nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Jevp.

C.A. de nombre reservado.

nombre reservado, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

Visto:

A folio 1, comparece Bárbara Paz Gajardo Torres, abogada del nombre reservado Abogado de la Región de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en su calidad de curadora ad litem del adolescente nombre reservado, de actuales diecisiete años de edad, en causa RIT X-354-2016 del Juzgado de Familia de San Antonio, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores de la Región de nombre reservado, representada por su Director Regional Rachid Alay Berenguella, ante la omisión de entregar una alternativa residencial que fuere ordenada por resolución de 24 de octubre de 2019, con el objeto que el adolescente efectúe su ingreso. Estima que esta omisión vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual solicita se le otorgue un plazo para que la institución cumpla con lo ordenado e ingrese al adolescente a un centro residencial y se disponga que nombre reservado imparta instrucciones a fin de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren hechos de la misma naturaleza.

Expone que por resolución de 24 de octubre de dos 2019, el Juzgado de Familia de San Antonio, ordenó oficiar a nombre reservado para que informe un hogar idóneo para que el adolescente pueda realizar su ingreso, puesto que su tío, quien mantiene su cuidado, ha manifestado su voluntad de desistirse del mismo; precisando que dicha resolución es producto de informes evacuados en la causa referida, respecto del adolescente, el cual se encuentra inserto en el sistema proteccional desde temprana edad, debido a abandono y negligencias parentales. Hace presente que el adolescente mantiene necesidades especiales ya que se encuentra diagnosticado con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual moderada, episodio psicótico paranoide y desarrollo de la personalidad de tipo paranoide.

Añade que, no obstante lo ordenado por el tribunal, han transcurrido 1 año y 4 meses desde que no se encuentra una alternativa residencial efectiva y definitiva pese a los constantes requerimientos efectuados ante el Juzgado ni con las gestiones a nivel administrativo realizadas con el Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) de San Antonio. En efecto, afirma que en cinco ocasiones posteriores se ha pedido cuenta de la gestión ordenada en su oportunidad, siendo la última de ellas en enero del presente año, sin entregar una respuesta efectiva ante la carencia de ofertas programáticas dentro y fuera de la región, pese a encontrarse la recurrida bajo apercibimiento de aplicar apremio.

Indica que el adolescente se encuentra actualmente vulnerado desde que existe una alta despreocupación de sus cuidados, por quien tiene dicha carga, debiendo asistirlo una profesional del Programa FAE quien se encarga de su aseo personal, alimentación y entrega de medicamentos. Sin embargo, esta profesional solo desarrolla su jornada desde las 10:00 am hasta las 16:00 pm, luego de lo cual termina su jornada y Leandro queda solo junto a la madre de don nombre reservado, una persona de tercera edad, que ya padece signos de demencia senil, por lo que también requiere cuidados especiales. Añadiendo que don nombre reservado llega en la noche a la casa, y no siempre ya que a veces pernocta con su pareja y no asume ninguna conducta de cuidado respecto del adolescente.

Finalmente señala que con fecha 29 de enero 2021 el Tribunal de Familia, previa solicitud de su parte, pidió cuenta con carácter de urgente a nombre reservado, otorgando un plazo de 72 horas para que el Director Regional informe las gestiones realizadas para cumplir la resolución judicial de ingreso residencial del adolescente e indicar fecha cierta en que ello se produzca, so pena de aplicar apremios, sin existir a la fecha respuesta alguna.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, ordenando al Servicio Nacional de Menores adoptar todas las medidas tendientes a restablecer los derechos del adolescente, indicando un plazo máximo para que la institución cumpla con lo ordenado y se ingrese a éste a un centro residencial que proteja y restablezca sus derechos y, asimismo se impartan instrucciones a la recurrida, para que en lo sucesivo no se vuelvan a reiterar hechos como los relatados.

A folio 8, informa el Servicio Nacional de Menores de la Región de nombre reservado, indicando en primer lugar que a la fecha de presentación del recurso, efectivamente no se contaba con respuesta por parte del Servicio, argumentando que la falta de respuesta se debió, lamentablemente y, por cierto, inexcusable, error en la tramitación electrónica del oficio que daba respuesta a dicha orden, el que no fue oportunamente despachado al tribunal, lo que generó un aparente incumplimiento de la resolución judicial.

Luego, refiere que por Oficio N°71, remitido el 04 de marzo del presente año al Juzgado de Familia de San Antonio, y complementado por Oficio N°155, de la misma fecha, se informó que el adolescente podrá ingresar a la Residencia “Caminar”, perteneciente a la Corporación Vivo Inclusión, la cual atenderá a niños y adolescentes que presenten déficit intelectual severo y/o grave, y que tiene fecha cierta de inicio de ejecución del proyecto el 01 de abril de 2021 y en la cual tiene asegurado un cupo en la misma.

Luego, expone las acciones que habría adoptado el nombre reservado y las coordinaciones realizadas con el Programa FAE, atendido el desistimiento del tío del adolescente, reconociendo que en la Región de nombre reservado no existen lugar idóneos, dada la discapacidad que presenta Leandro y que, tras un proceso fallido de adjudicación para un programa de acuerdo a las necesidades de este último, se logró culminar una adjudicación directa mediante la suscripción de un convenio con la Corporación Vivo Inclusión el 08 de marzo del presente año, el que iniciará sus funciones el 01 de abril próximo, pudiendo así dar fecha cierta a un ingreso.

De tal manera, entiende que no ha incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarias toda vez que se han realizado todas las gestiones tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Antonio.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

nombre reservado: Que, el acto recurrido, consiste en la tardanza del Servicio Nacional de Menores de la Región de nombre reservado en otorgar al adolescente de iniciales L J M S, una alternativa residencial que fuere ordenada por resolución de 24 de octubre de 2019, causa RIT X-354-2016 del Juzgado de Familia de San Antonio.

Tercero: Que no son hechos controvertidos, los siguientes:

1°.- Que el adolecente de iniciales L J M S nació el 13 de octubre del año dos mil trece, sexo masculino, inscrito en la circunscripción de San Antonio, V Región.

2°.- El adolescente, antes individualizado, ha sido diagnosticado, con: Trastorno del Espectro Autista, Discapacidad Intelectual Severa, Episodio Psicótico Paranoide, Desarrollo de la Personalidad Tipo Paranoide, Sospecha de ASI, además de que su entorno familiar presenta una disfunción, es decir, un desarreglo en su funcionamiento.

3°.- Que con fecha cinco de enero del año dos mil dieciocho, se designa por el Tribunal de Familia de San Antonio como adulto responsable del adolescente materia de autos, a don nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Viuda VI, comuna de San Antonio, para efectos de efectuar el tratamiento respectivo.

El mencionado Tribunal, en la misma resolución, provee que, conforme los antecedentes de la causa, se debe derivar en forma urgente al adolecente, RUT RUT reservado a PIE de SAN ANTONIO, por el plazo de Un Año, desde su ingreso efectivo, bajo la modalidad del artículo 80 bis de la Ley N° 19.968, con el objeto de ser reparado el daño asociado a abandono y negligencia grave, además, de ser favorecida la integración familiar y social del adolescente en referencia.

4°.- Que con fecha 14 de marzo del año 2018 informa al Tribunal, doña nombre reservado, siquiatra infantil, correspondiente a la Unidad Infante Juvenil del Hospital El Salvador, que el menor ha sido víctima de vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad y negligencia en sus cuidados – Sugiere Residencia.

5°.- Con fecha 22 de mayo del año 2018, el Tribunal de Familia de San Antonio, ordena oficiar a nombre reservado de nombre reservado, a fin que gestione con carácter de urgente, ingreso del niño ya singularizado, a un Hogar de Residencia.

6°.- Con fecha 25 de junio del año 2019 el Tribunal de Familia de San Antonio, ordena el ingreso del niño de iniciales LJMS, al Programa FAE Pro Kutralhue de San Antonio, por el plazo de 6 meses, desde la fecha efectiva de ingreso y que, una vez concretado el ingreso, los profesionales a cargo deberán cumplir la obligación de remitir informes de avance cada tres meses, de conformidad a lo dispuesto en el art.76 de la Ley N°19.968. Ingresa el menor al citado programa con fecha 9 de julio del año 2019.

7°.- Oficio N° ORD: 451/2019, de 23 de octubre de 2019, por el cual se informa, en síntesis, que doña nombre reservado, madre del niño, se considera INHÁBIL para hacerse cargo del cuidado de su hijo, al no contar con la condiciones mínimas para ejercer la parentalidad.

8°.-Oficio N° 450 /2019 de 23 de octubre del año 2019, de FAE de San Antonio, Kutralhue, referente a la idoneidad de la familia extensa, integrada por un tercero cuidador del adolecente, don nombre reservado, en el cual se manifiesta su deseo de no continuar siendo guardián del menor objeto de la presente protección, incluida la madre de este último, doña nombre reservado, nacida el 28 de mayo de 1939, de 80 años de edad, escolaridad cursó hasta 3° básico, viuda, jubilada, dueña de casa. Antecedentes mórbidos demencia senil y probable esquizofrenia, según lo que indica don nombre reservado (no se cuenta con antecedentes médicos que avalen esta opinión). El grupo familiar se mantiene con la pensión de $ 400.000 que percibe la progenitora del cuidador pues éste se encuentra cesante, mantiene trabajos esporádicos. Se hace presente que debido al estado senil de esta última y la patología del adolecente, se hace muy difícil el cuidado de ambos y encontrar trabajo permanente.

Indica que, si bien don nombre reservado cuenta con los recursos básicos para el cuidado, éste ha manifestado su intención de desistir del cuidado del adolescente, por lo que se considera como no idóneo para continuar con el cuidado del niño, en relación a la disyuntiva que se le presenta de continuar cuidando a su madre.

Es importante referir que se ha efectuado despeje a nivel familiar y según los datos recabados en el informe, no se cuenta con más familia extensa que pueda asumir el cuidado personal del niño.

FAE de San Antonio, por su parte, no cuenta con Familias de Acogida Externas que pudieran asumir el cuidado del niño y los desafíos requeridos por características propias de su individualidad.

Se sugiere en el informe realizar “una búsqueda exhaustiva de Hogares residenciales, con capacidad para cubrir las necesidades especiales de Leandro, donde se estipule su Larga Estadía. En el intertanto, se establecerán sesiones individuales con el actual cuidador de Leandro, con la finalidad de disminuir las situaciones de estrés que se asocian a la práctica del Cuidado Social”.

9°.- EL Tribunal de Familia de San Antonio con fecha 24 de octubre del año 2019 antes la falta de familia extensiva ordena oficiar a nombre reservado para que informe la Residencia más conveniente en relación a las necesidades especiales del adolecente, antes individualizado, siendo reiterada la solicitud con fecha 22 de noviembre del año mencionado 10.- Con fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Familia de San Antonio, proveyendo al ORD: N° 556/2019 remitido por el programa FAE de San Antonio, respecto al desistimiento presentado ´por el actual cuidador del adolescente, don nombre reservado, se ordena a profesionales de FAE de San Antonio, que deben dentro del plazo máximo de tres días, informar a este Tribunal, manera urgente la mejor medida proteccional para el adolescente de autos y las gestiones realizadas para concretar su resguardo.

11.- Que con fecha, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Familia de San Antonio, proveyendo el oficio ordinario N ° 559/2019 remitido por programa FAE de San Antonio, teniendo en consideración lo informado y sugerido, y conforme al mérito de los antecedentes que obran en autos, ordena reiterar oficio a nombre reservado regional con carácter de urgente, a fin que de estricto cumplimiento a lo decretado por ese Tribunal de Familia con fecha 24 de octubre de 2019, esto es: informar hogar idóneo para el niño, cédula de identidad N°RUT reservado, debiendo informar lo solicitado dentro del plazo máximo de tres días, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Fiscalía Local de San Antonio, por el delito de desacato.

12°. Con fecha 6 de enero del año 2020 el Tribunal de Familia de San Antonio ordena reiterar oficio a nombre reservado regional con CARÁCTER DE URGENTE, a fin que de estricto cumplimiento a lo decretado por ese Tribunal de Familia con fecha 24 de octubre de 2019, esto es, informar hogar idóneo para el niño, cédula de identidad N°RUT reservado, debiendo informar lo solicitado dentro del plazo máximo de tres días.

13.°- El 14 de marzo del año 2020, don nombre reservado DIRECTOR REGIONAL nombre reservado informa lo siguiente “Al tenor de lo ordenado, es posible informar lo siguiente: 1. Que, atendiendo las dificultades presentadas en la proyección de la mantención de los cuidados parte de don nombre reservado, actual cuidador de Leandro, es que el 03 de enero de 2020, se realizó reunión en la Dirección Regional de este Servicio, entre Equipo FAE Kutralhue, Coordinador y Supervisora Técnica de UPRODE y don nombre reservado, con el fin de elaborar un plan de trabajo en conjunto, para prevenir el ingreso de Leandro, a un sistema residencial. Esto, en el contexto, que en la región no se cuenta con una residencia que atienda las necesidades asociadas al perfil del joven y sería necesario trasladarlo a otra región, con el consecuente desarraigo familiar. 2. Que, el día 21 de enero del año en curso, se realizó reunión en dependencias del Programa FAE, entre Supervisora Técnica de UPRODE, don nombre reservado y profesionales del FAE, donde se le da a conocer el plan de trabajo elaborado para otorgar mayor apoyo en el ejercicio de los cuidados de Leandro. Este plan consiste, en la contratación de un tercero, en jornada completa (de 09:00 a 16:00 horas), que colabore con los cuidados diarios de Leandro en el domicilio y la inscripción de Leandro en Equinoterapia, ambas iniciativas financiadas íntegramente por proyecto FAE, por concepto de subvención nombre reservado. 3. De acuerdo a lo reportado por equipo FAE, en informe de permanencia del mes de abril, Leandro se encontraba más adaptado al núcleo familiar, logrando reconocer a los miembros de la familia y a cuidadora externa como personas cercanas. Sus niveles de estrés habían disminuido, así también los episodios críticos que presentaba. 4. A pesar, de todos los esfuerzos realizados por equipo FAE, don nombre reservado, manifiesta imposibilidad continuar con el cuidado definitivo del joven, informando que mantendrá el cuidado de Leandro, hasta conseguir vacante en el sistema residencial. 5. Conforme a ello, profesionales del equipo FAE, en coordinación con profesional de la Dirección Regional, han realizado despejes de sistemas residenciales, que pudieran acoger al joven, en atención a sus características y necesidades especiales de cuidados. Como resultado de dichas coordinaciones establecidas, se despejó que el Hogar Belén de la ciudad de Talca, cumple con el perfil de atención de nombre reservado, la cual depende del Organismo Colaborador Acreditado de nombre reservado Corporación Hogar Belén. En mérito de lo expuesto, se solicita respetuosamente a S.S, que, mientras se mantenga la emergencia sanitaria por COVID-19, el joven, se mantenga al cuidado de don nombre reservado, con la continuidad del Plan de Trabajo que a la fecha se está llevando a cabo. Mientras, equipo FAE Kutralhue, apoyado por Supervisora Técnica de UPRODE realicen las coordinaciones con Hogar Belén, de la cuidad de Talca, para proyectar ingreso al sistema residencial, una vez que se levante la alerta sanitaria por COVID-19”.

14°.-Con fecha 6 de julio del año 2020, el Tribunal de la referencia, provee: advirtiendo de la información reportada por profesionales de FAE en informe que antecede, que el centro residencial con el que se estaba haciendo coordinación para el ingreso del adolescente de la causa según lo referido por nombre reservado regional en oficio N°298 de 14 de marzo del año citado, esto es el Hogar Belén, de la cuidad de Talca, actualmente ha cambiado de perfil de ingreso, se ordena oficiar nuevamente a nombre reservado de nombre reservado para pedir cuenta de las gestiones que está efectuando para lograr el ingreso a centro residencial, acorde a las necesidades del adolescente de esta causa, lo que deberá ser reportado dentro del plazo de 10 días.

15°.- Con fecha 24 de julio del año 2020, nombre reservado informa que en la región de nombre reservado no existen Residencias especializadas para atender adolecentes de manera que se están licitando programas, el que será adjudicado en el mes de septiembre del año anotado. Sin perjuicio de lo dicho se está solicitando Residencia en cuatro regiones del país; una vez que se cuenten con los antecedentes, será comunicado al Juzgado.

16°.- Con fecha 9 de octubre del año 2020 el Tribunal ordena oficiar a la curadora ad litem del menor de autos, para que efectúe coordinación con nombre reservado regional, a fin de gestionar un centro residencial acorde a las necesidades de su representado, así como también una fecha estimativa de traslado a dicho centro, advirtiendo que el desgaste del actual cuidador ha repercutido en algunas acciones de descuido que han puesto en riesgo al adolescente de autos, por lo que se hace urgente concretar el ingreso residencial de Leandro.

17°.- Que la señora curadora ad litem informa que las Residencias en las cuatro regiones en que solicitaron cupo para el adolecente de iniciales LJMS, fracasaron, y de la misma forma, la licitación, pues no se presentaron interesados. Sin embargo “la Fundación Vivo” Inclusión logró acreditarse ante el servicio, y la semana pasada se les notificó de la asignación directa del proyecto residencial de discapacidad, dándose el plazo hasta el 22 de octubre del año 2020 para que presenten la propuesta y se continúe el proceso de asignación. Institución ya arrendó la casa, y si todo sale bien esperamos contar con este proyecto en el transcurso del mes de noviembre, estando Leandro priorizado para su ingreso”.

18°.- Con fecha 29 de enero del año en curso el Tribunal en comento ordena oficiar al Director Regional de nombre reservado nombre reservado, para que dentro del plazo de 72 horas, remita informe dando cuenta de las gestiones efectuadas para el ingreso del adolescente, cedula de identidad N° RUT reservado, en un centro residencial acorde a sus necesidades, como ha sido ordenado por este Tribunal con fecha 24 de octubre de 2019, dando cuenta de la fecha exacta en que se concretara su ingreso; bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establecen los artículos 77 de la ley 19.968 y 238 del Código de Procedimiento Civil, esto es una multa y/o arresto en contra del director del programa signado, teniendo en cuenta que en su actual situación se ha notificado, según lo reportado por FAE de esta comuna así como también por su curadora ad litem”.

19°.- Que nombre reservado da respuesta al Tribunal con fecha 4 de marzo del año en curso, expresando que efectivamente no ha cumplido debido a un error. Agrega, que ha suscrito un convenio con la Corporación Vivo inclusión con fecha 1° de abril próximo, en el cual tiene asignado un cupo el adolecente de autos.

Cuarto: Que el artículo 80 bis de la Ley N° 19.968 prescribe: “Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de las medidas a que se refiere artículo 71, así como las que se impongan en virtud de sentencia definitiva, el Servicio Nacional de Menores, a través de sus Directores Regionales, informará periódicamente y en forma detallada a cada juzgado de Familia la oferta programática vigente en la respectiva región de acuerdo a las líneas de acción desarrolladas, su modalidad de intervención y la cobertura existente en ellas, sea en sus centros de administración directa o bien en los proyectos ejecutados por sus organismos colaboradores acreditados. Si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la Región oferta de las líneas de acción indicadas en la ley N° 20.032, comunicará tal situación al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien deberá adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible. Entretanto, el juez decretará alguna de las restantes medidas del artículo 71. Pero, si la cautelar dispuesta es la de la letra h) de dicho artículo, el Servicio Nacional de Menores deberá darle cumplimiento de inmediato y sin más trámite”.

Quinto: A su vez, el artículo 71 de la ley mencionada en el motivo que precede prescribe: “Artículo 71.- Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud”.

Sexto: Que cabe tener presente que la tarea del Servicio Nacional de Menores (nombre reservado) es la protección y promoción de los derechos de los NNA, acción que se desarrolla directamente, o a través de sus colaboradores acreditados en los términos de la Ley N° 20.032 que establece el Sistema de Atención de la Niñez y la Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del nombre reservado y su Régimen de Subvención. Una de las líneas de acción de los colaboradores son los Centros Residenciales, dentro de los cuales el artículo 28 letra b) del Reglamento de la Ley N° 20.032 distingue las residencias de protección para lactantes o preescolares; las residencias especializadas; las residencias de protección para mayores (REM-PER); y las residencias para NNA con discapacidad (RAD-PER). Estas residencias constituyen medidas de protección, especializadas, excepcionales y para los efectos de este recurso, se requiere de una Residencia que se complemente con un Programa de Protección Especializado unido a educadores de trato directo, debiendo contar, igualmente, con infraestructura adecuada, programas y personal idóneo con el fin de otorgarles el debido cuidado y contención que se requieren para estos casos.

Séptimo: Que, atendido el tenor de la denuncia, lo dispuesto por la Constitución Política de la Republica, que prescribe, en el inciso cuarto de su artículo 1°:"El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece". En ese sentido, la Convención del Derecho del Niño confiere preminencia que es el Estado quien a través de sus distintas instituciones, tiene el deber de articular el ejercicio y resguardo de los derechos que en ella se contienen, amparándolo en un norte común que se consagra en su artículo 3 al expresar que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración esencial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

Octavo: Que, al no tener el nombre reservado diseñada y vigente una oferta de programas especializados, destinados a la atención del adolescente de iniciales LJMS, en relación a cuál es la intervención que debe entregarse conforme a sus necesidades especiales que presenta sin otorgarle la atención inmediata y sin trámites, sino por el contrario con una tardanza de año y cuatro meses, aproximadamente, no teniendo en consideración su situación familiar, vale decir, progenitora con problemas mentales, encontrándose inhabilitada para ejercer su rol de madre, ausencia de familia extensiva, padeciendo aquél de trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual severa, episodios psicóticos de tipo paranoide y siendo vulnerado en la esfera de la sexualidad, con conductas que han atentado contra terceros y su persona, como lo informa la médico psiquiatra y el Director del Hospital el Salvador, de consiguiente el recurrido ha incurrido en una ilegalidad y arbitrariedad que apareja consigo la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica del adolescente, infringiendo el artículo 19 numeral 1° de la Constitución Política de la República, todo lo cual exige que esta Corte adopte medidas, en los términos que se dirá a continuación, de modo de abordar la situación del adolecente LJMS. de una manera integral, procurando el respeto y protección de sus derechos, en los términos en que se ha venido razonando y que no se limita a su internación para que reciba atenciones médicas por su diagnóstico, pues aquello sólo corresponde a una parte de su situación de vulnerabilidad, la cual para ser solucionada, requiere de la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales, quienes deberán entregarle a aquél ayuda o soportes que le permitan sobrellevar sus falencias o diferencias, objeto a desarrollar al máximo sus potencialidades, para lo cual requiere, además, de la entrega de un entorno social que le otorgue una idea o percepción de pertenencia o al menos de estabilidad emocional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por Bárbara Paz Gajardo Torres, abogada del nombre reservado Abogado de la Región de nombre reservado, en su calidad de curadora ad litem del adolescente de iniciales L J. M. S., en contra del Servicio Nacional de Menores de la Región de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que:

a) El Tribunal de Familia de San Antonio dispondrá y velará por la internación efectiva a la residencia a L.J.M.S conforme lo propusieron los expertos, correspondiente al programa ofrecido por la Corporación Vivo inclusión con fecha 1° de abril próximo, otorgándole el debido y adecuado cuidado y tratamiento, con pleno respeto a sus derechos en consideración a su capacidad diferente. En tanto no se cumpla efectivamente con lo dispuesto en este párrafo, nombre reservado deberá proveer de los recursos económicos para contratar personal suficiente con el objeto de que el adolescente cuente con una cuidadora las 24 horas del día, lo que será supervigilado por la curadora ad litem, en caso de incumplimiento deberá informar sin más trámite al Juzgado de Familia de San Antonio.

b) La curadora Ad litem, en cumplimiento de su calidad de representante de los derechos de L.J.M.S, deberá efectuar un seguimiento y revisión de la medida cautelar del programa al que fue incluido el adolecente y, en el evento que estime existen otras evidencias que obliguen a que L.J.M.S se modifique la atención en la forma que propone, deberá gestionar y otorgar al Tribunal de Familia de San Antonio, las evaluaciones médicas pertinentes que avalen su solicitud. Debiendo, desde ya, articular todos los medios necesarios para que una vez que el adolescente ya señalado, cuente con alternativas de prestaciones médicas, sociales y apoyo de familia o de incorporación a programas de FAE, de todo lo cual deberá informar al Tribunal de Familia de San Antonio, en su oportunidad.

c) Remítase copia de todo lo obrado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objeto de que adopte todas las determinaciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Corte.

Compúlsese copia autorizada de la presente sentencia una vez ejecutoriada a la causa rol N° RIT X-354-2016 del Juzgado de Familia de San Antonio.

Redacción de la Ministra señora Inés María Letelier Ferrada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2217-2021.

En nombre reservado, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.