nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Sfg C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de abril de dos mil veintiséis.

Visto A folio 1, el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolana, en contra de la AFP PlanVital S.A. La acción se dirige contra el acto que rechaza la solicitud de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, decisión notificada mediante correo electrónico de 12 de febrero de 2026.

La recurrente solicitó el retiro de sus ahorros tras haber cotizado en Chile como personal técnico extranjero, adjuntando documentos como su título profesional, contrato de trabajo y una declaración jurada notariada. Sin embargo, la administradora rechazó la solicitud N°166811, argumentando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba vigente ni debidamente apostillada o legalizada.

La parte recurrente alega que existe una imposibilidad técnica y material para obtener la legalización consular actualizada debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales. Sostiene que esta situación constituye un caso fortuito o fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil, lo que impide a los nacionales venezolanos cumplir con el formalismo exigido de forma tradicional.

En el recurso se enfatiza que la autenticidad de la afiliación al IVSS puede corroborarse mediante un código de verificación en la página oficial del organismo venezolano, ejercicio que permitiría a la AFP cumplir con la finalidad de la ley sin imponer trabas burocráticas excesivas habida consideración del conflicto social y político existente en Venezuela. Se menciona que la AFP PlanVital S.A. ya ha validado este tipo de procedimientos para otros administrados en situaciones idénticas.

La parte afectada denuncia la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y el derecho de propiedad (artículo 19 N°24) sobre sus fondos de capitalización individual. Argumenta que la recurrida realiza una interpretación restrictiva y formalista de la norma, creando requisitos no previstos por el legislador para retener injustificadamente sus ahorros.

Pide que declare la ilegalidad y arbitrariedad del rechazo, ordenando a la AFP PlanVital S.A. que reconozca la validez de la documentación presentada, que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento en un plazo de cinco días, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y permitir el retiro de los fondos.

A folio 6, la recurrida AFP PlanVital S.A. evacua traslado solicitando el rechazo del recurso. Indicó que la recurrente formuló solicitud para retiro de fondos previsionales de acuerdo con la Ley Nº 18.156, acompañado documentación, sin que parte de esta cumpliera los requisitos legales para acoger su solicitud. Presentó una declaración jurada de la trabajadora, emitida en Chile y una constancia electrónica de cotizaciones. Ninguno de estos documentos cumple con lo que dispone el artículo 1° la norma precitada. La declaración jurada es un documento unilateral emitido por la propia recurrida, y ni aun con apostilla, no son idóneas para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. De su parte el documento del ISSV no satisface lo señalado, pues no tiene firma autorizada, legalizada ni apostillada, y además, no acredita extensión ni temporalidad de la vigencia requerida por ley. Pide se rechace el recurso.

A folio 5, La Superintendencia de Pensiones, informa que la recurrente no ha formulado reclamo en contra de su AFP por los hechos denunciados. Lo indicado en el recurso supone la existencia de una cuenta de ahorro lo que desdibuja lo prescrito por la Ley Nº 18.156, pues los retiros previsionales son una norma de excepción no aplicable en la especie, y por ende debe interpretarse restrictivamente.

Adujo que la declaración jurada no es documento idóneo, pues no emana de la entidad de seguridad social del país extranjero, y en este caso es una mera declaración del interesado.

A fojas 7, se ordenó traer autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política es una acción cautelar destinada para amparar el legítimo ejercicio de garantías preexistentes ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Para su procedencia, se requiere la existencia de un acto ilegal o arbitrario que viole o amenace dichas garantías y que el recurrente sea titular de un derecho indubitado.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una declaración jurada notariada, ambos que no cumple con los requisitos legales.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 10 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-2152-2026.