Protección contra la I

Foja: 93 Noventa y Tres S.f.g.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar el abogado Sr. Alejandro Borbarán, 30 minutos, por el recurso y la abogado Sra. Susana Musa, 7 minutos, contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, diez de julio de dos mil quince.

nombre reservado.

Relator Valparaíso, diez de julio de dos mil quince.

Visto:

Comparece a fojas 57 don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Hijuelas, representada por su alcaldesa doña Verónica Rossat Arriagada, con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que ha cometido al dictar el decreto alcaldicio n° 1.968, de fecha 14 de mayo de 2015,por el cual se rechazó recurso de reposición deducido en contra del decreto alcaldicio n°1.658 que la aplicó la medida disciplinaria de destitución y la consiguiente inhabilidad para el ejercicio de cargos o funciones públicas por 5 años.

Funda su acción señalando que por decreto alcaldicio n°210 de 15 de enero de 2015, doña Verónica Rossat Arriagada, Alcaldesa de Hijuelas, ordenó instruir sumario administrativo a fin de establecer la eventual existencia de falta administrativa consistente en eventual acoso laboral respecto a los funcionarios del Liceo Luis Laborda que indica. En el sumario se le formularon los 8 cargos que señala, por amenazas, maltrato a distintos docentes del establecimiento, crear un ambiente laboral hostil y por incumplimiento de una orden de suspensión. Agrega que formuló sus descargos, solicitó diligencias probatorias y en definitiva por decreto alcaldicio n°1.658, de 22 de abril de 2015, se le aplicó la medida de destitución. Dedujo dentro de plazo recurso de reposición, el que fue resuelto por decreto alcaldicio n°1.968, que rechazó el recurso. Así se puso término a su relación contractual, de docente de planta del liceo municipal nombre reservado de Hijuelas, resolución que le fue notificada el 15 de mayo de 2015.

Expone que se le han aplicado la sanción de destitución por haber incurrido en la causal "taxativa" del articulo 72 letra b) de la ley N° 19.070 (144 letra b) del Decreto Supremo n°453, de 3 de septiembre de 1992, reglamento de la ley n°19.070), esto es, por haber incurrido en falta de probidad establecida en sumario administrativo tramitado de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley n°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Agrega que la "falta de probidad" debe ser entendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administraci6n del Estado, que también se aplica a las Municipalidades, y considera no haber en ninguna de las conductas allí tipificadas.

Expresa que el Fiscal instructor del sumario administrativo fundó sus cargos en infracción a los artículos 8 bis y 72 b) de la ley n°19.070, y artículo 10 letra c) de la ley n°20.370, Ley general de educaci6n, normas todas que indica que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Por su parte, son, entre otros, deberes de los profesionales de la educación respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los integrantes de la comunidad educativa.

Considera que no ha incurrido en las supuestas infracciones afirmadas por el fiscal instructor, y ellas no se encuentran suficientemente acreditadas, tratándose de afirmaciones subjetivas e injuriosas, cumpliendo con sus deberes estatutarios y legales.

Asimismo, se fundó en infracción al artículo 82 letra i) en relación con el artículo 123 letra C.- de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. normas que sancionan con la medida de destitución al funcionario municipal que realiza cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, considerándose como una acción de este tipo el acoso sexual y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2 de la Ley 20.609. Señala que las normas mencionadas no le resultan aplicables, por no ser funcionario municipal, planta o contrata, en los términos definidos en los artículos 1 y 2 de la ley 18.883, ya que esto aplica al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades y que sólo pueden corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la ley 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades, pudiendo comprender la dotación de la municipalidad cargos a contrata, los que tienen el carácter de transitorios. Además refiere que no ha incurrido en actos atentatorios a la dignidad de otros funcionarios (municipales y de otro orden), en actos de acoso sexual, ni en actos de discriminación arbitraría, que den motivo a la gravísima sanción de destitución.

Representa además que en cuanto a la infracción al artículo 58 letras b). e), g) e i) de la ley n° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, formalmente, no le resultan aplicables por no ser funcionario municipal, tampoco existe prueba suficiente en contrario, presumiéndose la buena fe y la inocencia, debiendo acreditarse absolutamente la mala fe y culpabilidad.

Continúa denunciando que existe discordancia absoluta entre las normas fundantes de la resolución que ordenó instruir sumario, los cargos formulados por el fiscal instructor, y los decretos alcaldicios que dispusieron la destitución. En cuanto al acoso laboral, considera que es de competencia de los Tribunales laborales vulnerándose en consecuencia lo establecido en el artículo 19 n°3 incisos 5 y 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto prescribe que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

Concluye además que la dictación, notificación y ejecución del decreto alcaldicio n°1.968, que ratificó su destitución de la planta docente, constituye una flagrante infracción al derecho constitucional de propiedad consagrado a favor de todas las personas por el articulo 19 n°24 de la Constitución Política de la República de Chile, ya que en el caso sub lite, se le ha privado indebidamente del derecho de propiedad sobre su cargo o función docente de planta, titular del liceo municipal nombre reservado de Hijuelas.

Alega finalmente que el articulo 17 ley n° 19.070 establece un procedimiento regulado para denuncias o quejas contra un profesional de la educación, por lo que no es procedente la aplicación de la medida disciplinaria de destitución mediante sumario administrativo.

Sin perjuicio de todo lo expresado señala que la autoridad municipal recurrida, ha incurrido en un vicio de nulidad de derecho público, al transgredir los artículos 6 y 7 de la Constitución Po1itica de la República de Chile, y artículo 2° de la ley n° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

Solicita que acogiendo su recurso, se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección del afectado, especialmente disponer que se deja sin efecto la medida de destitución que le ha sido aplicada.

Acompaña documentación referida en su presentación.

Informa a fojas 75 la abogado doña Isabel Musa Montero en representación de la Municipalidad de Hijuelas, Corporación de derecho público, cuyo representante legal es su Alcaldesa Verónica Rossat Arriagada, todas con domicilio en domicilio reservado.

Alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso, ya que la medida le fue aplicada, según aparece del recurso, del informe y de los documentos acompañados, por Decreto Alcaldicio N°1.658 de 22 de abril de 2015 y que fue notificado al recurrente con fecha 24 de abril de 2015, de modo que el plazo de treinta días se encontraba extinguido a la fecha de interposición del presente recurso de protección, esto es, el 12 de junio pasado.

En cuanto al fondo refiere la legalidad de los actos del Municipio y ausencia de infracción a las garantías constitucionales reclamadas por el recurrente, ello por cuanto, no aparece ningún acto ilegal o arbitrario por parte de la Municipalidad en que se hubiese afectado un derecho indubitado de la parte recurrente, y tanto el acto o resolución recaído sobre el recurso de reposición promovido administrativamente por el recurrente, como el procedimiento disciplinario en su conjunto, se han ajustado estrictamente a la legalidad vigente.

Destaca que las conclusiones a las que se arriban para resolver lo señalado en el decreto 1.968 tienen total vinculación con las conclusiones y medidas adoptadas por el Fiscal a cargo del sumario administrativo llevado a cabo en contra del docente. Respecto a la aplicación del artículo 72 letra b) de la ley 19.070 sobre Estatuto de profesionales de la educación, éste se debe vincular directamente a lo señalado en el artículo 8 bis de la misma ley y al cual se hace referencia en la resolución de la reposición, que regula que: “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Por lo mismo, al revisar lo señalado en el artículo 72 letra b), además de los cargos que le fueron formulados en su oportunidad al docente, se ve que se hace totalmente aplicable lo señalado en el artículo 72 letra b) antes mencionado, a saber: falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumaría, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883.

Agrega que las conductas de acoso laboral, agresiones sicológicas, insultos, todo esto delante de los menores de edad que asisten al liceo nombre reservado, fueron fehacientemente acreditadas en el sumario, y permitieron al fiscal del caso llegar a la conclusión, de que éstas no sólo sí habían ocurrido, sino que además le facultaba para recomendar la destitución como aquella medida disciplinaría ejemplar a ser utilizada en este caso.

Así, al momento de evaluar el recurso de reposición y tomar la decisión de confirmar la decisión tomada por la fiscal a cargo del caso, en base a la prueba rendida, se está restableciendo el imperio del derecho, y además se está protegiendo a todos los docentes y funcionarios que no permitieron seguir siendo vulnerados en su derecho a trabajar en un ambiente digno, sin tratos vejatorios ni agresiones de ningún tipo.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, indica que la Contraloría Regional Valparaíso de la Contraloría General de la República, actuando a requerimiento de particulares, efectuó una fiscalización en el Departamento de Administración Educacional de la comuna, entregando Informe de Investigación especial N°13 de 7 de mayo de 2015 , en el que ha confirmado tres situaciones de hostigamiento y en que ha sido denunciado el recurrente.

Concluye que lo que el recurrente reclama como una amenaza o lesión a garantías constitucionales ha sido, en cambio, el cumplimiento correcto de un deber por parte de la autoridad llamada a cumplirlo.

Sobre las específicas garantías constitucionales supuestamente amagadas, y respecto al supuesto juzgamiento por una "comisión especial", señala que el art.19 N°3 de la Constitución Política consagra en su inciso 4°es lo que la doctrina llama derecho al juez natural, y que no es otra cosa que el órgano judicial haya sido creado por la norma legal previamente, que ésta lo haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial. Lo que evidentemente ha ocurrido en la especie, toda vez que la intervención de la autoridad que aplica la medida impugnada, como la que resuelve sobre el recurso de reposición, es el órgano investido de jurisdicción y competencia para ello, creado por la Ley con anterioridad al hecho que motivó su actuación, a saber la Alcaldesa de la Municipalidad recurrida, de conformidad con lo dispuesto por el art.63 letra d) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Alcalde tiene, entre otras atribuciones, la de aplicar medidas disciplinarías. Luego, el art.120 y sgtes., de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales consagra y detalla las facultades del Alcalde para adoptar y aplicar medidas disciplinarias, tales como la que afectó al recurrente. Finalmente, el art.72 de la Ley 19.070 considera expresamente la aplicabilidad de la ley 18.883 para los efectos de la adopción de medidas disciplinarias respecto de profesionales de la educación.

Respecto al "Derecho de propiedad" sobre el cargo público conforme al art.19 N°24 de la Constitución Política, señalar que la Corte Suprema en reiteradas oportunidades ha fallado señalando que no existe el "derecho de propiedad de los funcionarios públicos respecto de sus cargos", y lo que sí consagra la Constitución Política de la República en su artículo 19 Número 17 es el derecho a admisión a todas las funciones y empleos públicos, situación que, en todo caso, no se encuentra amparada bajo la posibilidad de interposición de Recurso de Protección.

Concluye que la Municipalidad recurrida no ha incurrido en acto alguno ilegal o arbitrario en perjuicio del recurrente, el que ha sido objeto de una medida disciplinaria conforme a la Ley, por haberse estimado y acreditado en un proceso legalmente tramitado, que el actor realizó actos de hostigamiento que atentaron contra la dignidad de varios de sus colegas, vulnerando una prohibición cuya trasgresión compromete la responsabilidad administrativa del infractor.

Solicita se rechace el recurso interpuesto en atención a ser este extemporáneo, y/o ante la ausencia de acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, disponga el rechazo absoluto del presente recurso, con costas.

Acompaña documentación referida en su informe.

Por resolución de fojas 89 se trajeron los autos en relación:

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad:

Primero: Que aparece de los antecedentes que por Decreto Alcadicio N° 1658 de 22 de abril de 2015 se aplicó al recurrente don nombre reservado, la medida disciplinaria de destitución, a consecuencia de Sumario Administrativo iniciado en su contra, al haberse acreditado los hechos investigados. Dicho Decreto fue notificado el día 27 de abril pasado.

Segundo: Que el recuso se ha interpuesto en contra del Decreto Alcadicio 1968 de 14 de mayo de 2015, que rechazó el recurso de reposición deducido contra el Decreto Alcadicio 1658.

Tercero: Que de lo expuesto, aparece que el recurso de autos ha sido interpuesto una vez vencido el plazo que al efecto regula el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, toda vez que el acto que se considera vulneratorio es el Decreto Alcadicio que destituye al actor.

Al efecto corresponde señalar que la interposición de un recurso de reposición en contra del mismo, no suspende el plazo del Auto Acordado, ya que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone expresamente que la acción de protección procede “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad”, dentro de los cuales claramente se encuentra el recurso de reposición deducido por el actor.

Por estas consideraciones el presente recurso debería ser rechazado, por extemporáneo.

II.- En cuanto al fondo:

Cuarto: Que sin perjuicio de lo expresado con anterioridad debe señalarse que no existe actuación arbitraria o ilegal de la recurrida, toda vez que la decisión de destitución, es fruto de un Sumario Administrativo ordenado por la autoridad competente, en uso de sus facultades disciplinarias, tramitado de acuerdo al procedimiento establecido, según regulan los artículos 63 d) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 72 de la Ley N° 19.070, artículo 127 y siguientes de la Ley N° 18.853 que aprueba el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales.

Por otra parte, en lo que se refiere a la afectación de garantías constitucionales denunciada, esto es, la del artículo 19 N° 3 inciso 5 y 6 se señala en el recurso que habría sido juzgado por una comisión especial, ya que el conocimiento de los hechos investigados serían de competencia del Juzgado Laboral, por tratarse de situaciones de acoso laboral correspondientes a la acción de tutela en dicha materia.

Al efecto, debe señalarse que el artículo 486 del Código del Trabajo regula el procedimiento de tutela laboral, el que otorga acción laboral que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores.

Que en la especie, y a la luz de los hechos investigados en el Sumario Administrativo, debe señalarse que la titularidad de dicha acción corresponde a los trabajadores que se consideran víctimas de acoso laboral por parte de la recurrente, y no a este último, por lo que ninguna infracción a la garantía constitucional reclamada, puede entenderse configurada al efecto.

Además y sin perjuicio de lo expresado, debe señalarse finalmente que el eventual arbitrio de otras acciones judiciales derivada de los mismos hechos, en modo alguno afecta el ejercicio de las facultades disciplinarias del empleador, en los términos efectuados en el Sumario Administrativo ya referido y en la dictación del Decreto Alcadicio de destitución. En razón de lo expuesto, el recurso deducido también debería ser rechazado.

En cuanto a la infracción al derecho de propiedad debe señalarse que la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema ha resuelto la inexistencia del referido derecho respecto a los cargos públicos, señalándose asimismo, que no debe confundirse la titularidad de un derecho con la propiedad sobre el derecho en sí, a consecuencia de lo cual y no existiendo vulneración a la referida garantía, correspondería el rechazo de la acción por este motivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 57, por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Hijuelas, representada por su alcaldesa doña Verónica Rossat Arriagada.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 2165-2015.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Srta. Eliana Quezada Muñoz, Sr. Álvaro Carrasco Labra y la Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.