ISS SERVICIOS GENERALES LTDA. CONTRA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR

Foja: 49 Cuarenta y Nueve Sfg C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados don Marcelo Pérez Pizarro, 10 minutos por el recurso, y don nombre reservado, 10 minutos, contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho a estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, a nueve de julio de dos mil quince.

nombre reservado

Relator Valparaíso, nueve de julio de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 11 comparece doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., RUT RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Comunal de Viña del Mar, representada por doña nombre reservado, o quien lo reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Recurre en contra del Ordinario N° 935 de 03 de junio de 2015, emanado de la recurrida, notificado a su parte con esa misma fecha, por el cual se consideró que la reclamación administrativa intentada contra la resolución que le aplicó una multa, fue interpuesta de manera extemporánea.

Indica que el 8 de abril de 2015, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Viña del Mar, don nombre reservado, dictó la resolución N° 6093.15.33-1-2-3-4, la cual fue notificada a su parte el día 10 del mismo mes y por la cual se le una multa administrativa. Agrega que su parte impugnó la multa mediante el procedimiento administrativo el día 25 de mayo de 2015, es decir, dentro del plazo que señala el artículo 512 del Código del Trabajo, a saber, 30 días de notificada la resolución, plazo que, según el artículo 25 de la Ley N° 19.880, es de días hábiles.

Indica que su solicitud de reconsideración de la multa fue resuelta el día 3 de junio de 2015, resolución a través de la cual la recurrida no dio curso a la reconsideración presentada en razón que “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.”(SIC)

Expone que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario, atentando contra el derecho de propiedad del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho que tiene toda persona a la igual protección en el ejercicio de los derechos. Explica que existe jurisprudencia que ha referido que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen cómo debe computarse el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, esto es, si se trata de días hábiles o corridos, por lo que es necesario acudir a la normativa de la Ley N° 19.880, la cual en su artículo 25 establece que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. De esta forma, al haber declarado extemporánea la solicitud de reconsideración, ha incurrido en una ilegalidad, además de haber excedido sus atribuciones desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a su representada.

Asimismo, estima que se ha vulnerado su derecho de propiedad, consagrado por el N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desde que de forma indebida y arbitraria se le obliga a pagar una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales y de 3,5 Unidades de Fomento, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, conjuntamente con haber subsanado dentro de plazo la infracción detectada, siendo procedente hacer uso de la rebaja establecida por la ley.

Por lo anterior, solicita se acoja la presente acción cautelar y se ordene a la recurrida resolver la solicitud de reconsideración administrativa conforme el mérito de los antecedentes, con costas en caso de oposición.

A fojas 35 rola informe de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, por improcedente. Alegan primeramente, que la acción de protección no puede ser utilizada como sustituto jurisdiccional, toda vez que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo. Asimismo, expone que desde el 31 de octubre de 2008, el actor cuenta con un procedimiento rápido y expedito para conocer de la materia, por lo que, existen vías administrativas y judiciales para conocer de este tema, sin que sea procedente el recurso de protección, atendida la naturaleza del acto recurrido.

En cuanto al fondo, señala que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente a los procedimientos establecidos en la legislación vigente; el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la solicitud de reconsideración debe presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna, en el caso de autos la resolución que se impugna fue notificada el 10 de abril de 2015, y al ser interpuesto el reclamo el “26” (sic) de mayo siguiente, esto es, fuera del plazo de 30 días corridos exigidos por el legislador, motivo por el que fue rechazado, por extemporáneo.

Hace presente que en el formulario en el cual se pide la reconsideración, se señala claramente que la solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de multa. En ese sentido, existe una Circular de la Dirección del Trabajo que indica que el plazo para solicitar los recursos es de 30 días corridos. Explica que la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° 49.126 de 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y que éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa. Asimismo, cita los artículos 48 y 49 del Código Civil, en el sentido que, interpretados armónicamente con las normas del derecho administrativo, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público. Que esta idea, continúa, se encuentra reforzada por el artículo 42 de la Ley N° 11.764 que dispone que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público, el cual debe ser fijado por el Presidente de la República. Finalmente, cita las Circulares N° 79 de 8 de junio de 2012 y N° 96 de 23 de septiembre de 2009, emitidas por los Departamentos Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo, en el sentido que los días son corridos.

A fojas 44 se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la admisibilidad del recurso:

Primero: Que la recurrida ha solicitado se declare la inadmisibilidad del recurso por estimar que los hechos en que se sustenta son de competencia de otros organismos especializados.

Segundo: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone, en lo pertinente, que “ El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 ….. podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Tercero: Que, en consecuencia, la circunstancia que existan otras instancias ante las cuales puedan ser denunciados los actos u omisiones a los que se les atribuye ilegalidad y/o arbitrariedad y que legitiman al afectado para denunciar los hechos ante otros organismos públicos, no inhabilitan a solicitar amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva por medio de un recurso de protección, por lo que solicitud de inadmisibilidad, la que, por lo demás no fue planteada al dar curso al recurso, será desestimada.

II.- En cuanto al fondo:

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo trascrito, que es requisito sine que non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas, y que afecte una o más de las garantías constitucionales perseguidas.

Quinto: Que el conflicto sometido a la decisión de esta Corte radica en la forma de computar el plazo de 30 días para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Sexto: Que por tratarse de un recurso administrativo, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en dichos procedimientos, disposición que establece expresamente que los plazos, son de días hábiles y que se entenderán inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Séptimo: Que el recurso de reconsideración en sede administrativa fue presentado el 25 de mayo del año en curso, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación, que fue practicada el 10 de abril de 2015, por lo que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, con lo cual, además, se afectaron las garantía constitucionales invocadas por el recurrente.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 3 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de inadmisibilidad.

II.- Que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido a fojas 28 por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., por lo que se deja sin efecto el Ordinario N° 935 de 03 de junio de 2015, debiendo la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar, admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución N° 6093.15.033-1-2-3-4.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2274-2015.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Srta. Eliana Quezada Muñoz, Álvaro Carrasco Labra y la Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.