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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2220-20142 oct 2014

Protección contra Jefa del CET del Complejo penitenciario de Valparaíso

Fecha
2 de octubre de 2014
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 2220-2014, sentencia de 2 de octubre de 2014

Resumen

Se rechaza la protección del interno contra la Jefatura del CET: no hubo hostigamiento ni actuación arbitraria, pues su exclusión del taller de confección derivó de su propia decisión de no participar y se le reubicó para que siguiera trabajando.

Texto íntegro

Foja: 34 Treinta y Cuatro Vim C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de octubre de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 1 comparece don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, chileno, 63 años de edad, actualmente cumpliendo condena en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Jefa del CET del Complejo penitenciario de Valparaíso, doña nombre reservado.

Refiere que teniendo el derecho a escoger su trabajo de libre elección y libre contratación, no aceptó realizar un trabajo de confección de pantalones, de una empresa externa, recibido por el C.E.T cerrado de dicho lugar, lo que dio origen a un hostigamiento y persecuciones en su contra por parte de la administración, la cual es encabezada por doña nombre reservado. Indica que se le quitó el cargo de encargado del Taller de Confecciones, ubicado en el Módulo 101 (lugar de su reclusión). Luego, existió un hostigamiento por parte de sus compañeros internos y luego, el aviso de tener que abandonar dicho taller, cuando manifestó su reclamo ante la contadora doña nombre reservado, por el descuento de un I.V.A. a sus ganancias y, posteriormente, por la opinión con respecto al descuento de un 30%, también de sus ganancias. Explica que la empresa paga $940 por pantalón terminado, pero tras el descuento del 30%, les quedan a pago la suma de $650 por cada prenda terminada, dinero que es repartido entre cinco internos, recibiendo cada uno $130. De esta forma, continúa, por cada 38 pantalones entregados, se les pagó $4.940 a cada uno, menos un 15% para ahorro, restado $4.199 líquido a pagar. Acota que este trabajo se efectuó en el mes de junio y se les pagó en el mes de agosto, con planilla de pago de julio.

Alega que el día 17 de agosto pasado se le avisó que tenía que abandonar el taller. Refiere que tiene tres máquinas de coser propias que constituyen su material de trabajo, además de dinero invertido en telas nuevas, no existiendo en el Módulo 101 otro lugar que pueda destinarse a dicho oficio, desde que todo otro espacio se encuentra destinado al trabajo con madera, habiendo polvo, aserrín, ruidos de maquinarias de aserrado, y demases, sin que a la recurrida Sra. nombre reservado le interese el destino de sus máquinas. Esgrime ser un interno esforzado, comprometido con el trabajo, que ha logrado tener dichos bienes por su propio esfuerzo sin ayuda de la administración, teniendo la necesidad de ayudar a su familia, por lo que la orden de la Jefa del C.E.T. Cerrado, Centro de Estudio y Trabajo, esto es, quitarle el cargo de encargado del taller, quitarle el horario extendido de trabajo y la orden de abandonar su lugar de trabajo es arbitraria, discriminatoria, opresora atendida su calidad de recluso y un apremio ilegítimo, pues abusando de su cargo le impide por todos los medios el normal desarrollo de su trabajo diario y futuro, atendido que tiene compromisos ya adquiridos.

Señala que se vulnera su derecho al trabajo consagrado en el artículo 19 N° 16 incisos 1°, 2°, 3° y 4° de la Constitución Política de la República, así como el artículo 89 del Código Penal, artículo 61 del Decreto Supremo N° 518 y artículos 1, 2, 3, 7, 8 y 9 del Decreto Ley N° 943 del Ministerio de Justicia, que establece, entre otras cosas, que “La Administración Penitenciaria estará obligada a generar las condiciones necesarias para favorecer el acceso a la actividad laboral y a la formación para el trabajo”(sic). Asimismo, reclama que se le está castigando como si hubiera cometido una falta disciplinaria, lo cual no es así, habiéndose limitado a negarse a aceptar un trabajo en que el pago no es el apropiado y en el que la administración del C.E.T. Cerrado lucra con las ganancias de los internos, lo cual es ilegal de conformidad al artículo 8 del Decreto Ley N° 943, y artículos 147 y 157 del Código Penal.

Solicita se adopten las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y se le dé la debida y pronta protección ante las represalias que ya se han impuesto en su contra, y especifica que el día 28 de agosto pasado se le obligó a abandonar su lugar de trabajo y prácticamente arrinconar sus máquinas en un lugar inapropiado para su trabajo diario, no pudiendo hacer nada ante la orden, sin caer en desobediencia y por consiguiente, en falta disciplinaria, temiendo que se le cambie de módulo en lo sucesivo.

A fojas 5 se requirió informe a la funcionaria doña nombre reservado y al Señor Jefe del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

La funcionaria recurrida informa a fojas 12, señalando que el CET Cerrado dispone de 240 plazas en un módulo creado para 80 habitantes por lo que los espacios comunes como comedor, patio y algunas salas que originalmente eran bodegas o salas de estudio, se han convertido en talleres productivos a fin de proteger el derecho al trabajo de los internos. Acota que la mayoría de estos talleres son de autogestión, ya que se requiere de gran apoyo de la comunidad para generar trabajo remunerado para internos, y esa condición no se cumple suficientemente. Que el taller de costura que hace referencia el interno nombre reservado en su presentación, mantenía características de autogestión, lo que a esa fecha representaba ingresos variables e inestables para el grupo de internos que trabajaba en dichas condiciones, no obstante, con la llegada de la empresa “nombre reservado”, el taller de autogestión se convirtió en un taller productivo CET, lo cual genera ingresos regulares y “estabilidad” laboral para el equipo de trabajo compuesto por cinco internos y dos que se encuentran en la actualidad en proceso de capacitación aprendiendo el rubro. En cuanto a las imputaciones de hostigamiento de su parte hacia el interno, ellas carecerían de veracidad desde que es el propio recurrente quien reconoce que fue su decisión voluntaria de no aceptar incorporarse al equipo de trabajo del taller productivo CET. Lo contrario, se respetó su decisión, pues si bien en un primer momento aceptó la propuesta de trabajo para luego declinar por no estar de acuerdo con los montos financieros a cancelar, todo lo cual fue aceptado por la jefatura. Que en cuanto a que se le habría quitado el cargo de Encargado del Taller de Confecciones ubicado en el Módulo 101, ello no es efectivo desde que dicho “cargo” no existe. Refiere que debido al nivel de conocimientos en el oficio de costura del interno, constantemente se realizan coordinaciones con él para efectos de trabajos solicitados por clientes externos, a modo de apoyo a la autogestión como se consigna en el artículo 63, párrafo 3° del D.L. N° 943. Agrega que fue el recurrente quien renunció voluntariamente al Taller de Corte y Confección debido a no estar de acuerdo con el monto percibido por las confecciones, y se le permitió permanecer en dicho lugar por dos meses, hasta que se le requirió su retiro debido a la llegada de nuevas maquinarias y de la incorporación de personal en su reemplazo. Asimismo, que no ha existido ninguna medida arbitraria y discriminatoria en su contra, que incluso luego de su renuncia ha sido ubicado en otro espacio con sus máquinas compradas recientemente, en el mismo módulo 101, para que continuara con su actividad laboral. Que, por otra parte, no es efectivo que la Administración del CET haya lucrado con las ganancias de los internos, desde que reciben el pago efectuado por la empresa externa que encargó los trabajos, previos descuentos legales de conformidad al artículo 47 del D.L. N° 943.

A fojas 27, don nombre reservado, Coronel de Gendarmería, Jefe del Complejo Penitenciario, informa que el recurrente es habitante del Módulo 101, condenado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego. Que habiéndose entrevistado con éste, le señaló que la versión entregada en manuscrito a esta Corte es su declaración, sin que tenga nada más que agregar. Refiere que en Oficio S/N entregado por la Jefa del Centro de Educación y Trabajo Cerrado del Complejo penitenciario de Valparaíso, presenta todos los argumentos e informa a esta Corte que las acusaciones el recurrentes son inválidas y carecen de veracidad ya que su situación corresponde a que él mismo solicitó no continuar en el equipo de trabajo de la empresa “nombre reservado”, al no estar de acuerdo con los montos financieros a pagar. Agrega que no existe un cobro excesivo por parte de la contabilidad, desde que el mismo corresponde a lo reglamentado por el artículo 47 del D.L. N° 943, por cuanto los descuentos y los dineros cancelados a cada interno son los correspondientes según el cuerpo legal, y en ningún caso Gendarmería y su personal se encuentra lucrando con las ganancias y labores que realizan los internos.

Por resolución de fojas 33 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que se ha deducido recurso de protección por parte de un interno en contra de la Jefa CET Cerrado de Valparaíso, fundándose para ello en el hostigamiento por parte de la recurrida, motivado en no haber aceptado participar en un trabajo encargado por una empresa externa al Taller de Corte y Confección, estimando se ha vulnerado su derecho al Trabajo consagrado por el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, la recurrida informa que no ha existido ningún tipo de actuación arbitraria y discriminatoria respecto del recurrente, limitándose dicha jefatura a respetar la decisión del interno de no participar en el proyecto en cuestión, entregándose otro espacio para que desempeñe sus trabajos de costuras con su propia maquinaria, habiéndose sujetado su actuar a los reglamentos y estatutos vigentes.

Tercero: Que del mérito de lo informado por la recurrida a fojas 12, documento agregado a fojas 8 y de lo señalado por el propio recurrente, se advierte que fue su decisión voluntaria el no aceptar “realizar un trabajo de confección de pantalones de una empresa externa”, lo cual conllevó su renuncia a participar en la oferta de trabajo que fue aceptada por los demás participantes del taller, circunstancia que le fue expuesta por la jefatura en su oportunidad.

Cuarto: Que de lo anterior se desprende que por no pertenecer al Taller de Corte y Confección, se hizo necesario reubicar al interno junto a sus implementos de trabajo en otro lugar del mismo módulo, permitiéndosele de esa forma desarrollar su oficio, situación que es reconocida por éste en su presentación de fojas 29.

Quinto: Que, así las cosas, no se advierte algún hostigamiento por parte de la Jefatura en contra del interno en cuestión, que configure una actuación arbitraria o ilegal en los términos previstos por el legislador a fin de hacer procedente esta acción cautelar de rango constitucional, motivo por el cual la misma será rechazada. En efecto, habiendo renunciado a participar del proyecto ofrecido al taller en el que participaba, se le ha entregado un nuevo espacio para que pueda desarrollar su oficio, asegurándose con ello su derecho al trabajo, el cual no se vislumbra como vulnerado, no configurándose, en consecuencia, el supuesto básico que hace procedente acoger esta acción.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, se rechaza la acción de protección deducida a fojas 1, por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado y de Gendarmería de Chile.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2220-2014.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, Sr. Alejandro García Silva y el abogado integrante Sr. Alberto Balbontín Retamales.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario de hoy.