Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Alexis Antonio Pavez Hormazábal, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el descuento unilateral y sin previo aviso de la suma de $610.386.- desde sus remuneraciones del mes de febrero de 2026 , lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°s 2, 3 inciso segundo y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente mantiene una relación convencional con la recurrida derivada de un crédito otorgado en diciembre de 2015.

Señala que, ante el incumplimiento de dicha obligación, la recurrida inició un juicio ejecutivo ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, Rol N°C- 21457-2018, en el cual hizo uso de la cláusula de aceleración para cobrar el total de la deuda.

Indica que, pese a existir un proceso judicial vigente, fue informado por su empleador de un descuento por concepto de "Créditos Personales CCAF" en su liquidación de febrero de 2026. Argumenta que este actuar constituye una autotutela o vía de hecho ilegal, pues la recurrida prescindió de los procedimientos jurisdiccionales que ella misma inició para el cobro forzado.

Sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley al ejercer un privilegio de cobro abusivo, el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones integras y el derecho a la defensa, al impedírsele oponer excepciones como la prescripción en sede judicial.

Concluye solicitando que se declaren ilegales y arbitrarios los descuentos, se ordene el reintegro de las sumas descontadas y se disponga que la recurrida debe abstenerse de efectuar nuevos descuentos por planilla relacionados con la deuda materia de autos.

A folio 7, se concede orden de no innovar.

A folio 9, evacúa informe Inés Daniela Riquelme Arao, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Refiere que el recurrente mantiene actualmente tres operaciones de crédito social vigentes y en morosidad, otorgadas entre enero de 2024 y enero de 2025: N°NUM000, N°NUM001 y N°NUM002.

Asevera que ninguna de estas deudas ha sido judicializada y que la causa Rol N°C-21457-2018 citada por el actor corresponde a un crédito distinto que ya fue pagado en agosto de 2018. Afirma que el descuento por planilla es un mecanismo legal imperativo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que obliga al empleador a retener y remesar las cuotas de crédito social.

Sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues la obligación es actualmente exigible y la prescripción alegada por el actor debe ser declarada judicialmente en un juicio de lato conocimiento, no por vía de protección. Argumenta que no hay vulneración al derecho de propiedad, ya que el descuento emana de un mandato legal y contractual aceptado por el deudor al suscribir los pagarés.

Finalmente pide el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

A folio 11, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el descuento de $610.386.- efectuado en la remuneración del recurrente correspondiente a febrero de 2026, alegando que se trata de un cobro judicializado en una causa de 2018 que constituye un acto de autotutela solicitando que se declare la ilegalidad de los descuentos y se ordene la restitución de los fondos.

Tercero: Que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al evacuar su informe, solicitó el rechazo del recurso, señalando que los descuentos impugnados no corresponden al crédito de 2015 que fue materia de un juicio ejecutivo, -el cual fue extinguido por pago de la deuda-, sino a tres operaciones de crédito social nuevas, vigentes y no judicializadas, esto es: pagaré N°NUM000, suscrito el 3 de enero de 2024 por $8.387.500; pagaré N°NUM001, suscrito el 23 de abril de 2024 por $4.044.708; y pagaré N°NUM002, suscrito el 10 de enero de 2025 por $1.021.174. Sostiene que el descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 resulta plenamente procedente respecto de créditos vigentes y exigibles no sometidos a procedimiento de cobro judicial.

Cuarto: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece un mecanismo especial de cobro de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, consistente en el descuento por planilla de las cuotas adeudadas desde la remuneración del trabajador afiliado, el cual se rige por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Dicho mecanismo, atendida la naturaleza social del crédito y el carácter del fondo que lo sustenta, constituye la forma ordinaria de recaudación de estas obligaciones mientras el crédito se mantenga vigente y exigible.

Quinto: Que, si bien esta Corte ha sostenido reiteradamente que el inicio de acciones judiciales de cobro puede tornar improcedente la mantención del mecanismo de descuento por planilla, tal conclusión supone la existencia de una persecución judicial efectiva sobre el mismo crédito objeto del descuento, esto es, que la obligación cuyas cuotas se retienen se encuentre radicada en sede jurisdiccional con litis trabada respecto de ese crédito específico, de modo que su cobro haya quedado sometido al conocimiento y control del tribunal competente.

Sexto: Que, en la especie, los antecedentes aportados por las partes permiten establecer con claridad que los descuentos practicados en la remuneración de febrero de 2026 no guardan relación alguna con el crédito que fue objeto de la causa ROL C-21457-2018 del 6° Juzgado Civil de Santiago. En efecto, el propio ebook judicial acompañado por el recurrente da cuenta de que en esa causa se persiguió el cobro de un pagaré suscrito en el año 2015, proceso respecto del cual el tribunal dictó resolución de archivo el 8 de abril de 2019.

Por su parte, la recurrida acreditó documentalmente, mediante los pagarés respectivos, que los descuentos impugnados corresponden a tres obligaciones distintas e independientes, suscritas entre enero de 2024 y enero de 2025, ninguna de las cuales ha sido objeto de acción judicial de cobro.

Séptimo: Que, establecido lo anterior, no puede estimarse que el cobro de las obligaciones correspondientes a los pagarés N°NUM000, N°NUM001 y N°NUM002 se encuentre actualmente sometido al conocimiento de un órgano jurisdiccional, ni que exista proceso alguno que hiciera improcedente el empleo del mecanismo de descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Por el contrario, se trata de créditos de reciente otorgamiento, suscritos entre los años 2024 y 2025, respecto de los cuales consta su vigencia y exigibilidad, y no se advierte inactividad prolongada ni abandono de las gestiones de cobro por parte de la recurrida.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación de prescripción invocada por el recurrente, cabe señalar que dicha institución no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente en la sede procesal pertinente, lo que excede el objeto de la presente acción cautelar.

Noveno: Que, en consecuencia, no se verifica en el actuar de la recurrida una conducta de autotutela ilegal o arbitraria. Los descuentos impugnados se han efectuado al amparo de una normativa legal expresa, respecto de deudas vigentes y exigibles que no han sido sometidas a ningún procedimiento judicial de cobro, de modo que el mecanismo especial establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 resulta plenamente aplicable. No se aprecia, por ende, vulneración a la garantía del derecho de propiedad invocada, ni a las demás garantías constitucionales alegadas por el recurrente, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada a folio N°7.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2364-2026.