nombre reservado con FUNDACIÓN EDUCACIONAL INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

isto:

A folio 1, comparece nombre reservado, de profesión profesor de educación física, y nombre reservado, de profesión educadora de párvulos, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso, actuando en conjunto y en favor de sus hijas menores de edad, de nombres nombre reservado y nombre reservado, ambas de apellidos nombre reservado, de 14 y de 11 años respectivamente; quienes deducen acción de protección en contra de FUNDACIÓN EDUCACIONAL INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA, sociedad del giro de su denominación, representada por doña nombre reservado, educadora de párvulos, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso.

Señala que sus hijas quienes cursan en primero medio B y quinto año básico C, respectivamente, en el colegio INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA, señalando que mediante las medidas impartidas por su Dirección, colaboradores y dependientes, se está privando el acceso a ingresar y circular por el establecimiento educacional al padre de las menores, siendo dicha medida desproporcionada, lo cual está provocando vulneraciones las garantías que consagra la Convención sobre Derechos del Niño, Convención Americana de Derechos Humanos, así como el interés superior de niños, niñas y adolescentes, derecho a la integridad física y psíquica.

Indica que el recurrente nombre reservado, fue docente en el establecimiento educacional señalado, desde el segundo semestre de 2006 hasta el 13 de abril de 2023, fecha en la cual, la Fundación recurrida lo despidió, aplicando la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, utilizando como fundamento de hecho, una denuncia de una alumna de 4° Medio de dicho Establecimiento, la cual alegaba “actos impropios” hacía su persona, los que no fueron objeto de investigación ni comprobación. Agrega que por sentencia definitiva dictada el 13 de septiembre de 2023, en la causa RIT T-11-2023 seguida ante el 1° Juzgado de Letras con competencia del Trabajo en Quillota, caratulada “nombre reservado/Fundación Educacional Instituto Rafael Ariztía” se declaró injustificado el despido.

Expresa que con fecha 03 de noviembre de 2023, la recurrente nombre reservado, recibió un correo electrónico de la Directora de Sección Básica del Instituto, quien la citaba a entrevista para el día lunes 06 de noviembre de 2023, sin indicación de motivo, y al contestar el correo electrónico, la madre y apoderada señala que ese día era el cumpleaños su hija menor, por lo cual no podría asistir pero que quería conocer el motivo de la entrevista, siendo reagendada para el día martes a las 16:30 horas, y el motivo expresado era “…dialogar en torno a las últimas resoluciones emanadas por el Tribunal de Familia y que han sido enviadas a nuestro establecimiento educativo”.

Señala que con fecha 6 de noviembre, en contexto de que el padre y apoderado asistió al establecimiento educacional a dejar a sus hijas a sus actividades curriculares, fue advertido que no podía acceder al interior del establecimiento educacional, sin expresar mayores motivos, y que la información sería entregada en reunión del martes 07 de noviembre, y ante su insistencia, se le informó verbalmente que, los padres de la menor de 4° Medio que formuló la denuncia en su contra, habrían iniciado causa de medida de protección ante el Juzgado de Familia de Quillota, la cual se conocería bajo el RIT P-1534-2023, y que con fecha 25 de octubre de 2023, se habría decretado la medida cautelar de la letra G) del artículo 71 de la Ley 19.968, en contra del actor y en favor de la adolescente, prohibiendo la concurrencia del recurrente, al lugar de estudios de la adolescente denunciante, así como cualquier otro lugar donde permanezca, visite o concurra habitualmente, a una distancia menor de 200 metros, y por el plazo de 90 días; mismo lugar de estudios donde asisten sus hijas menores de edad.

Agrega que los citados hechos, fueron materia de recurso de amparo constitucional Rol 2364-2023, ingresados el día 06 de noviembre de 2023. Además que toda la vida escolar de las menores se ha desarrollado en el colegio Instituto Rafael Ariztía.

Indica que las medidas impartidas por el Colegio, en cuanto a la aplicación y/o respeto de la medida que adoptó el Juzgado de Familia de Quillota resultan absolutamente desproporcionadas, dado que no permiten el acceso absoluto del apoderado Padre de las menores, lo cual, aun sin importar, si en los hechos, existe o no la distancia de 200 metros que exige lo mandatado por la resolución judicial, respecto de la adolescente que, en una semana más, egresaría de 4° Medio.

Expresa que los rumores en el Colegio respecto del padre de las niñas, han llegado a sus oídos, y a ser objeto de cuestionamientos y burlas por sus compañeros de colegio, sin haber sido protegido los derechos de sus hijas, ni haber hecho activación de protocolo alguno; aún más, en el caso de su hija menor, nombre reservado, tenía programado para el 10 de noviembre de 2023, su sacramento de la Primera Comunión, siendo informados por parte de personal del establecimiento educacional, que ha dicha ceremonia no podría acceder el padre y apoderado de la menor.

Alega que la Fundación recurrida le envió al padre y apoderado recurrente, una carta por la cual se le prohibía circular o tener acceso a instalaciones que, supuestamente, eran de uso exclusivo de profesores y alumnos, como lo es el denominado “Estadio Marista”, siendo manifiesta la animadversión de personal de la recurrida hacia su persona, actos que están generando una perturbación en sus derechos, especialmente, su integridad psicológica.

Señala que la conducta administrativa de la Fundación recurrida, en aplicación de una medida cautelar impartida por un Juzgado de Familia, no puede sobrepasar el interés superior de 2 niñas, parte del alumnado. Tampoco ha habido por parte del establecimiento educacional, instrucciones o medidas de adaptación, que permitan dar cumplimiento a la orden de un Tribunal, sin generar que el actor pueda dejar de acompañar a sus hijas en su proceso educativo, y actos de significación, debiendo el establecimiento educacional activar y ceñirse por su Reglamento Interno, lo cual no ha ocurrido en el caso.

Estiman que se ha amenazado y perturbado por un acto ilegítimo y arbitrario que se mantiene constante, de parte de la recurrida, el derecho de las niñas y adolescentes consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el que encuentra su respaldo los tratados internacionales suscritos por Chile. Además hacen presente lo dispuesto en la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Expresa que la acción para reclamar del acto u omisión ilegal se promueve dentro de plazo, pues se mantienen hasta la actualidad los hechos vulneratorios, los cuales se niegan a ser cesados por el Establecimiento Educacional.

Pide en definitiva, se ordene a la Fundación Educacional recurrida, cesar el acto ilegal y arbitrario de no permitir el acceso y circulación permanente del apoderado al establecimiento educacional señalado, con el objeto de no vulnerar sus garantías constitucionales citadas, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, y conceder el remedio solicitado con expresa condenación en costas; y en subsidio, se ordene a la recurrida establecer las medidas y parámetros para dar cumplimiento a una medida cautelar dictada por un Juzgado de Familia, sin privar a las menores de su posibilidad de compartir con su padre y apoderado en actividades escolares, curriculares y extra curriculares de relevancia y significación para ellas, y activar cualquier tipo de protocolo que impida ser objeto de cuestionamiento y/o burlas por sus pares, con costas.

Acompaña documentos.

A folio 6, evacúa informe don nombre reservado, JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO DE FAMILIA DE QUILLOTA.

Señala que ante dicho tribunal se sustancia el proceso sobre Vulneración de Derechos, en causa virtual, R.U.C. Nº 23-2-RUT reservado, Rol Interno P-1534-2023, caratulada “nombre reservado”, en los cuales figuran como requirente demandante don nombre reservado y requeridos don nombre reservado y doña nombre reservado.

Indica que con fecha 24 de octubre de 2023, el establecimiento educacional señalado, presentó requerimiento de medida de protección a favor de la menor NAJWA KHADIJE nombre reservado, por el Delegado de Protección de Derechos de la niña del establecimiento educacional señalado, don nombre reservado, indicándose en el mismo que la menor, quien cursa actualmente 4° Medio, devela a su Profesora Jefe, el 10 de abril, una situación que ocurrió el miércoles 5 de dicho mes, de connotación sexual, expresando que el profesor nombre reservado la llevó en su auto a su casa, habiendo realizado dicha acción en varias oportunidades; tomando un camino distinto, deteniendo el auto y a pesar de que la estudiante le pide que siga conduciendo, sigue detenido, le toma la mano, trata de tranquilizarla, la abraza y luego se lanza sobre ella, la besa forzándola, luego la deja en su casa, le pide que no diga nada porque si ella habla lo van a separar de sus hijas y ella sería responsable de ello; luego se escriben por whatsapp, y él vuelve a insistir que no diga nada de lo ocurrido, y constando la conversación en el teléfono de la estudiante, por lo que el colegio presentó denuncia a la Fiscalía el 11 de abril, causa RUC 2300395135-9, solicitando orden de alejamiento del denunciado.

Agrega que se acompaña al requerimiento, informe del establecimiento educacional de 23 de octubre de 2023, el cual señala que la persona denunciada es un ex funcionario del colegio, quien tiene dos hijas en el mismo y, si bien, durante el primer semestre no se apersonó en las dependencias del establecimiento, sí ha habido algunas ocasiones durante el segundo semestre en las que ha venido al colegio a ciertas actividades escolares, aunque sus hijas cuentan con la madre de las mismas como apoderada. Específicamente, en el mes de septiembre en más de una ocasión la joven tuvo algunas situaciones de descompensación emocional asociado a encuentros casuales con el supuesto victimario, toda vez que dicha persona ha asistido al recinto escolar de la adolescente a buscar a sus hijas o a algunas actividades escolares relacionadas con ellas. Además señala que la estudiante se encuentra en acompañamiento psicológico por su situación delicada en lo emocional y familiar tras el impacto de lo vivido.

Expresa que con fecha 25 de octubre de 2023 y atendido el mérito de los hechos denunciados, el tribunal dio curso a la denuncia citando a audiencia preparatoria de fecha 22 de Noviembre de 2023 a las 10:45 horas.

Señala que en la citada fecha, se ofició vía correo electrónico al Colegio Rafael Ariztía, a fin que remitiese completo informe socio-educacional de la adolescente con énfasis en su presentación personal, asistencia a clases, cumplimiento de su rol de alumna, relación con pares y adultos de la institución, quien figura como apoderado y el cumplimiento de éste en el acompañamiento pedagógico y cualquier otro antecedente de relevancia que fuese necesario conocer por el tribunal, pero a la fecha no ha sido recepcionado, pidiéndose cuenta de éste.

Indica que en la fecha de la audiencia señalada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 letras f) y g) de la ley 19.968, se decretó como medida cautelar para asegurar la integridad física y psíquica de la víctima y su grupo familiar, la siguiente: “LETRA F) SE PROHÍBE LA PRESENCIA Y LA CONCURRENCIA DE DON nombre reservado, R.U.N. RUT reservado EN EL HOGAR DE LA NNA NAJWA KHADIJE nombre reservado RUN RUT reservado, LO ANTERIOR, POR EL PLAZO DE 90 DÍAS.

LETRA G) SE PROHÍBE LA CONCURRENCIA DE DON nombre reservado, R.U.N. RUT reservado AL LUGAR DE ESTUDIOS DE LA NNA NAJWA KHADIJE nombre reservado RUN RUT reservado ASÍ COMO A CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE ESTA PERMANEZCA, VISITE O CONCURRA HABITUALMENTE A UNA DISTANCIA MENOR A LOS 200 METROS POR EL PLAZO DE 90 DÍAS.

En caso de incumplimiento de la medida decretada se procederá a los apremios contemplados en la ley”.

Expresa que ordenó que la medida cautelar señalada fuera notificada al recurrente nombre reservado, en forma personal a través de Carabineros de Chile de Quillota, y la fecha de emisión del informe, no consta en autos certificación efectuada por Carabineros de Chile de Quillota dando cuenta de notificación de medida cautelar, pidiéndose con fecha 06 de noviembre de 2023, cuenta del resultado de la notificación ordenada.

Señala que el juez informante estima que la resolución impugnada se ajusta a derecho.

A folio 10, informa FUNDACIÓN EDUCACIONAL INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción, dado que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal de su parte, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto a la garantía constitucional del derecho a la vida y la integridad física y psíquica.

Señala que el recurrente Sr. nombre reservado, hasta el mes de abril del presente año, se desempeñaba como docente de educación física en el establecimiento educacional, hasta que se tomó la determinación de despedirlo luego de la denuncia de una estudiante, menor de edad, que lo sindicaba como autor de conductas impropias de connotación sexual hacia ella. Respecto del proceso seguido ante el 1° Juzgado de Letras de Quillota por el despido del actor RIT T-11-2023, indica que el actor accionó en contra del Colegio, dictándose sentencia definitiva con fecha 26 de octubre de 2023 en los autos Rol T-11-2023, caratulada “nombre reservado/ Fundación Educacional Instituto Rafael Ariztía” del citado Juzgado, sentencia que a la fecha no se encuentra firme pues ambas partes han deducido recurso de nulidad.Agrega que si bien el despido del demandante fue declarado como indebido por el tribunal que conoció de la causa, ello tiene como fundamento una cuestión de forma, por el hecho de que no haya oído los descargos del demandante en el proceso previo a su despido, entendiendo el Tribunal que carecía de todos los antecedentes para proceder a la desvinculación. Respecto del recurso de amparo Rol N°2364-2023 deducido ante esta Ilustrísima Corte, expresa que dicho accionar se fundamentó en los mismos hechos relatados en el presente recurso de protección, el que fue rechazado por sentencia de fecha 10 de noviembre de 2023, confirmada con fecha 21 de noviembre del presente año por la Excelentísima Corte Suprema. En cuanto al rol de garante derechos de los niños niñas y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado, se vio en la obligación de proceder con el despido del docente y denunciar el hecho a la fiscalía, y debido a que el actor se apersonaba constantemente en las dependencias del establecimiento, incluso en el estadio Marista, en horas que no correspondían al horario de ingreso y salida de sus hijas, y encontrándose en más de una oportunidad con la víctima, debió solicitar una medida de protección ante el Juzgado de Familia de Quillota, con el fin de evitar que el recurrente se acercara, citando el artículo 16 letra d) de la Ley N°20.370.

Indica que posee una Política de Protección de la Niñez y la Adolescencia que imparte una serie de instrucciones y obligaciones para sus autoridades ante casos de violencia ejercida en contra de niños niñas y adolescentes y, especialmente la de denunciar a la autoridad competente (apartado 120 de dicho documento), relacionado con lo dispuesto en el artículo 175 letra e) del Código Procesal.

Expresa que los hechos denunciados revisten la suficiente veracidad para efectos de sostener la medida cautelar, y para descartar cualquier arbitrariedad en el proceder de la recurrida y con el objeto de acreditar la veracidad y credibilidad del relato de la menor involucrada, esta fue objeto de un peritaje por parte del psicólogo don nombre reservado.

Alega que la serie de hechos que han resultado acreditados en el juicio laboral a que hace referencia el recurrente, la pericia citada y las obligaciones legales que pesan sobre la recurrida, permiten descartar cualquier arbitrariedad o ilegalidad en su actuar, teniendo además en consideración la veracidad de los hechos denunciados por la víctima y la debida protección que demanda, tanto de la autoridad colegial como judicial.

A su vez, alega la falta de oportunidad de la presente acción, por cuanto la ceremonia de primera comunión, ya tuvo lugar y la recurrida, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada en el recurso de amparo ya citado, permitió el acceso del recurrente, por lo que no es posible, por esta vía, resolver aquella cuestión fáctica en la que el presente recurso ha llegado tarde.

En consecuencia, el presente recurso ha perdido oportunidad en lo que dice relación con aquel hecho supuestamente vulneratorio.

Asimismo, alega que el presente recurso no es la vía idónea para la impugnación de la resolución judicial ni del actuar de la recurrida, señalando que el actor ha podido interponer los recursos legales que franquea la ley en el proceso seguido ante el Juzgado de Familia de Quillota, cuestión que no ha ejercido, razón por la cual no se han agotado los recursos ordinarios que franquea la ley en el proceso que da origen a la resolución que el recurrente considera arbitraria e ilegal y de la cual no puede alegar desconocimiento pues supone la base de su arbitrio de protección.

En cuanto a la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en el obrar de la recurrida, por cuanto el hecho de denunciar ante las autoridades competentes y obtener en consecuencia una medida cautelar en favor de la menor víctima, se ajusta a derecho. Además que una vez decretada la medida cautelar por el Tribunal de Familia, la recurrida debe darle cumplimiento, no pudiendo en caso alguno desconocer por resultarle obligatoria, encontrándose obligada por ley, en su rol de garante, a adoptar las medidas necesarias para la debida protección de los derechos de los menores que se encuentren bajo su cuidado, lo que implica no solo denunciar, sino dar cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales competentes.

Acompaña documentos.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Segundo: Que lo peticionado en autos por los recurrentes, dice relación con ordenar a la Fundación Educacional recurrida, cesar el acto ilegal y arbitrario de no permitir el acceso y circulación permanente del actor Sr. nombre reservado al establecimiento educacional.

En subsidio, solicitan se ordene a la recurrida establecer las medidas y parámetros para dar cumplimiento a una medida cautelar dictada por un Juzgado de Familia, sin privar a las menores de su posibilidad de compartir con su padre y apoderado en actividades escolares, curriculares y extra curriculares de relevancia y significación para ellas, y activar cualquier tipo de protocolo que impida ser objeto de cuestionamiento y/o burlas por sus pares.

Tercero: Que, la fundación recurrida, solicita el rechazo del recurso por considerarlo improcedente, dado que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición y no existe acto u omisión arbitrario o ilegal de su parte, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto a la garantía constitucional del derecho a la vida y la integridad física y psíquica.

Agrega que atendido su deber de garante de los derechos de los niños niñas y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado, se vio en la obligación de proceder con el despido del docente y denunciar el hecho a la fiscalía, y debido a que el actor se apersonaba constantemente en las dependencias del establecimiento, solicitar una medida de protección ante el Juzgado de Familia de Quillota, dando cumplimiento con ello a la normativa legal respectiva.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados en autos, consta que la actuación de la Fundación recurrida, se encuentra ajustada a derecho, toda vez que dio cumplimiento a una resolución judicial emanada de un Tribunal de la República, quien mediante resolución de fecha 25 de octubre de 2023, dispuso lo siguiente “…Letra f) se prohíbe la presencia y la concurrencia de don nombre reservado, en el hogar de la nna allí señalada, lo anterior, por el plazo de 90 días.

Letra g) se prohíbe la concurrencia de don nombre reservado al lugar de estudios de la nna allí individualizada así como a cualquier otro lugar donde esta permanezca, visite o concurra habitualmente a una distancia menor a los 200 metros por el plazo de 90 días. En caso de incumplimiento de la medida decretada se procederá a los apremios contemplados en la ley”, no pudiendo desconocer la obligatoriedad de una resolución judicial.

A mayor abundamiento el Juzgado de Familia de Quillota, en audiencia preparatoria de fecha 22 de noviembre de 2023, mantuvo las medidas cautelares decretadas con fecha 25 de octubre del presente año, por el plazo de 90 días, por lo que no se configura en concepto de esta Corte, ilegalidad o arbitrariedad por parte de la fundación recurrida, que pueda ser subsanada en autos, motivo por el cual se rechazará el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y doña nombre reservado, por sí y en favor de sus hijas menores de edad, nombre reservado y nombre reservado, ambas de apellidos nombre reservado, en contra de la Fundación Educacional Instituto Rafael Ariztía.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-23264-2023.

En Valparaíso, siete de diciembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.