nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

dgm C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece Leonardo Contreras Neira, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, ingeniero comercial, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por el acto arbitrario e ilegal que constituye la dilación excesiva en la tramitación de una serie de sumarios administrativos en contra de la recurrente, y que estarían afectando su derecho a la vida y a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a un juez natural, consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2° y 3° de la Constitución Política de la República.

Explica que la actora se desempeña desde hace 15 años como funcionaria de la Municipalidad de Valparaíso, bajo la modalidad de contrata en grado 11 de la Escala única de Sueldos Municipales, y además detenta el cargo de presidenta de la asociación de funcionarios Municipales de Valparaíso, razón por la cual la medida disciplinaria de destitución que se le pueda aplicar en un proceso sumarial, debe ser necesariamente ratificada por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.296.

Relata que por medio del Decreto Alcaldicio Nº 281 del año 2020, se instruyó sumario administrativo en contra de la recurrente, debido a las denuncias realizadas en contra del ex funcionario nombre reservado, en razón del desempeño de este como fiscal en otra instancia administrativa, en la cual el instructor realizó preguntas de carácter íntimo a la recurrente y a otros funcionarios en calidad de testigos, y por esta denuncia el Alcalde decidió seguir un sumario en su contra, formulándose cargos por haber presentado acusación falsa en contra de nombre reservado.

Señala que habiéndose presentado prueba contundente en el sumario, la recurrida decidió aplicar la medida de destitución, la que luego fue desestimada por la Contraloría, ya que con fecha 30 de diciembre de 2021, ordenó la reapertura del sumario con el fin de modificarlo conforme a derecho, lo que significa que se debe absolver a la recurrente, dejando sin efecto el Decreto Exento DAJ N° 191, de 13 de julio de 2021 que ordenó la destitución.

En cuanto al acto que estima arbitrario, señala que desde esa época la Municipalidad no ha ordenado la reapertura y conclusión del sumario, cuestión que fundamenta en haberse presentado una reconsideración ante Contraloría, medio de impugnación que no estaría regulado en la legislación administrativa.

Por otro lado, explica que idéntica situación se experimenta con otro sumario, en el cual se resolvió la destitución de la actora por medio de Decreto Exento N° 417, de fecha 13 de diciembre de 2021, cuya ratificación por parte de la Contraloría fue denegada, con un año sin tramitación, a pesar de que la Contraloría resolvió en términos similares al primer sumario.

En conclusión, afirma que la etapa probatoria en ambos procesos sumariales se ha terminado, y se encuentra entregado en manos de la Municipalidad la resolución de los mismos, por lo que su dilación excesiva constituye un acto injusto, que obliga a la recurrente a mantenerse en un estado expectante esperando simplemente el momento en que la Municipalidad decida terminar el sumario, infringiendo los artículos 3° y 8° de la Ley 18.575, y el artículo 7° de la Ley 19.880.

Pide que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida cerrar y afinar de manera inmediata los sumarios instruidos en contra de la recurrente, con costas.

Acompaña informe psicológico efectuado a la actora.

A folio 6, informa la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, oponiendo excepción de cosa juzgada, puesto que la actora presentó acción de tutela interpuesta el 16 de junio del año 2021, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, causa RIT T-573-2021, el que funda en supuestas vulneraciones a sus garantías constitucionales, pide indemnizaciones, y argumenta que ha sido afectada en sus derechos por la tramitación, sanción y dilación en los sumarios seguidos en su contra.

Afirma que en la referida causa se dictó sentencia el 28 de noviembre de 2022, y se descartó cualquier tipo de vulneración en su contra por parte del municipio, y por lo tanto, el asunto ya ha sido resuelto con anterioridad por un Juzgado con competencia para conocer y resolver el asunto.

Por otro lado, argumenta que el recurso ha sido deducido fuera de plazo, ya que el libelo se funda en supuestas infracciones por la demora en la tramitación del sumario, sin expresar desde cuando se produciría aquello o desde qué fecha toma conocimiento y, por lo tanto, el plazo para presentar el recurso de protección, se debe contar desde que se le notificó el decreto, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos.

Además, sostiene que este recurso de protección no es la vía idónea para resolver su pretensión, ya que en el procedimiento administrativo la ponderación de los medios de convicción que constan en el sumario, recae en la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y que en el presente caso recae en el Alcalde, no pudiendo esta Corte pronunciarse sobre el fondo del procedimiento disciplinario.

En lo que respecta al primer sumario, relata que este fue ordenado mediante Decreto Exento N° 281, de fecha 14 de agosto de 2020, por difamación del fiscal que investigaba hechos en otro sumario, y en el cual se determinó ordenar la destitución de la recurrente con fecha 16 de agosto de 2021, medida que no fue ratificada por la Contraloría General de la República, quien ordenó reabrir el presente sumario a fin de efectuar una nueva valoración de las probanzas. Agrega que producto de lo anterior, se designó a una nueva fiscal administrativa, y con fecha 11 de agosto del año 2023, la propia recurrente presentó escrito recusando a la fiscal y actuario. Lo anterior, sin perjuicio de haberse presentado un recurso de reconsideración ante la Contraloría por parte de la Municipalidad, para revertir la medida ordenada.

En lo que respecta al otro sumario, iniciado con fecha 13 de julio de 2021, por medio del cual se pretende investigar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponderle a la actora, por haber participado en actividades laborales durante periodos en que se encontraba haciendo uso de licencia médica, señala que por este sumario la funcionaria tiene una medida de destitución en su contra, sujeta a ratificación de la Contraloría, la cual no ha sido resuelta, atendido a que la actora tiene la calidad de directora de una asociación municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.296.

Respecto a los sumarios, indica que los procedimientos seguidos en contra de la recurrente, fueron efectuados de conformidad a lo establecido en la ley, teniendo la posibilidad de ejercer todos sus derechos y asegurando su debido proceso en todas las etapas que lo componen, añadiendo que tampoco existe una dilación excesiva en el tiempo de tramitación, y que el vencimiento del plazo para efectuarlo no genera caducidad o invalidación del acto mismo, sin perjuicio que la propia parte no ha presentado ningún escrito en los sumarios instando por el curso progresivo de los mismos, sino todo lo contrario, ha presentado una serie de recursos que solo terminar por demorar el procedimiento.

Acompaña sentencia definitiva en causa laboral y su respectivo certificado de ejecutoria, sentencia de nulidad laboral dictada por esta Corte, y dos oficios, el primero enviado por la Municipalidad a la Contraloría General de la República, con fecha 2 de septiembre de 2021, remitiendo los antecedentes de la medida de destitución de la funcionaria para el trámite de ratificación, y el segundo de fecha 28 de enero de 2022, con misma finalidad, pero respecto del otro sumario.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que, por causas de actos u omisiones arbitrales o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, del análisis del recurso de protección, lo que se cuestiona por la actora es que la tramitación de los dos sumarios administrativos seguidos en su contra, ha sido excesiva, ya que luego de que la Municipalidad ordenara su destitución en ambos procesos, la Contraloría no los ratificó, ordenándole a la recurrida reabrirlos, a fin de efectuar una nueva valoración de las pruebas, cuestión que no se ha producido por responsabilidad de la recurrida.

I.- En cuanto a la excepción de cosa juzgada.

Tercero: Que, del análisis de la sentencia definitiva acompañada por la recurrida, es posible determinar que aquellos antecedentes en que se funda la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, son diferentes a aquellos que se denuncian mediante el presente arbitrio, tomando en consideración que en la causa laboral se cuestiona a la Municipalidad por haber acosado laboralmente a la recurrente, por persecución política y discriminación arbitraria por su calidad de dirigente sindical, y que habrían ocasionado una serie de afectaciones a sus derechos constitucionales, tutelados en el artículo 485 del Código del Trabajo.

Sin embargo, en la presente causa se cuestiona la duración en la tramitación de dos sumarios administrativos que han sido seguidos en contra de la recurrente, situación que estaría afectando su derecho a la integridad psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley y a un juez natural, motivos por los cuales, la alegación de haberse producido cosa juzgada no puede prosperar, más aún si se considera que la causa laboral ha ingresado a tramitación en el año 2021, época en que recién se habían ordenado las destituciones de la actora, según se deprende de la lectura del recurso y del informe de la Municipalidad.

II.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

Cuarto: Que esta alegación será desestimada, teniendo presente que el acto u omisión que se califica como arbitrario, es la demora excesiva en la tramitación de dos procedimientos sumarios que, según reconoce el propio municipio no han terminado, lo que es demostrativo de que la situación que la recurrente dice afectarle se encuentra ocurriendo, ocasionando efectos permanentes en sus derechos.

III.- En cuando a la alegación de improcedencia de la vía proteccional.

Quinto: Que dicha alegación también será desestimada, teniendo en consideración que la actora no pretende que se decida el resultado de los sumarios administrativos, sino que se conozca sobre un acto que estima como arbitrario, que es la demora en la tramitación de los mismos, situación que se encuadra dentro de los presupuestos de la acción del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

IV.- En cuanto al fondo de la acción.

Sexto: Que, del análisis de la escasa prueba aportada por ambas partes, se logra establecer que la demora en la tramitación del primer sumario seguido en contra de la actora, se ha producido por la decisión de la Contraloría General de la República, al ordenar la reapertura del mismo, y que ha ocasionado que la Municipalidad haya dado inicio a nuevas investigaciones a realizarse por otra fiscal, en el entendido que la recurrente tiene fuero por su cargo como directora de la Asociación Municipal de Valparaíso, y que han generado que la primera destitución de la que fue objeto, haya tenido que pasar necesariamente por el trámite de ratificación ante la Contraloría, quien en uso de sus prerrogativas legales ordenó la reapertura del sumario.

Séptimo: Que, en el caso del segundo sumario, la recurrida ha señalado que la medida de destitución de la actora fue remitida a la Contraloría General de la República, mediante oficio DAJ N° 385-2023, la cual no ha sido resuelta por el órgano contralor, y por lo tanto, no es posible atribuir la demora en la tramitación al Municipio, en el entendido que la carga de ratificar esta nueva destitución, se encuentra fuera de sus facultades legales.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo anterior, es importante hacer presente que aquello que se cuestiona es la demora en la tramitación de los sumarios, cuestión que debe ser entendida como una infracción a la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República. Sin embargo, esta garantía no es de aquellas que se encuentran protegidas por el artículo 20, norma que, al hacer mención al numeral 3° del referido artículo 19, concede la acción de protección frente a vulneraciones al derecho a un juez natural, pero tampoco ello se ha producido, en el entendido que es la propia ley la que le otorga competencia a la Municipalidad para conocer de los sumarios administrativos llevados a cabo en contra de los funcionarios bajo su dependencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-21319-2023.

No sujeta a anonimización.

En Valparaíso, cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.