nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL MOVILIZACIÓN NACIONAL

C.A. Valparaíso Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, trabajador social, quien interpone recurso de protección en su favor y en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, por el acto ilegal y arbitrario consistente en impedirle regularizar su situación militar, privándolo de acceder a ciertos trabajos, vulnerando su derecho a no ser objeto de diferencias arbitrarias, de libertad de trabajo y de propiedad, consagrados en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, durante el año 2016, mientras se encontraba cursando el primer año de la carrera de trabajo social en la Universidad Andrés Bello, fue sorteado en la lista de los llamados para realizar el servicio militar, situación que dice haber ignorado hasta el presente año. Añade que, posteriormente, en enero de 2022, recibe su título profesional, y al iniciar el período de búsqueda de empleos, advierte que en la mayoría se solicita el certificado de situación militar al día.

Relata que, durante el mes de octubre del presente año, se entera del proceso de postulación al cargo de coordinador local censal para la provincia de San Antonio, en el marco del desarrollo del CENSO nacional a realizarse el año 2024. En este contexto -arguye- y al realizar la postulación al referido cargo, verifica que se exige el certificado de situación militar al día, procediendo a solicitarlo en la página web de la Dirección Nacional de Movilización Nacional y, ante su sorpresa, se percata de que su situación militar no está al día.

Expresa haber concurrido al cantón de reclutamiento de la comuna de San Antonio, y se le informa que, al no haberse presentado al proceso de reclutamiento del año 2016, fue denunciado a la Fiscalía de San Antonio, por infracción del artículo 72 del Decreto Ley 2306, del año 1978, razón por la cual su situación militar no está al día, dándole una copia del oficio enviado a la Fiscalía denunciando el hecho, en julio de 2023.

Señala que, con fecha 20 de octubre de 2023, acude a la Fiscalía Local de San Antonio a consultar sobre la denuncia, siendo informado que el Ministerio Público no ha adoptado ninguna decisión al respecto, ni ha creado algún RUC asociado a su persona, toda vez que no figura en la nómina de personas del oficio remitido por el Cantón, sin que exista una denuncia en su contra.

Argumenta que el actuar de la Dirección General de Movilización Nacional es ilegal y arbitrario, al extender un certificado que indica que su situación militar no se encuentra al día, pero no realiza la denuncia por este hecho, encontrándose imposibilitado de regularizar su situación militar, no pudiendo optar a un trabajo remunerado producto de su profesión, solamente por no contar con el certificado en cuestión.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida extender un certificado de situación militar al día, con expresa condena en costas.

Acompaña certificado de título y de situación militar, impresión de pantalla de “Fiscalía en Línea”, sin registro de causas asociadas, copia de oficio remitido por el Cantón de Reclutamiento de San Antonio a la Fiscalía de la misma ciudad e impresión de pantalla de postulación para el cargo de coordinador local censal para la provincia de San Antonio.

A folio 4, informa el Director General de Movilización Nacional, argumentando que el servicio militar es obligatorio, conforme lo establece el artículo 22 de la Constitución Política y el artículo 18 del Decreto Ley 2306. Además, señala que es el artículo 26 del referido Decreto Ley, el que establece que las personas que no cumplan con las disposiciones establecidas en ese cuerpo normativo, no pueden ocupar cargos ni empleos en la Administración del Estado, y el artículo 72, dispone que quienes no concurran a las citaciones que la autoridad de reclutamiento les hicieren para efectos de su selección, serán infractores y sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en su grado mínimo.

Sostiene que el actor no puede postular al cargo de coordinador local del Censo 2024, únicamente por no haberse presentado al proceso de servicio militar del año 2016, habiéndose encontrado facultado para presentar justificación eximente o una modalidad de cumplimiento distinto, lo que demuestra que la institución no ha cometido ninguna ilegalidad, sino que ha actuado dando cumplimiento a la normativa respectiva.

En cuanto a la denuncia realizada a la Fiscalía Local de San Antonio, afirma que no es efectivo que esta no se haya efectuado, pues ello se realizó mediante oficio DGMN San Antonio (P) N° 1775/001.

A folio 16, con fecha 5 de diciembre de 2023, informa la Fiscalía Local de San Antonio, dando cuenta que el recurrente fue denunciado con fecha 17 de julio de 2023, y que la causa tiene asignado el RUC 2300828463-6, en donde existen alrededor de 160 imputados, y que, con fecha 2 de noviembre del presente año, la Fiscalía decidió ejercer el principio de oportunidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Penal, lo que debe ser aprobado por el Juzgado de Garantía, y luego transcurrir el plazo para que la resolución se encuentre ejecutoriada.

A folio 17, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que, por causas de actos u omisiones arbitrales o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, del análisis del recurso de protección, se concluye que lo que se cuestiona por el actor, es que la recurrida no regulariza su situación militar, pese a no haber denunciado la infracción por no presentarse al proceso de reclutamiento del servicio militar del año 2016, hecho que le impide postular al cargo de coordinador del Censo 2024 y a todos los empleados públicos en general.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que la institución se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa legal que regula el servicio militar, y las consecuencias de quienes no se presentan al proceso ni se excusan legalmente, como en el caso del actor, quien no cumplió con la carga constitucional y legal que tenía en el proceso del año 2016. Además, indicó que sí se realizó la denuncia a la Fiscalía Local de San Antonio, por la infracción al artículo 72 del Decreto Ley 2306.

Cuarto: Que, del mérito de lo expuesto por las partes y teniendo a la vista la causa RIT O-7331-2023, RUC N° 2300828463-6, tramitada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, es posible concluir que el pasado 6 de diciembre de 2023, la Fiscalía Local de San Antonio decidió aplicar el principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal, respecto del actor así como de un sinnúmero de imputados, solicitud que fue aprobada por parte del referido juzgado, con misma fecha, encontrándose firme la decisión de no continuar con la investigación del hecho tipificado en el artículo 72 del Decreto Ley 2306.

Quinto: Que, del mérito de lo expuesto, se aprecia que el hecho constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 72 del Decreto Ley 2306, y por el cual el recurrente aparece con un certificado de situación militar irregular, constituye un hecho que ha sido denunciado por la recurrida, luego de transcurrido más de siete años desde su ocurrencia, esto es, cuando ya se encontraba prescrita la acción penal, por lo que el hecho no ha sido perseguido por el Ministerio Público y sin que exista una sentencia condenatoria en contra del recurrente que justifique la emisión de un certificado que se fundamenta en el hecho de haber una denuncia en contra del recurrente por infracción al artículo 72 del Decreto Ley 2306.

Lo anterior, es contrario al principio de inocencia contemplado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, afectando el derecho del recurrente a obtener un empleo público y consecuencialmente una remuneración, menoscabando su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, motivo por el cual se acogerá la acción entablada en estos autos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, y se ordena a la recurrida emitir un certificado de situación militar al día (regularizado) a nombre del recurrente, dentro del plazo de quinto día desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-22987-2023.

No sujeta a anonimización.

En Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.