nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio 1 comparece Christian Caballero Vargas, abogado, quien recurre de protección a favor de nombre reservado, trabajador, con domicilio en la comuna y Región de Valparaíso, en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Fisco de Chile, y en consecuencia, por el Consejo de Defensa del Estado, y denuncia como ilegal y/o arbitrario el hecho de no haber realizado el pago de una deuda a su favor, sino que haberla compensado con supuestas deudas que tendría su parte con el Fisco, lo que perturbó su derecho de propiedad sobre tal dinero, por lo que pide se ordene a la recurrida efectuar el pago de $4.072.193.

Relata que en el marco de la causa Rit O-1212-2022 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, caratulada “nombre reservado con Seremi de Salud Valparaíso”, el 14 de agosto de 2023 las partes arribaron a una transacción, en virtud de la cual el Fisco de Chile se obligó a pagar al actor la suma única y total de $4.072.193.

Luego de certificarse que la resolución que aprobó la transacción estaba firme y ejecutoriada, se remitieron los antecedentes al Ministerio de Justicia, a fin de procesar el pago, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. A continuación, el señalado Ministerio dicta la Resolución Exenta N°2686, de 10 de noviembre de 2023, que dispone que la Tesorería Regional de Valparaíso debe proceder a tal pago.

Refiere que la recurrida no pagó la suma convenida en el avenimiento, por cuanto compensó dicha suma con supuestas obligaciones que tendría su parte con el Fisco.

Afirma el actor que la Tesorería General de la República no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, sino que actúa con la personalidad jurídica del Fisco de Chile, quien se obligó en la transacción judicial suscrita con su parte, trasgrediendo también lo dispuesto por el Ministerio de Justicia en la Resolución N°2686 de 10 de noviembre de 2023.

Indica que, si bien es posible entender que el Tesorero General se encuentra habilitado para compensar deudas, de acuerdo al artículo 1656 del Código Civil, no está habilitado para trasgredir acuerdos vigentes con el Fisco, emanados de un avenimiento o transacción que tiene valor de sentencia definitiva, el que según el artículo 2640 del señalado cuerpo legal produce el efecto de cosa juzgada.

Añade que en la causa laboral antes referida, su parte demandó a la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, quien lo despidió según la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, sin haberle pagado ningún tipo de indemnización ni feriado, a lo que tenía derecho según las normas laborales, por lo que resulta ser del todo injusto que el Fisco en definitiva se vea beneficiado económicamente de un incumplimiento laboral de su parte.

Señala que su parte se enteró de tal situación recién el 29 de noviembre de 2023, cuando concurrió a la oficina de la Tesorería Regional de Valparaíso, a preguntar por la demora en el pago, oportunidad en que dicho organismo le entregó un certificado de pago y un comprobante de egreso, en los cuales consta que si bien se pagó la suma de $4.072.193, operó la compensación por el total de dicho monto, por una supuesta deuda procedente del crédito con aval del Estado.

Añade que en la causa Rit O-1212-2022 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso no existe constancia que se haya informado de tal situación al tribunal.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, indica la del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto indica no fue juzgado de manera racional y justa, no teniendo la oportunidad de controvertir judicialmente la procedencia de la compensación operada por la recurrida; así como también el derecho de propiedad sobre dicha suma de dinero.

Luego señala que si bien el DFL 1 del Ministerio de Hacienda, de 1994, que fija el texto del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, contempla facultades que el Tesorero General pueda compensar deudas de contribuyentes, estas dicen relación con tributos y no con créditos estudiantiles, como es este caso.

Por otro lado, la Ley N°20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, contiene un estatuto especial para el cobro de las obligaciones derivadas de los créditos otorgados con aval del Estado, y de hecho en parte de su articulado le otorga ciertas prerrogativas a la Tesorería General de la República, entre las cuales en modo alguno se contempla la posibilidad de compensar créditos, en la manera que lo ha hecho la recurrida en este caso.

Por último, señala que la transacción en sede laboral se encuentra en etapa de cumplimiento, y según lo establecido en el artículo 470 del Código del Trabajo proceden solo 4 excepciones, dentro de las cuales no se encuentra la compensación.

Afirma que el Fisco no solo está trasgrediendo la ley, sino que el principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Por último, cita fallo dictado por la Iltma. Corte de apelaciones de La Serena, en causa Rol N°585-2023 que, en un caso similar, acoge el recurso de protección, por los argumentos expuestos en este caso por el actor.

Pide se declare ilegal y arbitraria la compensación aludida en este recurso, y se ordene al Fisco que, por medio de la Tesorería Regional de Valparaíso, gire a favor del actor la suma de $4.072.193, en cumplimiento del avenimiento laboral descrito anteriormente.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 8 evacua informe la Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso, por las razones que expone.

Refiere que de acuerdo al artículo 30 del Decreto Ley N°1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a su parte efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de las sentencias judiciales ejecutoriadas que son dictadas por el Tribunales de Justicia, contra el Fisco, Luego se refiere a la Resolución Exenta N°2686, de 10 de noviembre de 2023, emanada del Ministerio de Justicia y señala que, al día 14 de noviembre de 2023, existía una deuda del recurrente contra el Fisco, por concepto de crédito con aval del Estado, según da cuenta formulario 34, folio N°109948, lo que consta en certificado de pago y comprobante de egreso que inserta en su informe, por lo que la compensación ascendió al total de la suma ordenada pagar al actor, esto es, $4.072.193.

Enseguida se refiere a la facultad que tiene Tesorería para compensar deudas, contemplada en el artículo 6° del DFL N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, la que debe concordarse con los elementos de la figura de la compensación, establecidos en el artículo 1656 del Código Civil, y que son: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas; 4) Que ambas deudas sean actualmente exigibles, todos los cuales concurren en este caso.

En cuanto a la alegación de la contraria, de que tal facultad solo operaria en el caso de tributos, y no cualquier crédito fiscal, por lo señalado en el artículo 7° del cuerpo legal ya referido, indica la recurrida que ello no es efectivo, por cuando el artículo 6°, que es el que establece la facultad de compensar, utiliza en general la expresión “créditos fiscales” la que no puede limitarse tan solo a los tributos, considerando que el artículo 7° regula solo la situación de los recargos legales que afectan a deudas de carácter tributario.

También refiere que la expresión tributos es el género, dentro de los cuales se encuentran los créditos fiscales.

Enseguida indica que existe jurisprudencia reiterada, en cuanto a que no existe ilegalidad alguna en el actuar de Tesorería, citando el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, Rol N°134.274-2022, que revocó un fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, e indica que las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que ha sido otorgada legalmente.

También señala otro fallo dictado por el máximo tribunal, en causa Rol N°195.318-2023, que revocó un fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, por hechos similares al de autos.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, señala que no se ha trasgredido el de igualdad ante la ley, porque se trata de la misma conducta realizada respecto de todas las personas que se encontraba en la misma situación; con respecto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, señala que Tesorerías no ha ejercido funciones jurisdiccionales, pues no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, sino que se ha limitado a cumplir con la obligación de compensar que le impone la ley. Por último, tampoco se afecta el derecho de propiedad del actor, pues la compensación que lo afectó es un modo de extinguir que operó de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley, para hacer pago de obligación que el recurrente tiene con el Fisco.

Por todo lo anterior, pide se rechace el presente recurso, con costas.

Acompaña documentos al informe.

A folio 9 se dicta el decreto autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del D.F.L. N° 1 DE 1994 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, esta institución cuenta con la facultad de compensar los créditos impositivos con los créditos que el Fisco adeuda a los contribuyentes, en razón de la existencia de deudas recíprocas entre el contribuyente y la Administración, quienes de manera simultánea tienen la calidad de deudor y acreedor, y cuyo efecto no es otro que extinguir las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Segundo: Que, si bien es claro que la compensación en materia tributaria contiene elementos que resultan ser comunes con aquella figura prevista en el derecho común, las particularidades de su regulación, tornan necesaria la revisión de las exigencias que le distinguen de aquella establecida en los artículos 1655 a 1664 del Código Civil. Lo anterior resulta ser determinante para resolver la controversia en cuestión, puesto que aun cuando es inconcuso que en la especie se trata de obligaciones de dinero respecto de las cuales ambas partes son recíprocamente deudoras y acreedoras y se trata de deudas líquidas y actualmente exigibles, no puede perderse de vista que la compensación reconocida en la Ley Orgánica constituye un instituto propio del derecho tributario con una regulación expresa en la legislación impositiva.

Tercero: Que, desde esa perspectiva, sabido es que el citado artículo 6° permite a la Tesorería General de la República compensar deudas de contribuyentes con los créditos de que son acreedores del Fisco. Sin embargo, a continuación, el artículo 7 del mismo cuerpo normativo establece: “Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”, del que es posible colegir que las deudas de esos contribuyentes deben tener por causa un tributo, cuestión que no resulta ser baladí si se considera que la deuda del actor constituye un crédito del sector público que no tiene carácter tributario, en razón de lo cual no sería compensable con otro tipo de acreencia. Ahora bien, aun cuando lo anterior permite concluir que el crédito fiscal susceptible de ser compensado se circunscribe a los tributos, descartando desde ya el crédito adeudado en la especie por el actor, lo cierto es que tal enunciado puede ser desvirtuado en caso que se considere que la expresión “tributo” que utiliza el artículo 7° del Estatuto Orgánico, comprende el conjunto de los ingresos fiscales a los que la ley les otorga un trato análogo, sin ser propiamente tal un tributo –género- o un impuesto –especie-, o bien, si se estima que dicha norma únicamente resulta aplicable a los recargos legales que afectan a deudas de carácter tributario propiamente tal.

Cuarto: Que, con todo, existe una segunda consideración que cabe analizar sobre la viabilidad de la compensación tributaria en el caso de autos. La Ley N° 20.027 tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad. Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal. Es así que una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1° del artículo 17 de la citada ley, dispone: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda (…)”.

Quinto: Que, de lo dicho, surge que a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general.

Sexto: Que además se tiene en consideración el origen del crédito que reclama el actor, que es un juicio laboral seguido por la falta de pago de indemnizaciones y feriados en el momento de su despido, juicio en el que las partes arribaron a una transacción, que debe ser cumplida y no eximirse de aquello la recurrida por la existencia de una deuda por crédito con aval del Estado, como sucedió en este caso, con prescindencia que la demandada en este juicio haya sido el Fisco.

Séptimo: Que de lo reflexionado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que como consecuencia de la indebida compensación de obligaciones efectuada por el Servicio de Tesorerías, el actor se vio privado de percibir el monto obtenido con ocasión de la transacción arribada en causa RIT O-1212-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, por lo que el recurso de marras será acogido.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, y en consecuencia, se ordena a la recurrida proceder al pago de cuatro millones setenta y dos mil ciento noventa y tres pesos ( $4.072.193.-) al recurrente, en cumplimiento de la transacción suscrita entre este y el Fisco de Chile en causa Rit O-1212-2022 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 23.719-2023.

En Valparaíso, diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.