nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio 1 comparece Loreto Díaz Aedo, abogada, por don nombre reservado, Cabo 1° de Carabineros, en representación de su hija menor de edad doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, por los actos contenidos en los documentos electrónicos Nro.178005472 y Nro.189529994, notificado este último documento el 24 de agosto de 2023, por medio del cual rechazó recurso de reconsideración en contra de la Orden Nº 28 de fecha 10 de febrero de 2023, que constituiría el otro acto recurrido, que ordenó su traslado.

Indica que se trata de la Orden N° 28 de fecha 10 de febrero del año 2023, que dispone el traslado del recurrente a contar del día 16 de enero del año 2023, desde la 6ta. Comisaria de Carabineros de la Prefectura de Marga Marga Nro. 10, a la Subcomisaria Tierra Amarilla de la 2° Comisaria de la Prefectura Atacama Nro. 5, Región de Atacama. Se manifestó no conforme e interpuso ante la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile recurso de reposición con apelación subsidiaria, conforme a lo señalado en el art. 59 de la Ley Nro. 19880, el cual fue rechazado por medio de los actos administrativos contenidos en los documentos electrónicos N° 178005472 y Nro. 189529994, ambos de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, de lo cual fue notificado con fecha 24 de agosto del presente año, vulnerando con dicha decisión las garantías del artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que no se opone al traslado de Unidad, pero apela a un traslado que no lo aleje en demasía de su grupo familiar y con ello afectar la unión de su familia, velando, sobre todo, por el estado de salud psíquica de su hija.

Señala que, a raíz de haber sido dado de baja de la institución en el año 2021, su hija de 7 años en esa fecha, nombre reservado, presenció su detención en la vía pública, mientras se desplazaba a bordo de su vehículo particular. Luego de ser absuelto, fue reincorporado a la institución reiniciando sus funciones el 30 de enero del presente año.

Su hija, de 9 años actualmente, se encuentra sometida a un tratamiento psicológico, debido a las repercusiones psicológicas producto de haber presenciado la detención de su padre en la vía pública. Se trató de un hecho traumatizante para su hija, sin que se haya podido mejorar.

Su pareja también resultó afectada psicológicamente, lo cual se encuentra debidamente acreditado por medio de un peritaje psicológico elaborado por una profesional de la psicología, durante el mes de agosto del año 2021 y en el cual también se da cuenta de la afección psicológica sufrida por su hija, quien a diferencia de su madre, no ha podido superar dichos eventos traumáticos hasta la fecha.

Le preocupa el traslado desde Villa Alemana, donde se encuentra radicada su familia y la actual Comisaría donde presta sus servicios, hasta la comuna de Tierra Amarilla, ubicada en la Región de Atacama, distante aproximadamente a 748 (setecientos cuarenta y ocho) kilómetros, tomando 9 horas un viaje por vía terrestre.

Su alejamiento perjudicará el avance y continuidad del tratamiento psicológico de su hija. La psicóloga tratante señaló que la menor requiere de la presencia y contención de ambos padres para su recuperación y en el caso de tener que desplazarse a otra ciudad, esto afectaría la continuidad y evolución de su tratamiento psicológico, ya que, de reiniciar un nuevo tratamiento, esto podría ocasionar una revictimización respecto a los hechos acontecidos y retrasar su recuperación. Siendo lo más recomendable, que continúe su tratamiento con el facultativo que ya la está tratando, más aún, si consideramos que la paciente en este caso se trata de una menor de edad.

Repuso y apeló en subsidio en contra de la decisión que ordenó su traslado. Solicitó expresamente que se dejará sin efecto el traslado dispuesto y que fuera destinado a otra Comisaría dentro de la Región de Valparaíso o bien, que fuese trasladado a alguna Comisaría dentro de la Región Metropolitana. El recurso fue rechazado, aduciendo que el traslado fue dispuesto debido al déficit de dotación que registra la Subcomisaria Tierra Amarilla. No hubo pronunciamiento ni se le dio tramitación a la apelación subsidiaria solicitada.

Pidió a la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, que se pronunciara al respecto, sin éxito.

En cuanto al derecho cita los artículos 1, en relación con el valor de la familia, la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con la vulneración al interés superior del niño.

Indica que, tanto el acto administrativo que dispone el traslado, como aquellos que se pronuncian respecto al rechazo del recurso administrativo presentado, por medio solo del señalamiento de conceptos como; déficit de dotación, políticas y estrategias, aplicación del Manual de Traslados, no resulta suficiente para fundamentar o motivar los actos administrativos impugnados.

Refiere que los actos impugnados son ilegales y arbitrarios, al no observarse los artículos 11 y 41 inciso cuarto primera parte de la ley de bases del procedimiento administrativo N° 19.880. Además, los actos fueron dictados exentos de racionalidad y fundamento, siendo arbitrarios, toda vez que contravienen el Manual de Traslados para el personal de Carabineros de Chile.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala el Artículo Nro. 19 inciso 1 y 2 del número 1, que garantiza “El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer.” Los incisos 1° del numeral 2°, que garantiza "La igualdad ante la ley” señalando y precisando, en el inciso 2°, que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias" Solicita finalmente que se acoja el recurso y se deje sin efecto la Orden Nº 28 de fecha 10 de febrero de 2023, de la Dirección del Personal de Carabineros, y de los actos administrativos contenidos en los documentos electrónico Nro. 178005472 y Nro. 189529994, todos de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, dejando sin efecto su traslado a la Subcomisaria Tierra Amarilla, dependiente de la 2da. Comisaría de la Prefectura de Atacama Nro. 5, disponiendo su traslado a otra Unidad dentro de la Región de Valparaíso o bien, dentro de la Región Metropolitana; el pago de las costas y demás medidas que se estimen pertinentes.

Informa en autos la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que el Cabo 1º nombre reservado ingresó a la Institución el 16.01.2010 como Carabinero Alumno, siendo nombrado con el grado de Carabinero el 16.01.2011 y destinado a la 6ª Comisaría de la Prefectura Marga Marga Nº 10. Así, mediando varias destinaciones más, el 02.01.2015, fue trasladado a la 12ª Comisaría de la Prefectura Santiago Sur, para luego retornar con fecha 02.01.2017 a la 6ª Comisaría de la Prefectura Marga Marga Nº 10, permaneciendo en dicha Unidad policial los últimos 05 años.

Durante el tiempo que prestó servicios en su última Repartición, el recurrente fue sometido a un proceso disciplinario, por el que se instruyó el Sumario Administrativo Rol Nº 15831, de la Prefectura Marga Marga.

En forma paralela, el Mando de Repartición, por medio de la Resolución Exenta Nº 358, de 17.08.2021, dispuso la baja de las filas de la Institución, por conducta mala, con efectos inmediatos del referido funcionario, a contar del 18.08.2021, quedando supeditada dicha medida al término del proceso sumarial.

Por medio del Dictamen Nº 15831/ 1, de 02.12.2022, el Mando de la Prefectura Marga Marga, determinó dejar sin efecto la baja inmediata, por conducta mala, del ex -Cabo 1º nombre reservado, sin aplicar a su respecto ningún reproche administrativo, siendo rehabilitado.

Por la Orden Nº 28, de 10.02.2023, de esta Dirección Nacional de Personal, publicada en el Boletín Oficial Nº 5048, de 13.02.2023, se dispuso el traslado de diferentes funcionarios, entre ellos del recurrente, a contar del 16.01.2023, con los derechos reglamentarios, desde la 6ª Comisaría de la Prefectura Marga Marga Nº 10, a la Subcomisaria Tierra Amarilla de la 2ª Comisaría de la Prefectura Atacama Nº 5. El 15.02.2023, la 6ª Comisaría de la Prefectura Marga Marga Nº 1O, notificó personalmente al funcionario del contenido íntegro de la Orden Nº 28, de 10.02.2023, manifestándose no conforme y haciendo uso de la instancia reglamentaria que le asiste.

El 21.02.2023, presentó solicitud de reconsideración, con apelación en subsidio, la que fue resuelta por Orden del Director Nacional de Personal a través del documento electrónico N.C.U. 178005472, de 27.02.2023, del Departamento (P.2.), denegándose su solicitud, toda vez que dicho movimiento obedeció a un estudio del déficit de personal a nivel nacional, conforme a los criterios y directrices establecidos en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, aprobado por la Orden General Nº 2707, de 13.11.2019, de la Dirección General de Carabineros.

El 08.03.2023, se intentó notificar a la abogada del actor, quien se negó a serlo, por faltar la resolución de la apelación en subsidio. En ese contexto, mediante el documento electrónico N.C.U. 189529994, de 21.08.2023, el Departamento (P.2.), por Orden del Director Nacional de Personal, complementa su símil N.C.U. 178005472, de 27.02.2023, y reitera que no es factible acceder a la solicitud planteada, en atención a que la Unidad policial de destino se encuentra con un Índice de Cobertura de Demanda Policial (I.C.D.P.) inferior al promedio nacional, contando también con un déficit de personal lo que se traduce en una demanda superior a la oferta de que dispone dicha Unidad. Asimismo, agrega que, en materia de traslado del personal de Carabineros, dicha prerrogativa corresponde a una facultad delegada de la Máxima Autoridad Institucional a este Director Nacional de Personal, de modo que el recurso de reposición agota la vía administrativa, no siendo procedente ejercer el recurso jerárquico en la hipótesis planteada.

En vista de lo anterior, el 24.08.2023 se notificó en forma personal a la apoderada del Cabo 1º nombre reservado, según consta en Acta de la 3ª Comisaría de la Prefectura Santiago Central, del traslado dispuesto.

Precisa que el funcionario no ha sido despachado aún al lugar de su destinación, por cuanto éste se encuentra haciendo uso de licencia médica, presentando su última licencia médica el 20.10.2023, por 28 días de reposo.

Refiere que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional.

El artículo 31 de la Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, lo que se ve reafirmado en el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, Nº 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal.

El Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General Nº 2.707, de 13.11.2019, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor y determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio.

Es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor.

Refiere que la facultad del Mando de Carabineros de Chile de efectuar los traslados de los funcionarios de la Institución se ejerce teniendo en consideración la idea de evitar la disgregación familiar y la preeminencia del principio protector de la familia, consagrado en nuestro Código Político, y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Manifiesta que las circunstancias que aduce el recurrente no resultan determinantes para su traslado, con miras a cubrir las necesidades de personal en las diferentes Unidades del país, de conformidad a las prevenciones contenidas en el Manual de Traslados del Personal de Carabineros de Chile, el cual se refiere a la figura del cónyuge y/ o conviviente civil.

Luego, respecto a la alegación relativa al interés superior del niño, indica que la Convención sobre Derechos del Niño, establece efectivamente que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas deberán considerar en forma primordial el interés superior del niño, principio que Replica el Manual de Traslado para el Personal de Carabineros de Chile, en el Capítulo 11, acápite 2.4.2. No se afecta tal interés, más aun cuando la destinación implica el traslado a una locación que cuenta con los servicios públicos y privados que le permitirían desarrollar al máximo su bienestar y el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos.

En cuanto a las circunstancias relativas a la situación de salud de la hija del recurrente, quien se encuentra bajo tratamiento psicológico, y de su actual pareja, tampoco se presentan como un verdadero obstáculo insalvable para la vida familiar, ni constituyen un impedimento para el traslado, pudiendo realizar y continuar los tratamientos médicos que su núcleo familiar directo puedan necesitar, en las mismas condiciones que las reciben actualmente en el lugar de su nueva destinación, existiendo, asimismo, una red de salud institucional a lo largo del país, del cual pude hacer uso en razón del especial sistema previsional y de salud al cual adscribió de pleno derecho, por ser integrante del Escalafón de Orden y Seguridad, y, en específico el "Centro Médico y Dental Copiapó" de la Zona de Carabineros Atacama.

Sobre la imposibilidad de viajar a Villa Alemana, eso no es efectivo, ya que está entre aquellos funcionarios respecto de los cuales se verifica el traslado "con los derechos reglamentarios", tales como, pasajes, fletes e indemnización por cambio de residencia, conforme a la Orden Nº 28, de 10.02.2023, de esta Alta Repartición, los cuales son asumidos financieramente por el Fisco, de manera que desaparece el argumento de la disgregación familiar y revela que la garantía invocada en caso alguno se ve conculcada por la decisión impugnada.

Sobre la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 2, incisos primero y segundo, de la Constitución Política de la República, señala que los documentos electrónicos recurridos consignan los fundamentos de hecho y derecho que, por motivos operativos, permiten a la autoridad competente destinar al personal a las diversas Zonas del país, toda vez que se consideró la necesidad institucional de reducir el déficit de personal y el aumento de la oferta operativa de la Unidad policial de destino, en aras del mejoramiento de la labor operativa de esta Institución Policial, de tal manera que los actos se encuentran debidamente fundados.

En relación con la falta de pronunciamiento de la instancia de la "Apelación" interpuesta en carácter de subsidiaria a la "Reposición" del traslado del funcionario, señala que aquello constituye una errónea interpretación de la decisión adoptada, y un notorio desconocimiento de la normativa legal y reglamentaria que rige en materia de traslados del Personal de Carabineros de Chile, por cuanto, los documentos electrónicos N.C.U. 178005472, de 27.02.2023, y N.C.U. 189529994, de 21.08.2023, emanados del Departamento Personal Nombramiento Institucional (P.2.), fueron emitidos por Orden de la Autoridad recurrida, siendo una facultad delegada en la Dirección Nacional de Personal el trasladar al personal de Carabineros y sólo procederá recurso jerárquico o de apelación si el delegante tiene un superior y para ente él.

Expresa que el actor carece de derecho indubitado, que sería la inamovilidad del cargo que actualmente desempeña en su Unidad de origen, utilizando la vía de protección como una instancia.

Concluye que el traslado del Cabo 1º nombre reservado, nombre reservado, desde la 6ª Comisaría de la Prefectura Marga Marga Nº 10, a la Subcomisaría Tierra Amarilla de la 2ª Comisaría de la Prefectura Atacama Nº 5, fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se está en presencia de un actuar arbitrario de la autoridad, no existiendo la vulneración esgrimida por el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, la decisión adoptada por la recurrida al disponer el traslado del recurrente a una Comisaría distinta a aquella en la que presta funciones, se encuentra prevista en el artículo 31 de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, el que establece que: “Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros, destinar al personal en los diversos cargos y empleos, según los requerimientos de la función policial”. Asimismo, el artículo 10 inciso 1º del Reglamento Nº 9, sobre Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, previene que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, agregando, el inciso 2º del precepto anteriormente citado, que los concernientes al Personal de Nombramiento Institucional, calidad que precisamente detenta el recurrente, serán dispuestos por la Dirección Nacional de Personal, por los Jefes de Zona y por los Prefectos, según corresponda.

Luego, el Manual de Traslados para el personal de Carabineros, contenido en la Orden General N° 2.707 de 2019 refiere en su Capítulo I como interés principal del referido instrumento, el instituir el Proceso Anual de Traslados, ejecutado con dicha periodicidad por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, proceso que se sustenta en “[…] criterios técnicos de optimización del recurso humano, conciliando los intereses institucionales con aquellas variables personales, familiares, sociales, económicas, o de cualquier otra índole, que pudieran afectar al personal al momento de ser trasladado, velando por el cumplimiento del Principio de Continuidad de la Función Pública”.

El mismo instrumento aborda en su Capítulo II, las consideraciones especiales para la toma de decisiones, estableciendo en su numeral 2.1. sobre las “Obligaciones del Personal de Carabineros de Chile que: “Todo miembro de la institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del Servicio, planificación estratégica institucional y/ o criterios establecidos en el presente Manual.

Dicha obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, entre las cuales destaca la facultad que tienen los órganos institucionales competentes para disponer los traslados que sean necesarios a los fines e intereses institucionales.”

El numeral 1.2 del referido Manual, puntualiza cuáles son los aspectos básicos de la ejecución del Plan de Traslados, refiriendo entre ellos, la identificación de la demanda de recursos humanos, evidenciada por las metodologías institucionales vigentes, como también los tiempos máximos cumplidos en guarniciones como en zonas de tratamiento especial. Este último criterio de la letra f) del numeral 2.4.1, que instituye entre los criterios para la toma de decisiones la evaluación de las “Condiciones actuales” señalando que: “Evaluación de permanencia de un Carabinero en un determinado cargo y/o lugar de trabajo, considerando aquellos tiempos de permanencia desarrollados en el presente Manual, entre otros.”

El numeral 2.4.2 incorpora el criterio de “Evaluación de aspectos personales” debidamente calificados y relacionados con el trabajo o estudio de cónyuge e hijos del funcionario afecto al traslado, y la salud personal o de los miembros del grupo familiar” […] fundamentalmente en el caso que alguno de aquellos requiera atención profesional especializada, o por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado o fuera de éste […]”

Finalmente el Capítulo IV sobre “Tiempos de Permanencia”, prescribe la norma general de tiempos máximos de permanencia, indicando 5 años para los oficiales superiores y oficiales jefes; 6 años para los oficiales subalternos; y 10 años respecto del personal de nombramiento institucional.

Tercero: Que, conforme a lo expresado, la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, al disponer el traslado del recurrente, ha actuado en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, enmarcando su accionar conforme a la normativa establecida para la Institución de Carabineros de Chile.

Que, de los antecedentes acompañados, resulta claramente asentado que la medida impugnada se ha dispuesto, en el caso, en el contexto del Proceso Anual de Traslados de Carabineros de Chile, y que el fundamento de la orden en examen, corresponde al ejercicio de la facultad de la autoridad respectiva de Carabineros, a quien le corresponde destinar al personal a los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, de conformidad al artículo 31 de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, en relación con lo regulado por la Orden General N° 2.707 de fecha 13 de noviembre de 2019, que aprobó el nuevo Manual de Traslado para el Personal de Carabineros, cuya finalidad es definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados, para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor, delegando la máxima autoridad institucional dicha potestad en el Director Nacional de Personal, de quien precisamente emana el acto impugnado.

Cuarto: Que, de otra parte, la actora controvirtió el presupuesto fáctico que sustenta tal medida administrativa, en lo medular, sobre la base del arraigo familiar y de la patología psicológica que afecta a su hija de 9 años de edad, acompañando certificado de la profesional tratante.

Quinto: Que de los antecedentes jurídicos y fácticos relacionados, es posible concluir que los traslados del personal de Carabineros se corresponden con el ejercicio de las facultades de la autoridad respectiva de la institución, cuyos miembros por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual, no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y del sistema disciplinado de la institución.

Sexto: Que, dicho principio general, admite por cierto, excepciones, las que deben encontrarse fundadas en razones altamente calificadas, desde que la movilidad atacada resulta consustancial con las condiciones de ingreso a la institución, no vislumbrándose la configuración de las circunstancias excepcionales en el caso de autos.

Séptimo: Que, lo anterior, por cuanto en la especie no se reúnen los elementos que permitan configurar las razones de gravedad requeridas para que opere la excepción en razón de requerir un miembro de la familia “atención profesional especializada, o por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado o fuera de éste” habida cuenta que los certificados de la psicóloga tratante, no resultan suficientes, contestes ni categóricos, para ilustrar el hecho de encontrarse supeditada la situación de salud de la paciente a la permanencia en algún lugar determinado, de tal suerte que, la decisión de traslado de la recurrente aparece totalmente afincada con los antecedentes allegados por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, puesto que en lo atingente al Plan Anual de Traslado se debe colacionar el análisis de los aspectos profesionales y personales de cada involucrado, lo cual, por lo demás, ha sido realizado sobre la base de criterios técnicos y objetivos que alejan toda duda acerca de la arbitrariedad de la decisión, que además se encuentra debidamente fundada y no puede ser considerada ilegal, toda vez que se sustenta no solo en las facultades de la autoridad, sino que también en las circunstancias de buen servicio.

Por ello, cabe destacar que las garantías invocadas en ningún caso se ven conculcadas por la decisión impugnada.

Octavo: Que, por consiguiente, se desprende la legalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se dispuso el traslado cumpliendo con el presupuesto legal del artículo 31 de la Ley Nº 18.961, de modo que no existe una vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes, contemplados en los numerales 1, 2, 3 inciso 5º y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y visto además lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de su hija menor de edad doña nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile.

Acordada la exención de costas con el voto en contra del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, quien fue del parecer de condenar a la parte recurrente, atendido que fue totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-22058-2023.

En Valparaíso, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.