Protección contra Contralor Regional de Valparaíso

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, catorce de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

En folio 1, con fecha 01 de julio de 2020, doña nombre reservado, abogado auxiliar de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Sección Civil y Unidad de Defensa Incompatible, actuando por sí, interpone recurso de protección en contra del Contralor Regional de Valparaíso, don Víctor Merino Rojas, porque con ocasión del dictamen N° 14.128, de 27 de diciembre de 2019, y su reconsideración N°E 7432-2020, de 29 de mayo de 2020, desestimó las irregularidades que habrían ocurrido en el proceso de selección y en las bases del concurso para el cargo de abogado jefe de la unidad jurídica de Viña del Mar, lo que habría vulnerado las garantías constitucionales de la actora y normas legales que cita.

Sostiene que el día 30 de septiembre de 2018, se publicó el concurso público para abogado jefe de la unidad de Viña del Mar y La Ligua y sus bases para ambas unidades, detallando -en lo que interesa al recurso- que se establecía un sueldo base que ascendería a $1.276.889 pesos, más asignación de modernización y especial de desempeño, y que la jornada ordinaria de trabajo del cargo de abogado jefe de la unidad jurídica de Viña del Mar sería de 27,75 horas semanales, con media o una hora de colación diaria de cargo del trabajador y no imputable a la jornada laboral.

Alega que la jornada de trabajo considerada para la unidad jurídica de Viña del Mar es insuficiente pues se trata de un gran consultorio, por lo que no se justifica la acotada jornada laboral contemplada en las bases para el cargo de abogado jefe. Explica que la profesional a quien identifica como “señora nombre reservado” –en quien recayó el nombramiento- en la actualidad detenta dos cargos: uno por designación directa, como abogada jefe de la Unidad de Participación Ciudadana y otro en virtud de la adjudicación del concurso para abogado jefe de la Unidad de Viña del Mar. Agrega que se informó por la Directora Regional de la CAJVAL, a la Contraloría que la citada profesional detenta dos cargos que tienen compatibilidad horaria, ya que como abogado jefe se desempeña de lunes a viernes de 9:00 a 14:33 y el cargo de abogado jefe de la Unidad de Participación Ciudadana establece un horario de lunes a viernes de 15:33 a 18:00”. Afirma la actora que el cargo de abogado jefe no sería cumplido hasta las 14:33, pues durante toda la jornada realiza labores de dirección del consultorio jurídico de Viña del Mar. Arguye que no sería racional que el consultorio quedara sin jefatura en la tarde, oportunidad donde se atiende al público y que las bases fueron así diseñadas para ajustarlas a las posibilidades de la señora nombre reservado. Advierte que para el cargo de abogado jefe de la unidad jurídica de La Ligua, en que la dotación de personal es inferior, la jornada de trabajo es de 40 horas semanales y que lo mismo ocurre en el consultorio jurídico de Valparaíso. Alega que la Contraloría no ha dado cumplimiento a sus obligaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 10 de la ley 10.336, en orden a fiscalizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Por otra parte, indica que las bases del concurso contemplaban como dentro de los más altos puntajes, el haberse desempeñado en un cargo de jefatura (15 puntos para el caso de haberse desempeñado entre 1 y 3 años y 20 puntos sobre los 3 años). Dicha circunstancia marginaba a los postulantes que no hubiesen desempeñado una jefatura, no obstante la vasta experiencia que ella tiene en el servicio. Explica que en la Corporación no existe la carrera funcionaria, por lo que resulta difícil acceder al cargo de jefatura, vulnerándose el derecho de igualdad de oportunidades para acceder al cargo, contemplado en el N°16° del artículo 19 de la Constitución Política, el derecho a la no discriminación arbitraria y la consagrada en el N°17° del artículo 19, sobre el derecho a la admisión a todas las funciones y empleos públicos, también contemplado en el artículo 38 de la Carta Fundamental.

Dice que la señora nombre reservado era la única persona que podía acceder a ese cargo, ya que la institución le fue creando experiencia a partir de diversas modificaciones de contratos que no estaban registradas ante la CGR, con excepción del primero, suscrito en el año 2009. Dicha información fue entregada a la CGR a partir de un requerimiento formulado por nombre reservado y por la Asociación de Funcionarios, en que el contralor regional reparó en que dichos contratos debieron haber sido ingresados al registro. No obstante, el Contralor Regional no efectuó el control de legalidad respecto de los restantes nombramientos.

Indica la recurrente que su postulación a dicho concurso fue rechazada ya que no habría dado cumplimiento al requisito de acompañar la ficha única de postulación, lo que no es efectivo y que tampoco resultaba necesario. Argumenta que el razonamiento del Contralor no es coherente con el criterio que se ha emitido en dictámenes previos en orden a que la exigencia de aportar una carta de postulación no tiene el mérito suficiente que permita dejar fuera a la postulante, señalando en esta ocasión que la referida carta constituye una regla objetiva, previamente fijada en las bases concursales y por lo tanto no hay ilegalidad en dejarla fuera del proceso de postulación. Arguye que si bien se puede modificar el criterio contenido en dictámenes previos, es menester que ello se justifique. Cuestiona que las bases hubiesen exigido que la documentación debiese ser entregada en el orden correlativo que en ella se indica.

Afirma que María del Pilar Martínez fue nombrada atendido el vínculo de amistad que le une con las autoridades de la CAJVAL, puesto que ella habría sido designada en un principio para suplir una ausencia, luego fue designada como abogada jefa interina y luego se le asignó la jefatura en virtud del concurso público. Menciona que durante el proceso de concurso público, el día 12 de octubre de 2018, se realizó un almuerzo y se permitió por la jefatura el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en dependencias del consultorio, lo que constituye una vulneración al reglamento de orden, higiene y seguridad. Como consecuencia de la denuncia, mediante Ordinario V-397-2018 de 7 de diciembre de 2018, se le notifica a la Sra. nombre reservado que se dejará constancia del hecho como “incidente negativo para los efectos de la correspondientes evaluación de desempeño…”, no obstante igualmente fue nombrada el día 06 de diciembre de 2018, estando en conocimiento de dicha situación. Afirma que la Directora le restó gravedad a los hechos y no se realizó una investigación, sin embargo la anotación negativa provocaba la pérdida de probidad de la funcionaria, requisito esencial para su nombramiento.

Agrega que los vicios de ilegalidad en el resultado del concurso ya se vislumbraron cuando la señora nombre reservado fue designada como abogado jefe por el director de la época, mediante decreto exento, pues se le contrató por un monto superior al contemplado en las bases y de manera indefinida, en circunstancias que el cargo inicialmente era por tres meses, vulnerando las propias bases concursales, situación no advertida por el ente contralor en su labor de fiscalización, sino que sólo a instancias de esta parte y de la colega nombre reservado, situación que tuvo que ser subsanada a requerimiento del ente contralor mediante el Dictamen N°1931, de 12 de febrero de 2019. No obstante lo anterior, no se pronunció sobre si la señora nombre reservado reunía los requisitos de probidad administrativa y cuestiona que en el Dictamen se haya estimado que la autoridad superior del Servicio haya adoptado las medidas pertinentes para corregir las irregularidades.

Reclama que el contralor regional de Valparaíso haya tomado más de un año para resolver la invalidación del concurso de abogado y que la petición haya sido rechazada no obstante la prueba aportada, refiriéndose luego al reclamo deducido por nombre reservado, señalando que en ninguno de ellos se cumplió con el deber de fundamentación exigido por la Ley 19.880.

Detalla hechos que serían constitutivos de acoso laboral y de irregularidades en el funcionamiento del Consultorio Jurídico de Viña del Mar y la forma en que se vulneran las normas contenidas en la ley N° 19.880 sobre probidad y sobre el deber de fundamentación de los actos administrativos.

En cuanto a las garantías constitucionales, indica que se vulnera su derecho a la integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al no pronunciarse respecto de la protección jurídica que como funcionaria pública le ampara por denunciar faltas a la probidad administrativa, puesto que desde la presentación del reclamo, se ha visto enfrentada a actos de hostigamiento laboral y de discriminación desplegados por la abogada jefe, María del Pilar Martínez Céspedes; en tanto que la demora en el pronunciamiento ha permitido que se perpetúen esas conductas.

Alega que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, puesto que su dictamen carece de fundamentos y va contra su jurisprudencia administrativa, citando jurisprudencia que no se aplica a su caso.

Alega que se ha vulnerado su libertad de trabajo y su protección, reconocida en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se disponga la invalidación del concurso público para abogado jefe de la Unidad jurídica de Viña del Mar de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, ordenar a la institución a que realice un nuevo llamado a concurso para el referido cargo, dando estricto cumplimiento a las necesidades del servicio y eliminando de sus bases todo atisbo de discriminación y se ordene al señor contralor regional intervenga la institución con el objeto de erradicar las prácticas que vulneran la probidad administrativa o disponiendo cualquier otra medida que US. Ilustrísima estime pertinente para el restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas.

En folio 10, se informa por la Contraloría General de la República que por presentaciones separadas efectuadas por la actora y por nombre reservado, y nombre reservado Pio, este último, en representación de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, se interpuso un reclamo por los vicios en las bases de los concursos convocados para proveer los cargos de abogado jefe de las Unidades de Viña del Mar y de La Ligua.

Mediante oficio N° 1.931 fecha 12 de febrero de 2019, se solicitó informe al Director General de la Corporación de Asistencia Judicial y al Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, sin perjuicio de señalarse en el referido oficio que ante la falta de normas que reglamenten los concursos para proveer cargos en la CAJVAL, compete a la autoridad respectiva determinar las bases y condiciones en que han de realizarse dichos certámenes, resultando relevante el Manual para la Selección y Obtención de Personal en las Corporaciones de Asistencia Judicial. Se indica que la remuneración pactada con la señora nombre reservado, quien fue elegida tras el respectivo concurso para ocupar la jefatura de la apuntada Unidad de Viña del Mar, no se ajustaba a lo establecido en aquel proceso, así como que las otras situaciones denunciadas debían ser investigadas Agrega que una vez recibidos los informes de la Corporación de Asistencia Judicial y del SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, se dio respuesta conjunta a las aludidas presentaciones, mediante el oficio N° 14.128 de 27 de diciembre de 2019, impugnado en autos, dando respuesta íntegra a los reclamos formulados por la actora.

Indica que las peticiones de la actora, no pueden ser conocidas a través de esta vía cautelar, por exceder el ámbito de la presente acción. Alega la falta de legitimación pasiva ya que varios de los reclamos de la actora son imputaciones realizadas en contra de la Corporación de Asistencia Judicial y en contra de la postulante que resultó elegida.

Señala que el recurso ha sido deducido de forma extemporánea ya que se deduce contra el dictamen N° 14.128 de 27 de diciembre de 2019 y su reconsideración N°E 7432-2020 de 29 de mayo, ha sido formulado extemporáneamente respecto del primero de los actos. Señala que no se advierte la forma en que los dictámenes hubiesen podido afectar las garantías constitucionales de la actora, ya que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a las normas constitucionales, legales y administrativas que se le han otorgado, con apego al ordenamiento jurídico y que el hecho que la interesada no comparta la decisión de esta Institución, no transforma en arbitrario los dictámenes impugnados.

En cuanto al procedimiento concursal, ante la falta de una normativa jurídica, compete a la propia jefatura de la CAJVAL determinar las bases y condiciones. Según lo informado por dicho organismo, el concurso se llevó a cabo en base al Manual para la Selección y Obtención de Personal en las Corporaciones de Asistencia Judicial. Detalla que en dicho Manual se indica que en función de cada perfil se generará un procedimiento de selección predeterminado, que considerará la formación, experiencia, habilidades, aptitudes y competencias que requiera cada cargo, pudiendo establecerlo la referida autoridad y sin que la Entidad Fiscalizadora pueda pronunciarse sobre dichas decisiones. Agrega que la autoridad respectiva es la llamada a establecer la evaluación de los postulantes y fijar algún requisito que pudiese ser preponderante para su designación y que la jornada de trabajo fijada corresponde a un asunto de mérito que no le corresponde analizar.

En lo que respecta a la reconsideración parcial, informa que el no haber aportado la carta de postulación constituía una regla objetiva previamente fijada en las pautas concursales, cuyo incumplimiento por parte de un postulante implicaba transgredir el principio de estricta sujeción a las bases del concurso, advirtiéndose que se incurrió en un error al afirmar que la interesada no acompañó la “ficha de postulación”, pues el documento que no presentó a ese certamen fue la “carta de postulación”, lo que constituye un requisito formal al que estaban sujetos todos los postulantes.

En cuanto al registro de los contratos de la funcionaria, indica que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 10 de la ley N° 10.336, el Contralor General de la República tiene competencia para determinar exenciones del trámite de toma de razón y supeditar los actos exentos de dicho trámite a registro y controles de reemplazo. Agrega que la juridicidad de la actuación de la autoridad administrativa fue analizada en el marco de las propias presentaciones de la señora nombre reservado, en estricto cumplimiento a la normativa previamente aludida, por lo que las alegaciones de la actora son infundadas.

En cuanto al hecho ocurrido durante el procedimiento concursal, dice que el incumplimiento de cualquier obligación de un funcionario público que se rige por el Código del Trabajo, debe ser establecida mediante una investigación interna, tras lo cual se impuso una anotación negativa, lo que se estimó como una medida pertinente.

Respecto al acoso laboral que habría sufrido, la CAJVAL indicó que esa denuncia se indagó, siendo abordada mediante una intervención enfocada en relaciones interpersonales.

Considera que no se ha incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado las garantías constitucionales de la actora y solicita el rechazo de la acción.

En folio 23, se informa por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos que se recibió el reclamo formulado por la actora que se estimó que la investigación de los hechos que se encontraran reñidos con la probidad debían ser investigados por la dirección del organismo, al igual que los reclamos formulados respecto del procedimiento concursal, añadiendo que se informó de ello a la CGR.

En folio 27 se informa por la actual Abogada Jefa del Consultorio Jurídico de la CAJVAL de Viña del Mar, detallando su experiencia profesional, antecedentes relativos a su postulación y a los reclamos formulados respecto de su nombramiento. Se informa acerca de las circunstancias en que se realizó el almuerzo el día 12 de octubre de 2018 y los inconvenientes que ha ocasionado el reclamo formulado por la actora sobre el clima laboral, añadiendo que no se ha impuesto alguna sanción a la recurrente.

En folio 28 se informa por el Director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, que ante la ausencia de una normativa jurídica que reglamente la forma cómo deben efectuarse los concursos para proveer cargos, compete a la propia autoridad -en este caso, a la jefatura de la CAJVAL- determinar las bases y condiciones en que han de realizarse dichos certámenes. Dice que el concurso público para proveer el cargo de abogado jefe de la Unidad Jurídica de Viña del Mar, cumplió con lo estipulado por el Manual de Procedimiento de Obtención del Personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial, por lo que las alegaciones realizadas por la recurrente carecen de fundamentos de hecho y de derecho que las sustenten lo que llevó a que la Contraloría las desestimase.

Respecto a la jornada laboral del cargo de abogada jefe de Viña del Mar, corresponde a la que ha tenido desde el año 2006, y que venía cumpliendo la anterior abogada jefe, quien se acogió a retiro. Por otro lado, la jornada laboral fue establecida en las bases del concurso, por lo que se trató de una condición aplicable a todos los postulantes al cargo. Respecto a la incompatibilidad horaria entre el cargo de abogada jefe de Viña del Mar y el de encargada de participación ciudadana, se tuvo a la vista la distribución de las mismas y se concluyó que no existe incompatibilidad horaria entre las dos tareas que desarrolla. En cuanto a la ponderación del cargo de jefatura, ello no excluyó a los otros participantes y no sería constitutivo de discriminación dado que se trata de una distinción basada en la idoneidad del cargo, lo que se encuentra permitido por la Constitución Política de la República y por el artículo 2 del Código del Trabajo, que permiten las distinciones basadas en la idoneidad del cargo. Indica que la Contraloría, no efectuó observaciones sobre el registro de los contratos suscritos con doña Pilar Martínez y que su pronunciamiento se ajustó al mérito de las peticiones formuladas por la actora, agregando que la carta de postulación fue un requisito exigido a todos los postulantes al cargo. En cuanto al desarrollo de actividades que habrían contravenido el principio de probidad, la Directora Regional, en uso de sus facultades disciplinarias efectuó las indagaciones correspondientes, estableciendo que se trató de un almuerzo con motivo de la celebración de un cumpleaños de un funcionario, dentro de las actividades que fomentan un buen clima laboral, sin que se hayan afectado los fines institucionales, que contravengan el principio de probidad administrativa. Sin perjuicio de ello, habiéndose constatado una infracción al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación, en su artículo 23 N°4, en cuanto a la prohibición de introducir a las oficinas de la Corporación bebidas alcohólicas, se aplicó como medida la constancia del hecho como incidente negativo para la evaluación de desempeño de la abogada Pilar Martínez.

Afirma que la abogada designada como jefe en la unidad Jurídica de Viña del Mar, reunía los requisitos legales para asumir el cargo, ya que avanzó todas las etapas del concurso, dando cumplimiento a aquellos exigidos en las bases, no teniendo ninguna de las inhabilidades expresamente establecidas en la ley. Los hechos descritos en el párrafo anterior, no constituyen un impedimento para ser designada en el cargo, ya que la circunstancia de que se estuvieran efectuando las indagaciones no dan lugar a una especie de inhabilidad para ejercer el cargo adjudicado.

Respecto a las situaciones de acoso laboral y discriminación, se constató por la Dirección Regional que los hechos denunciados por la Sra. nombre reservado, no se vincularon con acciones cuestionables de su jefatura, por lo que se abordó la problemática bajo una intervención con énfasis en las relaciones interpersonales, lo que a su vez fue informado a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Sobre la administración de los fondos fijos, son administrados por las jefaturas, lo que no significa confusión de fondos, ya que éstos son rendidos y respaldados por separado.

Añade que el procedimiento de concurso ya se encuentra afinado, suscrito y aprobado el respectivo contrato de trabajo con la abogada designada, validado en su legalidad, por el órgano de control.

Concluye que no existen antecedentes que den cuenta de una infracción que sea constitutiva de una vulneración de los derechos fundamentales de la actora, por lo que pide el rechazo de la acción.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

En cuanto a la extemporaneidad alegada por la Contraloría General de la República.

Primero: Qué, que de acuerdo a sus términos, la presente acción se deduce en contra del Dictamen N° 14.128 de 27 de diciembre de 2019 y del Oficio N° E7432-2020 de 29 de mayo de 2020, ambos de la Contraloría Regional de Valparaíso, notificado este último a la recurrente el 02 de junio del año en curso, siendo éste ultimo el acto final que puso término a la reclamación deducida al acoger parcialmente una reconsideración del primero y, teniéndose en consideración que el recurso fue deducido el día 01 de julio de 2020, lo ha sido dentro del plazo señalado por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, lo que conduce al rechazo de dicha alegación.

Para resolver de esta forma se ha considerado lo que prevé el artículo 54 de la ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, que establece que “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada”, agregando en su inciso segundo que “Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva:

Segundo: Que, planteó la recurrida Contraloría Regional de Valparaíso, la falta de legitimación pasiva de su parte, en consideración a que varios de los reclamos formulados por la recurrente son imputaciones realizadas en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso y en contra de la postulante que resultó elegida.

Si bien lo anterior resulta ser parcialmente efectivo, lo cierto es que formalmente la presente acción constitucional se formula contra dos pronunciamientos concretos de la recurrida, por lo que se desestima su alegación.

En cuanto al fondo de la acción deducida.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, la recurrente sostiene como acto arbitrario e ilegal atribuible a la Contraloría Regional de Valparaíso, la dictación del dictamen N° 14.128, de 27 de diciembre de 2019, y su reconsideración N°E 7432-2020, de 29 de mayo de 2020, por los que se desestimó tanto el reclamo que dedujo directamente, así como el de terceras personas, fundado, en lo que interesa a la recurrente, en vicios en el concurso convocado para proveer el cargo de abogado jefe de la Unidad de Viña del Mar de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso ( CAJVAL).

Quinto: Que, funda sus arbitrio en “vicios en cuanto a las bases del concurso público”, “vicios en cuanto al proceso en el concurso”, “vicios en cuanto a los resultados del concurso público” y, en “falta de fundamentación y oportunidad en la respuesta vulnerándose los artículos 8 y 19 n° 2 de la Constitución Política de la República y artículos 7, 10, 11, 12 ,14 y 41 de la ley N° 19.880 sobre bases de procedimientos administrativos”.

Considera que los pronunciamientos de la recurrida son vulneratorios de sus garantías establecidas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 16 de la Carta Fundamental.

Solicita a través de la presente acción, que “se disponga la invalidación del concurso público para abogado jefe de la Unidad Jurídica de Viña del Mar de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, ordenar a la institución a que realice un nuevo llamado a concurso para el referido cargo, dando estricto cumplimiento a las necesidades del servicio y eliminando de sus bases todo atisbo de discriminación y se ordene al señor contralor regional intervenga la institución con el objeto de erradicar las prácticas que vulneran la probidad administrativa o disponiendo cualquier otra medida que US. Ilustrísima estime pertinente para el restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas”.

Sexto: Que frente a las diversas situaciones que arguye la recurrente en su libelo y, para una acertada resolución del asunto, habiendo deducido la presente acción constitucional en contra del Dictamen N° 14.128, de 27 de diciembre de 2019 y, su Reconsideración N°E 7432-2020, de 29 de mayo de 2020, habrá que establecer si el pronunciamiento del ente contralor sobre los aspectos que denunció, en relación a los supuestos vicios a que alude en esta acción cautelar, transgrede el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que indica y sus derechos preexistentes, en términos que conduzca a adoptar una medida de resguardo ante un acto u omisión ilegal y arbitrario de la Contraloría Regional de Valparaíso.

Séptimo: Que, en lo que toca al capítulo “vicios en cuanto a las bases del concurso público” para el cargo de abogado jefe de la Unidad de Viña del Mar, de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso (CAJRV), en síntesis, los hace consistir en los siguientes aspectos:

a.- La insuficiencia de la jornada laboral de 27,75 horas semanales, por tratarse de un consultorio de gran afluencia de público, cantidad de trabajo y numerosa dotación de personal, a diferencia de lo que ocurre con las unidades de Valparaíso y La Ligua, en los que, en cambio, el abogado jefe tiene una jornada mayor.

b.- La mayor ponderación que se otorga a la experiencia laboral de los postulantes a dicho concurso público, asignándose mayor puntaje a quien se haya desempeñado en un cargo de jefatura -entre 1 y 3 años, se le asigna 15 puntos y, entre 3 o más años, 20 puntos-, lo que margina automáticamente a postulantes como la recurrente, quien a la época del concurso contaba con más de diecinueve años de funciones en la misma institución, donde no exista carrera funcionaria, por lo que le es imposible contar con dicha práctica.

Considera que por ello las referidas bases concursales, tienen “vicios de irracionalidad, arbitrariedad e irregularidad”, que corresponde sean velados por la recurrida.

Octavo: Que, en relación a la jornada de trabajo, en el dictamen reclamado se indica “sobre los cuestionamientos asignada a la jornada de trabajo a quien se desempeña como jefe de la Unidad de Viña del Mar, debe tenerse en cuenta que tal materia es un aspecto de mérito acerca del cual en virtud de lo prescrito en el artículo 21 B de la ley N°10.336 no procede que este ente fiscalizador emita pronunciamiento” y, sobre el segundo aspecto, apuntó que “corresponde a la autoridad otorgar una especial valoración a aquellas circunstancias, características o aptitudes que respondan a las necesidades de los respectivos cargos” y, respecto del mayor puntaje del factor de que se trata, “construye una manifestación de la comentada facultad de la superioridad competente, no advirtiéndose en ello una irracionalidad o arbitrariedad como se pretende”.

Noveno: Que en base a lo antes señalado y, teniéndose presente que la Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público descentralizado y sin fines de lucro, no es posible sostener, como pretende la recurrente, que aquellos aspectos deben ser corregidos por la recurrida, al escapar de sus atribuciones. Corresponde a la CAJVAL determinar las bases y condiciones en que han de desarrollarse los concursos de cargos de su competencia, de acuerdo al Manual para la Selección y Obtención de Personal en las Corporaciones de Asistencia Judicial, como aconteció en la especie, debiendo únicamente la recurrida velar por la legalidad de las actuaciones de este servicio, mas no intervenir en lo que pretende la recurrente, que por lo demás, no revela sino su particular apreciación sobre lo que considera debiera ser la jornada laboral y la ponderación de factores para el cargo de jefatura de que se trata.

De otro lado, no se advierte de qué manera la actuación de la recurrida sobre tales aspectos, pueda afectar derechos preestablecidos y garantías constitucionales de la recurrente, invocando al respecto una contravención al artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, en relación al inciso tercero del artículo 2 del Código del Trabajo en cuanto esta norma prescribe que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, situación ajena a aquella garantía constitucional de libertad de trabajo y su protección.

Por lo demás, la referida ponderación que afectaba a todos los postulantes, es solo un factor a considerar entre otros y, el hecho que la recurrente a priori no lo cumpliera no afectaba su postulación ni el resultado final, desde que debían ponderarse una serie de otras situaciones o factores que podían no ser cumplidas por aquellos oponentes que, en cambio, tenían a su haber el ítem que reclama.

Décimo: Que los cuestionamientos que efectúa en torno a que la persona designada a través del concurso tenga incompatibilidad horaria porque desempeña a su vez otro cargo en el mismo servicio, como abogada jefe de la Unidad de Participación Ciudadana, por lo que las bases del concurso en los aspectos antes referidos -jornada laboral y mayor puntaje al desempeño previo de cargos de jefatura- “se ajustaron a las posibilidades de la nombrada señora nombre reservado”, porque “era la única que podía obtener el máximo puntaje”, “se le creo experiencia en jefatura a partir de diversas modificaciones de contrato que la institución no remitió al ente contralor”, “que el empleador prácticamente le ha hecho la carrera funcionaria“; baste decir que el órgano contralor, respecto de una eventual incompatibilidad horaria de la persona designada en el concurso público, determinó que aquello no existe, como se consigna en el primero de los dictámenes reclamados y, sus restantes alegaciones sobre la persona nombrada, resultan ajenas a la presente acción cautelar y a la recurrida.

Undécimo: Que, en el acápite referido a “vicios en cuanto al proceso en el concurso”, aduce que habiendo participado en el concurso de marras, quedó fuera del proceso por no haber presentado la “carta de postulación”, de lo que reclamó el 31 de octubre de 2018 por considerar que los antecedentes que adjuntó y el formulario de postulación daba cuenta de su voluntad e interés en participar, estimando que la carta de postulación es un “documento innecesario y sobreabundante”, lo que fue desestimado el 05 de noviembre de 2018.

Duodécimo: Que, sobre este punto, en el Dictamen reclamado N°14.128, de 27 de diciembre de 2019, se señala que la carta de postulación fue una exigencia contenida en las bases, constituyendo una regla objetiva previamente fijada en las pautas concursales, cuyo cumplimiento por parte de un postulante implicaba transgredir el principio de estricta sujeción a las bases del concurso, “siendo del caso que el hecho que en un proceso de selección desarrollada por la CAJVAL, distinto al de la especie, no se haya pedido la apuntada ficha, no constituye una circunstancia que permita objetar lo actuado por ese organismo en el certamen que cuestiona la solicitante.”

Seguidamente, en la reconsideración N°E 7432-2020, de 29 de mayo de 2020, acogiendo el planteamiento de la recurrente en cuanto el documento que no presentó al referido concurso fue la “carta de postulación” y no la “ficha de postulación” como erróneamente resolvió el organismo, estimó que era procedente rectificar su pronunciamiento y resolver nuevamente su alegación, esta vez, sobre si la omisión de este último documento tiene o no mérito suficiente para haberla dejado fuera del certamen.

Dictaminó al respecto “Sobre dicho punto, la letra C de las respectivas pautas concursales exige a los participantes acompañar, entre otros documentos, una “carta de postulación”. Luego, su letra D prescribe que los concursantes deben entregar una “ficha de postulación” de acuerdo al formato anexo, adjuntando los antecedentes que precisa, entre los cuales se contempla la referida carta. A su turno, la letra G de las bases en análisis, señala que la valoración de los participantes consta de 5 etapas, siendo la primera de ellas la de evaluación formal de antecedentes, precisando a continuación su literal H, que aquellos postulantes que no cumplan en definitiva con todos y cada uno de los requisitos señalados en esa primera fase, serán declarados como “fuera de bases del proceso de selección”. En ese sentido, se debe concluir que la referida carta constituye una regla objetiva, previamente fijada en las bases concursales, cuyo incumplimiento implica la transgresión del principio de estricta sujeción a las mismas, por lo que no se evidencia irregularidad alguna en que la recurrente haya sido eliminada del certamen por no acompañar tal instrumento a su postulación (aplica criterio contenido en el dictamen N° 5.134, de 2019)”.

Décimo tercero Que, en síntesis sobre este aspecto y, siendo la reconsideración la que se pronuncia sobre el punto, la recurrente arguye que la Contraloría se funda para resolver en el criterio adoptado en un caso diverso al suyo y que no le es aplicable, porque aquél trata de una situación en que se cuestiona un aspecto ocurrido durante el desarrollo del proceso de selección, esto es, ya iniciado, en cambio, en su caso se le dejó fuera del concurso al inicio, por la no presentación de una carta de postulación, documento que considera no está consignado en el manual de selección de las CAJ, además de ser meramente formal, por lo que la conclusión del fiscalizador debió ser a su favor en cuanto no se le excluyera del proceso concursal, citando al efecto diversos dictámenes del órgano contralor, cuya doctrina considera le es aplicable, debiendo considerarse en su caso que la “carta de postulación” es una condición formal, reiterativa, no contemplada en el Manual de la CAJ, y no es requisito constitucional ni legal para optar al cargo de que se trata, imponiéndose en este concurso nuevas exigencias.

Décimo cuarto: Que, en base a lo anterior, sostiene la recurrente que su marginación del concurso violenta sus garantías constitucionales, consagradas en el 19 N°2, N°16 y N°17 de la Carta Fundamental.

No encontrándose amparada esta ultima a través de la presente acción, respecto del numeral dos de la norma antes citada, no es posible afirmar que la actuación de la recurrida a través de los pronunciamientos cuestionados vulnere la garantía de igualdad ante la ley, desde que “la referida carta de postulación” fue una exigencia contenida en las bases concursales aplicadas a todos los postulantes, sin hacerse a su respecto una diferencia arbitraria. Conjuntamente, no se advierte de parte del órgano contralor una ilegalidad o arbitrariedad en su pronunciamiento sobre este aspecto, desde que lo hizo de manera fundada de acuerdo a las mismas bases que norman la realización del concurso, las que fueron confeccionadas por la CAJVAL de acuerdo a los lineamientos que estimó necesarios, señalando que no existió irregularidad en que la recurrente quedara eliminada del concurso por no acompañar uno de los documentos exigidos para la postulación. Su aseveración de que es un documento sobreabundante, no corresponde sino a su sentir sobre el punto, sin que cobre relevancia para estos efectos que posteriormente, en dos concursos de la CAJVAL, para cargos diversos, no se haya exigido la mentada carta.

Respecto de la garantía constitucional del numeral 16 del artículo 19, debe precisarse que la presente acción se concede, de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, hipótesis que no se colman con los argumentos entregados por la recurrente, desde que al postular a un concurso público sólo tiene una mera expectativa tanto de ser aceptada en el proceso como de adjudicárselo, menos aún puede predicarse que los dictámenes cuestionados adolezcan de ilegalidad y arbitrariedad en su pronunciamiento sobre este punto.

Décimo quinto: Que, en lo que toca al apartado “vicios en cuanto a los resultados del concurso público”, cuestiona que como resultado del concurso se haya designado en el cargo de abogada jefe de la Unidad de Viña del Mar, a la abogada María del Pilar Martínez Céspedes, porque aquello se debió a los vínculos de amistad que ésta mantiene con autoridades de la CAJVAL, estimando que “se adjudicó el supuesto concurso público, que no fue sino una designación, con apariencia de concurso público”.

Para fundar sus aseveraciones arguye, en síntesis, que aquella había perdido a la época de su designación el requisito de probidad, porque durante el transcurso del concurso, siendo interina en el cargo, incurrió en infracción al reglamento interno de la institución, artículo 69 N° 3, al haber permitido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en un almuerzo del personal celebrado en dependencias de la Unidad de Viña del Mar, situación que la propia recurrente puso en conocimiento de la superioridad del servicio, lo que derivó en que se dejara constancia del hecho como incidente negativo para los efectos de evaluación de desempeño de la señora nombre reservado, quien fue designada en el cargo de abogado jefe titular de la Unidad de Viña del Mar, el 06 de diciembre de 2018, por resolución exenta N° 1241, siéndole informada la anotación el 07 del mismo mes y año, un día después de su designación.

Agrega que de acuerdo al principio de probidad administrativa, definido en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, el director general de la CAJVAL no debió designarla y su nombramiento adolece de ilegalidad, por lo cual la Contraloría no debió tomar razón del decreto de designación o debe rectificarlo y ordenar se deje sin efecto dicha resolución, mandatando a la CAJVAL a llamar nuevamente a concurso público para dicho cargo, ordenando se eliminen dentro de sus bases los factores discriminatorios y exigencias formales que no dicen relación con el cargo, con el objeto de dar cumplimiento a la garantía constitucional de los números 2 y 17 del artículo 19, que refieren la igualdad ante la ley y la admisión a cargos públicos.

Añade que al afirmar el contralor regional que la superioridad adoptó las medidas pertinentes a fin de corregir la irregularidad y la inexistencia de vicios en el concurso público, está incumpliendo su deber de control de legalidad respecto de los actos de la administración, en especial en cuanto al trámite de toma de razón del decreto de nombramiento y, al no ponderar los contundentes antecedentes que aportó sobre este aspecto, abandona sus deberes, porque claramente le compete la fiscalización de la probidad administrativa de acuerdo a la calidad de funcionarios públicos que detentan lo empleados de la CAJ.

Adiciona, además, una serie de irregularidades en contratos anteriores de la persona nombrada, en cuanto al lapso de contratación y remuneraciones, lo fue subsanado por el director general a requerimiento del ente contralor, sólo a instancias suyas y de una colega; por lo que este punto resulta ajeno a la presente acción cautelar.

Décimo sexto: Que, en lo que atañe a la falta de probidad de la abogada nombrada en el cargo de que se trata, que en concepto de la recurrente estaría constituida por la situación antes anotada que conduciría a estimar ilegal su nombramiento, cabe precisar que el nombramiento en el cargo de abogado jefe de la Unidad de Viña del Mar como resultado del concurso público, se concretó a través de la Resolución Exenta N° 1241, de 06 de diciembre de 2018, del director general de la CAJVAL y, conforme se dice, la anotación por infracción reglamentaria es de 07 de del mismo mes y año, esto es, con posterioridad a dicha designación, por lo que mal aquella anotación pudo influir en el mentado nombramiento al no tener ninguna de las inhabilidades del artículo 54 de la ley N° 18.575 y, por lo mismo, ningún reproche al efecto es posible atribuir a la recurrida en sus resoluciones impugnadas y mal puede argüirse una situación de ilegalidad de su parte.

Finalmente, sus alegaciones en cuanto sería víctima de acoso laboral e irregularidades en el funcionamiento del Consultorio Jurídico de Viña del Mar, no son cuestiones que puedan ser atacadas por la vía de la presente acción cautelar, debiendo en su caso utilizar aquellas que le franquea la ley al estar regida su relación laboral por el Código del Trabajo.

Décimo séptimo: Que, respecto al acápite “falta de fundamentación y oportunidad en la respuesta vulnerando los artículos 8 y 19 n° 2 de la constitución y artículos 7, 10, 11, 12 ,14 y 41 de la ley N° 19.880 sobre bases de procedimientos administrativos”, alega la tardanza de la recurrida en resolver su presentación sobre invalidación del concurso de marras, porque se hizo señalando que no existían vicios ni en las bases del concurso público ni en sus resultados, no obstante haber acompañado abundante prueba que lo acreditaba, de la que no se hace cargo, porque no da razón de sus afirmaciones y no hace indagación alguna en relación a las respuestas de la institución y Seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Sobre al particular, basta decir que tales argumentos no son sino una repetición de aquellos en los que fundó cada uno de los anteriores acápites en que dividió la presente acción cautelar, insistiendo que sus argumentos son los valederos, pudiendo apreciarse que si bien la recurrida tardó en dar su respuesta, lo hizo fundamente, de acuerdo a los antecedentes que recabó y normas que la rigen, de modo tal que no se divisa de qué forma las resoluciones atacadas resultan arbitrarias e ilegales, menoscabando garantías constitucionales de la recurrente.

Su discurso, en lo que toca a haberse desestimado el recurso que dedujo su colega nombre reservado, no será oído, desde que dice relación con una persona ajena al recurso de marras.

Décimo octavo: Que, si bien lo hasta aquí razonado es suficiente para desestimar la presente acción, merece especial atención lo peticionado, que asimismo conduce a su rechazo, porque aún en el evento de haberse acogido la Contraloría no tiene potestad invalidatoria del concurso público de que se trata y, menos aún, facultades para intervenir a la CAJVAL. De este modo, tanto los supuestos fácticos de la acción constitucional deducida y las peticiones que en ella se formulan, exceden el ámbito cautelar de la misma, sin que exista alguna medida urgente que pueda adoptar esta Corte, para obtener los fines que a través de él se pretende, lo que conlleva a su rechazo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Contralor Regional de Valparaíso, don Víctor Merino Rojas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la ministra señora María Cruz Fierro Reyes.

IC ROL 2347-2020 Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Silvana Donoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.