nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PETORCA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, Rodrigo Esteban Vergara Toledo, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, funcionario de la Ilustre Municipalidad de Petorca, Director de Obras Municipales, planta grado 8° EMR, y en contra de la misma institución, representada legalmente por su alcalde don Gustavo Abel Henríquez Toledo, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el no pago de sus remuneraciones correspondientes a 18 días del mes de junio de 2023, la totalidad de los meses de julio a diciembre de 2023, el año 2024 completo, y los meses de enero y febrero de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que se desempeña como Director de Obras Municipales y que tras la instrucción de un sumario administrativo originado en 2022, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución mediante los decretos alcaldicios N° 1.201 de 15 de junio de 2023 y N° 1.740 de 5 de julio de 2023, cesando desde entonces el pago de sus haberes. Expone que dedujo reclamación ante la Contraloría Regional de Valparaíso, la cual, por Resolución Exenta N° 7400/2023 de fecha 25 de agosto de 2023, acogió el reclamo al detectar graves vicios procedimentales y ordenó la reapertura del sumario, retrotrayéndolo a la etapa de formulación de cargos. Argumenta que, al haber quedado sin efecto la medida expulsiva por orden del órgano contralor, la situación contractual se mantiene inalterada respecto al estado previo a los decretos anulados, concluyendo que no se ha producido interrupción alguna en su relación laboral y que sus derechos y obligaciones funcionarias han permanecido intactas durante todo el periodo.

Afirma que el municipio ha dilatado injustificadamente la ejecución de lo resuelto por la Contraloría, privándolo de sus remuneraciones de forma arbitraria. Refiere que instó por el pago mediante requerimientos formales ingresados vía correo electrónico a la oficina de partes municipal con fechas 3 de julio de 2023 y 26 de mayo de 2025, sin recibir respuesta alguna. Añade que, ante la persistente inactividad, recurrió al "Portal de Reclamos Funcionarios" de la Contraloría General de la República bajo el folio N° E94337/2025 con fecha 28 de julio de 2025, gestión que fue reiterada el 15 de septiembre de 2025, sin que a la fecha se haya restablecido el imperio del derecho. Asevera que la conducta de la municipalidad constituye una vulneración continua de su derecho de propiedad sobre la remuneración y una discriminación arbitraria, toda vez que no existe justificación legal para privarlo de sus haberes una vez revertida la sanción. Concluye solicitando que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad de la omisión y se ordene el pago inmediato y total de los emolumentos devengados en los periodos señalados.

A folio 5, evacúa informe la Contralora Regional de Valparaíso, doña María Soledad Pérez Reinoso, en representación de la Contraloría General de la República. Indica que el sumario administrativo incoado por el municipio tuvo su origen en el Informe Final de Investigación N° 99 de 2021 de esa Sede Regional. Detalla la cronología del expediente administrativo, consignando que la formulación de cargos se verificó el 28 de diciembre de 2022 (fojas 149) y la Vista Fiscal con la propuesta de destitución el 13 de junio de 2023. Precisa que, tras analizar el reclamo del actor, se detectaron vicios que vulneraron gravemente su derecho a defensa, toda vez que los cargos resultaron poco claros e imprecisos al omitir los hechos constitutivos de las faltas y los preceptos infringidos. Señala que el Fiscal Instructor justificó indebidamente estas omisiones en el punto N° 35 de su Vista Fiscal, argumentando que el inculpado ya conocía los hechos por el referido Informe N° 99, criterio que fue rechazado por contravenir la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° E152882 de 2021 y N° 76.296 de 2016. Refiere que, en consecuencia, se dictó la Resolución Exenta N° 7400/2023 ordenando retrotraer el sumario. Menciona que el requerimiento del recurrente para obtener el pago de sus remuneraciones por el periodo de alejamiento ingresó el 28 de julio de 2025 (folio E94337) y fue reiterado mediante presentación del 15 de septiembre de 2025 (ingreso N° 54.522), encontrándose actualmente en tramitación. Finalmente pide que se remitan los antecedentes para la resolución del recurso.

A folio 7, evacúa informe el abogado Juan Luis Tobar Valdivia, en representación de la Ilustre Municipalidad de Petorca. Como cuestión previa, solicita declarar la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad, argumentando que el actor tuvo un conocimiento cabal, íntegro y directo del supuesto agravio al menos desde agosto de 2023, fecha en que se dictó la Resolución Exenta N° 7400/2023. Sostiene que el plazo de 30 días es fatal y de orden público, y que existe una "confesión de parte" en el libelo, pues el actor admite haber instado por el pago desde julio de 2023 y mayo de 2025, sin que las gestiones administrativas interrumpan el plazo de caducidad. En cuanto al fondo, niega actos u omisiones ilegales, precisando que la Contraloría ordenó reabrir el sumario, pero no ordenó el pago de suma alguna, por lo que no existe un mandato de pago incumplido. Argumenta que la remuneración es una contraprestación por el trabajo servido (Art. 41 Código del Trabajo), y que según el Art. 69 de la Ley 18.883, no pueden percibirse haberes por tiempo no trabajado. Sostiene que se ha constatado que el actor, durante el periodo de alejamiento, prestó servicios personales bajo subordinación para terceros en la Comuna de Antofagasta, percibiendo las remuneraciones respectivas, lo que constituye una infracción al Principio de Probidad Administrativa (Art. 52, 56 y 62 N° 4 de la Ley 18.575) por incompatibilidad de jornadas. Asevera que el pago pretendido configuraría un enriquecimiento sin causa y daría lugar a una acción restitutoria in rem verso al afectar el erario municipal. Afirma que el asunto trata sobre un derecho dubitado y litigioso que carece de la certeza necesaria para la vía cautelar, debiendo ser resuelto en un juicio de lato conocimiento en sede de tutela laboral. Finalmente pide el rechazo del recurso con costas.

A folio 8, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la omisión en el pago de las remuneraciones devengadas durante los años 2023, 2024 y 2025, en los períodos antes señalados, fundamentando el actor la ilegalidad del acto en que, tras la anulación de la medida de su destitución por la Contraloría Regional, la relación contractual con la Municipalidad nunca se extinguió legalmente. Sostiene que sus derechos y obligaciones permanecieron intactos durante todo el periodo intermedio, careciendo la recurrida de título jurídico válido para privarlo de sus haberes, lo que constituye una perturbación y amenaza a su derecho de propiedad y estabilidad en el empleo.

Tercero: Que, el recurrido alega la extemporaneidad de la acción, fundado en que el actor tuvo conocimiento cabal del agravio que denuncia desde agosto de 2023. En cuanto al fondo, afirma que la remuneración es una contraprestación por trabajo efectivo, señalando que el recurrente prestó servicios remunerados para terceros en Antofagasta, configurándose un enriquecimiento sin causa y una infracción a la probidad administrativa por incompatibilidad de jornadas. Sostiene que lo que se reclama constituye un asunto dubitado y litigioso que debe resolverse en juicio de lato conocimiento, ya que la vía cautelar no es idónea para declarar derechos patrimoniales controvertidos que requieren de una etapa probatoria sobre el cumplimiento efectivo de funciones.

Cuarto: Que, por su parte, la Contraloría Regional de Valparaíso da cuenta en su informe de la existencia de vicios procedimentales graves en el sumario administrativo originado en el Informe de Investigación N° 99 de 2021, consistentes en una formulación de cargos imprecisa que omitió hechos y preceptos infringidos, vulnerando el derecho a defensa según la jurisprudencia administrativa vigente. Informa, asimismo, que, si bien se ordenó la reapertura del proceso para ajustar la actuación municipal a la legalidad, el requerimiento específico del recurrente para obtener el pago de sus remuneraciones devengadas se encuentra actualmente en tramitación ante dicho órgano fiscalizador bajo el número de ingreso E94337/2025.

Quinto: Que, de los antecedentes que obran en la causa, particularmente de lo informado por la Contraloría Regional de Valparaíso, consta que el recurrente ha hecho uso del arbitrio especial de impugnación administrativa, habiendo ingresado ante dicho organismo técnico un requerimiento bajo el folio N° E94337/2025, cuyo objeto coincide plenamente con la pretensión de pago de remuneraciones que motiva la presente acción.

Al respecto, cobra especial relevancia lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que establece que, interpuesta una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los tribunales de justicia mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para entenderla desestimada. En tal escenario, encontrándose el asunto sometido al conocimiento y resolución de un organismo técnico especializado, no corresponde que la situación que se ventila que carece de un acto final sea conocida y resuelta por esta Corte, lo que conlleva a que se desestime la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, el artículo 54 de la Ley N° 19.880 y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Petorca.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2240-2026.