nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y OTRO

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece Christian Muñoz Silva, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, por la dictación del decreto alcaldicio N° 2082, del año 2022, en virtud del cual se aplica la medida disciplinaria de destitución al actor, y en contra de la Contraloría Regional de la República de la Región de Valparaíso, por haber rechazado el reclamo interpuesto en contra del referido decreto alcaldicio que lo destituyó, hechos que transgreden el derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso, protegidos en los numerales 2 y 3 de la Constitución Política.

Explica que el recurrente ingresó a prestar servicios en la Municipalidad de Algarrobo en el año 2007, bajo régimen a honorarios, y que a contar del año 2011, lo empezó a realizar en calidad a contrata. Relata que en la municipalidad existen dos asociaciones de funcionarios, la primera “AFUMUALG” que reúne a funcionarios administrativos y la segunda “AFAMA”, donde se agrupan funcionarios de talleres, aseo y otros. Añade que en esta última agrupación, el recurrente tuvo la calidad de dirigente desde el año 2015 y hasta la última elección de 2023, detallando que, desde el año 2020 se le han iniciado sucesivos sumarios administrativos, todas dentro de la administración del alcalde Yáñez.

Sostiene que, en dicho escenario, se inició investigación sumaria en su contra, que luego se elevó a sumario administrativo, fundado en haber realizado declaraciones de carácter injurioso en contra de nombre reservado, coordinador del taller municipal, el día 23 de marzo del 2021, atribuyéndole la comisión del delito de robo, además de haberse reunido con funcionarios efectuando comentarios en contra de funcionarios tildándolos de “sinvergüenzas” y “ladrones”, desvalorizando su trabajo.

Alega que los cargos que se le imputaron, no tienen la gravedad suficiente para fundamentar una sanción de destitución, la que resulta desproporcionada y arbitraria, resultando desalentador que la Contraloría se escude en que es la autoridad que aplica la sanción, la única que está facultada para ponderar la prueba y la proporcionalidad de la sanción, y que argumente que a ellos solo les corresponde hacer una revisión formal del procedimiento.

Por otro lado, argumenta que al actor se le han iniciado tres procedimientos sumariales, el primero en el mes de mayo de 2020, donde fue sancionado con la medida de suspensión del empleo, el segundo el sumario que se cuestiona por esta vía, iniciado en enero de 2022, y el tercer sumario que fuese ordenado en el mes de mayo de 2022, todos destinados a impedirle al actor desarrollar sus actividades como dirigente gremial.

Afirma que los cargos que se le imputan, no se condicen con la gravedad de la sanción impuesta, considerando además que posee la calidad de dirigente gremial, con goce del fuero señalado en el artículo 25 de la Ley 19.926.

En cuanto a la medida adoptada en su contra, sostiene que en su caso se optó por una sanción desproporcionada, ya que existen otros funcionarios que cometieron actos ilícitos y que no fueron destituidos, como por ejemplo con el caso del encargado de las redes sociales del municipio, quien adulteró un documento para sostener que era comunicador audiovisual y así pasar a tener la calidad a contrata, quien aún continúa desempeñando sus funciones en la municipalidad.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene su reincorporación, con el consecuente pago de las remuneraciones y derechos inherentes al cargo, con costas.

Acompaña resolución emitida por la Contraloría Regional de Valparaíso, de fecha 26 de septiembre de 2023.

A folio 5, informa la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, dando cuenta que los cargos imputado al actor son por haber señalado a las 13:30 horas del día 23 de marzo de 2021, en el Estadio Municipal de Algarrobo y frente a otros cinco funcionarios, que nombre reservado era responsable del robo de fierro del taller municipal, que vendió contenedores cargados con elementos de fierro, que existían “arreglos” con los repuestos, que los nombre reservado eran unos maricones, además, de proferir insultos a nombre reservado y afirmando que gastaron ocho millones de pesos en la reparación de una camioneta marca Amarok, que dicha reparación no costaba ese monto y que el funcionario nombre reservado se quedó con el dinero.

Afirma que, aun cuando las imputaciones que se reprochan al funcionario se hubieran verificado en una reunión de carácter gremial, son igualmente ilícitas y reprochables, y según la prueba recogida en el expediente, no se logra apreciar que haya alguna conexión entre sus dichos y la función gremial que ejerce.

Con relación al proceso disciplinario que se cuestiona por esta vía, explica que, mediante Decreto Alcaldicio N° 2082, de fecha 30 de mayo de 2022, se aplicó la medida disciplinaria de destitución, contenida en el artículo 123 de la Ley 18.883, y por contar con la calidad de dirigente gremial a la fecha de la aplicación de la medida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, la medida fue a la Contraloría General de la República, organismo que ratificó la sanción, rechazando el reclamo presentado por nombre reservado, al verificar que no existió ilegalidad alguna durante la tramitación del sumario.

En cuanto a la falta de proporcionalidad de la medida, sostiene que corresponde a la Administración la valoración de la prueba incorporada al procedimiento disciplinario e indica –además- que la ponderación de los hechos, la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos tiene el inculpado, queda entregada a tales autoridades. Además, sostiene que cuando es la ley la que asigna una sanción específica para una determinada infracción, como acontece respecto de la vulneración al principio de probidad, la autoridad edilicia se encuentra en el imperativo de disponerla, citando un dictamen de la Contraloría en tal sentido.

En cuanto al sumario en contra del funcionario que hizo uso de un título profesional falso, arguye que este fue destituido mediante decreto alcaldicio de fecha 23 de marzo de 2023, añadiendo que, respecto del último sumario llevado a cabo en contra del actor, iniciado por una denuncia por malos tratos presentada por un funcionario, el señor nombre reservado fue sobreseído el 11 de octubre de 2023, lo que demuestra la imparcialidad y la aplicación del debido proceso por la administración, en todos los procesos disciplinarios.

Solicita el rechazo del recurso, con costas, y acompaña copia del expediente sumarial, oficio de la Contraloría por el cual rechaza el reclamo presentado por el actor y ratifica la sanción de destitución.

A folio 7, informa la Contraloría Regional de Valparaíso, dando cuenta del proceso llevado a cabo en contra del actor, explicando que luego de analizados los antecedentes, se desestimó el reclamo del interesado, ya que en el procedimiento disciplinario se respetó su derecho a defensa; las conductas que le fueron atribuidas en la formulación de cargos resultaron comprobadas; la ponderación de las conductas atribuidas al recurrente fueron descritas en la formulación de cargos, y que la determinación de su gravedad resulta ser el ejercicio de una atribución privativa de la autoridad edilicia.

Alegan que del análisis de las peticiones contenidas en el recurso, se logra determinar que lo solicitado es competencia de la Municipalidad de Algarrobo y no de la Contraloría, considerando que ellos no instruyeron ni tramitaron el procedimiento disciplinario, ni tampoco adoptaron la decisión de poner término a la relación laboral del recurrente, y tal es así que se solicita que se deje sin efecto el acto que dispuso la destitución del cargo, lo cual únicamente podría ser efectuado por el municipio.

Por otro lado, se argumenta que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar un procedimiento reglado, como es el caso de un sumario, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, sin que sea el recurso de protección un medio de impugnación para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, reitera que la determinación de la gravedad y el grado de responsabilidad que en los hechos tienen los inculpados, son aspectos que deben ser apreciados por el fiscal y por la autoridad sancionadora y no le corresponde a la Contraloría sustituir a la administración en dicho examen, sin perjuicio de la facultad de objetar la determinación adoptada si del examen del expediente se observa alguna infracción al debido proceso, a la normativa que regula la materia, o bien, una decisión de carácter arbitraria, cuestión que no se verificó en la especie, y las conductas que le fueron atribuidas al señor nombre reservado en la formulación de cargos, resultaron debidamente comprobadas, sin que se advierta irregularidades que deban ser objetadas.

En cuanto a la ponderación de las conductas atribuidas al recurrente, contenidas en la formulación de cargos, sostienen que aquellas fueron calificadas en el decreto alcaldicio como de una gravedad que solo admite la medida disciplinaria más gravosa del Estatuto Administrativo, pues es la ley la que establece la procedencia de la destitución ante las infracciones en que incurrió el actor, pues constituye una falta grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de la Ley 18.575, siendo el inciso segundo del artículo 123 de la Ley 18.883, la que establece que la medida disciplinaria de destitución procede sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en una serie de casos, dentro del cual se encuentra la conducta del actor, en la letra c), en relación a la letra l) del artículo 82, esto es, “realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios (…)”.

En lo que respecta a la juridicidad del decreto que impuso al actor la medida de destitución, arguye que el hecho de que una persona funcionaria goce del fuero gremial establecido en la Ley 19.296, no limita la posibilidad de que sea sancionada disciplinariamente por incurrir en infracciones administrativas.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Previo al inicio de la audiencia, el recurrente acompaña resolución de 30 de mayo de 2022, que rechazó recurso de reposición en contra del Decreto Alcaldicio que impuso la medida disciplinaria de destitución.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que, por causas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, del análisis del recurso, lo que cuestiona el actor, es que no existió proporcionalidad entre el hecho por el cual se le formularon cargos y la medida de destitución que finalmente fue adoptada por el Alcalde, pues considera que no era procedente aplicar la máxima sanción disciplinaria en su caso, además de cuestionar a la Contraloría Regional de Valparaíso, por no reparar en la falta de proporcionalidad, limitándose a verificar aspectos formales.

Tercero: Que, del análisis del expediente sumarial, se aprecia que no se ha producido la situación de desproporcionalidad reclamada por el actor, en el entendido que, con fecha 18 de abril de 2022, luego de la incorporación de documentos, de las declaraciones de testigos y del recurrente, se le formularon cargos por infringir la prohibición del artículo 82 letra l) de la Ley 18.883, al realizar actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, lo que es coherente con la medida de destitución adoptada, en el entendido que el artículo 123 de la referida ley, contempla esta medida disciplinaria cuando se infringe el principio de probidad administrativa, y en una serie de otros casos, entre los cuales se encuentra la infracción a lo dispuesto en la letra l) del artículo 82, justamente cuando se ejecutan actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios.

En efecto, tal como se lee del expediente sumarial, estos cargos fueron imputados al recurrente, por haber involucrado al señor nombre reservado y a otros funcionarios, en la comisión de una serie de ilícitos, además de denostarlos públicamente frente a otros funcionarios, mediante el uso de expresiones groseras, lo que además de afectar la dignidad de toda persona, podría llegar a ser constitutivo del delito de calumnia e injuria, previstos y sancionados en los artículos 412 y 416 del Código Penal, respectivamente.

Por lo tanto, la medida aplicada mediante el decreto alcaldicio de 12 de mayo de 2022, se ajustó a la legalidad, tomando en consideración los cargos formulados previamente, y la prueba recabada en el expediente por parte del fiscal, sin que se logre apreciar infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, lo que también fue constatado por parte de la Contraloría General de la República.

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, del análisis del expediente, se verifica que existió un procedimiento legalmente tramitado de conformidad a lo establecido en la Ley 18.883, llevado ante un fiscal nombrado para tal efecto, donde se tomó declaración a las partes y a testigos, hubo formulación de cargos, descargos, propuesta de sanción, entre otros múltiples trámites, todo lo cual, permite concluir que no existió un actuar ilegal o arbitrario de parte de la Municipalidad, ni tampoco de la Contraloría General de la República, lo que lleva a rechazar la presente acción constitucional.

Quinto: Que, por lo demás, la garantía del debido proceso que invoca el actor como infringida, contenida en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, no es de aquellas que se encuentran protegidas por el artículo 20, norma que, al hacer mención al numeral 3° del referido artículo 19, concede la acción de protección frente a vulneraciones al derecho a un juez natural.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo y de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-23126-2023.

No sujeta a anonimización.