nombre reservado con CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN INDIVIDUAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de agosto de dos mil veintiuno.

Visto:

En folio 1, don nombre reservado, abogado, interpone recurso de protección contra el Centro de Mediación y Conciliación Individual de la Región de Valparaíso, a fin de que se reestablezca el imperio del derecho y se ordene dejar sin efecto el procedimiento de conciliación y fiscalización realizado por ese ente estatal, así como la imposición de la multa administrativa derivada de lo anterior, hechos que le han privado de sus garantías fundamentales al debido proceso y su derecho de propiedad, ambos amparados por el Articulo 19 N°3 inciso quinto y N°24 respectivamente, de la Constitución Política de la Republica.

Expone que el día 12 de abril del presente año, recibió en su casilla de correo electrónico la notificación del reclamo N°2021-1184 en el que se le informó, en lo que interesa al recurso, la existencia de un reclamo deducido en su contra respecto del cual se llevaría cabo la audiencia de conciliación el día 20 de abril pasado a las 13:00 horas, mediante la aplicación TEAMS. Se le indicaba que debía acompañar la documentación a más tardar el día 16 del mismo mes, la que sería revisada el día de la audiencia, la que adjuntó en tiempo y forma. Señala que no obstante lo anterior, desde el día 12 hasta el día 20 de abril, no recibió en su correo electrónico el link o algún dato para incorporarse a la plataforma. Refiere que luego, el día 20 de abril, a eso de las 14:42 horas, recibió un correo electrónico en el que se le remitió el acta de la audiencia, informándole que si deseaba efectuar alguna observación y/o corrección, disponía del plazo de dos días hábiles, lo que no efectuó pues considera que fue objeto de un procedimiento viciado. Dice que pidió un nuevo día y hora para la realización del comparendo de conciliación, lo que no tuvo respuesta alguna, recibiendo en cambio, el día 23 de abril, un mensaje en que se adjuntaba la Circular N°21 de la Dirección del Trabajo, que regula el procedimiento de conciliación y fiscalización que se le aplicó. Luego, el día 30 de abril llegó a su domicilio una carta certificada del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso con la Resolución de Multa (S) N° 3449/21/30, mediante la cual y en virtud del procedimiento descrito precedentemente se le condenó al pago de la suma de 10 U.T.M.

Reclama que se ha vulnerado el principio del debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, puesto que el procedimiento y el acta contienen una serie de errores. Advierte que la conciliación, en definitiva no se llevó a cabo a través de una audiencia, sino que se hizo mediante el intercambio de correos electrónicos, de manera que no fue posible que las partes manifestaran sus pretensiones, y en consecuencia, arribar a algún acuerdo, ignorando el contenido de los mismos. Al respecto, explica que se consigna en el acta que la parte reclamante con fecha 06 de abril se comunicó telefónicamente con la mediadora, señalando que tenía la posibilidad de acceder a la plataforma Teams, tras lo cual se le informó que la misma se iba a realizar por correo electrónico. Cuestiona el recurrente que la parte reclamante haya tenido conocimiento de la audiencia el día 06 de abril, ya que la invitación a las partes se habría supuestamente comunicado el día 12 del mismo mes. Por otra parte, el acta dice que la audiencia se llevó a cabo el día 20 de marzo, no obstante, fue efectuada el día 20 de abril, lo que denota falta de prolijidad en su redacción.

En cuanto a la Circular N°21, de fecha 01 de marzo de 2021, emitida por la Jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, señala que le fue remitida solo el día 23 de abril, luego de efectuado el procedimiento de conciliación, lo que estima inoportuno. Agrega que la misma no fue publicada en el Diario Oficial, por lo que no pudo entenderse conocida por todas las personas, ni tener aplicación general. Se trata de una Circular Oficio de la Jefa del Departamento dirigida a los Directores Regionales del Trabajo; a los Coordinadores de relaciones laborales; Jefes de Centro de Conciliación y mediación e Inspectores provinciales y Comunales del Trabajo mediante la cual imparte instrucciones para la audiencias de conciliación. Sin embargo, no contiene un detalle de normas legales o reglamentarias sobre el procedimiento de Conciliación y Fiscalización, y a mayor abundamiento, no indica el acto delegatorio en virtud de la cual, las autoridades laborales antes detalladas, realizan este procedimiento administrativo.

Concluye que estas acciones ilegales y arbitrarias vulneraron su derecho de propiedad, previsto en el N°24 del citado artículo 19 de nuestra carta fundamental, por cuanto, las acciones del Centro de Conciliación de Valparaíso, específicamente la Resolución de Multa N° 3449/21/30 de fecha 20 de abril de 2021, establece la obligación de pagar la suma de 10 U.T.M., afectando su patrimonio.

Pide, que se declare ilegal e inconstitucional el procedimiento de Conciliación y multa administrativa del cual fue objeto, pues existen acciones cometidas por la recurrida, que han vulnerado gravemente la garantía fundamental de que es titular, particularmente el derecho al debido proceso y el respeto al principio de bilateralidad de la audiencia, como elementos de las garantías de un racional y justo procedimiento que el constituyente ha mandatado al legislador llevar a efecto en la norma conculcada, así como de la garantía constitucional de propiedad, por cuanto los efectos del acto administrativo que se recurre, afectan gravemente su patrimonio, y junto con ello disponer las medidas que en derecho correspondan para reestablecer el imperio del derecho.

En folio 15, se informa por doña nombre reservado, en representación del Centro de Conciliación Laboral de Valparaíso, alegando la improcedencia del recurso de protección deducido, ya que esta acción no es un sustituto de las acciones que existen en la legislación laboral para impugnar las actuaciones administrativas, en concreto, los reclamo de multa contemplados en los artículos en relación con los artículos 503, 504, 512 del Código del Trabajo, puesto que la pretensión del recurrente se circunscribe al cuestionamiento del mérito del procedimiento y la imposición de la multa.

En segundo lugar, considera que no existe un derecho indubitado que le asista al actor, sino que busca impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones del Servicio fiscalizador sobre la materia. Señala que el actor lo que hace es cuestionar las circunstancias como se desarrolló el comparendo de conciliación por medios remotos y de la multa, así como las facultades legales y reglamentarias que dictó la superioridad del Servicio para regular el procedimiento de conciliación; hechos que se ajustaron a las instrucciones y facultades legales, teniendo presente el contexto de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

En lo que respecta a la Circular, informa que mediante la Orden del Servicio N°1, de 16 de marzo de la Directora del Trabajo de la época, en atención a la pandemia mundial producida por el coronavirus y a las distintos lineamientos dictados por la autoridad sanitaria se dispuso una modalidad flexible de la organización del trabajo que contempla el desarrollo de las funciones para ciertos funcionarios desde su domicilio mediante las tecnologías de la información, sin perjuicio de mantener la atención presencial, velando por proteger la salud de los funcionarios y funcionarias como de los usuarios y usuarias que permitieran asegurar la continuidad de la prestación de los servicios. En ese contexto, se dictaron instrucciones específicas para la atención presencial y de los procedimientos de Fiscalización y de Conciliación y Mediación, disponiendo que la realización de los comparendos se efectuaría por medios remotos en cuyo caso, el funcionario o funcionaria tomaría contacto con las partes a través de correos, requiriendo al empleador la exhibición de la documentación laboral y previsional para concluir las gestiones levantando un acta que diera cuenta de los resultados de la revisión documental y de las gestiones efectuadas ante las partes ya sea alcanzando un acuerdo o, bien sin acuerdo, caso en el cual el trabajador o reclamante podría proseguir su tramitación ante los Juzgados de Letras del Trabajo competentes. Con el paso del tiempo, las citadas instrucciones sobre tratamiento del procedimiento de conciliación durante la emergencia sanitaria fueron actualizadas y actualmente se encuentra vigente, la Circular N°21 de 1° de marzo del presente año, que se adecúa al plan paso a paso dispuesto por la autoridad sanitaria, pudiendo hacerse el comparendo de manera presencial , mediante la plataforma Teams de Microsoft 365 o, bien por correo electrónico, aplicándose de manera flexible y ajustándose de la realidad particular. En el presente caso, producto del reclamo interpuesto por la trabajadora, doña nombre reservado, con fecha 17 de marzo de 2021, se fijó un comparendo para el día 20 de abril de 2021, a las 13:00 horas, haciendo presente que en esa fecha la comuna de Valparaíso se encontraba en cuarentena. Si bien la audiencia se debía llevar a cabo a través de la plataforma, la trabajadora se comunicó telefónicamente con la fiscalizadora a cargo, señalando que no podría acceder a dicha plataforma; lo que configura una excepción justificada prevista en la mencionada circular y que permite precisamente que se trate el reclamo administrativo por correo electrónico, dando así cumplimiento a los protocolos internos que se han dispuesto sobre esta materia. Sin perjuicio de lo anterior, se tomó contacto con ambas partes mediante correos electrónicos, solicitando la documentación respectiva. Indica que se le advirtió al recurrente que los antecedentes relativos a las cotizaciones de salud de los años 2015 y 2019 no habían sido enviadas y, que en caso de deuda debían ser pagadas, haciendo presente las consecuencias legales, lo que no fue exhibido, por lo que se aplicó la multa. Afirma que la funcionaria realizó gestiones ante las partes con la finalidad de buscar un acuerdo, comunicando mediante correo electrónico a la trabajadora el proyecto de finiquito que ofrecía el empleador, lo que fue enviado con copia al empleador e incluso llamó a las partes hasta el último día del cierre del procedimiento llegar a un acuerdo, sin embargo, no se alcanzó debido a la negativa de la trabajadora y que existía deuda previsional. Por lo tanto, al momento de levantar el acta , la fiscalizadora no solo deja constancia de la revisión documental y de las infracciones previsionales constadas de dicha revisión sino también de las gestiones, enviando copia del acta a ambas partes mediante correo electrónico con fecha 20 de abril , informando que el acta no tenía la firma de la funcionaria, pero que estaba a disposición la original, haciendo expresa mención que las partes disponen del plazo de dos días hábiles para efectuar observaciones y/o correcciones al acta, lo que no se hizo por el recurrente. Asevera que se ha asegurado la bilateralidad de la audiencia, ya que las partes durante la tramitación del reclamo pudieron efectuar sus descargos, cumpliéndose con los restantes principios establecidos en la Ley 19.880. Afirma que la Circular N°21 de 1 de marzo de 2021 que imparte instrucciones de atención de reclamos administrativo se ajusta a lo establecido en la ley y que su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, conforme al artículo 505 del Código del Trabajo, entidad que se encuentra facultada para impartir las directrices e instrucciones necesarias al personal de esa entidad.

Niega que el procedimiento y la resolución que aplica la multa sea arbitrario, ya que las facultades de tratamiento de reclamos administrativos por términos de contrato de trabajo, fiscalización de la normativa como las infracciones que se verifiquen en el ejercicio de las funciones tienen su origen y fundamento en las atribuciones que el legislador le ha entregado a la autoridad del Servicio conforme a los fines que la orientan, esto es, la correcta aplicación de la legislación laboral. Señala que tampoco se vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y tampoco se ha desarrollado por el actor, la forma en que se vulnera el derecho de propiedad, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Por resolución de tres de agosto de 2021 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que a través de este recurso, se cuestiona la forma en que se llevó a cabo el procedimiento de fiscalización y conciliación ante la entidad reclamada, puesto que atendido que la trabajadora reclamante expuso que no tenía la posibilidad de conectarse a la plataforma Teams –a través de la cual se realizaría la audiencia de forma remota- la misma se llevó a cabo mediante el intercambio de correos electrónicos que la conciliadora habría remitido a las partes. Al respecto, señala que el procedimiento ha vulnerado el principio del debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, puesto que aquel y el acta levantada en dicha diligencia, contienen una serie de errores. Advierte que la conciliación, en definitiva no se llevó a cabo a través de una audiencia, sino que se hizo mediante el intercambio de correos electrónicos, de manera que no fue posible que las partes manifestaran sus pretensiones, y en consecuencia, arribar a algún acuerdo, ignorando el contenido de los mismos puesto que durante la gestión nada se le preguntó ni se le informó.

Tercero: Que de la revisión de los antecedentes que obran en autos, en especial de los correos electrónicos intercambiados entre las partes y lo afirmado por la recurrida en estrados, es posible afirmar que habiéndose ordenado, en su oportunidad, que la audiencia se llevaría a cabo, vía remota, en plataforma Teams, el día de dicha diligencia nada se le advirtió a la parte recurrente en estos autos y, como puede advertirse de los antecedentes allegados a estos autos, no hay elementos que permitan deducir que tal información llegó a conocimiento del empleador, durante su desarrollo.

Cuarto: Que sin perjuicio de la situación fáctica mencionada precedentemente, debe precisarse que la Circular N°21 invocada por la recurrida no constituye un elemento vinculante para sustituir la realización de una audiencia vía remota a través de meros correos electrónicos, toda vez que no existe la posibilidad de diálogo y de confrontación de posiciones que sólo es posible mediante videoconferencia o plataforma que permitan dicha forma de comunicación.

Quinto: Que, en las condiciones anotadas, resultan acreditados los fundamentos de la presente acción cautelar puesto que, no se dio cumplimiento a los principios que exige el debido proceso y la contradictoriedad establecidos en la ley 19.880, norma obligatoria para la recurrida, afectando con dicha conducta al actor toda vez que se ha afectado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República, lo que lleva a acoger el recurso, de la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en folio 1 por nombre reservado, contra el Centro de Mediación y Conciliación Individual de la Región de Valparaíso, y en consecuencia, se anula el Acta de Comparendo de Conciliación y la Resolución de Multa N°3449/21/30, ambas de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, emanadas de la recurrida, disponiendo que se debe llevar a cabo una nueva audiencia de conciliación que cumpla con el principio de bilateralidad de la audiencia y los restantes, que integran el debido proceso, establecidos en la ley 19.880.

Comuníquese, regístrese y archívese.

N°Protección-23598-2021.

En Valparaíso, trece de agosto de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.