadas para investigar y sancionar hechos que se relacionen directamente con miembros del establecimiento de educación superior, y hayan ocurrido en el marco de actividades desarrolladas en espacios académicos o de investigación, así como en otras circunstancias que, vinculadas con la institución, afecten los fines y propósitos de esta, lo que se traduce en una restricción que fija el marco de atribuciones de la entidad de educación superior, destinado a guardar la debida coherencia con su propia función, sin pasar a llevar la competencia de los tribunales ordinarios para conocer de las conductas de esta naturaleza.

Quinto: Que, consecuentemente, no es de recibo que una universidad sancione a un miembro de su comunidad por actividades que este realiza dentro del ámbito de su vida privada, sin que exista más vinculación con la casa de estudios que el mero hecho de ser los involucrados en los acontecimientos estudiantes de la misma, particularidad que puede ser incluso circunstancial. Así lo ha resuelto en reiteradas ocasiones la Excma. Corte Suprema, al conocer de distintos recursos de protección (entre otras sentencias, véanse las de 13 de junio de 2023, en causa rol 18.199-2022; 4 de febrero de 2022, en causa rol 52.954-2021, y 29 de marzo de 2021, en causa rol 144.081-2020).

Sexto: Que, no existiendo controversia en cuanto a que los hechos por los que se denunció al recurrente ocurrieron fuera del ámbito educacional, en el contexto de una reunión social realizada en un recinto privado ajeno a la Universidad Adolfo Ibáñez, en la madrugada, actividad no organizada ni dispuesta por la universidad ni vinculada con la docencia, la investigación, la extensión, la administración o gestión universitaria ni ningún otro aspecto relativo al quehacer de dicha casa de estudios, no se advierte el fundamento para que la recurrida se arrogue facultades investigativas y sancionatorias. Al proceder de esta forma, se ha incurrido en un acto ilegal que ha vulnerado derechos constitucionales del recurrente asegurados en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque se le ha impuesto una consecuencia jurídica que no resulta aplicable a los hechos en que se le ha dado por partícipe, y en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la misma Carta, porque al carecer la recurrida de facultades para investigar y sancionar tales hechos, se ha constituido en una comisión especial que carece de origen legal. En atención a estos motivos, el presente recurso será acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se declara que todo lo obrado en el expediente Rol número 2-A-Ac-2023, carece de efectos jurídicos, y consecuencialmente las sanciones dictadas por el Subcomité de Acoso, debiendo la recurrida reincorporar al actor a sus estudios de psicología, sin perjuicio de dar cumplimiento, en su caso, a las medidas que la autoridad judicial competente pueda disponer.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Sujeta a anonimización.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Guillermo Oliver Calderón.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante redactor Sr.

Guillermo Oliver Calderón, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar el día de hoy.

N°Protección-23728-2023.