nombre reservado con TRIBUNAL SUPREMO DEL PARTIDO RADICAL

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1 comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, administrador público, con domicilio en Viña del Mar, por quien recurre de protección contra el Tribunal Supremo del Partido Radical y contra nombre reservado, en su calidad de Presidente del Partido Radical, ambos con domicilio en Santiago Centro, y denuncia como ilegal y arbitrario la dictación de la sentencia definitiva dictada en un proceso disciplinario seguido en su contra, de fecha 16 de julio de 2023, y que determinó como sanción su expulsión del partido, lo que ha vulnerado sus derechos fundamentales establecidos en los numerales 2°, 3° inciso 5° y 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide sea dejada sin efecto, y se ordene a la recurrida continuar con el proceso iniciado contra el actor, respetando las garantías de un debido proceso.

Señala que el actor es un personaje público dedicado a la actividad política. Fue pareja de nombre reservado, quien, después del término de la relación amorosa inició un proceso de acoso, tratándolo públicamente de alcohólico y drogadicto, en actos que constituyen violencia intrafamiliar sicológica, los que afectaron severamente su honra.

También refiere que la Sra. nombre reservado denostaba a la actual pareja del recurrente, a quien trataba de “puta” y “la chusca”, lo que le generaba problemas con su pareja, en cuanto afectaba su honra.

Refiere que también, dentro de la actividad partidaria, la Sra nombre reservado comenzó a operar para el grupo antagonista del recurrente, realizando una serie de actuaciones poco leales al interior del partido, lo que motivó que tuvieran conversaciones telefónicas en que este le profirió groserías, pero agrega, no constituyen actos de violencia de género, pues no las dijo por ser ella una mujer, sino en el marco de una discusión política por el proceder desleal de la contraria.

Refiere que la Sra. nombre reservado grabó estas conversaciones, sin el conocimiento ni consentimiento del actor, lo que constituye una ilegalidad, de acuerdo al artículo 161 A del Código Penal. Luego las manipuló y altero, sacando las provocaciones y agresiones efectuadas por ella en esa conversación, y después distribuyó ese material y las usó para iniciar un proceso disciplinario contra el actor, alegando “violencia de género”.

Señala que los partidos políticos se rigen por dos cuerpos normativos en materia de sanción de sus militantes, que son la ley de partidos políticos y sus estatutos.

La referida ley señala, en su artículo 32, que en cada una de las regiones en que esté constituido el partido existirá un tribunal regional, el que conocerá en primera instancia de las materias contempladas en la normativa interna, y a lo menos, las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente, considerando que la letra c) aludida, se refiere a las denuncias que se formulen contra afiliado al partido, sean o no autoridades de él, por actos de indisciplina o vulneratorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido; en tanto la letra e) se refiere a aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo un debido proceso.

Luego refiere que el inciso segundo del ya mencionado artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, indica que las sentencias de los tribunales regionales serán apelables ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos que establezcan las normas internas de cada partido. En caso que la sentencia definitiva disponga la expulsión del afiliado y esta no se reclamare, se elevará en consulta al tribunal supremo.

En 4elacion a esto, denuncia el actor que fue juzgado por una comisión especial, pues quien era competente para resolver la antedicha denuncia era el tribunal regional, y en este coas lo hizo el Tribunal Supremo, integrado, entre otros por 3 compañeros de trabajo que tiene la denunciante en el Registro Civil.

Por otra parte, se privó al recurrente de su derecho a apelar, para lo cual se debe considerar lo establecido en las letras f) y g) del artículo 69 de los Estatutos del Partido Radical, que indican que el Tribunal Supremo conocerá en segunda instancia de las apelaciones interpuestas en contra de sentencias dictadas por los tribunales regionales, así como también conocer por vía de consulta las sentencias dictadas por los tribuales regionales que apliquen las medidas de suspensión o expulsión, que no hayan sido apeladas por los afectados.

Enseguida se refiere a lo establecido en los artículos 79 y 82 de los referidos estatutos, que señalan que los Tribunales Regionales pueden decretar la medida de suspensión de afiliado de un inculpado, mientras se tramita el proceso, así como también las medidas disciplinarias de suspensión y expulsión, en las sentencias definitivas, pero que ninguna de esas medidas se puede llevar a efecto sin ratificación del Tribunal Supremo.

Así también, denuncia como infracción al debido proceso el que se le haya impedido al denunciado rendir prueba, puesto que la resolución que recibió la causa a prueba le fue notificado por correo electrónico, cuestión que no está contemplada en los estatutos, ni en la ley de partidos políticos, por lo que debe regir la normativa legal general, esto es, el Libro I del Código de Procedimiento Civil, que señala que debe realizarse por cédula. Además, se le restringió el plazo a solo 5 días corridos, en circunstancias que este tipo de procedimientos contempla que sean hábiles.

Por otro lado cuestiona que la sentencia se haya basado en una prueba ilícita, por lo que ella y todo lo que surja de ella debería haber sido desestimada, por ilícita.

En cuanto a los derechos fundamentales conculcados, se refiere a la integridad psíquica del actor, al haber sido acosado por su ex pareja, lo que redundo en su expulsión del partido; luego la igualdad ante la ley, por haber sido juzgado por un tribunal incompetente, parcial y con un proceso que no respetó garantías mínimas; también en cuanto al derecho a no ser juzgado por una comisión especial, el derecho a la honra, y finalmente el de asociarse sin permiso previo, por haber sido expulsado del partido en el que ha militado gran parte de su vida.

Pide se deje sin efecto la sentencia dictada en su contra, y que se someta a su parte a un nuevo proceso, que cumpla con las garantías de un debido proceso, debiendo inhabilitarse los miembros que ya dictaron sentencia por no ser imparciales.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 12 rola informe de nombre reservado, Presidente del Partido Radical, quien expone que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo del Partido Radical, órgano distinto al ejecutivo, que integra el informante, como Presidente del Partido Radical, destacando que los Tribunales de Disciplina Regional y el Tribunal Supremo gozan de autonomía para ejercer las facultades que les entrega la ley.

Señala que como Directiva Nacional, fueron notificados de la medida de expulsión dispuesta por el Tribual Supremo en resolución de 16 de julio de 2023, mediante correo electrónico del 21 del mismo mes y año, y que el informante no tiene facultad normativa que le permita ejerce acciones jurisdiccionales disciplinarias dentro del partido.

Además, indica que no tiene vínculo alguno con el Registro civil, y jamás ha trabajado en ese organismo.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 14 rola informe del Tribunal Supremo del Partido Radical de Chile, el que solicita el rechazo del presente recurso, por las razones que expone.

En primer lugar señala que las facultades del referido tribunal se encuentran en los Estatutos del Partido Radical de Chile, artículos 69, 70, 79 y demás pertinentes, y las facultades contenidas en el DFL N°4 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2017, en especial, su artículo 31.

Indica que la letra e) del artículo 69 corresponde al Tribunal Supremo “conocer en única instancia y con competencia exclusiva, de las causas que afectaren a los Presidentes de los Consejos Regionales, miembros de la Comisión Política, Presidente de las Organizaciones Nacionales y a los miembros de la Directiva Central, del Consejo General y de los Tribunales Regionales, por actos de indisciplina o violatorios de la Declaración de Principios o del Estatuto, o por conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del Partido y aplicar las sanciones estatutarias que estimare procedentes”.

Refiere que el 23 de septiembre de 2021 el Tribunal Supremo había oficiado al Secretario Nacional de Organización y Control del Partido Radical de Chile para que certificara la composición del Consejo General y, entre sus miembros, en representación de la Región de Valparaíso, se encontraba la correligionaria nombre reservado. También señala que a la fecha de emisión de la sentencia objeto de este recurso, esta era la Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género del Consejo Regional de Valparaíso de la colectividad, con lo cual quedaba establecida la competencia del Tribunal Supremo para conocer la denuncia hecha por la Sra nombre reservado.

Añade que, a mayor abundamiento, el artículo 69 del Estatuto del Partido Radical refiere que el Tribunal Supremo puede y tiene completa potestad para conocer de cualquier causa que, inclusive, sea de competencia de los Tribunales Regionales, cuando a su juicio fuese necesario o así lo aconsejaren las circunstancias del caso, lo que estimó el Tribunal concurrió en este caso, por tratarse de la denuncia de la Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Valparaíso en contra de un Ex Presidente Regional de Valparaíso, por graves hechos de violencia de género.

Añade que el recurso funda su argumentación de ilegalidad en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, ignorando el artículo 24 de la misma ley, que señala que la organización y funcionamiento de cada partido político se regirá por sus estatutos, los que son visados por el Servicio Electoral, a fin que sean concordantes con la Ley sobre Partidos Políticos.

Refiere además que es potestad exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo realizar la interpretación de las normas estatutarias, según lo prescrito en el artículo 31 letra a) de la Ley de Partidos Políticos, como el tenor del artículo 69 letra a) de los Estatutos del Partido Radical de Chile.

También señala que la competencia para conocer de materias análogas a la planteada en este caso, fue reconocida por esta Corte, en sentencia dictada el 6 de abril de 2022, en Protección Rol N°4639-2022, caratulado “nombre reservado con Tribunal Supremo del Partido Radical de Chile”.

Luego se refiere al fondo del asunto, y señala que recibió denuncia por parte de nombre reservado el 23 de enero de 2023, sobre actos violatorios de las obligaciones de los afiliados al partido, que constituirían actos de violencia intrafamiliar, haciendo llegar la denunciante un archivo con la recopilación de grabaciones de audio en que constan los hechos que configuran la denuncia. Enseguida se refiere a esas expresiones, en que el denunciado tilda a al denunciante de “tonta”, “limitada” y otras expresiones ofensivas, respecto de ella y de terceras personas.

También se refiere a mensajes vía wasap, en que el denunciado habría ejercido violencia patrimonial, al indicarle la Sra nombre reservado al Sr nombre reservado que necesitaba de él para subsistir. Además, el denunciado le habría amenazado con perder su empleo si no apostaba bien por un bando político.

Asimismo, en sus mensajes el denunciado se habría burlado de ella por su aspecto físico, y aludió a su situación de salud mental de hace muchos años.

Ante dicha denuncia, el 9 de febrero de 2023 el Tribunal Supremo resolvió tenerla por interpuesta, dándose traslado a las artes por 15 días para recibir sus descargos, también se accedió a aplicar el Protocolo contra la Violencia de Género, Acoso y Abuso Sexual del Partido Radical de Chile, por lo que se ofició a la Comisión de Género del partido.

Es del caso que el denunciado efectuó descargos el 5 de marzo de 2023 , en el que solicitó se declarara la incompetencia del Tribunal Supremo para conocer del asunto, efectuó descargos y ofreció prueba, al mismo tiempo que solicitaba se dejara sin efecto la suspensión provisional de la militancia que pesaba a su respecto.

En sus descargos, el hoy recurrente reconoce la autoría de esos audios, pero señala que están descontextualizados y manipulados, y que serían, eventualmente actos de violencia intrafamiliar, de competencia de tribunales ordinarios de justicia, no del Tribunal Supremo, alegación que fue rechazada pues, aun cuando sea efectivo que sean actos de violencia intrafamiliar, en paralelo, implican un incumplimiento a los deberes partidarios de todos militante del Partido Radical de Chile.

Refiere que el recurrente aportó prueba, consistente en set con pantallazos de correos, wasap, y transferencias de dinero realizadas a la Sra. nombre reservado, sin tener obligación legal de hacerlo, así como también fotografías que dan cuenta de su relación amorosa, y el maltrato que realizo la denunciante contra la actual pareja del denunciado.

Indica el Tribunal Supremo que estas pruebas no resultan suficientes para desvirtuar las imputaciones de las que fue sujeto el denunciado.

Por su parte, el 6 de marzo de 2023 evacuó informe la Comisión de Género de la colectividad, la que sugirió que el denunciado fuese expulsado del partido, y que se permita su reingreso solo cuando acredite haberse sometido a terapia de control de impulsos y/o reeducación de violencia de género, el que se tuvo por acompañado.

Posteriormente, el 19 de junio de 2023 se abrió un término probatorio de 5 días corridos, el que fue notificado a las partes el 24 de junio de 2023. Dentro del término de prueba la denunciante reitera los medios ya acompañados y agrega un certificado emitido por psicóloga, de marzo de 2023, referido a los actos de hostigamiento que ella relató, haber sido víctima por parte del denunciado; carta de la hermana de este último, en que señala que este denostaba a la Sra nombre reservado, la infantilizaba y la presionaba a renunciar a sus ideales políticos en varias oportunidades, indicando que la acosó después del término de su relación. Por su parte, el denunciado no aporto más medios de prueba.

Posteriormente, el 1 de julio de 2023 se cerró el término probatorio y la causa quedó en estado de fallo.

Refiere que al analizar los medios de prueba aportados, el Tribunal Supremo tuvo por establecido que el denunciado emitió comentarios de carácter irónico, ofensivos, de maltrato y humillantes contra la denunciante, dañando su prestigio y honra, constituyendo un actuar constitutivo de violencia psicológica.

Dichos hechos infringieron lo dispuesto en el artículo 10 letra i) de los Estatutos del Partido Radical que señala : “Ser leal con el partido y sus correligionarios, demostrando sentido de fraternidad y solidaridad en todas sus actuaciones”; letra j) que señala “Proceder pública y privadamente con honestidad, seriedad y corrección” y letra k) que dispone “Ejercer el derecho de crítica sólo dentro de los organismos regulares del Partido, de un modo fraternal, con altura de miras, en forma reflexiva y responsable, fundado en antecedentes serios y comprobables, teniendo en especial consideración los intereses superiores del Partido, su disciplina interna y su imagen externa. Este derecho no habilita de modo alguno la formulación de la crítica a través de algún medio de difusión pública o que ellas se den a conocer a la opinión pública por cualquier otro medio. La infracción a esta norma será sancionada, mediante un procedimiento breve y sumario, con una pena no inferior a la suspensión de los derechos de afiliado por el término que determine el tribunal de disciplina que correspondiere.”

También señala que los hechos relatados constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y es una forma de obstaculizar su participación en política. Se invoca en el fallo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” también conocida como “Convención Belém Do Pará” y el Protocolo Facultativo de CEDAW para la “Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Refiere también que el denunciado trasgredió de manera clara el artículo 2° de los Estatutos del Partido, que señalan que este se basa en la pluralidad de sus miembros, que está comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a todas las personas, así como con la promoción y respeto de los derechos humanos, declarándose esencialmente humanista.

Por su parte infringió importantes obligaciones de los afiliados a la colectividad política, establecidos en el artículo 10 de los Estatutos referidos, letras a), c) además de las i), j) k) y l)

Refiere que se respetaron los principios del debido proceso, al otorgarle al denunciado el plazo para efectuar descargos, lo que hizo, así como también la posibilidad de rendir prueba.

Señala que por votación unánime de los miembros del Tribunal Supremo se decidió aplicar al recurrente la medida disciplinaria de expulsión, contemplada en el artículo 70 letra e) de los Estatutos el Partido Radical de Chile.

Destaca además que el recurrente no interpuso alguna causal de implicancia o recusación contra alguno de los miembros del Tribunal Supremo, mientras duró la tramitación de este proceso, y que los hechos por los cuales se le denunció, son objetivos y no guardan relación con ningún tipo de maniobra o motivación policita, sin que exista relación de dependencia laboral entre la denunciante y algún miembro del Tribunal Supremo.

Acompaña documentos al informe.

A folio 18 rola informe del Servicio Electoral de Chile, el que indica que tonó conocimiento de la sentencia objeto de este juicio, mediante oficio remitido por el Presidente del Partido Radical, el 26 de julio de 2023, pero previo a proceder a la desafiliación del sr nombre reservado, su parte requirió al Tribunal Supremo del Partido Radical que acompañara certificado de ejecutoria del fallo, lo que no ha efectuado, a la fecha.

A folio 22 rola informe de la Contraloría General de la República, el que señala que su parte mantiene registro de las sanciona o inhablidades respecto a personal de la Administración del Estado, conforme a lo cual la sra nombre reservado álamos Herrera registra sanción de censura, aplicada por medio de decreto alcaldicio de la Municipalidad de Lo Barnechea, del 2011; luego nombre reservado registra medida de multa mediante Resolución Exenta N°1389 de 2019, de esa entidad de Control. Los demás miembros del tribunal Supremo no registran medidas disciplinarias.

A folio 25 rola informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, el que informa que, en cuanto a los miembros del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia objeto de este recurso, solo nombre reservado es funcionaria del Registro civil, ingresando el 26 de enero de 2023. En tanto, nombre reservado Valdivia fue funcionario del 1 de febrero al 22 de octubre, en ambos casos del año 2023, desvinculándose por renuncia voluntaria. En tanto, la denunciante, nombre reservado, es funcionaria del Servicio desde el 16 de febrero de 2015.

Añade que las personas vinculadas al Servicio no fueron nunca subordinados de la denunciante, además que no trabajan ni han trabajado en alguna de las oficinas de la Dirección Regional de Valparaíso de ese servicio.

A folio 27 rola segundo informe del Servicio Electoral de Chile, en que acompaña copia de presentación del Partido Radical del 27 de septiembre de 2021, en que informa sobre miembros titulares y suplentes del Tribunal Supremo de la colectividad, así como Resolución de 7 de octubre de 2021, del Servicio Electoral, que sanciona dicha presentación, estableciendo la nueva integración del tribunal supremo aludido.

A folio 28 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, por el presente recurso de protección el recurrente solicita se deje sin efecto el procedimiento y la sanción disciplinaria de expulsión impuesta, y se instruya la realización de un nuevo juicio en que se respeten las garantías de un debido proceso.

Tercero: Que, de los antecedentes expuestos por ambas partes, no se divisa que el Tribunal Supremo del Partido Radical haya incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad, ni en la tramitación del juicio disciplinario contra el recurrente, ni tampoco en la sentencia definitiva en que se resolvió su expulsión del señalado partido político.

En efecto, como lo indicó la recurrida, el recurrente efectuó descargos en el procedimiento, oportunidad en la cual reconoció la autoría de los mensajes que constituyen el fundamento de la denuncia efectuada en su contra, aportó prueba documental y fue notificado de la sentencia definitiva que decreta su expulsión, la que detalla las normas de los Estatutos del Partido Radical que habrían sido infringidas por el actuar del denunciado, imponiendo, asimismo, una sanción contemplada en la ley de partidos políticos y los señalados estatutos, que es la expulsión del partido.

Cuarto: Que, en esta misma línea, con lo expuesto en el recurso, lo que se pretende es revisar la entidad de la conducta en que incurrió el recurrente, y que fue sancionada con la sentencia definitiva aludida, lo que escapa al objeto de un recurso de protección, de naturaleza cautelar, que tiene como objeto asegurar el ejercicio de derechos indubitados.

Quinto: Que, por otro lado, la competencia del Tribunal Supremo se encuentra justificada por lo prescrito en el artículo 69 de los Estatutos del Partido Radical, por ser la denunciante miembro del consejo General, por lo que se trata del tribunal competente de acuerdo a la ley y estatutos para conocer de la denuncia planteada.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra el Tribunal Supremo del Partido Radical de Chile.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21734-2023.

No sujeta a anonimización.

En Valparaíso, veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.