nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representado por nombre reservado, la abogada, quien interpuso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, notificado en marzo de 2026.

Señala ser técnico superior universitario en comercio exterior, con título apostillado el 10 de septiembre de 2025, habiendo prestado servicios en Chile bajo tres contratos de trabajo sucesivos —con Comercial Olicorp Limitada, Bruno Fritsch S.A. y Mediterráneo Automotores S.A.—, todos los cuales contienen cláusula expresa de voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional venezolano, dando así cumplimiento al artículo 1° de la Ley N° 18.156. Agrega encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sistema que cubre los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte conforme a la Ley del Seguro Social venezolana, Gaceta Oficial N° 4.322.

Sostiene que, la negativa de la AFP carece de motivación concreta, resulta formalista y desproporcionada, y que la imposibilidad material de obtener nuevos documentos consulares —ante el cierre de la Embajada venezolana— no puede serle imputada. Estima vulnerados los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita acoger el recurso de protección, ordenar que se reconozca la documentación aportada, disponer un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, y adoptar en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) cédula de identidad del recurrente; 2) título profesional debidamente apostillado; 3) certificado de afiliación al sistema previsional del país de origen; y 4) anexo laboral y contratos de trabajo.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra.

La recurrida plantea, en primer lugar, la improcedencia formal del recurso de protección, sosteniendo que la materia debatida —relativa a la interpretación y aplicación de los requisitos de la Ley N° 18.156— es propia de un procedimiento de lato conocimiento y no de una acción cautelar de emergencia, por cuanto no existe un derecho indubitado sino uno controvertido.

Señala que rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente por no haberse acreditado debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Al respecto, indica que la constancia de afiliación emitida por la Embajada venezolana el 25 de julio de 2022 se encontraba vencida al momento de la presentación, atendida su vigencia de 120 días. Agrega que la constancia electrónica de cotizaciones no se encuentra firmada por su emisor ni apostillada, y que solo menciona coberturas genéricas del sistema venezolano. Asimismo, señala que las declaraciones juradas ante notario público chileno han sido expresamente descartadas por la Superintendencia como medios idóneos de acreditación.

Añade que, el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente en Chile y es propietario de un inmueble en el país, circunstancias que la Superintendencia ha estimado relevantes. Concluye que su actuar se ha ajustado estrictamente a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en acto ilegal ni arbitrario alguno.

Finaliza solicitando, rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) copia del oficio de la Superintendencia de Pensiones N° 7253; 2) oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025; 3) y oficio N° 21.880 de 17 de noviembre de 2025.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones. En cuanto a los hechos, el organismo fiscalizador señala que el recurrente no registra reclamo alguno ante dicha institución respecto de los hechos que motivan la acción cautelar.

Precisa que, la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, siendo sus requisitos de carácter copulativo. Indica que la jurisprudencia administrativa uniforme de la Superintendencia exige que el documento acreditante de cobertura previsional en el extranjero sea emitido por la entidad competente en materia de seguridad social, que señale en forma específica las coberturas del trabajador durante toda su prestación de servicios en Chile, y que se encuentre debidamente apostillado o legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de La Haya.

Respecto de los documentos acompañados por el recurrente, informa que la constancia de afiliación al IVSS emitida por la Embajada venezolana de 23 de noviembre de 2022 —legalizada el 15 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores— tenía una vigencia de 120 días, la que venció en marzo de 2023, careciendo por tanto de vigencia al momento de la presentación. Asimismo, señala que la constancia electrónica de cotizaciones aportada no se encuentra firmada por su emisor, no está apostillada, no indica las coberturas específicas del recurrente y solo menciona genéricamente las del sistema venezolano, por lo que no resulta apta para acreditar el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Finalmente, añade que lo pretendido excede el ámbito de la acción cautelar de protección.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) copia de la constancia de afiliación al IVSS emitida por la Embajada venezolana de 23 de noviembre de 2022, legalizada el 15 de diciembre de 2023; y 2) copia de la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A, por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haber acompañado el certificado vigente de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la constancia de afiliación al IVSS emitida por la Embajada venezolana de 23 de noviembre de 2022 —legalizada el 15 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores— tenía una vigencia de 120 días, la que venció en marzo de 2023, careciendo por tanto de vigencia al momento de la presentación.

Y, además, el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2306-2026.