nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que a folio 1, comparece nombre reservado, Empleado, Maestro de Mantención general, de nacionalidad peruana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Valparaíso y deduce acción constitucional de protección contra 1) Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana 2) Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana; Por el acto ilegal y arbitraria al dictar la revocación tácita del permiso de permanencia definitiva del extranjero recurrente, infringiendo la garantía constitucional de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en concordancia con la Ley N°19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado fundándola en que:

Está radicado en Chile desde el año 2009. Mediante Resolución Exenta N° 371.199, el 13 de diciembre del 2017, se le otorgó visa de Residencia definitiva, según consta en el Certificado de Permanencia Definitiva N° 650.298, con fecha 24 de enero del 2018. En el mes febrero del año 2020, viajó a su país de origen, Perú, para reunirse con su madre y cuidarla, en atención a su complicado estado de salud, teniendo pensado retornar a Chile en el mes de marzo. Luego, debido a la pandemia mundial de COVID-19, se declaró cuarentena obligatoria en todo el territorio peruano, con fecha 14 de marzo del 2020. Circunstancia que le impidió retornar a Chile. Expone que se quedó cuidando a su madre de avanzada edad, quien sufre de asma, debiendo asimismo solventarla económicamente, ya que ella no podía trabajar, en virtud de las restricciones sanitarias y por el peligro de contraer la enfermedad.

Con el pasar de los meses, Perú pasó a ser uno de los Países más afectados por el COVID-19 y con una gran tasa de mortalidad como consecuencia de la enfermedad, por lo que permaneció confinado junto a mi madre y además, la gran mayoría de los Servicios Públicos se encontraban cerrados hasta nuevo aviso, por lo cual los órganos encargados de Migraciones y Consulares Chilenos estaban suspendidos de manera indefinida, situación que escapaba de sus manos. Sumado a lo anterior, se produjo el cierre de fronteras de Perú, una medida sanitaria y represiva que dificultaba con gravedad el egreso e ingreso a dicho Estado.

Seguido a esto, a mediados del 2021, trató de concretar nuevamente un viaje de retorno a Chile, ya que algunos servicios de transporte comenzaron a funcionar de manera parcializada, encontrándose el sistema colapsado. Luego, en el mes de junio del 2021, contrajo COVID-19, enfermando gravemente y estando con tratamiento médico y rehabilitación hasta el mes de septiembre del 2021. Después de sortear la enfermedad, compró un pasaje aéreo de regreso a Chile, con fecha 24 de septiembre del 2021, vuelo directo de Arequipa a Santiago, según consta en comprobante del boleto electrónico de la compañía JETSMART. Sin embargo, en virtud del alto costo de las residencias sanitarias para realizar la cuarentena, sumado a las considerables mermas económicas que supuso la enfermedad y la restricciones sanitarias, le fue imposible pagar el hotel sanitario y realizar la cuarentena, por lo que finalmente no pudo abordar el avión con destino a Chile. Su propósito ha sido siempre residir de forma indefinida en Chile, dado que sus amistades, trabajo y gran parte de su vida se encuentran en este país. De esta manera, a comienzos del 2022, se comunicó vía telefónica con el Consulado para obtener información sobre los pasos que debía seguir y así, no tener problemas con la residencia definitiva. El funcionario, señaló que debido a la Pandemia no estaban atendiendo para obtener la prórroga de la permanencia definitiva (hecho público y notorio). Así las cosas, solo pudo retornar a Chile en noviembre del año 2022, en atención a la normalización del proceso para ingresar al país y debido a que pudo reunir los recursos monetarios necesarios para realizar el viaje vía terrestre.

Con fecha 8 de mayo de 2023, y preocupado por su situación migratoria, reservó vía online, una cita agendada para el 10 de mayo de 2023, ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el motivo de renovar la cédula de identidad para extranjeros. La funcionaria a cargo, le señaló que faltaba el Certificado de Residencia y que debía concurrir a la Policía de Investigaciones con el correspondiente formulario para obtener dicho certificado. Finalmente, con fecha 08 de junio del 2023 y luego de un mes de espera por la respuesta, sin haber sido citado, siendo notificado en dependencias del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama, que a contar de dicha fecha había quedado tácitamente revocada su residencia definitiva, por haberse ausentado fuera del país en un plazo superior al señalado por el artículo 83 de la Ley N° 21.325 de Migración y extranjería, mediante Acta de Notificación sin número, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional. Se le informó que su nuevo estatus migratorio supuestamente corresponde a la Permanencia Transitoria y, además, por parte de los funcionarios a cargo que “debía firmar la notificación, ya que la ley chilena es clara”, sin tener ninguna opción de explicar su situación particular.

Actualmente, se encuentra en la comuna de Quintero, ya que le han llegado ofertas de trabajo en la Región, las cuales me permiten desarrollarse en el ámbito laboral y personal dentro del país.

En definitiva, ha sido privado de la residencia definitiva sin tener el derecho a ser oído, en cuanto a la situación particular vivida y no teniendo derecho a defensa ni posibilidad de recurrir el supuesto acto administrativo terminal, ni tener conocimiento sobre algún procedimiento administrativo. Además, no se han tenido a la vista las circunstancias extraordinarias del estado de pandemia mundial, de carácter excepcional y que escapa de las manos del recurrente. Estimando que la actuación de la autoridad administrativa infringe la Ley 19.880 toda vez que la notificación de la revocación tácita realizada por la Administración, debió ser antecedida de un procedimiento administrativo, en virtud del cual el particular hubiera tenido la oportunidad de presentar los antecedentes que estimare pertinentes.

La revocación tácita, no siendo precedida de un procedimiento administrativo previo, se torna ilegal y arbitraria, al negar al administrado la oportunidad de exponer lo que considere pertinente, considerando además que el comportamiento esperado del Estado sea actuando bajo parámetros de racionalidad y objetividad que no concurren en este caso. Razón por la cual, la jurisprudencia y la doctrina citada señalan: “El principio de igualdad exige un especial tipo de comportamiento de parte del Estado, ya que, frente a supuestos similares, debe actuar de una misma forma. Empero, si bien la igualdad no proscribe tratos diferenciados, exige que estos sean justificados. Se observa, de este modo la aplicación de una justicia distributiva, pues independiente del tipo de sujeto (en el sentido de titularidad), se espera que el Estado actúe bajo parámetros de racionalidad y objetividad” (Molina Conzué, Diego (2019): “Principios de derecho migratorio chileno desde una óptica constitucional”, en Charney, John (editor), Derecho y Migración. Valparaíso: EUV, p. 242)

El recurrente permaneció ausente del país por un plazo ininterrumpido superior al señalado en el artículo 83 de la Ley N° 21.325, en atención al contexto de la pandemia mundial en el que se vio afectado, tanto en su libertad de desplazamiento, estado de salud de su madre y de él y como además, en sus facultades económicas, circunstancias excepcionales que enfrentó don nombre reservado y que son completamente ajenas a su voluntad.

En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 28 de marzo de 2023, se ha pronunciado sobre la flexibilidad que debe imperar al aplicar un acto de tal gravedad para el recurrente, como lo es la revocación tácita. “El estado de excepción constitucional que vivió el país desde el 18 de marzo de 2020 al 30 septiembre de 2021, así como los efectos prácticos de la contingencia sanitaria y la mantención del estado de alerta sanitaria, vigente, por ahora, hasta el 31 de agosto de 2023, generaron cierres de la frontera, restricción de los viajes desde y hacia Chile, que hacen necesario otorgar cierta flexibilidad a quienes requiriesen, en el período referido, realizar trámites ante el Servicio Exterior de Chile, para permitir que en las referidas circunstancias extraordinarias no vean amagado su derecho de petición.” (Excma. Corte Suprema Rol Nº 57.396-2022).

En medio de las circunstancias extraordinarias que se vivía por la emergencia sanitaria, un imprevisto imposible de resistir, viéndose afectado por “las limitaciones de desplazamiento como de cierres y/o atenciones restringidas de los Servicios Exteriores del país, para realizar la oportuna solicitud de prórroga y con toda la documentación requerida, como asimismo la imposibilidad de concretar su retorno dentro del plazo legal necesario para evitar la revocación tácita aludida”.

Así las cosas, los elementos fácticos son de tal excepción y gravedad, que no se puede sino determinar “En ilusoria la posibilidad de haber solicitado en plazo la prórroga de la permanencia definitiva, resultando arbitraria la decisión de la recurrida de revocar tácitamente la misma puesto que, conforme se ha señalado carecieron de la posibilidad efectiva de haber ejercido en tiempo y forma la solicitud respectiva, circunstancia que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, puesto que es constitutivo de una discriminación en perjuicio de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han podido ejercer los recursos impugnatorios sin dilación ni obstáculo.” (Excma. Corte Suprema Rol Nº 57.396-2022).

Estima que la decisión de la autoridad migratoria, materializada en la notificación de la revocación tácita de la residencia definitiva, en virtud del artículo 83 de la Ley de Extranjería, carece de toda razonabilidad que la justifique, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, pues se le deja en desmedro respecto de otros extranjeros que, en atención a su situación particular, tuvieron la oportunidad de presentar la correspondiente solicitud de ampliación de permanencia definitiva, en relación a los efectos de la pandemia, en particular, el funcionamiento de los servicios y la movilidad restringida de las personas.

Como consecuencia de todo lo acontecido, ha sido perjudicado para seguir trabajando y cotizando, según consta en el contrato de trabajo y liquidaciones de sueldo que se acompañan. Al no tener el estatus migratorio que le permita trabajar de manera regular, esta situación le mantiene en una situación de incerteza y con privación en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales de igualdad ante la Ley establecidos en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide en definitiva (i) Declarar ilegal y arbitraria la dictación de la Revocación Tácita, notificada mediante Acta de Notificación S/N, con fecha 08 de junio de 2023 ii) Se deje sin efecto la revocación tácita de la permanencia definitiva del recurrente, ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones la actualización de sus registros, encontrándose, en consecuencia, en calidad de regular, con permanencia definitiva vigente para todos los efectos legales.

(iii) Se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Que a folio 5, informa nombre reservado, en su calidad de Jefe de Prefectura de Viña del Mar de la Policía de Investigaciones de Chile que el recurrente registra los siguientes movimiento migratorios salida el 11 de febrero de 2020, entrada 12 de enero de 2022, salida 27 de enero de 2023, entrada 28 de enero de 2023, salida 5 de febrero de 2023 entrada 6 de febrero de 2023.

La salida de 11 de febrero de 2020 en calidad de residente usando como documento de viaje cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con destino Perú, salida Chacalluta, las posteriores entradas y salidas del territorio nacional en calidad de residente transitorio (turista) usando como documento de viaje el documento nacional de identidad peruano N° RUT reservado.

Informa que el recurrente registra bajo el Folio 1286147 como residente en la base de datos de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, en seguida registra visa de Permanencia Definitiva N° 650.298 de 24 de enero de 2018 otorgada por Resolución Exenta N° 371199 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se encuentra revocada tácitamente debido a la ausencia del territorio nacional por más de 365 días.

Finalmente, informa que el recurrente Sr. nombre reservado no registra requerimientos judiciales pendientes.

Que a folio 9, informa Daniel Baltra Goity, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, piso menos uno o zócalo uno, comuna de Valparaíso, Don nombre reservado, ciudadano de Perú, ingresó al país con fecha 28 de agosto de 2008, por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta, por motivos de trabajo.

Con fecha 18 de diciembre de 2008, la Gobernación Provincial de Tocopilla otorgó una visa sujeta a contrato al recurrente, por un período de 1 año, en calidad de titular y con vigencia hasta el día 21 de enero de 2010.

Posteriormente, y tras haber otorgado una serie de visas de residencia temporal, con fecha 10 de agosto de 2017, el recurrente solicitó por primera vez el beneficio de la permanencia definitiva en el país.

Con fecha 13 de diciembre de 2017, por medio de Resolución Exenta N°371199, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública otorgó al recurrente la permanencia definitiva en el país.

Que, como consta en Minuta de Viajes, de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de Policía de Investigaciones de Chile, consta que el recurrente salió de Chile con fecha 11 de febrero de 2020 por paso fronterizo Carretera de Chacalluta, y que posteriormente ingresó de nuevo con fecha 12 de diciembre de 2022 por Chacalluta, desde Perú, quedando de manifiesto que estuvo fuera de Chile durante 2 años y 10 días.

Que, con fecha 08 de junio de 2023, Policía Internacional de Investigaciones de Calama notificó la Resolución Exenta que constata la revocación tácita de la permanencia definitiva del recurrente, en virtud de lo señalado en el artículo 83 de la Ley 21.325, por haber permanecido fuera del país por más de 2 años, sin haber solicitado oportunamente la correspondiente prórroga.

Finalmente, no consta ninguna orden de abandono ni expulsión vigente respecto del extranjero.

Informando que la revocación de la residencia definitiva se produce de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto N° 296 que aprueba el Reglamento de la Ley 21.325:

“Artículo 69.- La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite su prórroga ante el consulado chileno respectivo, dentro del término de sesenta días corridos antes del vencimiento de dicho plazo. Esta prórroga se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años.

El Consulado deberá informar al Servicio, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo máximo de treinta días hábiles, el hecho de haberse solicitado esta prórroga. con la finalidad de anotar tal actuación en el Registro Nacional de Extranjeros.”

Agrega el informante que “en cualquier caso, la solicitud de la prórroga del extranjero nunca fue realizada ante el Consulado de Suecia, de tal manera que no se informó nunca al Servicio” (sic)

En lo que respecta a la solicitud de ampliación de residencia fuera de Chile para titulares de permanencia definitiva, la Ley 21.325 se refiere en el artículo 83:

“Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años.”

De lo anterior, es posible concluir que, la regla general para titulares de residencias definitivas en Chile que salen del territorio chileno, mantendrán su beneficio en tanto su estadía fuera del país no sea superior a dos años. Excepcionalmente, y solamente ante la solicitud del interesado ante el consulado respectivo para prorrogar la residencia por un plazo que exceda los dos años, se evitará el efecto – que opera por el solo ministerio de la ley – de revocar tácitamente la residencia definitiva.

Luego, habiendo constatado que el recurrente salió de Chile el día 11 de febrero de 2020, como indica también el timbraje en su pasaporte acompañado por la contraparte a su presentación, el plazo oportuno para realizar la solicitud de prórroga era entre el día 12 de octubre de 2022 y 12 de diciembre de 2022, considerando que ese día se cumplió el plazo de 2 años de residencia fuera de Chile.

Así las cosas, habiendo no enviado la solicitud con fecha 13 de diciembre de 2022, esta se encontraba fuera de plazo, y por como lo indica la Ley citada, la permanencia definitiva, por el solo ministerio de la ley, fue revocada tácitamente con esa fecha, lo que posteriormente se constató por medio de notificación de fecha 08 de junio de 2023, de Policía Internacional de Investigaciones de Calama, cuestión que sí es tarea del Servicio Nacional de Migraciones, según el inciso final del artículo 69 del Decreto 296:

“Ahora bien, no obstante el carácter tácito de esta revocación, y del cual se deriva como consecuencia que basta el mero transcurso del lapso indicado en el inciso anterior para entender cesado el permiso de residencia definitiva por el solo ministerio de la ley, el Servicio deberá emitir, dentro del más breve plazo, una resolución que constate tal revocación, la que deberá ser incluida en el Registro Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de la derivación que corresponda hacer, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Policía de Investigaciones de Chile.”

Por otro lado, al ingresar al país, es la Policía de Investigaciones como autoridad contralora de fronteras quien se debe encargar de constatar si es que existen prohibiciones de ingreso respecto de una persona, luego, verificar la calidad en que un extranjero ingresa al país. Lo anterior, en cuanto el artículo 166 de la Ley 21.325 lo indica.

Su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella en lo aplicable al caso, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, pide, en consecuencia, el rechazo del recurso.

Que por resolución judicial de folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Y CON LO RELACIONADO, CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que sobre la existencia de los actos que motivan la interposición del recurso no existe discusión, corresponde a que se ha revocado tácitamente la visa de residencia definitiva al recurrente, por parte de la autoridad migratoria recurrida, resolución notificada por la Policía de Investigaciones con fecha 08 de junio de 2023.

SEGUNDO: Que, según plantea el actor, las autoridades recurridas incurrieron en infracción a la Ley N° 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen la actuaciones de los Órganos de la Administración del Estado, toda vez que le fue notificada la resolución de revocación sin que la precediera un procedimiento administrativo en que se le permitiera oponerse, ni presentar los antecedentes que habrían permitido justificar una decisión distinta, debido a que por razones de pandemia, cierre de fronteras y del Consulado, restricciones de movilidad, haber sufrido la pérdida de su primer pasaje de retorno por encontrarse padeciendo la enfermedad generada por el virus de Covid 19 y del segundo intento de retorno por no contar con los medios económicos que le permitieran financiar su permanencia en una residencia sanitaria, todas circunstancias imprevisibles y ajenas a su voluntad, afectándose con ello, por las recurridas las garantías de igualdad ante la Ley y de igual protección en el ejercicio de sus derechos.

TERCERO: Que la recurrida Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción constitucional toda vez que en su concepto la revocación tácita de la residencia definitiva opera de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería en concordancia con el artículo 26 de su reglamento contenido en el Decreto 296 de 12 de febrero de 2022.

CUARTO: Que, la Ley N° 21.325 señala en su artículo 83 en que consiste la revocación tácita de un permiso de residencia definitiva, bajo el siguiente tenor: “Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años”.

QUINTO: Que, el artículo 45 del Código Civil establece que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

SEXTO: Que, es un hecho público y notorio que la pandemia del Covid-19, conllevó la adopción de medidas restrictivas del libre desplazamiento de las personas, así como también el cierre de fronteras y de los Consulados de Chile en el Exterior, salvo para la obtención de documentación necesaria para retornar al país, circunstancia que constituye un caso fortuito o fuerza mayor, el que ha afectado gravemente a nuestro país y sus habitantes y a nivel mundial, tanto nacionales como extranjeros, existiendo, a juicio de esta Corte, elementos suficientes para tomar medidas excepcionales con la finalidad de resguardar los derechos de los interesados.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, es dable tener presente, además, las circunstancias y razones invocadas en el recurso por las cuales el recurrente no pudo impetrar la solicitud de prórroga de la signada residencia ante el consulado de Chile en Perú, estimándose aquéllas como plausibles, dada la situación de caso fortuito en que el recurrente se encontró inserto.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, del tenor de su informe se desprende que el actuar del Servicio Nacional de Migraciones en la dictación de la resolución de revocación de residencia definitiva omitió el cumplimiento de los artículos 1° y siguientes de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en abierta infracción a los principios de escrituración y contradictoriedad, sin considerar ni menos valorar de modo alguno de las alegaciones formuladas por el recurrente, privándolo, además, de la oportunidad de rendir prueba a efectos de justificar que no pudo dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 83 antes citado, dada la especial situación de caso fortuito en que se encontraba inserto, por cuanto la emergencia sanitaria le impidió un retorno oportuno al país, y acarreó dificultades para la realización de los respectivos trámites, afectándose el funcionamiento de los servicios públicos y la normal circulación de la población en general, tornándose en una situación anormal, lo que ameritaba, por tanto, la adopción de medidas extraordinarias.

NOVENO: Que, en efecto, el principio de igualdad ante la ley -por equiparación- indica que quienes están en símiles circunstancias deben ser tratados de la misma forma -situación jurídica equivalente-, cuestión que no se tuvo en cuenta por parte de la autoridad recurrida.

DÉCIMO: Que si bien al Estado le corresponde decidir la situación migratoria de los extranjeros, sus actuaciones tienen como límite el respeto de la esencia de las garantías constitucionales, entendiéndose que las restricciones deben ser necesariamente aplicadas para proteger los derechos fundamentales, debiendo adecuar sus actos al principio de proporcionalidad a fin de garantizar el derecho fundamental.

UNDECIMO: Que, la revocación de la residencia definitiva del actor, resuelta sin previo y especial procedimiento administrativo, en infracción además a la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, no consideró las razones de fuerza mayor en que se vio inserto el administrado, las que le fueron inimputables, por lo que se torna arbitraria la resolución recurrida por no resultar razonable y, por tanto, al mismo tiempo, ilegal.

DUODECIMO: Que de esta forma, el actuar de la recurrida implicó desconocer las dificultades que impidieron al recurrente la realización de las solicitud de prórroga administrativa en circunstancias de emergencia sanitaria, lo que se traduce en una ausencia de razonabilidad y vulneración de la garantía de igualdad ante la ley -artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República-, desde que lo deja en una situación de desmedro respecto de otros inmigrantes que se encontraron en el territorio nacional.

DÉCIMO TERCERO: De igual manera, conforme a la resolución adoptada se le ha impedido que pueda ejercer libremente su derecho a trabajar, toda vez que aquel está vedado para quienes detentan visa de residencia transitoria.

DÉCIMO CUARTO: Que los razonamientos expuestos con antelación, Implican que el presente arbitrio constitucional será acogido en la forma en que se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado que rige la materia y artículo 20 de la Carta Fundamental se acoge, sin costas, la acción constitucional presentada por don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones y del Servicio Nacional de Migraciones, dejándose sin efecto la resolución que tuvo por revocada su residencia de permanencia definitiva, ordenándose a la autoridad migratoria la realización del procedimiento administrativo, en cumplimiento de la normativa establecida en la Ley N°19.880, en que se emplace al administrado y se le permita efectuar alegaciones y rendir la prueba que estime pertinente, a objeto de acreditar el impedimento que le afectó para solicitar la prórroga de su permanencia en el exterior y/o para hacer ingreso al territorio nacional dentro del plazo de dos años que contempla la Ley N° 21.325.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-22111-2023.