nombre reservado con TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL MAR

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1 y rectificación de folio 3, comparece don nombre reservado, abogado, actualmente suspendido en el ejercicio de profesión por resolución ilegal y arbitraria, quien interpone acción de protección contra de los JUECES TITULARES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE VIÑA DEL MAR, SR. nombre reservado, SR. nombre reservado Y SRA. nombre reservado, quienes con fecha 26 de enero de 2023 decidieron sancionar a abogado con la suspensión de 15 días en el ejercicio de la profesión, mediante una resolución ilegal y arbitraria.

Señala que con fecha 26 de enero de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dicto de suspensión en el ejercicio de la profesión, resolución dictada en causa RUC 2000931223-5, RIT O-402-2022, por la audiencia fijada para el 27 de enero de 2023, a las 09:30 horas.

Indica que presentó su renuncia el 24 de enero de 2023, ya que el defendido le señaló a esa fecha que no requeriría sus servicios, esto por la incompatibilidad que tuvieron a lo largo del proceso, además, de no cumplir con su obligación con los honorarios pactados, por lo que se vio en la obligación de renunciar al poder, solicitando al Tribunal que oficiara a la Defensoría y así no afectar el derecho de su ex representado, desconociendo el paradero de este.

Expresa que la sentencia que da origen al recurso fija su argumento en la supuesta indefensión del representado lo que en estricto digo no ocurre ya que el juicio oral se encontraba agendado para el 27 de enero de 2023, a las 09:00 horas, audiencia que tuvo que ser pospuesta, con esa misma fecha, ante la solicitud de la Defensoría Penal Pública asignada a la misma, dado que, precisamente, asumió la representación del acusado recientemente, careciendo de los antecedentes de investigación para ejercer una adecuada defensa, dando nueva fecha para su debida representación y ejecución de la audiencia. La defensoría se presentó a la audiencia a tiempo y se cumplieron los principios como derecho a defensa, bilateralidad de la audiencia, como otros, por lo que el argumento de indefensión y afectación no se sustenta.

Señala que la sanción ilegalmente impuesta por el Tribunal, no solo le perjudica, si no a sus demás defendidos que dentro el plazo de 15 días impuestos la sanción se vería afectada su derecho a defensa, el agravio generado no tiene precedentes en lo que llegaría a afectar si no se deja sin efecto, por cuanto puso en conocimiento al Tribunal de su renuncia, y solicitó que se oficiara a la Defensoría, sancionándolo por no concurrir a la audiencia a la cual se avisó con anticipación y cuidando sus derechos.

Indica que la resolución de fecha 26 de enero es ilegal y arbitraria, por cuanto sanciona una conducta amparada por la ley, el Tribunal de manera ilegal reprocha una conducta ejercida en uso de una facultad legal establecida en norma permisiva.

Expresa que en el caso en cuestión y que origina el abandono injustificado de la defensa, fue la voluntad expresa de su ex representado el hacer valer sus garantías constitucionales del debido proceso, exigiendo su derecho a un juicio racional y justo regulado en la Constitución, Tratados internacionales de DDHH, el Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal, la Ley Nº 19.718, estándares de defensa y manuales de actuaciones mínimas establecidos por el Defensor Nacional.

Señala que es socio y representante legal de la empresa Arévalo e Hidalgo Abogados Asociados LTDA, empresa que se adjudicó la Licitación ID: 523522-6-LR1744 y que lo ha contratado como abogado de su nómina para prestación del servicio de defensa penal de imputados indígenas de la región.

Indica que el derecho a ejercer libremente esa actividad económica se ve directamente afectado por cuanto, habiéndose respetado todas las normas legales ya latamente citadas y que regulan el actuar del defensor penal público en el marco del cumplimiento de las bases de licitación, no existe motivo alguno para que el Tribunal prive de un elemento fundamental en la organización y operatividad de la empresa del abogado defensor especializado en defensa intercultural.

Lo anterior, implica que existe la obligación de continuidad en la prestación del servicio de defensa penal adjudicado a la empresa citada, obligación que se ha visto impedida de cumplir por resolución ilegal y arbitraria. En general, se ha visto directamente afectado el derecho y el deber de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato de adjudicación de la licitación, imponiendo a la empresa la carga de conseguir un defensor(a) de reemplazo que cumpla con igual o superiores aptitudes profesionales, quedando la libertad de empresa supeditada al parecer arbitrario e ilegal de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, quienes, en caso de no sentir agrado por lo expresado o silenciado por algún defensor en el alegato de apertura, o a lo expresado en alegato de clausura e incidencias apliquen nuevamente la norma del artículo 103 bis del Código Procesal Penal, por el solo hecho de respetar las normas y marco regulatorio de la respectiva licitación, en el ejercicio de una facultad legal.

Señala que la referencia que se hace a Arévalo e Hidalgo Asociados es un por la causa RIT O-98-2020, conocida por el Tribunal de Juicio Oral de Arica, en ella los magistrados sancionaron a los colegas con 15 días de suspensión del ejercicio de la profesión, quienes apelaron la resolución del tribunal, la cual fue rechazada sin efecto suspensivo provocando un perjuicio para los colegas como para todos sus clientes, recurriendo a la Corte de Apelación de Arica quienes revocaron la sentencia arbitraria e ilegal, exponiendo como ejemplo de los perjuicios económicos que puede generar. Indica que en la presente causa no se pudo concurrir por razones ajenas a ellos, al igual que en su caso, no se pudo concurrir por no ser el abogado defensor del imputado en la causa, quien termino con sus servicios, corto todo contacto y nunca cumplió sus honorarios.

Expresa que el agravio cometido por los magistrados del tribunal oral incide directamente en bienes inmateriales de valor incalculable y que pertenecen a toda persona por el solo hecho de ser tal, y las infracciones inciden en el derecho al trabajo y su protección; al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales; la libertad a ejercer libremente actividad económica; y el derecho de propiedad sobre bienes corporales e incorporales.

Pide, en definitiva, se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida, y en definitiva, se restablezca el imperio del derecho eliminando la sanción impuesta de todo registro público oficiando a todas las instituciones administrativas como judiciales que han tomado conocimiento de esa resolución ilegal y arbitraria para que procedan a realizar misma acción eliminando todo registro de ella.

A folio 15, evacúa informe don nombre reservado, JUEZ TITULAR DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VIÑA DEL MAR, señalando que se tramita ante ese Tribunal desde el día 4 de agosto de 2022, la causa RIT 402-2022, RUC 2000931223-5, seguida por el Ministerio Público en contra de nombre reservado, actualmente en libertad, sujeto a la medida cautelar del artículo 9 letra b) de la Ley 20.066.

Indica que en el auto de apertura de 29 de julio de 2022 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar se indicó que el acusado era representado por el abogado recurrente. Asimismo, consta que al acusado referido se le imputa ser autor del delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N° 20.000 y lesiones leves previsto en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, consumado, y se solicita a su respecto se le imponga las penas de cinco años de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 U.T.M. por el segundo delito multa de 4 UTM.

Expresa que una vez recepcionado el auto de apertura de juicio oral desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se procedió, con fecha 5 de agosto de 2022, a fijar día y hora para la realización de la audiencia de juicio oral, quedando ésta programada para el 27 de enero de 2023, a las 09:00 horas.

Señala que con fecha 18 de enero de 2023 y dando cumplimiento al Reglamento para Aplicación Etapa 2, fase de apertura 1 de noviembre de 2022 de la Jurisdicción de Valparaíso, dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 27 de octubre de 2022, que insta al retorno paulatino de labores presenciales en la prestación del servicio judicial, regla general del desarrollo de las audiencias de juicio oral en el procedimiento penal, conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales y en aplicación del Acuerdo de Comité de Jueces N°8-2022 de ese Tribunal, se citó a los intervinientes a audiencia de juicio oral presencial la que se desarrollaría el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas en dependencias del tribunal.

Con fecha 24 de enero de 2023, el Defensor Privado recurrente presenta escrito indicando en lo principal que renuncia al patrocinio y poder que detenta en la causa debido a incompatibilidades respecto al fondo y forma y que se oficie a la Defensoría Penal Pública con el objeto que su ex representado sea provisto de defensa y en el otrosí solicita se le reste del registro de notificaciones en la causa.

Indica que con fecha 25 de enero de 2023 se tuvo presente la renuncia al patrocinio y poder presentada por el abogado recurrente, sin perjuicio de las responsabilidades que competen al mandatario que renuncia. Asimismo se solicitó de manera urgente a la Defensora Jefe de Viña del Mar para que se designara un defensor penal público al acusado cuya audiencia de juicio oral se encontraba programada para el día 27 de enero de 2023, a las 09:00 horas, es decir, dos días después.

Expresa que el mismo día, la Defensora Jefa de Viña del Mar doña nombre reservado informa al Tribunal que se designa a ella como Defensora del acusado y en escrito aparte solicita nueva fecha de juicio oral argumentando que a las 13:20 horas del miércoles 25 de enero se le notificó la renuncia al patrocinio y poder del Defensor Privado.

Añade que del 27 de enero al 02 de febrero haría uso de feriado legal y que faltando un día y medio para el juicio oral, estando el acusado en libertad y con domicilio en Santiago es imposible para ella u otro Defensor preparar una defensa. Que no cuenta, además, con la copia investigativa.

Indica que por resolución de 26 de enero, el Tribunal y atendido los fundamentos expresados, y teniendo especialmente en cuenta que no le es posible ejercer una adecuada defensa, dado lo intempestivo y reciente de la renuncia del abogado defensor privado, accede a lo solicitado por la Defensa en el sentido de modificar la fecha de Audiencia de Juicio Oral, fijándose ésta para el día 01 de junio de 2023, a las 09:00 horas Expresa que por resolución de la misma fecha dictada por la sala de turno integrada por los magistrados don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado resolvió que en ese caso el abogado defensor recurrente, presentó su renuncia al patrocinio y poder tan solo 3 días antes de la realización del juicio oral, actuación intempestiva que generó consecuencias negativas tanto para su representado como para el órgano persecutor, y que constituyen un incumplimiento flagrante de la prohibición dispuesta en el inciso 2° del artículo 106 del Código Procesal Penal y lo sancionó con la suspensión del ejercicio de la profesión por el plazo de quince días.

Señala que el 8 de febrero de 2023, se certificó por la Ministra de Fe del Tribunal que la resolución antes referida se encuentra ejecutoriada.

Indica que para la sanción aplicada al Defensor recurrente el Tribunal tuvo en consideración la norma del artículo 106 del Código Procesal Penal, en sus incisos 1° y 2°.

Expresa que el Tribunal estimó que las consecuencias de la conducta del abogado, antes descritas, se encuentran expresamente contempladas en el inciso 3° de la norma aludida, y a su turno, el artículo 103 bis, señala que la sanción de suspensión del ejercicio de la profesión no podrá ser inferior a quince ni superior a sesenta días.

Asimismo, estima que lo dispuesto en el artículo 103 bis inciso final, solo resulta aplicable a las hipótesis que la misma norma contempla, esto es, al abogado que no asistiere a la audiencia respectiva o la abandonare injustificadamente, tratándose de supuestos respecto de los que es posible efectuar descargos, no así a la causal que se ha configurado en la especie, pues se trata de una de carácter objetivo e indiscutible, cual es haber renunciado el abogado que se sanciona, en un plazo inferior a diez días antes de la audiencia de juicio oral, como ocurrió en la especie, todo lo cual se consignó en la resolución que aplicó la sanción antes referida.

En cuanto a los reclamos efectuados por el señor recurrente, el Tribunal no estima que la sanción aplicada al letrado sea arbitraria e ilegal como indica, en atención a la existencia de norma expresa respecto de la obligación y responsabilidad que le cabe al Defensor para con su representado ante la celebración de un juicio oral ya que como indica el artículo 106 ya citado, la renuncia formal del defensor no lo liberó de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado y en el presente caso la realización de un juicio oral, 3 días después de la renuncia es, justamente, un acto inmediato y urgente.

Por otro lado y haciéndose cargo el Tribunal de las alegaciones del recurrente, en cuanto es socio y representante legal de la Empresa Arévalo e Hidalgo Abogados Asociados, empresa que se adjudicó la licitación y que lo ha contratado como abogado de su nómina para prestación del servicio de defensa penal de imputados indígenas de la región y que la sanción aplicada lo afecta en el derecho a ejercer libremente esa actividad económica y en la continuidad de la prestación del servicio de defensa penal adjudicado, se estima que dicha afectación ha sido provocada por la propia conducta del recurrente, ya que no podía menos que saber las sanciones establecidas en las normas legales citadas en el numeral 8° en especial que la renuncia no puede ser presentada por el abogado defensor dentro de los diez días previos a la realización de la audiencia de juicio oral y que de ser aplicadas, como el caso de autos, se vería efectivamente perjudicado, como también perjudicó su actuación intempestiva que generó consecuencias negativas tanto para su representado como para el órgano persecutor, como se plasmó en la resolución sancionatoria.

Acompaña documentos al informe.

A folio 16, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, por medio de la presente acción cautelar, la parte recurrente solicita se deje sin efecto la resolución recurrida de fecha 26 de enero de 2023, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, que decretó sus suspensión en el ejercicio de la profesión, dictada en causa RUC 2000931223-5, RIT O-402-2022, solicitando se elimine la sanción impuesta de todo registro público.

Segundo: Que al evacuar su informe el Tribunal recurrido, indica que teniendo especialmente en cuenta lo intempestivo y reciente de la renuncia del abogado defensor privado, recurrente en autos, tan solo 3 días antes de la realización del juicio oral, lo que generó consecuencias negativas tanto para su representado como para el órgano persecutor, lo que constituye un incumplimiento flagrante de la prohibición dispuesta en el inciso 2° del artículo 106 del Código Procesal Penal, sancionándolo con la suspensión del ejercicio de la profesión por el plazo de quince días.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que los hechos que sirven de fundamento a la acción de protección deducida, no dicen relación con arbitrariedad e ilegalidad alguna que pueda ser objeto de la presente acción cautelar, sino que se trata del ejercicio de una facultad del tribunal susceptible de ser reclamada por la vía de apelación, por lo que el asunto sometido a la decisión de esta Corte se encuentra bajo el resguardo del derecho y, por consiguiente, no puede ser objeto de la acción extraordinaria de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de amparo interpuesto por doña nombre reservado en representación del imputado don nombre reservado, en contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2150-2023.