nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondos PROVIDA en contra del acto que estima ilegal y arbitrario de 12 de febrero de 2026 que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjeros.

Sostiene que, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Agrega que, en este mismo orden de ideas, es notificado vía correo electrónico el 12 de febrero de 2026, que la solicitud de retiro de fondos fue rechazada, señalando lo siguiente:

“ […]Hola. Queremos contarte que tu solicitud N° de Retiro de Fondos Técnico Extranjero ha sido rechazada, por el siguiente motivo: Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.[…]”

Asevera que, es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Arguye que, realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que es profesional extranjero y cumple con los requisitos señalados en la ley, en consecuencia, se evidencia que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Así las cosas, es imperioso señalar que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que, desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Señala que, además de acompañarse el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado, puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, arrojará la web indicada y así la constancia electrónica emitida por la seguridad social puede ser verificada a través del link señalado y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de google.

Lo anterior, dice relación a que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación 439d11405-2026009”.

Así las cosas, como se evidencia, la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido.

Finalmente, traemos a colación que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida se encuentra afiliado al sistema de pensiones chileno administrado por AFP PROVIDA durante el período en que prestó servicios laborales en Chile.

En cuanto al derecho, fundamenta su pretensión, en la ley N° 18.156, que permite a los técnicos extranjeros (y a las empresas que los contraten) la exención de cotizaciones y la devolución de fondos si mantienen afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte y estima conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, ordenar a la recurrida que se reconozca la documentación suministrada por el recurrente, disponer un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos, conforme a derecho y dentro de un plazo razonable y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Acompaña jurisprudencia en que apoya su recurso y documentos.

A folio 6, Superintendencia de Pensiones.

Refiere el recurrente que es notificado, vía correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2026, que su solicitud de retiro de fondos fue rechazada por el siguiente motivo “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado”.

Sostiene que, el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos previsionales amparado en la Ley N°18.156. AFP Provida rechazó la solicitud el 12 de febrero de 2026, argumentando que el documento presentado (una "constancia de cotización") no era el idóneo y carecía de la apostilla o legalización requerida.

Agrega que, para acreditar su cobertura en el extranjero, el recurrente acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada.

Hace presente además que, el anexo de contrato de trabajo de 19 de noviembre de 2025 presenta una voluntad equívoca, ya que el trabajador declara estar afiliado al sistema venezolano pero, al mismo tiempo, manifiesta que cotizará en el régimen chileno durante la relación laboral.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que la regla general en Chile es que todo trabajador, independiente de su nacionalidad, está obligado a cotizar en el sistema previsional chileno. La Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse de manera restrictiva y debe cumplir con los requisitos copulativos del artículo 1° Ley N°18.156.

En cuanto a la formalidad de los documentos, según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Código de Procedimiento Civil, los certificados extranjeros deben estar debidamente legalizados o apostillados (Convención de La Haya) para tener valor probatorio en Chile. Una declaración jurada no es un documento idóneo para suplir esta certificación oficial.

La Superintendencia de Pensiones ha establecido que, si la voluntad manifestada en el contrato es contradictoria (afiliación chilena y extranjera simultánea), no procede la devolución de fondos. Además, existen fallos previos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema que han rechazado recursos similares por falta de apostilla en certificados del IVSS.

En conclusión, la Superintendencia sostiene que no existen antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias legales para la devolución de sus ahorros previsionales.

A folio 7 informa la AFP Provida.

Solicita el rechazo del recurso de protección, por cuanto, a su juicio, no es el mecanismo adecuado para resolver esta clase de controversias, ya que el derecho reclamado no es indubitado sino discutido, y además el recurso de protección solo procede ante actos ilegales o arbitrarios evidentes, lo que —según la AFP— no ocurre en este caso, por cuanto el rechazo de la devolución de fondos fue conforme a la Ley N° 18.156.

En cuanto al fondo, la AFP refiere que el recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada suscrita por él, mediante la cual manifiesta que se encuentra afiliado a un sistema previsional extranjero y da cumplimiento a lo preceptuado a la normativa aplicable en la especie.

Al respecto, la Superintendencia manifiesta que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia. Del mismo modo, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado.

Por otro lado, hace presente que el anexo de contrato de trabajo de 19 de noviembre de 2025, suscrito entre el recurrente y la empleadora Mundo Etiquetas SpA, contiene una manifestación de voluntad equívoca. En efecto, en el mencionado documento el trabajador expresa, a un mismo tiempo, que se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social extranjero y que, durante el curso de la relación laboral, cotizará en el régimen de seguridad social chileno. Pues bien, respecto del requisito contemplado en la letra b) del artículo 1 de la ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, se debe hacer presente que la jurisprudencia de este Servicio ha establecido que, cuando la voluntad del trabajador manifestada en el contrato de trabajo, o en éste y sus anexos, es contradictoria, no procederá la devolución de los fondos previsionales.

Previas citas legales y jurisprudencia administrativa y judicial, sostiene la recurrida que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad, ya que el rechazo de la devolución de fondos se ajusta a la Ley N° 18.156, el DL 3.500 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y que la discusión planteada excede el ámbito del recurso de protección.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros —personal técnico— existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico, para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores- Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que, pudiendo acogerse a este sistema excepcional, igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que, el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con un empleador en Chile, en el cual manifestó su voluntad de mantener la afiliación al sistema de previsión y seguridad social de su país de origen que proporciona cobertura en las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte.

3° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no se encuentra firmada por quien emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizada o apostillada.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente no acompañó la constancia de afiliación vigente debidamente apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que el documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado Octavo: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2148-2026.