nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales bajo el amparo de la Ley N° 18.156, de 06 de marzo de 2026.

Explica que, la recurrente de nacionalidad venezolana, presentó la solicitud por cumplir con los requisitos de técnico extranjero afiliada a un sistema de seguridad social en su país de origen. Señala que, con el 06 de marzo de 2026, la recurrente fue notificada por correo electrónico del rechazo de su solicitud, sin motivos suficientes, y que al concurrir presencialmente a las oficinas de la AFP se le informó verbalmente que el rechazo obedecía a que la constancia de afiliación al seguro social no se encontraba apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Sostiene que, la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma al incorporar requisitos no exigidos expresamente por la Ley N°18.156, desatendiendo la finalidad del legislador. Refiere además que es un hecho público y notorio que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, lo que hace imposible o extremadamente gravoso obtener la apostilla requerida, configurándose una situación de caso fortuito o fuerza mayor que no puede ser opuesta en perjuicio de la recurrente.

Denuncia que, el acto impugnado vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se imponen exigencias adicionales no previstas en la ley y se niega el acceso a fondos que son de exclusiva propiedad de la recurrente.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario de 6 de marzo de 2026 que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se disponga un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y que, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptándose en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Cédula de identidad para extranjeros; b) Notificación de rechazo de la AFP Modelo; c) Declaración jurada ante notario público; d) Cédula de identidad del país de origen; e) Título profesional apostillado; f) Contrato y anexo de contrato de trabajo; g) Carta de AFP Cuprum S.A.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.. Sostiene que, el 02 de marzo de 2026, la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales amparándose en la Ley N°18.156, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones del I.V.S.S., declaración jurada ante notario y contrato de trabajo con sus anexos. Señala que, tras analizar dichos antecedentes conforme a la normativa legal, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, se solicitó a la recurrente un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, por cuanto la constancia electrónica presentada carece de firma autorizada y no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Al no aportarse la documentación requerida, la solicitud fue rechazada.

Finalmente pide que se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Título profesional del recurrente; b) Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente; c) Declaración jurada ante notario de la recurrente; d) Contrato de trabajo suscrito con el empleador Instituto Profesional AIEP SPA y su anexo.

A folio 9, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que, como cuestión previa, la materia reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto lo que pretende la recurrente es la declaración de un derecho y no la protección de un derecho preexistente e indubitado, debiendo ventilarse en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción de interpretación restrictiva, y que la constancia electrónica presentada carece de firma autorizada, no ha sido legalizada ni apostillada, y no es suficiente para acreditar los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Agrega que la recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad permanente en Chile, lo que podría implicar un perjuicio fiscal en caso de aprobarse el retiro, y que la imposibilidad alegada respecto de la apostilla no es absoluta, pudiendo realizarse el trámite en países que mantienen relaciones con Venezuela. Indica, finalmente, que no registra reclamo ni presentación alguna de la recurrente ante ese organismo, por lo que no le es imputable ningún acto concreto objeto del recurso.

Finalmente pide que, se declare improcedente el recurso de protección deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones y, en subsidio, que se rechace con expresa condena en costas.

Se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2326-2026.