nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario de 11 de marzo de 2026, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, vulnerando los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que la recurrente, ciudadana venezolana, solicitó a la AFP ProVida el retiro de sus fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156, que permite la devolución a trabajadores extranjeros que están afiliados a un sistema previsional en su país de origen.

Que la administradora de fondos de pensiones recurrida notificó a la recurrente vía correo electrónico de 11 de marzo de 2026 el rechazo de la solicitud presentada, fundamentada, en síntesis, en que el único documento válido para dar continuidad al trámite es una Constancia de Afiliación Vigente emitida por la autoridad previsional competente, debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Alega que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente la recurrente se encuentra afiliada a la seguridad social del país de origen, no obstante, rechaza argumentando que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificarlo, incorporando un requisito adicional que se aparta de lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Así las cosas, señala que además de acompañarse el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado, puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, de una simple búsqueda empleando las palabras validar IVSS, arrojará la web indicada.

Agrega que no existe exigencia legal de que los certificados estén apostillados en Venezuela, siendo que la normativa especial no impone tal formalidad, y que la imposibilidad diplomática de obtener dicha documentación debe ser considerada como un eximente, conforme al artículo 45 del Código Civil.

Previas citas legales y jurisprudencia, solicita en síntesis acoger el presente recurso, ordenando a la AFP ProVida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder con el retiro de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

A folio 6, evacua informe la Superintendencia de Pensiones, refiriendo que la recurrente no presentó reclamo previo ante dicho organismo, limitándose a exponer el marco normativo aplicable.

Señala que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional, cuya aplicación exige el cumplimiento copulativo de requisitos, especialmente acreditar afiliación a un sistema de seguridad social extranjero con cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período laboral en Chile.

Asimismo, precisa que dicha acreditación debe realizarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente y debidamente legalizada o apostillada, no siendo suficientes declaraciones juradas ni documentos electrónicos carentes de tales formalidades. En el caso concreto, indica que los antecedentes acompañados por la recurrente no cumplen con estos estándares, por lo que la decisión de la AFP se ajusta a derecho.

Por último, agrega que tanto la jurisprudencia administrativa como judicial han confirmado este criterio de interpretación restrictiva de la ley, descartando ilegalidad o arbitrariedad en rechazos fundados en la falta de acreditación válida de la cobertura previsional extranjera.

A folio 7, evacua informe Ana Maria Herrera Brümmer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del presente recurso en todas sus partes y con costas.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso de protección, por cuanto, a su juicio, no es el mecanismo adecuado para resolver esta clase de controversias, ya que el derecho reclamado no es indubitado sino discutido, y además el recurso de protección solo procede ante actos ilegales o arbitrarios evidentes, lo que —según la AFP— no ocurre en este caso, por cuanto el rechazo de la devolución de fondos fue conforme a la Ley N° 18.156.

En cuanto al fondo, la AFP refiere que rechazó la solicitud de devolución de cotizaciones como técnico extranjero porque la solicitante no acreditó adecuadamente cobertura previsional en su país de origen (Venezuela) para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Agrega que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): no acredita cobertura completa durante todo el período trabajado en Chile, no especifica prestaciones médicas y pecuniarias, no está firmada ni apostillada, y no cumple los requisitos exigidos por la Superintendencia de Pensiones.

Asimismo, las declaraciones juradas no son consideradas medio idóneo para acreditar cobertura previsional. Señala además que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente en Chile, y que es propietaria de un inmueble en el país, lo que podría implicar que en el futuro el Estado deba financiar una pensión solidaria, situación que la normativa busca evitar cuando no se cumplen los requisitos para retirar fondos.

Añade que los fondos de la cuenta de capitalización individual tienen como destino principal financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y solo pueden retirarse en los casos expresamente autorizados por la ley.

Previas citas legales y jurisprudencia administrativa y judicial, sostiene la recurrida que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad, ya que el rechazo de la devolución de fondos se ajusta a la Ley N° 18.156, el DL 3.500 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y que la discusión planteada excede el ámbito del recurso de protección.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros —personal técnico— existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico, para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que, pudiendo acogerse a este sistema excepcional, igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con un empleador en Chile, en el cual manifestó su voluntad de mantener la afiliación al sistema de previsión y seguridad social de su país de origen que proporciona cobertura en las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte.

3° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no acredita cobertura específica durante todo el período trabajado en Chile, no especifica prestaciones médicas y pecuniarias, no se encuentra firmada por quien emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizada o apostillada.

Séptimo: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva, ya que establece un derecho —la devolución de fondos previsionales— del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero, razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente no acreditó el carácter de técnico extranjero y en relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera, su falta de autenticidad y el no haber sido emitido con las formalidades exigidas por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N° 18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurada de la recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Acordada con la prevención de la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes quien concurre al rechazo teniendo únicamente presente que a su entender el asunto planteado corresponde al conocimiento de la judicatura laboral en un juicio de lato conocimiento en virtud de lo señalado en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2323-2026.