Protección contra Inspección Provincial del Trabajo y del Inspector de la misma institución

Foja: 54 Cincuenta y cuatro.

Cgv C. A. de Valparaíso.

Valparaíso, cuatro de julio de dos mil diecisiete.

Visto Que, a fojas 16 comparece don Emilio Merhe Fernández, abogado, quien actúa en representación de la Sociedad Evercrisp Snack Productos de Chile S.A., e interpone recurso de protección, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo y del Inspector de la misma institución, nombre reservado.

Señala que los hechos que expondrá latamente vulneraron su Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, garantía consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la Republica.

Indica en su relato que con fecha 02 de marzo del presente año, en el marco de una fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo, realizada por el Inspector nombre reservado, se sancionó a su representada al pago de una multa de 60 UTM mediante resolución 1737/17/10.

En la aludida resolución, el fiscalizador constata, en síntesis, que existe trabajadores excluidos del límite horario de 45 horas, los cuales atendida sus funciones, supervisión directa funcional y estipulaciones en sus contratos, no se ajustan a los requisitos.

En dicho orden de ideas, fundado en el supuesto fáctico descrito e invocando los artículos 22 inciso 1º, en relación con el artículo 42 letra a y 506 del Código del Trabajo, los recurridos sancionan a la empresa recurrente.

En su concepto la multa impuesta es improcedente por cuanto el fiscalizador, para llegar a su decisión realiza la interpretación de 2 obligaciones contenidas en cláusulas del contrato, a saber, “cargar la mercadería para la venta del día” y “Hacer rendición de la venta diaria en la sucursal”.

Señala que a partir de estas 2 cláusulas, el fiscalizador infiere la existencia de una supervisión funcional directa. Entendió por tanto el fiscalizador que excluir de la limitación horaria a los aludidos trabajadores, pugna con la aplicación práctica de estas cláusulas.

Asegura el recurrente que el fiscalizador excede de sus facultades ya que, determinar el sentido y alcance de las cláusulas contractuales, es una labor exclusiva de los Tribunales de justicia. En el mismo sentido, señala que el fiscalizador no constató simplemente una situación fáctica que diera origen a la multa, sino que previo a eso debió interpretar una determinada cláusula contractual.

Sostiene que las aludidas clausulas han sido pactadas autónomamente por las partes del contrato y en dicho mérito no corresponde a la Inspección del Trabajo analizar la pertinencia o procedencia de ellas. Agrega que además la labor fiscalizadora es totalmente incompleta toda vez que sólo analiza las labores de preparación de los pedidos y rendición de cuenta, pero nada dice de la forma en que se desarrolla la venta misma. Por lo anterior, sostiene que la decisión pasa a ser arbitraria, toda vez que el fiscalizador entiende un trabajador no pude excluirse de la limitación del artículo 22 por el solo hecho de tener que cargar mercaderías al iniciar la jornada y rendir cuentas al finalizar su gestión.

En resumen, los recurridos han efectuado una labor jurisdiccional que culmina con el castigo de multa de su representada, lo que redunda en el sometimiento a una comisión especial.

Concluye que La Dirección el Trabajo no se ha ceñido al principio de legalidad, al haber excedido sus atribuciones, convirtiéndose, en los hechos, en una comisión especial.

Por lo expuesto, solicita decretar que los recurridos han incurrido en un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de garantías constitucionales a su representada. Asimismo, solicita se deje sin efecto la resolución aludida y adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho.

Que, a fojas 35, informa la institución recurrida, Inspección Provincial del Trabajo, señalando que en la fiscalización se pudo constatar que los vendedores de la empresa recurrente realizan sus labores excluidos del límite de jornada laboral, esto es, bajo el amparo del artículo 22 del Código del Trabajo.

Alega en primer término la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido. Indica que las sanciones de la Dirección del trabajo se pueden impugnar por dos vías, a saber, procedimiento judicial y reclamación administrativa de la multa. Señala que al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, el que dispone que “la resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el juez e Letras el Trabajo…” Entiende que la expresión “será” lleva implícita la obligatoriedad de seguir dicho curso previsto por el legislador.

En el mismo sentido, apunta que el ordenamiento contempla la posibilidad de reclamar, mediante el correspondiente procedimiento administrativo, al superior jerárquico de quien impuso la multa; reservando incluso la posibilidad de acudir a la vía judicial una vez obtenido el resultado de la vía administrativa, tal como lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

En relación al fondo, informa que lo constatado por el fiscalizador goza de presunción de veracidad, efecto jurídico que sin duda podría diluirse al apreciar la prueba conforme a las reglas del auto acordado sobre tramitación del recurso de protección. En este sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema, en autos Rol 1003-2004 en que indicó que “no resulta procedente en sede de protección resolver una controversia que recae en situaciones de hecho en que la Ley ha dispuesto una presunción de veracidad, toda vez que estas deben resolverse en la instancia…”.

Asegura que el actuar del fiscalizador y de la Inspección Provincial se han ajustado a la legalidad vigente por lo que no constituyen acto arbitrario ni ilegal alguno.

Por último, hace presente que la multa impuesta nace de un acto administrativo y, en dicha calidad no resulta posible afirmar que se ejerza jurisdicción alguna. En el mismo orden de ideas, la resolución se enmarca en la función de un Servicio Público destinado al efecto, por lo que difícilmente podría sostenerse que constituye una comisión especial que intente ejercer jurisdicción.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado informe y en definitiva rechazar la acción, con costas.

A Fojas 42, el fiscalizador recurrido, nombre reservado, adhiere a los antecedentes informados por el Inspector Provincial, sin hacer agregaciones de ninguna índole.

Por resolución de fojas 43, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el recurrente sostiene haber sido vulnerado en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que entiende que habría sido sancionado por una comisión especial, puesto que el ente fiscalizador no tendría la facultad de interpretar las cláusulas del contrato de trabajo, por lo que la multa cursada sería ilegal y arbitraria.

Tercero: Que atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los intervinientes y lo informado por la recurrida, entienden estas sentenciadoras que la vía procesal escogida por el actor para efectuar sus alegaciones, no sería la idónea, por cuanto se sustenta en una eventual infracción a la interpretación contractual de cláusulas del contrato de trabajo que efectúa el fiscalizador de la Institución recurrida, lo que conlleva a cursarle una multa, cuestión que necesariamente es de conocimiento propio de un juicio ordinario, contradictorio y de lato conocimiento, motivo el cual la presente acción constitucional será rechazada conforme se dirá en su parte resolutiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 16 por don Emilio Merhe Fernández, en representación de la Sociedad Evercrisp Snack Productos de Chile S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo y del Inspector de la misma institución, nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Nº protección 2208-2017.