nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, notificado mediante comunicación de 5 de marzo de 2026. Lo anterior, estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el actor, ciudadano venezolano y técnico superior universitario en informática, solicitó la devolución de sus fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual al amparo de la Ley N°18.156. Señala que, la recurrida rechazó dicha petición argumentando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida y que la constancia electrónica de cotizaciones no reemplazaba al certificado de afiliación. Alega que la institución recurrida incurre en una arbitrariedad al desconocer documentos válidos y verificables mediante códigos alfanuméricos en la web oficial del organismo extranjero, imponiendo requisitos de vigencia y formalidades de apostilla que no están expresamente contemplados en la normativa especial.

Sostiene que existe una imposibilidad fáctica de obtener nuevas certificaciones debido a la situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un obstáculo insuperable para el administrado. Argumenta que se cumplen todos los requisitos legales: calidad de técnico, afiliación previsional en el país de origen que cubre vejez, enfermedad, invalidez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación, por lo que la negativa perturba el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, realizar un nuevo pronunciamiento y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

A folio 7, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Indica que el actor no registra trámites administrativos previos ante dicho organismo fiscalizador respecto de esta materia. Sostiene que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo el cumplimiento copulativo de requisitos para acceder a la devolución de fondos.

Alega que la documentación presentada por el recurrente no resulta idónea, toda vez que la constancia del I.V.S.S. data de julio de 2022 y, según la jurisprudencia administrativa, estos documentos tienen una vigencia limitada de 120 días, encontrándose vencida al momento de la solicitud. Asevera que las constancias electrónicas sin firma ni apostilla no cumplen con los estándares de autenticidad exigidos por el Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla para surtir efectos en Chile.

Afirma que no existe vulneración al derecho de propiedad, ya que los fondos mantienen su destino previsional legal, y que la exigencia de acreditación de cobertura previsional efectiva en el extranjero es razonable para evitar que el Estado deba asumir futuras cargas asistenciales.

A folio 8, evacúa informe Ana María Herrera Brümmer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. Arguye en primer término, que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, por cuanto no existe un derecho indubitado del actor, sino una materia de lato conocimiento que debe discutirse en sede declarativa.

Menciona que el actuar de la Administradora de Fondos de Pensiones se ajusta estrictamente a la legalidad y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, al rechazar una solicitud sustentada en documentos vencidos y carentes de las formalidades legales de legalización. Refiere que la constancia de afiliación de julio de 2022 supera con creces los plazos de vigencia administrativa, no permitiendo acreditar cobertura durante toda la estadía en Chile.

Añade que el anexo de contrato de trabajo, suscrito recién en febrero de 2026, resulta extemporáneo y contradictorio frente a una relación laboral iniciada en 2021 donde el actor cotizó regularmente en el sistema chileno sin reserva previa. Asevera que autorizar el retiro a extranjeros con residencia definitiva sin cumplir los requisitos legales genera un perjuicio eventual al erario nacional ante futuras solicitudes de pensiones básicas solidarias.

Finalmente pide el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la comunicación de rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por la calidad de técnico extranjero, fundada en la falta de vigencia y de formalidades de los documentos de afiliación previsional del país de origen, solicitando que se ordene a la recurrida proceder a la devolución de dichos ahorros.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informa que el recurrente no ha realizado trámites ante su sede y defiende la legalidad del rechazo, sosteniendo que la certificación del IVSS estaba vencida y no apostillada.

Por su parte, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. deduce la improcedencia de la vía cautelar al existir controversia de derechos. Argumenta que los documentos no cumplen con la normativa sectorial ni formalidades legales, destacando que el anexo contractual sobre reserva de fondos es extemporáneo respecto al inicio de la relación laboral, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, regula las condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley permite la devolución de fondos siempre que se cumplan dichos requisitos. Asimismo, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones exige que la afiliación se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la "Constancia de Afiliación al I.V.S.S." acompañada por el recurrente data de julio de 2022, habiendo sido legalizada en septiembre de ese mismo año. Al respecto, consta en el informe de la Superintendencia de Pensiones que dichos documentos tienen una vigencia administrativa limitada de 120 días para estos efectos, por lo que, al momento de presentarse la solicitud de devolución en el año 2026, el documento se encontraba vencido y carecía de la actualidad necesaria para acreditar una cobertura previsional efectiva y vigente en el extranjero. El hecho de que el documento sea verificable electrónicamente no suple la exigencia de validez formal de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, según lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, si bien la Ley Nº18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que, vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley Nº18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2198-2026.