nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, representante legal de Lesmar y Cía Limitada, hoy Buceo Comercial nombre reservado Limitada, quien deduce acción de protección en contra de don nombre reservado, por los actos ilegales, arbitrarios y abusivos que actualmente está cometiendo y que le provocarían privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en el año 1991, constituyó la sociedad Lesmar y Cía Limitada (hoy, Buceo Comercial nombre reservado Limitada), dedicada a la actividad de servicios submarinos, siendo esta, su PYME, su sustento de vida; prestando servicios a empresas importantes de nuestro país.

Indica que con fecha 12 de junio 2018, a través de su sociedad celebró un contrato de arrendamiento, en calidad de arrendatario con nombre reservado Inmobiliaria e Inversiones EIRL, representada legalmente por el recurrido, quien a su vez es Gerente General de las empresas denominadas Ingeprev y Naviera Caleuche; en calidad de arrendadora, sobre el inmueble situado en domicilio reservado, con la finalidad de ejercer su giro mercantil. En la cláusula tercera de dicho contrato, se estipuló que el arrendamiento tendría un plazo de duración de 2 años, comenzando a regir desde el 18 de mayo 2018 hasta el 31 de abril 2020.

Explica que debido a una serie de incumplimientos, de parte del recurrido, con fecha 2 de mayo 2020, le notificó mediante carta, su intención de ponerle término al contrato de arrendamiento, siendo aceptado por él con fecha 18 de mayo 2020, al recibir las llaves del inmueble.

Señala que luego, con fecha 5 de mayo 2020, sin previa consulta, sin haber manifestado su aceptación al término de contrato y, sin haber alegado incumplimiento contractual, ni probado perjuicios en juicio declarativo, el recurrido le aplicó unilateralmente, la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, la cual reza: “En la eventualidad que cualquiera de las partes, ponga término al presente contrato sin o con causa legal, deberá pagar a la contraria una indemnización por el tiempo que falte para el término del contrato”, y así emitió la factura N° 345, por la cantidad de $14.313.797, señalando expresamente en su glosa: “Indemnización por incumplimiento de contrato por los meses devengados, desde junio del 2020 hasta abril del 2022, en consecuencia a carta de término de contrato recepcionada.”

Precisa que tomó conocimiento de la factura emitida, con fecha 8 de junio 2020, y, luego, con fecha 12 de junio del mismo año, objetó y denunció al Servicio de Impuestos Internos dicho documento electrónico. Posteriormente le solicitó al recurrido, vía correo electrónico, con fecha 13 y 16 de junio 2020, la respectiva nota de crédito de la factura indebidamente emitida y una reunión para zanjar diferencias, la que fue negada.

En este contexto, con fecha 18 de junio del presente, el recurrido le reenvía con copia a la jefatura de la Empresa Enap Refinerías, su principal cliente, y con quien mantiene relaciones de negocios desde hace tres años, un mensaje electrónico profiriendo las siguientes amenazas: “Paulina, mañana hablaré con los abogados del staff, y con señor nombre reservado, dependiendo de lo que rescatemos de la situación, puedes elevar la situación a prensa Enap, y las siguientes personas…”

Añade, que días después, con fecha 23 de junio, recibió un mensaje electrónico por parte del Jefe de Aprovisionamiento de Enap Refínerias S.A., con graves denuncias realizadas en su contra por el recurrido, señalándole: “he recibido comunicación reiterada de parte del Sr. nombre reservado, Gerente General de Ingeprev y Naviera Caleuche, para informarnos que Lesmar mantendría una deuda con nombre reservado Inmobiliaria e Inversiones EIRL, con ocasión de un contrato de arrendamiento que habría existido entre las empresas. Al respecto, solicitamos que pueda resolver en algún sentido este asunto que no es responsabilidad ni del alcance de Enap Refinerías S.A., pero que se está viendo involucrada y debiendo destinar tiempo en reuniones con el Sr. nombre reservado y correos que remite. Esperamos que la relación comercial que mantenemos sea ajena a este tipo de comunicaciones por parte de terceros.”

Expresa que al estar cometiendo los hechos denunciados, el recurrido vulnera los derechos establecidos en los numerales 1, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción adoptando las siguientes medidas: a) prohibir a don nombre reservado, que continúe denunciando a Enap Refinerías S.A., supuestos actos de incumplimiento contractual, por parte de él y su empresa; b) ordenarle que se abstenga de proferir amenazas en su contra, y comunicar a personas relacionadas con él, y al público en general, supuestos actos de incumplimiento, o hecho cualquiera que tienda al descrédito y afectación de su honor y su empresa; c) cualquiera otra medida que se estime pertinente; y, d) decretar que lo anterior, es bajo apercibimiento expreso de incurrir la recurrida en delito de desacato en caso de contravención, todo ello con costas.

A folio 8, evacua informe la parte recurrida, don nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción, por cuanto no ha existido actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente vulneración alguna.

Indica que efectivamente entre las partes se celebró un contrato de arrendamiento con fecha 12 de julio 2018, pero que ésta no es la instancia o mecanismo para reclamar los incumplimientos que el recurrente indica haber sufrido. Luego, en cuanto a la factura N° 345, indica que esta fue emitida y correctamente recepcionada y jamás objetada, pues se trata de una obligación que tiene como fuente un contrato de arriendo, por lo tanto, su cobro no es por la mera deliberación de la empresa.

Seguidamente, en relación al correo electrónico enviado a la empresa Enap, refiere que tampoco ha sido de forma antojadiza, sino que más bien obedecen a una triangulación que se da entre las entidades, pues precisamente el contrato de arrendamiento dice relación con un inmueble en donde el recurrente desarrollaba servicios para la empresa Enap, en consecuencia, el correo electrónico enviado fue precisamente porque dicho ente estatal no es simplemente un tercero ajeno a lo sucedido.

Precisa que el hecho de haber tomado contacto con la empresa Enap, no puede ser provocador de una vulneración de derechos que pueda ser objeto de una acción de protección, pues su parte jamás ha pretendido discutir la aplicación de una cláusula contractual, es más, solamente se ha limitado a ejecutar el contrato celebrado como corresponde. Por lo demás, Enap, de igual forma hubiese tomado conocimiento de los incumplimientos contractuales del recurrente, ya que existen títulos ejecutivos de por medio. Añade que la comunicación alegada por la recurrente, no se realizó de forma antojadiza ni deliberada, ni menos con el afán de vulnerar garantía constitucional alguna, si no que su objetivo fue indagar una posible solución por medio de la empresa Enap y, que a mayor abundamiento, se trata de una comunicación interna entre las empresas involucradas y que en ningún caso tienen un carácter público.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, de los hechos relatados en la acción interpuesta y, del informe respectivo, no es posible deducir actuaciones que tengan o reúnan las características propias de un recurso de protección, toda vez que se discuten supuestos temas contractuales entre las partes y, como consecuencia de la mismo, hechos que podrían tener características de un delito, cuya competencia le corresponde al Ministerio Público.

Tercero: Que así las cosas, la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, no siendo la vía idónea para conocer y resolver materias propias de un juicio de lato conocimiento, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen convenientes para lograr el establecimiento de sus pretendidos derechos.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, representante legal de Lesmar y Cía Limitada, en contra de don nombre reservado.

Notifíquese, comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-22.091-2020.-