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Derecho público chileno

MigraciónRol N° 2175-202516 ene 2026

Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y Subsecretaría del Interior

Fecha
16 de enero de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Quinta
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 2175-2025, sentencia de 16 de enero de 2026

Resumen

Se acoge la protección y se deja sin efecto la resolución que rechazó la regularización extraordinaria, porque carecía de fundamentos de hecho y de derecho, debiendo dictarse una resolución fundada en los antecedentes del actor.

Texto íntegro

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que, a folio 1 se deduce acción de Protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, venezolano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y Subsecretaría del Interior, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° N°NUM000 de fecha 26 de Febrero de 2024 que rechaza la solicitud de regularización extraordinaria por afectar el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que tiene 64 años de edad, y que decide dejar su país de origen motivado a razones personales, laborales y económicas. No llegó al país por turismo o aventura, lo hizo motivado a que en Venezuela la crisis humanitaria que aún se mantiene, hacían que sus derechos esenciales no pudieran ser garantizados. Agrega que se encuentra en el país desde el año 2021 y actualmente reside junto a su grupo familiar el cual está constituido por doña nombre reservado (esposa), doña nombre reservado (hija), doña nombre reservado (hijastra), doña nombre reservado (hijastra) y nombre reservado (nieta)

Indica no contar con antecedentes penales o policiales, ha procurado realizar diversos emprendimientos para contribuir con los gastos familiares y cubrir sus necesidades personales, no constituyéndose así en una carga social para el Estado.

Señala que en el mes de diciembre del año 2022, solicitó a la autoridad migratoria se dispusiera su regularización migratoria mediante el otorgamiento de una residencia en base a las razones de hecho y de derecho contenidas en la solicitud presentada en aquel entonces y que en diciembre del año 2023 el recurrente ante la ausencia de una respuesta por parte de la autoridad migratoria a lo solicitado, presentó un recurso de protección el cual fue resuelto de manera favorable, ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones concluir la tramitación y remisión del proyecto de resolución a la Subsecretaría del Interior.

Indica que el 8 de abril de 2025 el recurrente recibe electrónicamente la Resolución Exenta N°NUM000 de 26 de febrero de 2024 así como otras actuaciones vinculadas a su expediente migratorio que dan cuenta del trámite asociado a su solicitud.

Arguye que había cumplido con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para tales fines, pero el caso es que durante los 14 meses de tramitación de la solicitud, el recurrente no fue informado de alguna insuficiencia documentaria siendo un derecho de este previsto en la letra i) del artículo 17 de la Ley N° 19.880. Además, el propio artículo 31 de la referida Ley dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación, “se requerirá al interesado” que subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

Pide que se ordene dejar sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria, disponiendo a y se ordene a la recurrida que conforme a la Ley N° 19.880 le informe al recurrente cuales son los requisitos legales que la solicitud de regularización impetrada por razones humanitarias debe cumplir para su debida tramitación y resolución y que a su vez le conceda un plazo razonable para su debida presentación., que se dicte una nueva resolución conforme a derecho mediante la cual se tenga en consideración el arraigo familiar y laboral en Chile del recurrente; o cualquier otra medida que su Ilustrísima Corte considera oportuna y pertinente.

A folio N°6, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien señala que actualmente es la ley 21.325, de Migración y Extranjería, la norma que regula estas materias, la cual, en sus artículos 69 inciso 2, y 155 N° 8 y 9, establece que corresponde a la Subsecretaría del Interior, entre otras funciones, el disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición irregular.

Agrega que la Resolución Exenta N°4 Resolución Exenta N° N°NUM000 de fecha 26 de febrero de 2024 de la Subsecretaría del Interior, fue dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundado. Lo anterior, es aún más relevante, al considerar que el otorgar una solicitud de regularización extraordinaria, es una facultad excepcional de la autoridad, conforme lo dispuesto en el artículo 155 N° 9 de la Ley 21.325.

A folio N°20, informa la Subsecretaría del Interior. En primer lugar, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea, puesto que no se han planteado derechos preexistentes e indubitados que sean evidentes u ostensibles y porque excede las materias que deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, existiendo vías administrativas para impugnar conforme al artículo 139 de la Ley 21.325.

En seguida alega que conforme el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, le confiere autoridad para otorgar permisos de residencia excepcionales y de acoger solicitudes de regularización migratoria, en casos calificados o por motivos humanitarios. Sostiene que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que a su respecto no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, lo que se expresa en la parte considerativa que se impugna por esta vía, señala que la recurrente fundamenta su solicitud en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal que no logran configurar un afectación en concreto lo suficientemente especial para justificar su ingreso al país por paso no habilitado y que además de regularice su situación migratoria de manera excepcional.

Esgrime que el rechazo de la solicitud no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones a las que hace referencia la actora en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado y humanitario. Solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio N°21, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, con la interposición del recurso de protección deducido en autos, se pretende dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 26 de febrero de 2024, dictada por la Subsecretaría de Interior, fundado en que en la especie concurrían antecedentes calificados para conceder el permiso de residencia temporal excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley Nº21.325.

Segundo: Que, por su parte, las recurridas aludieron a que se trata de una facultad extraordinaria de la Subsecretaria del Interior, que el peticionario no acreditó encontrarse en el supuesto legal, no estando obligada la autoridad a aceptar solicitudes basadas en circunstancias genéricas ni a requerir antecedentes adicionales si la solicitud inicial cumple con los requisitos mínimos del artículo 31 de la Ley N°19.880.

Tercero: Que, el artículo 155 de la Ley N°21.325 señala en sus N°8 y 9, que corresponde a la Subsecretaría del Interior, disponer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y, además, disponer en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios.

Cuarto: Que, el artículo 11 de la ley 19.880 dispone en su inciso segundo que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Quinto: Que, sin desconocer la atribución de la recurrida Subsecretaria del Interior, es posible concluir que la Subsecretaría del Interior incumple con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de Bases del Procedimiento Administrativo como el artículo 41 del mismo cuerpo legal, pues la resolución que se impugna por esta vía no señala los hechos que le sirven de fundamento, tampoco se indica cuáles antecedentes fueron acompañados por el recurrente, ni se realiza un análisis particular de estos, por estas razones se estima que la recurrida ha actuado de manera ilegal, careciendo el acto administrativo dictado por esta de fundamentos de hecho y de Derecho, que permitan al afectado conocer de manera explícita los motivos de la administración para rechazar su solicitud, todo lo cual conlleva a acoger la acción en los términos que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 26 de febrero de 2024, dictada por la Subsecretaría de Interior, debiendo la autoridad administrativa dictar una resolución fundada en los antecedentes particulares presentados por el actor.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2175-2025.

En Valparaíso, dieciséis de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.