SECURITY SERVICIOS LIMITADA CONTRA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN ANTONIO

Foja: 115 Ciento Quince eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de junio de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 54 comparece doña Jessica Paulina Moreira Godoy, abogada, en representación convencional de Security Servicios Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección en contra del Segundo Juzgado de Policía Local de San Antonio representado por su Juez Katia Lena Abarca Vera, a fin que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2o, 3o, 7 letra b), 16°, 21° y 24° de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se priva y amenaza a esta parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de dicho Juzgado.

Señala que el 30 de diciembre de 2015 el Juzgado de Policía Local de San Antonio decretó orden de arresto en contra de nombre reservado, representante legal de Security Servicios Limitada, en la causa ROL 4513-15/EV con el fin de apercibirla a pagar la suma de $38.865.000.-, con pena sustitutiva de arresto por 15 jornada nocturnas. Lo anterior en base a no haberse presentado en causa sobre supuesta infracción a la ley de seguridad privada, dictando el tribunal fallo en rebeldía de su representada. Sin embargo, esta rebeldía fue producto de que a su representada nunca le llegó una notificación de parte del tribunal. A raíz de la orden de arresto personal de Carabineros se presentó en las oficinas de su parte ubicadas en La Concepción 141 of. 202, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, sin tener ninguna noticia de esto. Así, pudo revisar en la causa que las notificaciones habían sido enviadas a un domicilio diverso del oficial, por lo que el 13 de octubre de 2015 deduce recurso de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, dando lugar a aquél el 26 de octubre de 2015, retrotrayendo la causa al estado de "citar al denunciado a la audiencia del día 06 de noviembre, a las 10:00 horas, bajo apercibimiento legal." Ordenando en la misma resolución la notificación personal o por cédula, entregando copia íntegra de la denuncia y resolución mediante receptor Ad-Hoc y designando para ese efecto a nombre reservado, quien el 29 de octubre de 2015 hace la primera notificación por cédula en el domicilio indicado por su representada sin certificar previamente si efectivamente era su domicilio y si se encontraba en el lugar del juicio y sin haber dejado copia íntegra de la resolución a persona adulta del lugar, pasando simple y llanamente a dejar copia íntegra en alguna parte del domicilio, dejando a su representada en la más absoluta indefensión.

Agrega que la dirección otorgada, esto es, Barros Lucco 2047, par. 7, San Antonio, posee en horarios hábiles a conserjes, recepcionistas, enfermeras, guardias, entre otros, por lo que no se entiende la forma de notificación.

Así, este error generó su rebeldía injusta y vulnera su derecho a un justo proceso.

De acuerdo al artículo 8o de la Ley N° 18.287, la primera notificación debe ser efectuada personalmente, y en subsidio se debe notificar por cédula, no habiendo encontrado a la persona en dos días distintos en el lugar de su domicilio o residencia o lugar en que desempeña su industria, profesión o empleo, el funcionario debe entregar las copias a cualquier persona adulta que allí se encuentre o -en subsidio- dejar copia fijada en la puerta del lugar, previa certificación de que el demandado se encuentra en el lugar del juicio y de que aquella es su morada o lugar de trabajo. Sin embargo, la Receptor Ad-hoc, nombre reservado, actuaria del tribunal, nunca realizó la certificación establecida en el artículo 8o de la ley N° 18.287, de procedimiento ante Juzgado de Policía Local y simplemente dejó copia de las resoluciones en dicho lugar.

En consecuencia, el tribunal sin previo reparo en cuanto a las formalidades que debe cumplir la primera notificación en juicio, replicó la primera sentencia condenatoria, previa certificación de rebeldía y reincidencia de su representada. La citación era para el 6 de noviembre de 2015, el mismo día se certifica rebeldía, reincidencia y pasan autos para fallo, fallándose el 07 de noviembre de 2015, todo de viernes a sábado.

Refiere que esperaban la notificación correcta, pero al no tener noticias su representada el 06 de noviembre de 2015 fue a consultar, la actuaria le dice que ya llamaron y que quedó rebelde, no le permite el Tribunal presentar descargos manuscritos, sin embargo, el tribunal no le acepta los descargos manuscritos, ni siquiera como medida para mejor resolver, ni le permite acompañar documentos, arguyendo el actuario del mesón que "a la magistrado no le gustan los escritos manuscritos.", "así que tienen que venir escrito en computador".

El 10 de noviembre de 2015, el tribunal recibe los descargos por escrito, sin previa advertencia de que la causa ya contaba con sentencia, o bien que se encontrara "para fallo". Habiendo dejado su representada de buena fe los descargos, quedando en consecuencia a la espera del fallo. No se le dijo que la causa ya estaba fallada.

La sentencia se notificó nuevamente de la misma errónea forma que la citación, quedando en consecuencia su representada sin forma de saber que se había dictado sentencia, hasta que se presentó Carabineros en las oficinas de Santiago en el mes de febrero, con el fin de llevarse detenida a la representante legal.

Refiere que si la causa hubiere estado para fallo, el juez subrogante en la causa, don nombre reservado, debió haber fallado con conocimiento de los descargos presentados según los términos contemplados en el artículo 8o del Decreto Ley 3.607, el cual posee una regulación especialísima por los servicios en los que recae la norma, esto es, seguridad privada. Sin embargo, prefieren datarla con fecha anterior para no tener los descargos en consideración. Eso es lo que cree el actor, ya que no les advirtieron del fallo al ir a presentar los descargos.

Existiendo un artículo que expresamente permite la absolución de la denunciada de autos, correspondía aplicar dicho artículo por sobre la sanción máxima de 250 IMM al haber estado el tribunal en conocimiento de los descargos presentados. Si bien, los descargos fueron presentados con cierto desfase a la citación, el tribunal conserva la facultad de apercibir para que el denunciado concurra a presentarlos, sin perjuicio de que hubiera existido una nulidad de todo lo obrado de por medio. Lo anterior en vista de que era la primera notificación de la causa, para todos los efectos legales.

Señala como otra irregularidad al haber dictado sentencia el día 07 de noviembre de 2015, inmediatamente siguiente al día de la citación para descargos 06 de noviembre de 2015. Todo de manera muy acelerada, lo que vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, puesto que ha dictado con celeridad indebida, sin respetar la garantía de un procedimiento racional y justo, conociendo que su representada poseía domicilio principal en la ciudad de Santiago, el cual queda a 129 kilómetros de distancia, ante lo cual era razonable que solicitara un par de días adicionales para presentar descargos.

Agrega que el tribunal ha dado lugar a una sanción absolutamente desproporcionada, considerando que obligó a mi representada a fijar domicilio dentro del radio del tribunal, en el cual la dio por notificada sin más, sin sujeción al artículo 8° de la ley 18.287 ya citado.

El inciso tercero del artículo 8o del DL 3.607 que establece nuevas normas sobre el funcionamiento de vigilantes privados señala: "Si durante el transcurso del proceso el denunciado acreditare haber dado cumplimiento, en cualquier tiempo, al hecho cuya omisión constituye la infracción que motivó la denuncia, el juez podrá dictar sentencia absolutoria", sin señalar la forma en que debe darse cumplimiento, entendiéndose por tanto que aplican las reglas generales de la interpretación de la ley, en relación a las garantías fundamentales.

Se afectó el debido proceso, además del patrimonio de su representada, al condenarla al máximo legal de 250 IMM, lo cual puede afectar seriamente su patrimonio y, por tanto, su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Igualmente se violan los numerales 16 y N° 21 de la Carta Fundamental, puesto que una multa de 250 Ingresos Mínimo Mensuales puede llevar a la quiebra a cualquier empresa mediana. Asimismo, debe considerarse absolutamente desproporcionada la sentencia por cuanto su representada ha presentado toda la documentación requerida para dar por cumplidos los hechos que motivaron la infracción cursada por la autoridad fiscalizadora.

Finalmente señala que la orden de arresto decretada contra la representante legal de Security Servicios Limitada en virtud de la sentencia dictada con fecha 07 de noviembre de 2015 vulnera claramente el artículo 19 N°7 letra b) de la Constitución Política de la República, afectando seriamente la libertad personal de la representante legal, por lo que necesariamente debe dejarse sin efecto.

Solicita se acoja el recurso y se ordene: 1.- que se revoque la sentencia de fecha 07 de noviembre de 2015 emitida en la causa 4513-2015/ev del Juzgado de Policía Local de San Antonio; 2.- que se absuelve a Security Servicios Limitada por haber cumplido con todo aquello que motivó la infracción de la ley de seguridad privada, al tenor del inciso tercero del artículo 8o del DL 3607 de 1981, o bien, en subsidio rebajar la multa al mínimo legal; 3.- que se condene en costas a la recurrida.

A fs. 97 la Excma. Corte Suprema, conociendo de la apelación de la sentencia que se dictara en la presente causa, ingresada originalmente como recurso de amparo, y una vez fallado éste, ordenó que se ingresaran los antecedentes como recurso de protección, atendido que en el mismo recurso se denunció el quebrantamiento de otras garantías constitucionales distintas de las que habían sido conocidas.

Mediante resolución de fojas 104, y en cumplimiento de lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, esta Corte declaro admisible el recurso únicamente en lo que dice relación con las garantías del artículo 19 números 2 y 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República.

A fojas 105 informa don nombre reservado, Secretario Abogado del Segundo Juzgado de Policía Local de San Antonio, en calidad de Juez no inhabilitado en causa Rol 4513-15, señalando que el 07 de agosto de 2015 se recibió denuncia deducida por el Departamento OS-10 de Carabineros en contra de la empresa "SECURITY SERVICIOS LTDA.", por no haber informado sobre los cambios de personal y servicio y mantener al guardia de seguridad Sr. nombre reservado con curso vencido y sin credencial obligatoria.

Que, con fecha 25 del mismo mes el tribunal ofició al Servicio de Impuestos Internos, para que informara el nombre, RUT y domicilio del representante legal de la empresa denunciada. Con tal información, se citó a doña nombre reservado a la audiencia de rigor a celebrarse el día 25 de septiembre del año pasado, audiencia a la cual la denunciada no compareció, por lo que se procedió a dictar sentencia en su contra, condenándola en rebeldía a una multa de 250 Ingresos Mínimos Mensuales para fines no remuneracionales, teniendo en cuenta su reincidencia en la infracción, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 8o del D.L. 3.607.

Que, notificada por cédula la sentencia de autos, con fecha 13 de octubre comparece el abogado don Ricardo Olivares López, en representación de la empresa denunciada, interponiendo incidente de nulidad de todo lo obrado, en atención a que la primera notificación habría sido efectuada en un domicilio distinto del real, lo que habría dejado a su representada en la imposibilidad de ejercer su derecho a defensa, causándole una agravio reparable solo con la nulidad de los actos viciados. El tribunal, previo a resolver, apercibe a la denunciada cumpla con la obligación que exige el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, fijando domicilio dentro del radio urbano de la ciudad asiento del tribunal, presentando la denunciada a fojas 73 un escrito del siguiente tenor: "designo como domicilio válido para recibir notificaciones judiciales, el siguiente: domicilio reservado. Par.7. San Antonio".

Que, por lo anterior y a fin de velar por el derecho a defensa de la denunciada, a fojas 74 el tribunal acoge el incidente que nulidad retrotrayendo la causa al estado de citar a la denunciada la audiencia de rigor, fijando al efecto el día 06 de noviembre, a las 10:00 horas y designando Receptor Ad-Hoc para llevar a cabo la respectiva notificación, resolución en la cual, y para los efectos de garantizar aún más la transparencia del debido proceso a la parte denunciada, la Magistrado titular ordenó pasar los autos a manos a quien informa como Juez No Inhabilitado.

Que, de conformidad con lo expuesto, con fecha 29 de octubre, en el domicilio fijado por la denunciada a fojas 73 se notifica por cédula la resolución precedentemente señalada, según consta del estampado receptorial agregado a fojas 75. El día fijado para la audiencia, la denunciada nuevamente no comparece, por lo que se certifica tal circunstancia y se procede a dictar sentencia condenatoria.

Señala que tres días después de dictada la sentencia, a fojas 97 comparece la denunciada presentando sus descargos, por lo cual, el tribunal provee "Estese al mérito de autos", resolución que se notifica por carta certificada.

Que, sin perjuicio de la notificación tácita de fojas 97, con fecha 12 de noviembre, a mayor abundamiento, se notifica por cédula la sentencia de autos en el domicilio fijado por la denunciada a fojas 73.

Que, con fecha 30 de diciembre y después de transcurridos treinta días hábiles desde la notificación por cédula de la sentencia, se certifica a fojas 102 no estar acreditado el pago de la multa, por lo que se despacha orden de arresto para la aplicación de la pena sustitutiva que procede con arreglo a la ley.

Que, con fecha 18 de febrero del año en curso, esto es, tres meses después de notificada la sentencia de autos, a fojas 110 comparece la abogado doña Jessica Moreira Godoy solicitando la nulidad de todo lo obrado por haberse realizado las notificaciones en domicilio reservado, San Antonio y no en el domicilio fijado por su parte a fojas 73, esto es, domicilio reservado, siendo rechazado tal incidente, por cuanto de los estampados aparece que las notificaciones se realizaron exactamente en el mismo domicilio fijado por la parte.

Refiere que se evidencia que el tribunal ha cumplido a cabalidad con las normas de procedimiento correspondientes, ha otorgado las herramientas y respetado los plazos legales para que la denunciada ejerza su derecho a defensa, comunicando y notificando las resoluciones en el domicilio fijado de manera expresa por ella.

Indica que la aplicación del artículo 8o de la Ley 18.287 no cabe en el caso de autos, ya que esa norma está prevista por el legislador expresamente para juicios iniciados por demanda, querella o denuncia de particulares, no en el caso de una infracción cursada por Carabineros de Chile.

Manifiesta que la orden de arresto corresponde a una medida sustitutiva de cumplimiento de la sentencia, dictada por el Juez en uso de sus facultades legales y dentro de las materias sometidas a su conocimiento, por lo que no encontrándose actualmente detenido o preso el recurrente en virtud de resolución arbitraria o ilegal dictada por el Tribunal, en concepto de quien informa, el recurso de amparo sería improcedente.

A fojas 109 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a resguardar las garantías constitucionales que en la misma norma se consignan, cuando sean perturbadas o amenazadas por alguna situación de hecho que aparezca como arbitraria o ilegal.

Segundo: Que del mérito de los antecedentes aparece que la sanción impuesta a la empresa recurrente y a su representante legal fue el resultado de un procedimiento tramitado ante un tribunal competente y de conformidad a la normativa vigente, además de encontrarse fundada en la actuación de Ministros de Fe, quienes constataron los hechos denunciados, y constando del expediente respectivo que se efectuaron notificaciones a la parte denunciada en el domicilio señalado por la misma, sin que hayan sido dejadas sin efecto, de manera tal que no se advierte que en la especie haya existido arbitrariedad o ilegalidad alguna que permita acoger la presente acción constitucional, motivo por el cual será rechazado.

Por lo expuesto y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el recurso deducido a fs. 54 por doña Jessica Paulina Moreira Godoy, en representación de Security Servicios Limitada, en contra del Segundo Juzgado de Policía Local de San Antonio.

Regístrese, devuélvase el expediente tenido a la vista y archívese en su oportunidad.

N° Protección 2252-2016.- Pronunciada por las Ministros de la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado.

En Valparaíso, nueve de junio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.