nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros conforme a la Ley N°18.156, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 9 de febrero de 2026, el recurrente solicitó el retiro de sus fondos ante la AFP recurrida adjuntando la documentación requerida por ley. Señala que, mediante comunicación de 12 de febrero de 2026, la administradora rechazó la solicitud argumentando que no se acompañó un certificado de afiliación válido y vigente que acredite cobertura previsional en el extranjero debidamente apostillado o legalizado. Argumenta que esta exigencia constituye una interpretación formalista y restrictiva de la norma, desatendiendo la finalidad de la Ley N°18.156. Sostiene que existe una imposibilidad material de obtener la legalización o apostilla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Indica que el documento presentado cuenta con un código de verificación electrónica que permite comprobar su autenticidad en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Refiere que se adjuntó una declaración jurada notarial para suplir la falta de representación consular, revistiendo al documento de la debida formalidad. Asevera que la conducta de la recurrida es caprichosa y vulnera su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales y la igualdad ante la ley, citando jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones en casos análogos.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y se realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos en un plazo de 5 días.

A folio 5, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Señala que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo el cumplimiento copulativo de requisitos. Sostiene que el certificado del IVSS acompañado no sirve para acreditar la cobertura pues carece de firma, legalización o apostilla, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya. Indica que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar la afiliación extranjera, facultad privativa de la autoridad competente del país de origen. Agrega que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales de autenticidad. Finalmente pide que se considere la improcedencia de la acción.

A folio 6, evacúa informe Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. Aduce que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se funda en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones mediante el Oficio Ordinario N°12.954 de 2025. Sostiene que los documentos venezolanos deben estar apostillados para producir efectos en Chile, requisito no cumplido por el actor. Afirma que las declaraciones juradas del afiliado no tienen valor probatorio suficiente para acreditar riesgos cubiertos. Argumenta que el rechazo no es una decisión definitiva sino un acto administrativo subsanable, por lo que no existe una vulneración irreversible. Menciona que la acción de protección no es la vía idónea para impugnar trámites intermedios. Finalmente pide que se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones. A su turno, el citado organismo fiscalizador informa que el beneficio invocado es de derecho estricto y que el documento electrónico del IVSS no cumple con las exigencias de apostilla o legalización para producir efectos en Chile, no siendo la declaración jurada un medio idóneo para acreditar la afiliación extranjera.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, indica de forma textual lo siguiente: "El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2153-2026.

En Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.