nombre reservado con UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, auxiliar de aseo, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Universidad de Valparaíso, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución TRA N°315/1/2025, de 31 de marzo de 2025, que declaró vacante su cargo por salud incompatible.

Sostiene que ingresó a la Universidad de Valparaíso en el año 2011, primero bajo modalidad de contratación a honorarios, hasta el año 2013, en que fue adscrito a través de contrata, siendo sus funciones las de auxiliar en la Facultad de Humanidades.

Apunta que durante un tiempo se desempeñó en la Escuela de Música, pero solicitó su cambio de unidad, debido a que el constante traslado de equipos le afectaba físicamente.

Añade que con el paso del tiempo comenzó a manifestar problemas de salud en su espalda, los que se intensificaron con motivo de una mudanza de una biblioteca completa en la que participó cargando cajas y muebles muy pesados, desde un segundo a un quinto piso a través de las escaleras.

Indica que por ello comenzó a recibir atención médica, diagnosticándosele cinco hernias lumbares, una de las cuales comprime su nervio ciático, lo que le provoca dolores intensos y limitantes, traduciéndose en que se vio en la necesidad de comenzar a usar licencias médicas entre enero de 2023 y enero de 2025.

Asevera que, según un informe de marzo de 2024, tenía un pronóstico recuperable de recuperación para junio de ese mismo año, lo que finalmente no ocurrió, pues, según el informe de la COMPIN, de mayo de 2024, fue diagnosticado con trastorno de los discos vertebrales, por lo que su recuperabilidad sería post quirúrgica y que debía mantenerse con licencia médica previo a la cirugía.

Expone que el 31 de marzo de este año se dictó la Resolución TRA N°315/1/2025 que declaró su vacancia por salud incompatible, la que le fue notificada el 8 de abril siguiente.

Reprocha que dicho acto administrativo es ilegal y arbitrario, puesto que al momento de su notificación se encontraba con su contrata vigente y había manifestado su intención de reincorporarse con ciertas garantías tendientes a evitar que su enfermedad se agravara, lo que fue negado por la Universidad, aun sabiendo que su patología es recuperable con cirugía, encontrándose a la espera de la misma.

Detalla que conforme a los artículos 146 y 150 de la Ley N° 18.834, la declaración de vacancia procede en casos de salud irrecuperable o incompatible con el cargo, y para tales efectos, el artículo 151 ordena que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

Reclama que esta facultad no queda al arbitrio exclusivo de la autoridad, puesto que para ello el jefe superior del servicio debe requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Expresa que el 29 de noviembre de 2024, la COMPIN emitió la resolución de evaluación, que señala que el recurrente presenta un estado de salud recuperable.

Acusa que, en aras del principio de certeza jurídica, la facultad del jefe superior debe ser ejercida dentro de ciertos márgenes de tiempo, lo que no ocurrió en la especie, desde que la declaración de la COMPIN sobre su salud recuperable data de noviembre de 2024, y la declaración de vacancia se produjo en marzo de 2025, por lo que entre ambas transcurrieron más de cuatro meses.

En cuanto al derecho, invoca las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1 y 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desarrollando la manera en que el actuar de la recurrida las ha vulnerado.

Reitera que, para el debido ejercicio de la facultad en estudio, es necesaria la declaración de irrecuperabilidad del paciente o de salud incompatible con el cargo, lo que no ocurrió en este caso, toda vez que la Universidad, a pesar de que la Comisión Médica Preventiva declaró absolutamente recuperable su salud, persistió en decretar la vacancia de su cargo, citando jurisprudencia en apoyo de su postura.

Solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta TRA N°315/1/2025 que declaró su vacancia por salud incompatible, ordenando su reincorporación a sus funciones y el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios que haya tenido derecho en el tiempo intermedio desde su desvinculación y su reintegro efectivo, con costas.

A folio 7, evacúa informe la Universidad de Valparaíso, alegando preliminarmente que según el tenor del recurso su finalidad es obtener una sentencia declaratoria, lo que no es propio de esta acción constitucional.

En cuanto al fondo, solicita se rechace el recurso por no existir acto ilegal ni arbitrario de su parte.

Indica que el actor ha presentado diversas licencias médicas desde enero de 2022 hasta marzo del presente año, las que le han impedido prestar servicios a la Universidad, por lo que requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de salud irrecuperable del Sr. nombre reservado, organismo que determinó que presenta un estado de salud recuperable.

Señala que conforme a ello y las normas contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley N° 18.834, al dictar la resolución atacada, la recurrida ha cumplido estrictamente tales disposiciones, desde que se verifican los requisitos para su procedencia, es decir, que el recurrente presenta más de seis meses de licencias médicas en los dos últimos años, y que no existe una declaración de salud irrecuperable, según la evaluación requerida a la COMPIN, citando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República en la materia.

Concluye que al declarar vacante el cargo del actor por salud incompatible, la Universidad ha actuado conforme al marco normativo, lo que descarta una actuación ilegal o arbitraria de su parte, y que ello configura una vulneración de las garantías constitucionales del recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

A folio 8, se traen los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Segundo: Que, por medio de la presente acción se denuncia como ilegal y arbitraria la dictación de la Resolución TRA N°315/1/2025, de 31 de marzo de 2025, por medio de la cual la Universidad declaró vacante el cargo del recurrente por salud incompatible, argumentando la recurrente que dicha decisión infringiría la disposición contenida en el artículo 151 de la Ley N° 18.834, desde que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró que su salud es recuperable.

Tercero: Que, a su turno, la Universidad recurrida indica que, pese a que la Comisión referida determinó que la salud del actor era recuperable, el Jefe de Servicio se encuentra facultado para considerar que la salud de la recurrente es incompatible con el desempeño de su cargo.

Cuarto: Que, para resolver el asunto sometido a decisión de esta Corte, es necesario traer a colación el citado artículo 151, que dispone “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Quinto: Que, en este caso es un hecho pacífico que el actor hizo uso de licencias médicas ininterrumpidamente desde el 24 de enero de 2023 al 18 de enero de 2025, lo que supera ampliamente el mínimo de 180 días que establece la norma.

Sexto: Que, asimismo, consta que la COMPIN, mediante Resolución de Evaluación Folio N° 18218103-2024 determinó que la salud del recurrente es recuperable, lo que no obsta a que el jefe de servicio haciendo uso de la facultad de la norma antes citada en cuanto a establecer que la salud del funcionario es incompatible con su función, declarara la vacancia del cargo.

Séptimo: Que, en consecuencia, la resolución impugnada por esta vía fue dictada por autoridad competente, en uso de una atribución establecida en la ley, y de la forma ordenada en ella, por lo que no concurre vicio de ilegalidad ni arbitrariedad alguna en su dictación, de modo tal que el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y artículos 1 y siguientes del Acta N 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Universidad de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Caballero Brun, quien estuvo por acoger el presente recurso de protección, teniendo presente las siguientes consideraciones:

1) Que, el artículo 63 de la Ley N°21.050, modificó las condiciones de extinción de vínculos funcionariales por declaración de vacancia del cargo, agregando al artículo 151 del Estatuto Administrativo un inciso tercero del siguiente tenor: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

2) Que, por tanto, la intención legislativa al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que resulta vinculante para el servicio público. Consecuentemente de declararse que la salud es recuperable, no corresponde aplicar la causal.

3) Que, no tendría sentido que el Estatuto Administrativo habilitara a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, mientras que otras normas del ordenamiento posibiliten la extensión de licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, todavía pueden prolongarse por un tiempo mayor.

4) Que, adicionalmente, para la declaración de vacancia el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, aspecto necesario desde que no todas las situaciones son idénticas. De aquí que la autoridad deba ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, lo que no ocurrió en la Resolución TRA N°315/1/2025, de 31 de marzo de 2025, por medio de la cual la Universidad declaró la vacancia del cargo del actor por salud incompatible, en tanto no contiene ningún motivo relacionado a la eventual incompatibilidad de sus funciones con su situación de salud.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2263-2025.