AGRICOLA ALTO MIRAMAR LIMITADA con nombre reservado

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, con fecha 10 de agosto de 2023, comparece Alfredo Nebreda Le Roy, abogado, en representación de las sociedades Inmobiliaria Bellavista S.A. y de Agrícola Alto Miramar Limitada, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, y de todos los ocupantes de los inmuebles de propiedad de las recurrentes, por haberse afectado el derecho constitucional a la propiedad de las empresas recurrentes, contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Explica que sus representadas son dueñas de los lotes Área Urbana (o lote L) y lote H del Plano de Subdivisión del predio agrícola denominado Fundo Miramar, antes hijuela Las Trupas o Miramar, que formaba parte del Fundo Llo-Lleo, ubicado en la comuna de San Antonio. En cuanto al primer predio, relata que Inmobiliaria Bellavista S.A., es dueña del lote Área Urbana (o lote L), el cual adquirió el 24 de noviembre de 2004, por compra que hizo a la Agrícola Alto Miramar Limitada, encontrándose inscrita a su nombre a fojas 8.846, número 4.576 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 2004. Respecto al segundo predio, señala que Agrícola Alto Miramar Limitada, es dueña del lote H, el cual adquirió el 29 de enero de 1999, por compra que hizo a don nombre reservado, encontrándose inscrita a su nombre a fojas 2.480, número 1.354 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1999.

Alega que, desde el mes de diciembre de 2019, un número indeterminado de personas lideradas -entre otros- por las recurridas nombre reservado y nombre reservado, hicieron ingreso ilegal y sin autorización a los lotes antes individualizados, procediendo a realizar diversos tipos de construcciones, fabricando toldos y estructuras de madera, además de la instalación de carpas, con el claro objetivo de establecerse en el predio de manera indefinida.

Señala que esta situación se ha mantenido en el tiempo e incluso se ha agravado, aumentando indiscriminadamente el número de personas que ha hecho ingreso irregular al inmueble entre enero de 2020 y la fecha de presentación del recurso, loteándose y distribuyéndose sitios, construyéndose un gran número de casas y calles, instalándose postes para la energía eléctrica y permaneciendo indefinidamente sin autorización en el predio, dando origen a las tomas denominadas “Altos de Placilla”, “Cumbres de Placilla” o simplemente “Toma de Placilla”.

Indica que los ocupantes han procedido a lotear irregularmente los terrenos del Fundo Miramar y a publicitar el ofrecimiento de venta de dichos terrenos y casas por diversos medios de comunicación, entre ellos, la red social Facebook.

Sostiene que en el terreno se encuentra en desarrollo el Proyecto Habitacional Miramar de San Antonio, el cual contempla la construcción de más de 16.000 viviendas, para una comuna que actualmente tiene un déficit de más de 11.000.

En cuanto al derecho, sostiene que la ocupación de los terrenos particulares, encabezada por las recurridas, constituye un acto ilegal y arbitrario, que pretende despojar a las recurrentes del legítimo uso, goce y disposición de los predios anteriormente individualizados, afectando la garantía constitucional del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a las recurridas y a cualquier otra persona que se encuentre instalada u ocupando la propiedad, hacer abandono de los inmuebles referidos en un plazo máximo de tres meses o el que la Corte determine, debiendo retirar del lugar sus enseres, bienes y todas las construcciones realizadas, bajo apercibimiento de desalojo con auxilio de la fuerza pública. Asimismo, pide que se oficie a Carabineros de Chile facultándolo para custodiar, mediante rondas diarias, los predios por los próximos treinta días y repeler cualquier intento de nueva ocupación luego del desalojo.

Acompaña documentos que dan cuenta de los contratos de compraventas celebrados respecto de los predios por ambas empresas, certificados de dominio y fotografías de la red social Facebook.

A folio 53, luego de infructuosas gestiones para notificar a las recurridas y de encontrarse archivada la causa, y previo desarchivo, se dio lugar a la notificación por avisos, cuyas publicaciones se encuentran contenidas en el escrito de folio 60, y se realizaron los días 3, 4, 6 y 7 de marzo de 2025.

A folio 61, comparece Rubén Salas Carrillo, abogado, en representación de los recurridos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes interpusieron incidente de abandono de procedimiento, el que fue rechazado por esta Corte mediante resolución de 2 de abril de 2025, al ser improcedente atendida la naturaleza y tramitación de la acción de protección.

A folio 63, el 23 de marzo del 2025, comparece Margarita Peña Humaña, abogada, en representación de (1) nombre reservado, (2) nombre reservado, (3) nombre reservado, (4) nombre reservado, (5) nombre reservado y (6) nombre reservado, quienes comparecen en calidad de recurridos, y, en primer lugar, plantean que el recurso es extemporáneo, pues fue ingresado el 10 de agosto de 2023, mientras que los recurrentes afirman que la ocupación comenzó en diciembre de 2019, es decir, 4 años y 8 meses antes. Sostienen que los propietarios conocían de la ocupación al menos desde el 20 de noviembre de 2019, cuando nombre reservado, propietario de la sociedad dueña del terreno, en una reunión con la comunidad, autorizó explícitamente la utilización del sitio.

En cuanto al fondo, niegan haber ingresado mediante violencia al predio, afirmando que los terrenos han permanecido vacíos por décadas, sin uso y sin cierre perimetral. Señalan que desde hace muchos años existen asentamientos humanos en el Fundo Miramar, relacionados con la existencia de propiedad fundiaria y de inquilinos cuyos descendientes viven en forma irregular en este sector.

Sostienen que es falso que los recurrentes hayan realizado “múltiples intentos materiales” para evitar esta ocupación, y descartan haberse negado a restituir los predios o impedir el acceso de los dueños o de la fuerza pública, afirmando que nunca se les ha solicitado la restitución, habiendo ingresado Carabineros en distintas oportunidades sin impedimentos.

Refutan que hayan loteado irregularmente los terrenos o que ofrezcan en venta dichos terrenos, aclarando que lo que se anuncia en las publicaciones aportadas por los recurrentes es la venta de materiales de construcción y/o casas prefabricadas (bienes muebles), no de suelo o lotes.

Argumentan que los recurrentes no acreditan de forma indubitada su derecho de propiedad sobre los inmuebles, pues los documentos acompañados certifican que se han transferido diversas partes de los terrenos, desconociéndose la cantidad de suelo que permanece en manos de los recurrentes. Además, dichos documentos son de julio de 2022 y el recurso fue interpuesto en agosto de 2023, por lo que no acreditarían dominio al momento de interposición del recurso.

Añaden que los recurrentes no han acreditado que los recurridos ocupen específicamente los Lotes Área Urbana (o Lote L) y el Lote H, señalando que los distintos lotes no se encuentran materialmente divididos o delimitados mediante cercas. Cuestionan también la validez probatoria del Acta de Inspección Notarial aportada.

Finalmente, informan que son parte de un asentamiento humano que ha iniciado un proceso de regularización, realizando gestiones ante las autoridades públicas y municipales. Mencionan que están incluidos en el catastro nacional de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que han solicitado al municipio su inclusión en el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025, y que han gestionado con Chilquinta la instalación de un empalme para contar con suministro eléctrico regular.

Por lo expuesto, solicitan el rechazo del recurso por ser extemporáneo y porque los recurrentes no han acreditado en forma indubitada su propiedad sobre los lotes ni dónde se emplaza el asentamiento irregular.

Acompañan Programa Municipal de Regularización y Saneamiento de Campamentos de la Municipalidad de San Antonio, querella en contra de la recurrente Inmobiliaria Bellavista por Sociedad Legal Minera contra Inmobiliaria Bellavista S.A., certificado de directorio de Organización Comunitaria Suyai, Certificado de Comité Habitacional Los Pinos de Placilla, Oficio N° 4425, del SERVIU Valparaíso, Decreto Alcaldicio N°2816, que autoriza uso de bien nacional de uso público para instalar empalme eléctrico, entre otros documentos.

A folio 66, atendido el tiempo transcurrido y las notificaciones por avisos, se prescindió del informe de la recurridas nombre reservado y nombre reservado, y se trajeron los autos en relación.

A folio 78, comparece Alejandra Hidalgo Erazo y nombre reservado Rivera Iribarren, abogadas, en representación de las recurridas nombre reservado y nombre reservado, quienes señalan que el recurso se dirige contra ellas por la supuesta vulneración al derecho de propiedad, producto de liderar la “Toma” que actualmente hace ocupación de los predios denominados lotes Área Urbana (o lote L) y H del Plano de Subdivisión del predio agrícola denominado Fundo Miramar, comuna de San Antonio, pero dicha ocupación no emana de las recurridas nombre reservado y nombre reservado, ya que ninguna de ellas vive en la actualidad en la propiedad de las recurrentes. Indican que, según atestado receptorial de folios 4, 5, 13, 12, 18, 17, 39, 48 y 51, las recurridas no fueron notificadas por mismo motivo, lo que demuestra que no son sujetos pasivos susceptibles de ser emplazadas.

Afirman que nombre reservado tiene su domicilio en domicilio reservado, en un inmueble familiar que era de su fallecido abuelo, donde se quedó a vivir luego del fallecimiento de su padre con sus dos hijas; y que nombre reservado tiene su domicilio en domicilio reservado, en inmueble propiedad de su ex esposo y padre de sus hijas, en donde vive con sus hijas.

Argumentan que el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de sus representadas, por lo que el sujeto pasivo de esta acción constitucional queda totalmente indeterminado. Sostienen que la acción constitucional no está dirigida en contra de nadie en particular sino contra un “indeterminado” de personas, que no han sido válidamente notificadas ni emplazadas.

Plantean que esta falta de emplazamiento implica la conculcación de la garantía del debido proceso en la presente acción constitucional, independiente de que se haya realizado la publicación por avisos que rola a folio 59.

Acompañan documentos tendientes a acreditar el domicilio y residencia de las recurridas, incluyendo Cartola Registro Social de Hogares, Registro de Salud, Certificado de Cotizaciones, Permiso de Circulación, Estados de Cuenta de tarjetas y Certificados de Residencia.

Que, a folio ochenta y dos, se ordenó oficiar a la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, al SERVIU de la Región de Valparaíso y a la I. Municipalidad de San Antonio, a fin de que informen sobre el número de habitantes que se encuentran ocupando dicho sector, si se han adoptado soluciones habitacionales, en su caso, y cualquier otro antecedente relevante de la referida “Toma de Placilla”.

Que, a folio ochenta y cinco evacúa informe SERVIU Región de Valparaíso, el que señala que respecto del número de habitantes, aún no es posible entregar una cifra exacta, ya que el catastro aún está abierto y en proceso de cierre, si bien ya se realizaron las encuestas a las familias que habitan el sector, actualmente se encuentra terminando la supervisión del trabajo realizado en terreno por la consultora, sitio a sitio con los dirigentes, para posteriormente comenzar el proceso de análisis de los datos, lo cual debe concluir con un informe final que concluye el proceso, esto se programó para en agosto de 2025. Como cifra extraoficial, indican 1.042 hogares, registrando 2.520 habitantes en ambos campamentos. Afirman que, por el momento, no se puede hablar de una solución habitacional para las familias, ya que, primero se debe terminar el catastro para luego dar paso al Diagnóstico Socio Territorial, lo que nos definirá la estrategia de intervención, la cual, puede ser relocalización o radicación de las familias, una vez definido esto se podrá entregar las diversas soluciones habitacionales del Ministerio de Vivienda, según sea el caso.

Finalmente informa que el proceso de diagnóstico se debe licitar este año, para tener los resultados durante el presente año, y así definida la estrategia de intervención para los campamentos Rol 9034-1 y Alto Mirador.

Que, a folio ochenta y ocho evacúa informe la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, indicando que en cuanto al número de habitantes, no maneja cifras oficiales respecto de la cantidad de personas que actualmente ocupan el sector en cuestión; en cuanto a las soluciones habitacionales, hasta la fecha, no se han adoptado soluciones habitacionales toda vez que dicha facultad pertenece al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

Como antecedentes relevantes, expone que únicamente se registra una reunión llevada a cabo el 27 de marzo de 2025, en la que participaron los siguientes actores y organizaciones:

1) Organizaciones y comunidades presentes:

- Organización Pasaje Alto Los Pinos, Sector B5.

- Comunidad Vista al Mar, Sector Cumbres.

- Organización Comunitaria Nido de Queltehues.

- Comunidad Vista al Mar (ROL 9034-1).

- Campamento Alto Mirador.

- Organización Alto de Placilla.

2) Instituciones participantes:

- Gestión Habitacional, Ilustre Municipalidad de San Antonio.

- JG, Ilustre Municipalidad de San Antonio.

- Dirección de Desarrollo Comunitario, Ilustre Municipalidad de San Antonio.

- Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

- Gobierno Regional de Valparaíso. - Delegación Presidencial Provincial de San Antonio.

Que, a folio ochenta y nueve, evacúa informe la Ilustre Municipalidad de San Antonio, comunicando que no ha efectuado catastro, gestión de soluciones habitacionales ni ha realizado alguna acción sobre este campamento. Añade eso sí que en su oportunidad, mediante Decreto N°4.406 de 17 de noviembre de 2020, se dispuso demolición para las construcciones incipientes a fecha en el sector objeto del recurso, el que nunca se ejecutó.

Que, a folio noventa y siete, se ordenó oficiar al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, a fin de que se remita copia de inscripción con vigencia de las inscripciones que rolan a fojas 8.846, número 4.576 correspondiente al Registro de Propiedad de 2004; y la de fojas 2.480, número 1.354 correspondiente al Registro de Propiedad de 1999; a la Fiscalía Local de San Antonio, a fin de que informe acerca del estado de tramitación de la querella presentada y tramitada bajo el RIT 982-2022 del Juzgado de Garantía de San Antonio; y al Primer Juzgado de Letras de San Antonio, a fin de que remita el ebook correspondiente a la causa rol C-1293-2020.

Que, a folio noventa y nueve, el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio remite copias de inscripción con vigencia de las inscripciones que rolan a fojas 8.846, número 4.576 correspondiente al Registro de Propiedad de 2004; y la de fojas 2.480, número 1.354 correspondiente al Registro de Propiedad de 1999.

Que, a folio ciento dos, evacúa informe el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, acompañando por su intermedio el ebook correspondiente a la causa rol C-1293-2020 (Corresponde a una querella de amparo deducida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Minería, por SOCIEDAD LEGAL MINERA SANTA ROSA en contra de la recurrente INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A., la cual fue desestimada por el tribunal, y posteriormente confirmada por esta Corte “De esta forma, teniendo en consideración que el acto alegado por la actora como turbador de la posesión, consiste en la superposición de concesiones; el interdicto deducido en autos resulta ser improcedente para la finalidad que se pretende, debiendo accionarse, en torno a la nulidad de la concesión de explotación superpuesta; circunstancia que fuerza no dar lugar a la acción deducida en estos autos basada en tal superposición”).

Que, a folio ciento ocho, evacúa informe la Fiscalía Local de San Antonio, informando acerca de la querella deducida el 7 de marzo de 2022 por Sociedad Legal Minera Santa Rosa, en contra del recurrente Inmobiliaria Bellavista S.A., por el delito de usurpación u ocupación de inmuebles no violenta sin daños en las cosas, conforme al artículo 458 del Código Penal, fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de San Antonio el 9 de marzo, Que, a folio ciento veintiuno, se ordenó oficial nuevamente a la Fiscalía Local de San Antonio, a fin de que cumpla con lo efectivamente ordenado en resolución de 16 de mayo de 2025, folio 97.

Que, a folio ciento veintitrés, evacúa informe la Fiscalía Regional de Valparaíso, indicando en lo pertinente que la investigación penal se encuentra actualmente vigente y desformalizada. Acompaña copia íntegra de la carpeta fiscal.

Que, a folio ciento treinta y uno, la Primera Sala de esta Corte, ordenó oficiar a la Fiscalía Local de San Antonio, a fin de que se remita la carpeta investigativa correspondiente a los RUC 2010005771-K y RUC 2210043852-K.

Que, a folio ciento veinticuatro, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de emergencia, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales taxativamente enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Su naturaleza exige que los hechos en que se funda estén claramente establecidos y que el derecho cuya protección se solicita sea preexistente e indubitado.

Segundo: Que, respecto de las recurridas individualizadas nominativamente, doña nombre reservado y doña nombre reservado, estas han acompañado a folio 78 una serie de antecedentes, entre ellos, cartolas del Registro Social de Hogares y certificados de residencia, que acreditan que sus domicilios se encuentran en las comunas de Santo Domingo y El Tabo, respectivamente, y no en los terrenos ocupados en San Antonio. No habiendo el recurrente aportado prueba alguna que desvirtúe lo anterior, no es posible atribuirles a ellas el acto que se denuncia como vulneratorio, motivo por el cual la acción dirigida en su contra no puede prosperar.

Tercero: Que, en lo que respecta a la alegación de extemporaneidad, el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, establece un plazo fatal de treinta días corridos para la interposición del recurso, contados desde la ejecución del acto, la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos. En la especie, la propia recurrente sitúa el inicio de la ocupación en el mes de diciembre del año 2019, mientras que el recurso fue deducido el 10 de agosto de 2023, esto es, más de tres años y medio después. Si bien la ocupación es un acto de efectos permanentes, el conocimiento del hecho que se denuncia como vulneratorio es manifiestamente anterior en años al plazo legal, por lo que la acción resulta, a todas luces, extemporánea, constituyendo esta una causal suficiente para su rechazo, pugnando lo anterior con la naturaleza cautelar y de urgencia de la presente acción constitucional.

Cuarto: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, y abundando en el fondo del asunto, la acción de protección no puede ser acogida. El requisito fundamental para la procedencia de esta acción cautelar es la existencia de un derecho indubitado y preexistente que esté siendo afectado. En el presente caso, la parte recurrida ha controvertido fundadamente el dominio de las recurrentes sobre la totalidad de los terrenos ocupados. De los propios títulos de dominio acompañados por las actoras, singularizados a fojas 8.846 N° 4.576 del año 2004 y a fojas 2.480 N°1.354 del año 1999, se desprenden múltiples subinscripciones que dan cuenta de transferencias, ventas y expropiaciones parciales de los lotes originales.

Quinto: Que, en consecuencia, la determinación exacta de los deslindes actuales de los predios y la superficie que aún pertenece a las recurrentes, así como la correspondencia de dicha superficie con el área efectivamente ocupada por los recurridos, es una materia que excede con creces el marco de este procedimiento cautelar. Dilucidar esta controversia sobre el dominio requiere de un procedimiento de lato conocimiento, con etapas de discusión, prueba y sentencia, como lo serían un juicio reivindicatorio o una acción de precario, donde puedan practicarse diligencias probatorias idóneas (peritajes topográficos, inspecciones personales, entre otras) para establecer con certeza los hechos y el derecho que se reclama.

Sexto: Que, asimismo, existen controversias sobre hechos sustanciales de la causa, como la forma en que se inició la ocupación lo que reafirma la necesidad de acudir a la vía procesal ordinaria que permita rendir la prueba pertinente para acreditar tales circunstancias.

Séptimo: Que, finalmente, de los informes evacuados por el SERVIU de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de San Antonio, consta que el asentamiento denominado "Altos de Placilla" o "Cumbres de Placilla" está catastrado como campamento y es objeto de políticas públicas y planes de intervención para buscar soluciones habitacionales. Esta circunstancia evidencia la complejidad del conflicto, que involucra aristas sociales y de políticas públicas que no pueden ser resueltas mediante la simple orden de desalojo que se pretende por esta vía sumarísima.

Octavo: Que, por todo lo razonado, al existir una controversia legítima sobre el derecho invocado y los hechos fundantes de la acción, y al ser la materia propia de un juicio de lato conocimiento, el presente recurso de protección no resulta ser la vía idónea para resolver el conflicto, por lo que deberá ser rechazado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan asistir a la parte recurrente para ser ejercidos en la sede y por el procedimiento que corresponda.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Inmobiliaria Bellavista S.A. y Agrícola Alto Miramar Limitada, en contra de nombre reservado, nombre reservado, y de todos los ocupantes de los inmuebles de propiedad de las recurrentes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21496-2023.