nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR (ACUMULADA ROL IC 2440-2026 PROTECCION)

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

En autos Rol Protección N° 2255-2026 y acumulados Rol Protección N° 2440-2026, comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, por una parte, y don nombre reservado, por otra, quienes interponen acción constitucional de protección en contra del Presidente de la República, por los actos que califican de ilegales y arbitrarios, consistente los Decretos Exentos N° 1712 y N°1727, respectivamente, ambos de 11 de noviembre de 2025, dictado por orden del Presidente de la República, mediante el cual se revocó el Decreto Supremo N° 43 de 2014, que otorgó a los recurrentes, desde febrero de ese año, pensión de gracia como ex trabajadores portuarios.

Exponen, en términos concordantes, que las pensiones de gracia otorgadas por el referido Decreto Supremo N° 43 tuvieron su origen en la situación de precariedad laboral que afectaba a trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso, y en las negociaciones sostenidas con la autoridad para dar solución a la situación de aquellos trabajadores de mayor edad que no se encontraban en condiciones de revertir su situación previsional, de modo que los elementos tenidos en consideración para el otorgamiento del beneficio habrían sido, únicamente, la calidad de trabajador eventual del puerto de Valparaíso, así como los años y turnos desempeñados. Sobre esa base, sostienen que solo un error relativo a dichos antecedentes habría podido justificar dejar sin efecto el acto administrativo que concedió la pensión, mas no circunstancias diversas a aquellas ponderadas al tiempo de su otorgamiento.

Añaden, asimismo, que desde febrero de 2014 hasta la fecha de interposición de las acciones ha transcurrido un lapso superior a 12 años, el que, según afirman, consolidó su derecho sobre la pensión percibida y se generó una expectativa legítima de estabilidad respecto del acto administrativo que la otorgó. Sostienen que el acto revocatorio resulta arbitrario, por haberse dictado luego de dicho lapso, por fundarse en motivos distintos de aquellos considerados al tiempo de la concesión del beneficio, particularmente antecedentes penales previos, y por atribuir efecto jurídico a antecedentes que califican de prescritos, desactualizados y carentes de relevancia legal actual. Agregan que el acto impugnado se funda en hechos que estiman no reales, en particular al atribuirles condenas por delitos graves con carácter de reincidentes, y que, al privarlos del beneficio previsional sobre la base de tales antecedentes, lesionan su dignidad y los estigmatiza.

Sostienen también, en términos comunes, que la acción deducida es procedente por recaer sobre un acto administrativo sujeto a control judicial, que afecta derechos e intereses particulares, invocando al efecto los artículos 38 inciso 2° y 20 de la Constitución Política de la República, así como el artículo 61 de la Ley N° 19.880. En cuanto a la ilegalidad del acto, afirman que la Ley N° 18.056 no contempla norma alguna que permita revocar pensiones de gracia, y que el artículo 61 de la Ley N° 19.880 no autoriza dejar sin efecto, por razones de mérito, actos administrativos favorables y constitutivos de derechos, salvo en los casos y con las limitaciones que la misma normativa establece, por lo que estiman que la autoridad actuó fuera del marco legal. Añaden, además, que el procedimiento administrativo de revocación no contempló una audiencia previa que les permitiera formular alegaciones antes de dejar sin efecto el beneficio.

En cuanto a la situación particular de don nombre reservado, exponen que presenta una discapacidad física e intelectual del 85%, declarada por la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, derivada, según señalan, de ataques cerebrovasculares isquémicos múltiples, microangiopatía severa cerebral, deterioro cognitivo y hemiparesia espástica bilateral, cuadro que le genera dependencia moderada a severa para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Refieren que ello importa gastos mensuales superiores a $1.200.000, para cuyo financiamiento cuenta casi exclusivamente con la pensión revocada, atendido que su pensión de jubilación asciende, según expresan, a aproximadamente $180.000.

Por su parte, en cuanto a la situación particular de don nombre reservado, señalan que su estado de salud es precario, padeciendo afecciones prostáticas, problemas al manguito rotador intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades, dolencias de columna y problemas de presión arterial, todo lo cual le genera gastos médicos, de mantención y alimentación, afectando sus condiciones de subsistencia y las de su grupo familiar.

Por lo expuesto, solicitan, en lo principal de sus respectivos recursos, que se acojan las acciones deducidas, declarando que los Decretos Exentos recurridos, de 11 de noviembre de 2025, son ilegales y arbitrarios, dejándolos sin efecto por vulnerar las garantías constitucionales del derecho de propiedad, igualdad ante la ley y derecho a un procedimiento justo y racional que estiman les amparan.

A folio 13, informa el Ministerio del Interior, solicitando el rechazo de las acciones de protección, con costas.

Como primera cuestión, expone el marco normativo que, a su juicio, rige la materia. Señala que la facultad presidencial para otorgar pensiones de gracia se encuentra consagrada en el artículo 32 N° 11 de la Constitución Política de la República, y que la Ley N° 18.056 establece el régimen general para su otorgamiento, contemplando en su artículo 2° los casos en que pueden ser solicitadas y, en su artículo 6°, la posibilidad de concederlas en otros casos calificados y por decreto fundado. Añade que el artículo 7° de esa ley prevé la existencia de una Comisión Especial asesora del Presidente de la República, cuyo funcionamiento fue regulado por el Decreto Supremo N° 1.928 de 1981, del Ministerio del Interior. Asimismo, refiere que, conforme al artículo 1, apartado II, numeral 10, del Decreto Supremo N° 19 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Presidente de la República delegó en el Ministro del Interior la facultad de suscribir, bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, los decretos que concedan, modifiquen, revoquen o dejen sin efecto pensiones de gracia otorgadas conforme a la Ley N° 18.056.

Sostiene que, aun cuando no existiría norma expresa sobre la materia, existe consenso en el ordenamiento jurídico en cuanto a que el Presidente de la República se encuentra facultado para modificar o dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas, atendido el carácter discrecional de dicha atribución. En apoyo de ello, invoca el Dictamen N° E443569 de 2024, y el Dictamen N° D97 de 2026, de la Contraloría General de la República, así como sentencias de las Cortes de Apelaciones de Talca y de Rancagua, en las que, según expone, se reconoce que la concesión, modificación o cese de pensiones de gracia constituye una facultad discrecional de la autoridad. Añade que, por lo mismo, el Ministro del Interior habría actuado dentro del marco de sus atribuciones al dictar los decretos exentos impugnados.

En cuanto al otorgamiento de las pensiones de gracia a los recurrentes, informa que, a partir del año 2012, el Gobierno de Chile suscribió distintos acuerdos con organizaciones de trabajadores portuarios, comprometiendo la entrega de diversos beneficios, entre ellos un número determinado de pensiones de gracia para trabajadores, cónyuges, convivientes sobrevivientes o hijos que cumplieran con los requisitos fijados en tales acuerdos. Precisa, sin embargo, que dichos acuerdos constituirían meras declaraciones de la autoridad, sujetas siempre a la normativa que regula la materia, citando al efecto un dictamen de la Contraloría General de la República. Añade que, en cumplimiento de esos acuerdos, durante el año 2014 la Comisión Especial Asesora informó favorablemente las solicitudes presentadas por distintos extrabajadores portuarios, entre ellos nombre reservado y nombre reservado, otorgándoseles, mediante Decreto Supremo N° 43, de 7 de enero de 2014, una pensión de gracia equivalente a dos ingresos mínimos mensuales.

En lo relativo a la revocación de las pensiones de gracia, expone que durante el año 2024 la autoridad de la época decidió revisar la pertinencia de dejar sin efecto pensiones de gracia concedidas a diversas personas respecto de las cuales, con posterioridad al otorgamiento del beneficio, se tomó conocimiento de la existencia de antecedentes penales relacionados con ilícitos de alto interés y connotación pública, estimándose que tal situación resultaba incompatible con la naturaleza del beneficio. Señala que, entre las consideraciones tenidas en cuenta, se ponderó que tales conductas voluntarias eran contrarias al ordenamiento jurídico, que alteraban de manera ostensible la valoración de las circunstancias extraordinarias que justificaron el otorgamiento del beneficio, y que la finalidad del Estado de promover el bien común y resguardar la seguridad nacional se veía afectada cuando se quebranta el ordenamiento jurídico. Añade que, en ese contexto, la autoridad solicitó a la Comisión Especial Asesora revisar la situación de todos los beneficiarios que presentaran antecedentes penales, recomendando en ciertos casos dejar sin efecto la concesión de la pensión de gracia.

Agrega que, en su Sesión N° 11 de 22 de julio de 2024, la Comisión Especial Asesora definió criterios generales para formular recomendaciones de aprobación o rechazo de solicitudes de pensiones de gracia efectuadas por personas con antecedentes penales y para reevaluar casos con beneficio vigente. Indica luego que, en su Sesión N° 3 de 10 de julio de 2025, la Comisión acordó revisar la situación de sesenta beneficiarios que obtuvieron su pensión de gracia entre los años 2012 y 2022, en el marco de los acuerdos celebrados con trabajadores portuarios, entre ellos los recurrentes, respecto de quienes se había tomado conocimiento de anotaciones en sus extractos de filiación y antecedentes.

Señala que, respecto de nombre reservado, la Comisión tuvo a la vista su extracto de filiación y antecedentes y recomendó revocar el beneficio, atendido que registraría condenas por los delitos de hurto, infracción al artículo 65 de la Ley de Reclutamiento para las Fuerzas Armadas, robo con intimidación y quebrantamiento de condena, estimándose que existía historial de reincidencias incompatible con la pensión de gracia debido a la gravedad y connotación social del comportamiento delictual registrado. Añade que, acogiendo dicha propuesta, por Decreto Exento N° 1712 de 11 de noviembre de 2025, se revocó la pensión de gracia otorgada a dicho recurrente.

En cuanto a nombre reservado, informa que su situación también fue revisada en la misma Sesión N° 3, acordándose recomendar la revocación del beneficio, desde que su extracto de filiación registraría condenas por hurto simple y actos de violencia intrafamiliar, estimándose aplicables los criterios fijados en el ítem V, numerales 1 letra e) y 3, del acta respectiva, al registrarse condenas por violencia familiar e historial de reincidencias, lo que se consideró incompatible con el beneficio por la gravedad y connotación social del comportamiento delictual consignado. Agrega que, acogiendo dicha propuesta, por Decreto Exento N° 1727, de 11 de noviembre de 2025, se revocó la pensión de gracia otorgada a dicho recurrente.

Sobre esa base, sostiene que al dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas a los recurrentes, la autoridad actuó conforme a derecho y dentro del marco de sus atribuciones, en base a razones que estima debidamente fundadas. Afirma que los recurrentes habrían vulnerado el interés público al incurrir en acciones contrarias al ordenamiento jurídico, y que ello justificaría la cesación del beneficio, desde que tales conductas se contrapondrían con la naturaleza de la pensión de gracia y harían cesar las circunstancias extraordinarias que pudieron justificar su otorgamiento. Añade que la decisión adoptada no dice relación con la ilegalidad del acto que concedió originalmente la pensión, sino con el sometimiento de dicho acto al criterio subjetivo de la Administración, en razón de la discrecionalidad propia de este tipo de beneficios, y que, atendido el nuevo escenario fáctico configurado por el conocimiento de los antecedentes penales de los beneficiarios, se justificaba dejar sin efecto un acto que, aun dictado válidamente, pasó a estimarse inconveniente por contrariar el interés público.

Finalmente, sostiene la improcedencia de las acciones interpuestas, afirmando que no existe actuación arbitraria ni ilegal por parte del Ministerio del Interior, desde que la autoridad habría actuado habilitada por el ordenamiento jurídico, dentro del marco de sus atribuciones y en base a razones debidamente fundadas. Añade que no se vislumbra vulneración de la igualdad ante la ley, porque a los recurrentes no se les habría dado un trato distinto del dispensado a otras personas que se encontraban en la misma situación, habiéndose revisado todos los casos de beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas en el marco de los acuerdos con trabajadores portuarios que registraban condenas por delitos de alta connotación social. Tampoco estima vulnerado el derecho de propiedad, por cuanto, a su juicio, la pensión de gracia, al emanar de una prerrogativa esencialmente graciosa del Presidente de la República, no crea derechos que se incorporen al patrimonio de los recurrentes y puede ser modificada o revocada por decisión de la misma autoridad. Agrega que el examen de los antecedentes se realizó conforme a criterios uniformes fijados por la Comisión Asesora, lo que excluiría arbitrariedad. Por ello, solicita el rechazo de las acciones de protección, con expresa condena en costas.

A folio 16, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, por esta vía constitucional se impugna el Decreto Exento N° 1712, de 11 de noviembre de 2025, respecto de nombre reservado, y el Decreto Exento N° 1727, de la misma fecha, respecto de nombre reservado, ambos dictados por orden del Presidente de la República, mediante los cuales se revocaron las pensiones de gracia que les habían sido otorgadas por el Decreto Supremo N° 43 de 2014, por estimar los recurrentes que tales actos son ilegales, desde que la Ley N° 18.056 no contemplaría la revocación de pensiones de gracia y el artículo 61 de la Ley N° 19.880 no permitiría dejar sin efecto, por razones de mérito, actos administrativos favorables y constitutivos de derechos; y arbitrarios, por haberse fundado en antecedentes penales pretéritos, prescritos y diversos de aquellos considerados al tiempo de otorgarse el beneficio, luego de más de doce años de vigencia de las pensiones. Sostienen que con ello se vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y derecho a un procedimiento racional y justo, y piden que se dejen sin efecto los decretos impugnados.

Segundo: Que, el Ministerio del Interior solicitó el rechazo de ambas acciones, sosteniendo que el Presidente de la República, y por delegación el Ministro del Interior, se encuentra facultado para otorgar, modificar, revocar o dejar sin efecto pensiones de gracia, atendido el carácter discrecional de dicha prerrogativa. Expone que la revisión de las pensiones de los recurrentes se efectuó por la Comisión Especial Asesora del Presidente de la República, sobre la base de criterios generales previamente fijados, y que, al haberse verificado en sus respectivos extractos de filiación y antecedentes la existencia de condenas penales que estimó incompatibles con la naturaleza del beneficio, se recomendó y luego dispuso su revocación. Añade que la autoridad actuó dentro del marco de sus atribuciones, en base a razones fundadas y sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, pues las pensiones de gracia no incorporarían un derecho de propiedad inmutable al patrimonio de sus beneficiarios y los recurrentes no habrían recibido un trato distinto del otorgado a otras personas en igual situación.

Tercero: Que, sin perjuicio de la denominación formal de pensión de gracia empleada en el Decreto Supremo N° 43 de 2014, del mérito de los antecedentes aparece que, en la especie, dicho instrumento constituyó la forma jurídico-administrativa mediante la cual el Estado materializó los acuerdos alcanzados con trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso, destinados a dar solución a una situación de precariedad laboral y previsional que afectaba a dicho sector, de modo que su examen no puede agotarse en la sola afirmación de tratarse de una gracia esencialmente revocable, prescindiendo de la causa concreta que justificó su otorgamiento. En efecto, el beneficio fue conferido a los recurrentes en cuanto ex trabajadores portuarios comprendidos en una situación calificada por la autoridad, en el marco de un conflicto social cuya solución fue asumida por el propio Estado, circunstancia que impone apreciar con especial rigor los fundamentos de su posterior extinción.

Cuarto: Que, en tal contexto, aun cuando pueda admitirse que la autoridad recurrida se encuentra, en abstracto, investida de potestad para revisar este tipo de beneficios, el ejercicio de dicha atribución exigía en el caso sub lite una motivación especialmente intensa, suficiente y circunstanciada, desde que no se estaba privando a los recurrentes de una mera liberalidad aislada, sino dejando sin efecto la forma en que el Estado dio cumplimiento a un compromiso previamente asumido con un grupo determinado de trabajadores. Sin embargo, los decretos impugnados no exteriorizan un razonamiento suficiente que permita justificar, en relación con las circunstancias particulares de los actores, por qué antecedentes penales pretéritos -anteriores al otorgamiento de las pensiones- pasaron, más de una década después, a ser incompatibles con la mantención del beneficio, alterando sustancialmente la valoración que dio origen al acto favorable sin explicitar de manera suficiente las razones concretas que imponían su cese en estos casos específicos.

Quinto: Que, dicha insuficiencia se ve reforzada si se considera que la propia Comisión Especial Asesora, al fijar criterios para la reevaluación de beneficios vigentes, contempló no solo supuestos de incompatibilidad, sino también la necesidad de ponderar elementos particulares, tales como el tiempo transcurrido desde las condenas, la edad del beneficiario y demás circunstancias del caso. No obstante ello, en los actos recurridos no se advierte un desarrollo real y particularizado de tales factores respecto de los recurrentes, limitándose la autoridad a reconducir sus situaciones a categorías generales previamente definidas, sin hacerse cargo de que los antecedentes penales considerados eran anteriores al otorgamiento de las pensiones, de la prolongada vigencia de éstas durante más de doce años, ni de las condiciones actuales de salud y subsistencia denunciadas en autos. En tales condiciones, la decisión aparece sustentada en una motivación estandarizada, insuficiente para justificar la extinción de un beneficio estatal ya incorporado de hecho a la situación jurídica y material de los actores.

Sexto: Que, de esta manera, los decretos exentos impugnados desatienden la causa concreta que justificó originalmente el otorgamiento del beneficio, desnaturalizando su sentido al tratarlo, sin más, como una gracia puramente precaria y desvinculada del acuerdo estatal que le sirvió de base. Tal proceder importa un ejercicio arbitrario de la potestad administrativa, desde que altera, sin fundamentación suficiente y razonable, una situación favorable mantenida por largo tiempo, afectando con ello el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y, asimismo, la garantía del número 2 de mismo artículo, al no exteriorizar un estándar de justificación suficiente que permita comprender por qué, en las circunstancias concretas de estos recurrentes, procedía una medida de tan intensa afectación.

Séptimo: Que, por consiguiente, verificada la existencia de un actuar arbitrario en los términos ya expuestos, la presente acción cautelar ha de ser acogida, dejándose sin efecto los Decretos Exentos N° 1712 y N° 1727, ambos de 11 de noviembre de 2025.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acogen, sin costas, los recursos de protección deducidos en autos Rol Protección N° 2255-2026 y acumulados Rol Protección N° 2440-2026, y, en consecuencia, se dejan sin efecto los Decretos Exentos N° 1712 y N° 1727, ambos de 11 de noviembre de 2025, debiendo la recurrida disponer la mantención del pago de las pensiones de gracia de los recurrentes en la forma que corresponda conforme a derecho.

Se deja constancia que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al acogimiento del recurso de protección teniendo únicamente presente las siguientes consideraciones:

1.- Que, no está discutido el origen de las pensiones otorgadas a los recurrentes, fruto de una negociación entre los trabajadores portuarios eventuales y las autoridades de la época, con el objeto de llevar adelante el proceso de modernización del puerto de Valparaíso sin tener que enfrentar movilizaciones del mencionado gremio que pudieran dificultar o demorar dicho propósito;

2.- Que, el gremio de los trabajadores portuarios eventuales, tanto en el puerto de Valparaíso como en el resto de los terminales portuarios de nuestro país, constituyó un grupo especialmente vulnerable ya que por regla general se desempeñaron en informalidad laboral, quedando al margen de la protección otorgada por el Código del Trabajo;

3.- Que, en esta línea de razonamientos, resulta importante tener presente que la salida de los recurrentes desde el Puerto de Valparaíso los enfrentaba a inciertas posibilidades de reconversión, lo que unido a las adversas consecuencias de su informalidad laboral, al margen de la seguridad social, implicaba un justificado temor de las autoridades a que se dificultara el proceso de modernización ya mencionado.

4.- Que las circunstancias antes anotadas son las que llevaron al otorgamiento de las pensiones que ahora se pretende dejar sin efecto, bajo la pretensión de haber sido establecidas como una mera liberalidad bajo el concepto de “pensiones de gracia”, lo que no resulta efectivo bajo ningún punto de vista. Lo cierto es que el Estado negoció con los recurrentes y dicho proceso culminó satisfactoriamente para ambas partes ya que mientras las autoridades aseguraron un proceso de modernización del puerto de Valparaíso sin oposición de los portuarios eventuales, estos trabajadores se retiraron del terminal portuario con una pensión vitalicia que les permitiría enfrentar el futuro con menos precariedad. Dicho en términos muy simples, el Estado negoció, obtuvo y dio a cambio, razón por la cual no puede ahora dejar sin efecto esas pensiones ya que constituyen derechos legítimamente adquiridos y no liberalidades. No se trata de alta discrecionalidad política como alega la recurrida, sino de derechos que no se pueden desconocer, cualquiera que sea el ítem presupuestario con cargo al cual se pagan.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministra Sra. Carolina Figueroa Chandía y de la prevención, su autora.

N°Protección-2255-2026 (acumulada Rol IC 2240-2026).

Se deja constancia que solo firma la Ministra señora Teresa Carolina Figueroa Chandía, toda vez que la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes y el Ministro señor Pedro García Muñoz, no obstante ambos haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, se encuentran autorizados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.