nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representada por el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien interpuso recurso de protección, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de la solicitud de devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Funda su acción en que, habiendo solicitado la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la ley N°18.156, mediante el portal web correspondiente, la recurrida le notificó el 23 de febrero de 2026, el rechazo de dicha solicitud, bajo el motivo "No se adjunta Seguro Social correspondiente". En concepto de la recurrente, tal rechazo constituye un acto ilegal y arbitrario, toda vez que la Administradora incorpora exigencias no previstas expresamente en la ley, desconociendo la imposibilidad material de obtener documentación consular venezolana apostillada en razón del quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Sostiene, además, que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en línea mediante código alfanumérico, así como declaración jurada notariada y apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, documentos que a su juicio satisfacen íntegramente los requisitos del artículo 1° de la citada ley. Invoca en su favor jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y Concepción, así como de la Excelentísima Corte Suprema, y estima vulnerados los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo anterior, solicita tener por interpuesto el recurso de protección, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, disponer un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, ordenar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Declaración jurada notariada y apostillada; 4) Constancia electrónica de cotizaciones vigente al mes de marzo de 2026; 5) Título profesional apostillado; y 6) Contrato y anexo de contrato de trabajo.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene en primer término, que la recurrente no registra ante él reclamo alguno relacionado con los hechos que motivan la presente acción cautelar. Sin perjuicio de ello, hace presente que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal, debiendo ser interpretada de manera restrictiva.

Conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, que consigne específica y no genéricamente la cobertura efectiva del trabajador durante todo el período en que prestó servicios en Chile. Agrega que la declaración jurada suscrita por la propia trabajadora no constituye documento idóneo para tales efectos, y que la constancia electrónica del IVSS acompañada carece de firma autorizada, no se encuentra apostillada ni legalizada, y solo describe en términos genéricos las coberturas del sistema previsional venezolano. Hace presente, además, que tanto Chile como Venezuela son partes de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, citando en apoyo sentencias de esta misma Corte y de la Excelentísima Corte Suprema que, en casos similares, rechazaron recursos análogos al de autos.

En consecuencia, solicita tener por cumplido lo ordenado y rechazar el recurso de protección interpuesto.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., refiere que, el 19 de febrero de 2026, la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la ley N°18.156, adjuntando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, declaración jurada ante notario y contrato de trabajo suscrito con la empleadora MOBDEV SPA. Luego de analizar los antecedentes, la Administradora requirió un certificado de afiliación al sistema previsional del país de origen, debidamente apostillado o legalizado, por no ser la constancia electrónica ni la declaración jurada documentos idóneos para acreditar la cobertura exigida. Ante el incumplimiento de dicha exigencia, rechazó la solicitud el 20 de febrero de 2026. Sostiene que su actuar se ajusta íntegramente a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia uniforme de los tribunales superiores de justicia, citando sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción, todas confirmadas por la Excelentísima Corte Suprema, que han rechazado recursos similares al fundarse en constancias electrónicas del IVSS sin apostilla. Afirma que no ha incurrido en acto arbitrario ni ilegal alguno.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) título profesional de la recurrente; 2) constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente; 3) declaración jurada ante notario de la recurrente; y 4) contrato de trabajo suscrito con el empleador Mobdev Spa y sus anexos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2322-2026.