nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, acto que vulnera gravemente las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

La recurrente expone que, en el mes de abril de 2025, presentó ante la AFP recurrida una solicitud de devolución de sus fondos previsionales conforme a lo establecido en la Ley N° 18.156, acompañando para ello toda la documentación exigida: contrato de trabajo, anexo laboral, constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), título profesional debidamente apostillado y declaración jurada ante notario. No obstante, la recurrida rechazó dicha solicitud mediante comunicación de fecha 29 de abril de 2025, alegando, entre otros motivos, que la trabajadora se encontraba regida por un estatuto especial y que los documentos aportados no cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

Sin embargo, tal decisión resulta ilegal y arbitraria, toda vez que el vínculo laboral de la recurrente se enmarca en los supuestos contemplados por el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual no excluye relaciones contractuales fundadas en decretos de nombramiento. Además, la constancia de afiliación previsional fue debidamente emitida por un órgano competente, apostillada conforme al derecho internacional, y su autenticidad puede ser verificada en línea mediante código de seguridad, lo cual desmiente el argumento de falta de validez documental.

Arguye la actora que la negativa de la AFP PlanVital desconoce la situación excepcional de imposibilidad material de legalización consular derivada del quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura una fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil, debidamente compensada con declaración jurada notarial en territorio chileno, además, se han documentado casos similares en que otras administradoras, como AFP Cuprum, han aprobado retiros de fondos previsionales con antecedentes sustancialmente idénticos, lo que demuestra la existencia de un trato desigual y discriminatorio hacia la recurrente, carente de toda justificación legal, configurando así una vulneración al principio de igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, al impedir injustificadamente el ejercicio de dominio sobre sus fondos acumulados.

Solicita que se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, ordenando a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, reconociendo como válidos los documentos presentados y permitiendo la devolución de los fondos previsionales de conformidad con la ley, con costas.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, por medio del Oficio Ordinario N° 9638, de fecha 28 de mayo de 2025, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de AFP PlanVital S.A., fundado en que la recurrente no cumple con los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales. En efecto, el informe señala que la actora prestó servicios en el Hospital Félix Bulnes Cerda, organismo público sometido a estatutos especiales, por lo que su contratación mediante decreto de nombramiento la excluye del ámbito de aplicación de dicha ley, conforme a la jurisprudencia administrativa vigente. Asimismo, sostiene que la constancia electrónica de afiliación previsional presentada no acredita de manera suficiente la cobertura exigida en los términos previstos por la normativa y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, al no consignar expresamente las prestaciones otorgadas, no estar suscrita por autoridad competente, ni debidamente apostillada o legalizada. En mérito de lo expuesto, la Superintendencia estima que no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse al régimen excepcional de devolución, por lo que solicita expresamente se rechace la acción intentada.

A folio 7, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., solicitando se rechace en todas sus partes el recurso de protección, fundado en que la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la actora no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 ni con la normativa administrativa impartida por la Superintendencia de Pensiones. En primer lugar, se señala que el documento presentado como constancia de afiliación previsional extranjera, una constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada, no constituye un certificado emitido por autoridad competente, careciendo de la especificidad, legalización o apostilla requeridas por el ordenamiento jurídico nacional, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

En segundo término, se argumenta que la relación laboral de la recurrente con el Hospital Dr. Félix Bulnes se encuentra sujeta a un estatuto especial y no a las normas generales del Código del Trabajo, configurando un vínculo excluido expresamente por la normativa vigente del beneficio de devolución de fondos, según el Título XI, N°6 del Compendio mencionado. Por tanto, el actuar de la Administradora se ha ajustado estrictamente a derecho, careciendo de ilegalidad o arbitrariedad, ya que se ha limitado a aplicar normas obligatorias dictadas por la autoridad competente, en condiciones de igualdad con todos los afiliados, no configurándose vulneración alguna de garantías constitucionales.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, la recurrente, ciudadana venezolana, impugna el rechazo de la solicitud realizada por la actora a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y que por lo demás, se encontraba vencida.

Además, indica que conforme al propio documento acompañado por la recurrente, consistente en un contrato de trabajo con el Hospital Félix Bulnes, éste no corresponde a un contrato sujeto a las normas establecidas por el Código de Trabajo, si no, corresponde a un contrato sujeto a estatutos especiales, que de conformidad a las normas administrativas establecidas por la Superintendencia de Pensiones en el compendio de normas del sistema de pensiones no dan lugar a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

A su vez, el N°6 del Libro II del Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, señala: 6.” No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo.”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), este documento no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en lo referente a su empleador y conforme a la misma documentación acompañada por ésta, consistente en un contrato de trabajo con el Hospital Felix Bulnes, es un un organismo público que forma parte del Servicio de Salud Metropolitano, no cumpliendo la exigencia del artículo 1 de la Ley 18.156, al no considerarse empresa.

Noveno: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2242-2025.