nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, a cuatro de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, funcionario público, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, provincial Valparaíso, en adelante ANSOG, quien interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la instalación de cámaras de seguridad en el interior de las oficinas de los gendarmes, vulnerando el derecho fundamental a la integridad e intimidad de estos, garantizados por el artículo 19 numerales 1° y 4° de la Constitución Política de la República.

Explica que el 28 de abril del presente año, mientras el personal del Complejo Penitenciario de Valparaíso cumplía distintas funciones, se entera de que el proyecto de instalación y renovación de cámaras de seguridad de la unidad tenía considerada la instalación de cámaras dentro de los cuerpos de guardia de los distintos módulos, y al interior de oficinas de trabajo de distintos profesionales.

Expone que estas cámaras se instalarían por el espacio de estas oficinas públicas, las cuales solo permitirían un enfoque directo de estas, hacia el espacio físico de cada trabajador, generando hostigamiento y persecución laboral hacia sus funciones, puesto que estas oficinas en general tienen una dimensión entre los 2x2 2x3 y 3x3 metros cuadrados.

Detalla que las cámaras vigilarán los módulos de reclusión, los cuales son el lugar de estadía diaria del personal de servicio que desempeña funciones de trato directo con la población penal en cada módulo. En estas se desarrollan las actividades diarias administrativas de cada jefe de módulo, operativo de módulos y funcionarios en general, según lo establece Decreto N°518 del Ministerio de Justicia. Añade que estas oficinas constituyen espacios de desconexión donde las condiciones de seguridad lo permiten, donde el personal se toma un café, realiza bromas entre ellos e incluso almuerzan.

Agrega que también se afecta a las oficinas de atención profesional, las que se encuentran alejadas de los módulos y por las que no transita población penal sin custodia y previo registro corporal.

Sostiene que todas las personas tienen derecho a la intimidad y la inviolabilidad de sus comunicaciones, y que las cámaras de seguridad podrían vulnerar este derecho, especialmente si las grabaciones se hacen de manera indiscriminada o sin fines claros y específicos, considerando que los trabajadores desconocen los fines de su instalación.

Del mismo modo, reclama que la medida vulnera la dignidad laboral de los trabajadores, (artículo 5 del Código del Trabajo), y constituye una discriminación arbitraria, ya que se instalarán cámaras en las oficinas de los gendarmes, pero no en la oficina de la máxima autoridad de la unidad como es el Alcaide.

Afirma que la instalación de cámaras de seguridad en el ámbito laboral debe tener un propósito específico “como seguridad”, pero en este caso la seguridad la entrega el recurso humano dentro de la guardia de los módulos y, en el caso de las oficinas de atención profesional, la seguridad la entrega el no desplazamiento libre y permanente de internos sin custodia. Además, la instalación debe ser proporcional y debe respetar los derechos de los trabajadores.

Añade que las cámaras deben ubicarse en lugares de libre tránsito, accesos y salidas, y en espacios que sean necesarios para la seguridad, pero no en lugares donde se afecta la intimidad de los trabajadores o usuarios, como baños, vestidores o zonas de descanso. Además, deben ser fijas, no permitir monitoreo y aplicar zoom, y no pueden grabar audios.

Pide que se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la instalación de cámaras de seguridad en aquellas oficinas que por sus metros cuadrados no permita una imagen de un plano general y solo apunten directamente al trabajador.

A folio 9, informa la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, cuyo director explica que la institución recurrida es el órgano establecido por ley para ejecutar la pena en Chile, y administrar y dirigir los establecimientos penitenciarios, así como velar por la seguridad interior de ellos y de las personas que se encuentren privadas de libertad en los mismos, asignándosele -en esta última finalidad- una posición de garante respecto de las personas privadas de libertad. Además, señala que la ley asigna a Gendarmería una labor de asesoramiento, control, y coordinación de las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operación de asociaciones delictivas o criminales al interior de los establecimientos penitenciarios.

En cuanto a los fundamentos para la instalación de sistemas de videovigilancia, la recurrida indica que la instalación responde a una necesidad institucional esencial: reforzar la seguridad penitenciaria, resguardar la vida e integridad tanto de las personas privadas de libertad como del personal institucional, y garantizar el cumplimiento de los protocolos de control y supervisión. Las salas de guardia de módulo son espacios de trabajo donde el personal cumple funciones de observación, fiscalización y respuesta ante incidentes de seguridad.

Refiere que el lugar denominado “sala de guardia de módulo” no constituye un espacio de uso privado, descanso ni aseo personal. Se trata de un área funcional, ubicada estratégicamente para ejercer labores de control permanente del régimen interno, visualización de patios, pasillos y celdas, y atención de imprevistos. Por lo tanto, no es comparable con espacios que gozan de protección reforzada como dormitorios, vestidores o servicios higiénicos.

La recurrida incorpora antecedentes específicos sobre la vulnerabilidad histórica de las salas de guardia de los módulos del Complejo Penitenciario de Valparaíso, ejemplificando que el día 16 de septiembre de 2020, durante un procedimiento de registro y allanamiento del Módulo N°102, se incautó una cantidad significativa de sustancias ilícitas y dinero en efectivo escondido en diversos sectores, incluyendo la guardia de módulo y zonas adyacentes. En dicho operativo se hallaron más de 1.600 envoltorios de droga junto con $3.600.000 en dinero en efectivo, ocultos en espacios como reposterías, cocina y bodegas próximas a la guardia.

Asimismo, explica que el 10 de octubre de 2024, en la Oficina de Registro y Movimiento de la Población Penal del Complejo Penitenciario de Valparaíso, la capitán doña nombre reservado, fue objeto de agresión por parte del interno nombre reservado, antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la superioridad institucional para la interposición de la respectiva querella criminal por el delito de maltrato a funcionaria institucional.

Sostiene que actualmente existen al menos tres recintos penitenciarios que cuentan con sistemas de videovigilancia instalados en sectores funcionales destinados al control y supervisión directa del régimen interno, específicamente en espacios equivalentes a las “salas de guardia de módulo”, Complejo Penitenciario Colina I, Complejo Penitenciario Colina II y el Recinto Penitenciario de Máxima Seguridad, Santiago, donde las salas de cámaras están equipadas con tecnologías similares a las que se proyectan en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, sin que se haya registrado presentación alguna en contra de dichas medidas.

Denota que la instalación de las cámaras se enmarca dentro de la Política Nacional contra el Crimen Organizado 2022–2027, aprobada mediante Decreto Supremo N°369, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial el 15 de junio de 2023. Gendarmería de Chile tiene un rol activo en al menos cinco ejes estratégicos de esta política, incluyendo el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e institucionales, como la implementación de CCTV, escáneres y sistemas de información.

Solicita que se rechace el recurso, al justificarse la instalación de las cámaras de vigilancia, y acompaña resolución que apruebas las bases administrativas del proyecto, oficio de la Dirección del Trabajo, entre otros documentos.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, mediante la presente acción constitucional, se cuestiona la decisión de Gendarmería de Chile de instalar dentro del Complejo Penitenciario de Valparaíso, cámaras de vigilancia que grabarán en el interior de los cuerpos de guardia de los distintos módulos y en las oficinas de trabajo de una serie de profesionales, bajo el fundamento de afectar el derecho constitucional a la intimidad de quienes se desempeñan en la referida unidad penal.

Segundo: Que el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la vida privada, pero esta garantía no tiene carácter absoluto y puede ser objeto de limitaciones cuando concurren razones de interés público relevante, debidamente fundadas y proporcionadas al fin perseguido. En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que la videovigilancia es constitucionalmente admisible cuando existe una justificación razonable, está dirigida a fines legítimos y no invade desproporcionadamente la esfera de intimidad de las personas (Roles N°18.481-2016 y N°34.360-2017).

Por su parte, la Contraloría General de la República ha establecido en Dictamen N°32.898/2011, que el uso de cámaras en espacios laborales está permitido cuando dichos espacios están destinados al cumplimiento de funciones públicas, siempre que no se vulneren derechos fundamentales y se actúe con información, proporcionalidad y resguardo.

Tercero: Que, para resolver, es importante tener en consideración el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, que dispone que este organismo tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que son detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley, entre las cuales se encuentra el deber de custodiar a las personas privadas de libertad, mientras permanezcan en los establecimientos penales (artículo 3° letras a y e), para lo cual, cuentan con una serie de atribuciones para cumplir con su cometido, y con una estructura orgánica que contempla atribuciones y funciones del Director Nacional, de las direcciones regionales y de las subdirecciones divididas según el ámbito de su competencia.

Además, el artículo 10 letra d) del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, dispone que dichos establecimientos deben organizarse conforme a un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de los internos, funcionarios, recintos y de toda persona que en el ejercicio de un cargo o en uso de una facultad legal o reglamentaria ingrese a ellos.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes aportados por las partes, se logra establecer que los espacios donde se instalarán las cámaras de seguridad, denominadas “salas de guardia de módulo” y “oficinas de atención profesional”, no constituyen espacios de uso privado, descanso personal o aseo, sino que se trata de áreas funcionales, destinadas para realizar labores de control del régimen interno, visualización de patios, pasillos y celdas, entre otros propósitos. Por consiguiente, estos espacios no son comparables con aquellos que gozan de protección constitucional, como lo serían dormitorios, vestidores o servicios higiénicos. Además, las oficinas no están asignadas a un determinado funcionario, pues ellas pueden ser utilizadas por quienes necesitan entrevistarse -con los privados de libertad- sean gendarmes, asistentes sociales o psicólogos y, según se demostró por la recurrida, en ellas han acaecido una serie de situaciones que atentan contra la integridad y la vida de los propios funcionarios que se desempeñan en el establecimiento penitenciario en cuestión.

Quinto: Que, del análisis de las bases de licitación acompañadas, la instalación del sistema de cámaras de vigilancia en el interior del Complejo Penitenciario de Valparaíso, se encuentra debidamente justificada por antecedentes concretos que evidencian la vulnerabilidad de estos espacios y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, y se enmarca -además- en el cumplimiento de la Política Nacional contra el Crimen Organizado 2022-2027, aprobada mediante Decreto Supremo N°369 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que contempla expresamente el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e institucionales, incluyendo la implementación de sistemas de cámaras de vigilancia en recintos penitenciarios como herramienta de prevención y control del crimen organizado.

Sexto: Que, atendidos los fundamentos expuestos, la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas de guardia de módulos y oficinas de atención profesional del Complejo Penitenciario de Valparaíso, no constituye un acto arbitrario o ilegal, sino que se trata de una medida adoptada en ejercicio legítimo de las facultades legales de Gendarmería de Chile, debidamente fundada en consideraciones de seguridad institucional y respaldada por la normativa vigente, lo que lleva al rechazo de la acción de protección deducida.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, provincial Valparaíso, en contra de Gendarmería de Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2164-2025.