ANDES QUALITY S.A con FACTORING ORIENTE S.A.

S.f.g.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 1, comparece Matías Correa Cruz, abogado, en representación de Andes Quality S.A., representada a su vez por don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, representada por don nombre reservado y, en contra de Factoring Oriente S.A., representada por don nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la publicación de la supuesta morosidad respecto a una factura emitida por la empresa Comercializadora de Productos Madera Pablo Rodríguez Benavente E.I.R.L. a su representada.

Indica que la recurrente celebró un contrato de compraventa con el proveedor, denominado Comercializadora de Productos Madera Pablo Rodríguez Benavente E.I.R.L., precisando que la cotización y OC Nº363/20 fue generada por 1000 Bins, cepillado cara interior incluye logo corporativo color negro brillante (esmalte sintético), a un valor cada uno de $19.500 más IVA, según cotización 175 - 2020, la que tenía como fecha de entrega máxima el 30/04/2020. Añade que en ese contexto, el proveedor procedió a facturar la Orden de Compra 363/20 emitiendo la factura N° 418, por un valor de $19.500.000.- valor neto más IVA por $3.705.000, haciendo un total facturado de $23.205.000.-, con el objeto de solicitar un anticipo.

Refiere que al analizar la situación financiera del proveedor para emitir el anticipo sin boleta de garantía, se detectó que tenía diez cheques protestados por falta de fondos por un total de $17.755.449 aproximadamente y que le era imposible sacar una boleta de garantía por seriedad de la oferta y cumplimiento del contrato de entrega de productos. Ante ello, el proveedor señaló que tenía un amigo en un factoring, y que solicitaría a ellos el anticipo del 30% que necesitaba.

Seguidamente, explica que fueron contactados por el factoring, informando al mismo que la fecha de pago era a 60 días contra entrega de los productos acordados y que se acordó la entrega parcial, que al momento de llamar estaban conforme los recibidos, que se generarían mediante entregas semanales. Explica que llegada la fecha final de entrega de los productos, el proveedor no los entregó por completo, no cumpliendo con el total pactado en la orden de compra (O/C) ya facturada. Ante este incumplimiento, se le solicitó al proveedor la nota de crédito por el saldo de 472 bins pendientes, a lo que el proveedor aceptó y dilató su emisión.

Luego, con fecha 29/04/2020, los contacta don nombre reservado, ejecutivo de la empresa Factoring Oriente, quien solicita el pago de la factura cedida, señalándole que no se podía cancelar por completo, ya que los productos no habían sido recepcionados en su totalidad, por lo que se le solicita la Nota de Crédito respectiva, para rebajar los 472 pallets faltantes; ante esto el factoring señaló que no podía generar esa N/C, que les solicitaban aceptar los productos fuera de plazo, para completar la factura, a lo que accedieron.

Sin embargo, indica que con fecha 29/05/2020 el factoring procedió a publicar la deuda morosa, pese al acuerdo de pago y aceptación de recepción de productos fuera de plazo, (temporada de exportación ya terminada). Negociaciones mantenidas con el gerente general y don nombre reservado abogado en representación del factoring, a quien se le reclamó por este hecho, ordenando que se bajara inmediatamente la publicación, generándose para el efecto la aclaración.

Expresa que, con fecha 05 de junio de 2020 pese al acuerdo llegado con el gerente general de la empresa don nombre reservado, y el abogado del factoring, nuevamente se les publicó en Equifax como moroso, pese a tener un acuerdo previo de pago, a través de la solución acordada que permitía la posibilidad que el cedente de la factura (su proveedor), pudiese cumplir con su contrato, señalando que el directorio del Factoring Oriente había cambiado de opinión ante la imposibilidad que el proveedor cumpliera con la entrega pactada.

Precisa que a la fecha, no se ha notificado demanda por cobro ejecutivo de factura, con el objeto de oponer las excepciones de pago por falta de entrega de mercadería. A su vez, su representada no ha autorizado expresamente la publicación de las facturas en ningún tipo de base de datos a ninguna de las dos empresas requeridas.

Indica que el actuar de la empresa Factoring Oriente, que pretende mediante el descredito, desprestigio y extorsionar, obtener el pago forzoso mediante la publicación de una supuesta deuda, no utilizando para el efecto el camino legal que corresponde, es un actuar ilegitimo que afecta sus garantías constitucionales previstas en los números 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al derecho, indica que el artículo 17 de la ley N° 19.628, dispone que “Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales”. A su turno, el artículo 4° de la Ley 19.628 dispone que: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito”. La misma disposición establece, además, que: “No requiere autorización el tratamiento de datos personales…cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial…”. Sin embargo, el ya mencionado artículo 17 de la ley constituye una expresa limitación a lo indicado en el artículo 4.

Añade que en efecto, del artículo 17 recién citado, se desprende inequívocamente que la enumeración que efectúa es de carácter taxativo y, que no se autoriza la publicación de facturas impagas, mucho menos de facturas cuyos créditos no se encuentran debidos, como es el caso de autos.

Luego, señala que el ámbito de protección de la Ley N°19.628 comprende a las personas jurídicas, por lo que no cabe sino concluir que la publicación de Andes Quality S.A. como deudora morosa de la factura en el boletín comercial, sin la correspondiente autorización del titular de los datos, constituye un acto ilegal. En efecto, la acción de las recurridas es ilegal por cuanto la Ley N°19.628 autoriza sólo la publicación de determinada información, que no contempla la publicación de facturas. Por el contrario, la publicación de una factura sólo es posible con la autorización del titular, lo que en la especie no se ha otorgado. Pero, además, el acto recurrido es arbitrario, dado que no existe razón que fundamente la publicación de la factura, sino el empecinamiento de Factoring Oriente S.A. de obtener a toda costa el pago de créditos por servicios no prestados o mercaderías no entregadas.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, resolviendo que al publicar la factura Nº 418 en que la recurrente aparece como morosa, las recurridas han actuado en forma arbitraria e ilegal, privando, perturbando o amenazando las garantías constitucionales previstas en los Nº 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenándoles a éstas que retiren la publicación realizada y se abstengan de continuar publicando la factura Nº 418 emitida por Comercializadora de Productos Madera Pablo Rodríguez E.I.R.L., en este o en cualquier otro registro, con costas.

A folio 18, evacua informe Servicios Equifax Chile Limitada, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que dentro del giro de su representada, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan contractualmente a lo siguiente: Entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc; informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados; aclarar a requerimiento de Equifax, en un plazo que se determina contractualmente, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación respaldatoria de la información proporcionada; el aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada.

Señala que los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración. Todo lo anterior, consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas. Aún más, el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

Explica que no obstante lo ya señalado, la recurrente presentó una discrepancia respecto a la publicación de la factura N° 418 por $23.205.000.- informada por su Cliente Factoring Oriente S.A., Equifax procedió a requerir la información de respaldo, ocurriendo que los respaldos fueron entregados dentro del plazo establecido para ello, efectuando su representada una revisión de los mismos, concluyendo que estos son suficientes para mantener la publicación vigente.

Refiere que Equifax tuvo a la vista la factura, certificado de anotación en el registro del Servicio de Impuestos Internos y acuse de recibo, siendo fundamento legitimo para la publicación de su cliente aportante Factoring Oriente S.A. A mayor abundamiento, la factura no fue reclamada dentro del plazo legal de 8 días establecido en la ley 19.983, por lo que se encuentra irrevocablemente aceptada y la cesión de crédito perfeccionada.

Reitera que el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos. Equifax no está obligada a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada.

Luego, alega la inaplicabilidad de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada a persona jurídica, dado que en el artículo segundo literal f), define Datos de Carácter Personal como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y su literal ñ) define como Titular de los Datos a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.” Añade al respecto, que la doctrina y jurisprudencia nacional han rechazado la idea de que las personas jurídicas sean sujeto de protección de este derecho. “La razón de ello estaría dada por la idea básica, núcleo o fundamento del derecho a la privacidad, que según alguna doctrina radicaría en la dignidad, la autonomía, o tranquilidad. La privacidad sería un derecho personalísimo basado en el patrimonio moral del sujeto y su dignidad, conceptos aplicables solamente al ser humano y a la personalidad humana”.

Concluye indicando que la presente acción constitucional deberá ser rechazada, pues no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Equifax que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente y en consecuencia, no existe ninguna providencia que esta Iltma. Corte deba impetrar en orden a restablecer el imperio del derecho, ya que su representada, en todo momento, ha obrado con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales.

A folio 20, evacua informe la recurrida Factoring Oriente S.A., indicando que es cesionaria de la factura N° 418, emitida por Comercializadora de Productos de Madera Pablo Rodríguez Benavente E.I.R.L., por la suma de $23.205.000.

Señala que antes que su representada aceptase la cesión ofrecida por su emisor, se hizo contacto directo con el deudor de la factura, recurrente de este recurso, e inquirió si el negocio del que daba cuenta el documento real y si correspondía efectivamente a la compraventa que documentaba. Ante la afirmativa de la recurrente, se llevó a cabo la cesión por el total del monto de la factura, por vía electrónica, quedando en consecuencia debidamente notificado Andes Quality S.A., de la cesión, 24 horas después de su registro en el Servicio de Impuestos Internos. Precisa que previamente, constataron que la factura electrónica cedida había sido recibida por el Servicio de Impuestos Internos, sin que la recurrente la hubiese rechazado, por lo que debe tenerla por irrevocablemente aceptada y por ende, la mercadería objeto de la compraventa, por recibida.

Expresa que cumplido el plazo para el pago, ante la mora del obligado a hacerlo, instaron la publicación de tal morosidad en Dicom Equifax, según procedimiento habitual en la actividad comercial y financiera; añadiendo que su proceder fue legítimo y carente de reproche legal o ético, toda vez que quien faltaba a su obligación era el deudor.

Alega que la falta de autorización expresa previa que la recurrente acusa como constitutiva de ilegalidad de la publicación, no se ajusta a la verdad legal, ya que la letra Ñ del artículo 2° de la Ley N° 19.628 determina la exigencia de autorización previa para la publicación, únicamente tratándose de deudores que sean personas naturales; agregando que consecuencialmente, las personas jurídicas no están amparadas por la obligación de autorización expresa previa, lo que hace improcedente la presente acción.

A folio 22, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción de protección garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus Derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, por esta vía, Andes Quality S.A., denuncia como acto arbitrario e ilegal, la publicación realizada en el registro de deudas comerciales de la factura N°418, por un monto de $23.205.000, emitida por Comercializadora de Productos Madera Pablo Rodríguez Benavente E.I.R.L, alegando que los productos por los cuales se emitió la factura, no fueron entregados por completo, no cumpliéndose por parte del proveedor con el total pactado en la orden de compra facturada; añadiendo que las recurridas se encuentran impedidas de informar el cobro de la referida factura, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.628.

Tercero: Que el supuesto de la acción de protección, en esta causa, se refiere a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que el recurrente circunscribe a la publicación en el registro de deudas comerciales de una factura y respecto de la cual la recurrida estaría impedida de informar, específicamente, de acuerdo al artículo 17 de la ley 19.628.

Cuarto: Que, quienes realicen la labor de tratamiento de datos personales, se deben ceñir al cumplimiento de ciertas obligaciones, en especial, a las señaladas en el artículo 1 de la ley 19.628, entre los cuales están:

“…el respeto por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce”.

Además en el artículo 2° de la ley citada, en su letra ñ), dispone quien es el sujeto, respecto de los cuales se refiere como el destinatario de protección por estas normas, donde no está la persona jurídica, pues como expresa:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por: ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

Quinto: Que, a su vez la jurisprudencia, en fallo rol 2619-2018 de la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa rol 26584-2018 refuerza la idea que el sujeto a quien va dirigida la protección antes indicada, es el de persona natural, pues como señala los considerandos quinto y sexto del fallo de la I. Corte referida:

“Quinto: Que al margen de lo ya indicado, de la historia fidedigna de la ley en cuestión es posible desprender de varios de sus pasajes, ya sea de la moción del proyecto original, sus modificaciones y/o discusión en sala, que dicho cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativa a la persona natural. Es así como se señala en la moción de la ley que: “De acuerdo a la doctrina expresada en los diversos instrumentos internacionales y textos constitucionales que se refieren a la materia, la vida privada de las personas pertenece a la categoría de los derechos humanos”. Agrega más adelante: “Partiendo del precepto contenido en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental, nuestra moción comienza anunciando la inviolabilidad de la vida privada y advirtiendo que toda intromisión es, en principio, ilegítima. Se enuncian los principales aspectos a los que ella se extiende, tales como el derecho a la propia imagen; a la intimidad personal y familiar”. Y finalmente se señala en el Primer Informe de la Comisión de Constitución correspondiente al segundo trámite constitucional: “Se aclaró que este artículo (artículo 2°) estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas”

Sexto: Que, tal y como ha dicho esta Corte en sentencia rol 4949-2012 en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de las recurridas no resulta contraria al ordenamiento jurídico.”

Por su parte la prevención del fallo rol 26.584 de la Excma Corte Suprema señala en relación a la ley 19.628, lo siguiente:

“El artículo 4º permite el tratamiento de los datos personales cuando una norma legal lo autorice o el titular consienta en ello, y el tratamiento de los antecedentes de carácter económico, financiero, bancario o comercial por medio de su almacenamiento, conservación y custodia, su comunicación o transmisión o cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos de cualquier otra forma, ha sido, entre otras normas, reglado por la Ley Nº 20.575, determinando quiénes adquieren la calidad de distribuidores de esa información, relativa a personas naturales o jurídicas, habilitándoles para realizar directamente tal tratamiento, como los actos de comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas, por lo cual no es posible calificar los hechos materia de autos de arbitrarios o ilegales, para los efectos de resolver el presente recurso de protección, el que corresponde desechar.”

Sexto: Que, si la recurrida incurrió en ilegalidad o arbitrariedad al publicar la morosidad informada por Factoring Oriente S.A., debe tenerse presente que de conformidad a lo ya expuesto, unido con lo dispuesto en las letras f) y ñ) del artículo 2° de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, se concluye que la normativa en ella contenida solamente resulta aplicable a las personas naturales. Por lo que la recurrida no cometió ilegalidad o arbitrariedad alguna al publicar la existencia de la morosidad respecto de la factura Nº 418 ya referida en relación a una persona jurídica.

Séptimo: Que respecto de la arbitrariedad referida, en cuanto a que el acto recurrido no tendría fundamento, debido a que esta situación de publicación de la factura en el boletín comercial, se debería al empecinamiento de Factoring Oriente S.A. de obtener a toda costa el pago de créditos por servicios no prestados o mercaderías no entregadas, es una situación de fondo de materia civil o comercial, relativo al cumplimiento o no de un contrato, lo que excede el campo de aplicación de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido a folio 1, en favor de Andes Quality S.A., en contra de Factoring Oriente S.A y Servicios Equifax Chile Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de don nombre reservado, Ministro Suplente.

Rol Protección Nº 22.766-2020.-