nombre reservado con HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMÍREZ

C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto:

En folio 1, se deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra del Hospital Dr. Eduardo Pereira R., por haber dictado Resolución Exenta RA N° 3258, de fecha 30 de junio de 2023, mediante la cual se decide poner término anticipado al convenio de prestación de servicios a honorarios y sus respectivas prórrogas, lo que vulnera su garantía constitucional consagrada en los numeral N°2 de artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indican que el actor ingresó a prestar servicios al Hospital Dr. Eduardo Pereira R., dentro del programa honorario COVID, el día 20 de mayo del 2020, para desempeñarme como auxiliar del servicio de gastroenterología. En septiembre del 2021 y habiendo un sostenido mejoramiento en dicha emergencia, tuvo que dejar esas labores para poder optar a pasar a un cargo de características administrativas. Estuvo dos semanas sin trabajo y luego la llamaron para trabajar en modalidad de suplencia en el consultorio de especialidades del mismo Hospital, Lo que se prolongó desde mediados de septiembre a mediados de noviembre de 2021, el 01 de diciembre del 2021 la llamaron a trabajar en la oficina de personal del hospital, del mismo establecimiento, bajo la modalidad de honorario de dotación efectiva del Hospital, suscribiéndose el pertinente convenio de prestación de servicios a honorarios.

Explica, que mediante Resolución Exenta Nº 0345, de 31 de enero de 2022, firmada por doña nombre reservado, se renovó su contratación como administrativo, en la oficina de personal del Hospital Dr. Eduardo Pereira R. siempre en la dotación efectiva del personal a honorarios.

De esta forma, llevaba desempeñándome para el Hospital, más de tres años, de manera continua, mediante sucesivas resoluciones, y sus correspondientes convenios de prestación de servicios, siempre en la misma calidad de administrativo en la Oficina de Personal, atendida su permanencia, ya se le había incluido en la nómina de trabajadores que pasarían a Contrata, el año 2024.

Añade, que, sin perjuicio de no estar dentro de sus funciones en el contrato, en febrero de 2022, se le encargó, de manera verbal, que aprendiera el proceso de tramitación de las licencias médicas que iban llegando todos los días al hospital. Así fue como, una compañera, que se encargaba de este tema, y así fue durante todo el 2022 y principios del 2023, asimismo, atendido el interés y desempeño mostrado en los procesos de la oficina, su jefatura de ese entonces le manifestó que sería conveniente que aprendiera las funciones de analista, consistentes, básicamente, en temas de gobiernos transparente, amipass, etc. En ese contexto, en los meses de abril y mayo del presente realizo horas extras, aprobadas por resolución exenta Nº 2225 de 12 de mayo de 2023 y Nº 3075 de 27 de junio de 2023, ambas firmadas por la nueva directora del Hospital, doña nombre reservado.

Mediante este recurso, se reclama que el día 30 de junio de 2023, el recurrente fue notificado de la Resolución Exenta RA N° 3258, de la misma fecha, poner término al Convenio de Prestación de Servicios a Honorarios, que en principio se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023. Considera que este acto administrativo es ambiguo y carente de fundamentación, pues cita argumentos en su concepto genéricos y confusos, sin justificar una situación particular acerca de las labores o los motivos por los que decide no prorrogar el vínculo.

Cita los artículos 11 y 41 de la ley 19.880 y consecuencialmente, el artículo 2 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que establece el principio de juridicidad y los artículos 6 y 7 de la vigente Constitución Política del Estado, con el denominado principio de legalidad, pues no puede autorizarse la propia administración a dictar un acto sin motivación jurídica.

Cita jurisprudencia administrativa y judicial sobre la materia y arguye que con la decisión se vulneró los principios de juridicidad y legalidad.

Pide que se deje sin efecto la resolución de 30 de junio de 2023 y se disponga el cumplimiento del contrato de honorarios hasta su fecha de término, y el pago de los honorarios estipulados hasta el fin del mismo, o en subsidio se adopten las medidas que se dispongan conforme a derecho, y restablecer así el imperio de derecho quebrantado.

Se acompañan resoluciones exentas mediante las cuales se autorizó contratación a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, convenios de prestación de servicios a honorarios, por el período que va el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, resolución exenta Nº 2225 de 12 de mayo de 2023 y Nº 2779 de 06 de junio de 2023, por las cuales se autoriza la realización y pago de horas extraordinarias, convenios de honorarios Nº 914 12 de mayo de 2023 y Nº1131 de fecha 06 de junio de 2023 para la realización de horas extraordinarias, impresión de Consulta de Marcaje Reloj Biométrico, correspondiente a los meses de enero a junio de 2023 e imagen de la resolución exenta Nº3258 de fecha 30 de junio de 2023, por la cual se pone término al convenio de prestación de servicios a honorarios.

En folio 7, se informa en representación del Hospital Dr. Eduardo Pereira R, indica que el actor en esta acción de protección mantenía un vínculo contractual con la recurrida en base a convenios a honorarios a suma alzada.

Aduce que, no es efectivo que el recurrente mantenga una continuidad en calidad de honorarios por más de 3 años, ya que, si bien ha mantenido contrataciones anteriores, aquellas son en diversa calidad jurídica (honorarios y/o suplencias). Todas las cuales, por definición legal, son eminentemente transitorias y que, si es efectivo que mantenía una continuidad de contratos en calidad de honorarios a suma alzada desde diciembre del año 2021, hasta la fecha de la resolución que pone término al mismo, en el mes de julio 2023, lo que nos da un total de 1 año y 8 meses.

Cita el artículo 1545 del Código Civil, el cual señala que el contrato es una ley para las partes, la cual, además- es conocida para ambas partes desde el momento de su suscripción. Por otra parte, en aplicación del artículo 1546 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe, cuestión que en el caso de marras no ocurrió.

Indica que lo antes señalado se encuentra asentado en jurisprudencia administrativa y judicial, la que se encuentra conteste en que los trabajadores a honorarios no gozan de inamovilidad en sus empleos y no gozan de estabilidad laboral, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios titulares o a contrata y sólo se rigen por las cláusulas de su respectivo convenio.

Sostiene que no existe en el caso de marras un acto arbitrario o ilegal, sino el uso de una potestad entregada a su representado desde el momento de la suscripción del convenio, lo que ocurrió hace más de 5 meses, lo cual permite esgrimir que existe extemporaneidad de la acción deducida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la tramitación del recurso de protección contemplado en el citado artículo de la Constitución Política, el cual dispone en su Nº 1 que éste se interpondrá dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, si el actor hubiese estimado que la cláusula establecida en su convenio era abusiva, bien pudo recurrir o instar a su modificación desde la fecha de la suscripción del acto administrativo, lo que ocurrió, hace más de 30 días.

Así las cosas, alude que tampoco existe un trato desigual o discriminatorio respecto del recurrente, ya que este omite indicar que abusando de las funciones que desarrollaba en la unidad de personal de la institución, confeccionó un convenio anexo de honorarios para el mes de mayo, sin autorización ni visación de su jefatura, estableciendo en él una cantidad de horas a ejecutar en el mes y otorgando un valor hora en exceso del valor promedio pagado por esas horas extraordinarias, sin perjuicio de todo esto, se le indicó que para no causarle un agravio mayor, entendiendo que la pérdida de su convenio ya es una situación grave, no se incluiría dichos antecedentes en la resolución respectiva..

Finalmente, señala que en caso que se desestimen las 2 alegaciones esgrimidas precedentemente, no es posible estimar que existe un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, máxime si el mismo se encuentra obligado a respetar el principio de legalidad, el cual es el principio rector para la entidad que representa y dicho principio, en el caso de autos, no se ha vulnerado de ninguna forma ya que, como ya se ha indicado el propio convenio a honorarios es ley para las partes y enmarca el estatuto jurídico aplicable a la relación contractual, el uso de la causal en la forma que se hizo, se realizó respetando el principio de legalidad y en uso de las potestades entregadas por el propio convenio a la autoridad, por lo anterior solicita el rechazo del recurso, con costas. ya sea por no existir garantía fundamental vulnerada, ya sea por ser extemporáneo, o lisa y llanamente, por no existir por parte del Hospital Dr. Eduardo Pereira R. la perturbación o amenaza a derecho fundamental alguno de la recurrente ya que obró en base a las estipulaciones del convenio en uso del artículo 1545 del Código Civil.

Se acompañan resolución Exenta Nº 3075, de fecha 27 de junio 2023, que modifica Resolución Exenta 2779, de fecha 6 de junio 2023, cadena de correos electrónicos en donde se evidencia la irregularidad en el proceso de autorización para la creación del convenio del recurrente y escritura pública de mandato judicial, con firma electrónica avanzada.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante el presente recurso de protección, don nombre reservado impugna la decisión del Hospital Dr. Eduardo Pereira R., que decide poner término anticipado al convenio de prestación de servicios a honorarios y sus respectivas prórrogas, por carecer de fundamentación, lo que vulnera su garantía constitucional consagrada en los numeral N°2 de artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la resolución de 30 de junio de 2023 y se disponga el cumplimiento del contrato de honorarios hasta su fecha de término, y el pago de los honorarios estipulados hasta el fin del mismo, o en subsidio se adopten las medidas que se dispongan conforme a derecho.

Tercero: Que constituye un hecho no controvertido que el recurrente mantenía una continuidad de contratos en calidad de honorarios a suma alzada desde diciembre del año 2021, hasta la fecha de la resolución que pone término al mismo, en el mes de julio 2023.

Cuarto: Que, al momento de resolver, conviene dejar establecido el marco jurídico que regula la decisión del presente asunto.

El régimen normativo que regula el contrato de honorarios se encuentra establecido en el artículo 11 del DFL Nº 29, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. Del precepto en cita, se desprende que, si bien es posible contratar a honorarios a determinados profesionales y técnicos, estos no se regirán por la citada normativa, sino por lo dispuesto en su respectivo contrato.

Más allá de ello, resulta patente que en este caso el contrato de honorarios de autos es por definición un vínculo transitorio entre el contratante y el contratado, cuya duración es la que señala el respectivo documento.

Quinto: Que la norma antes señalada permite entonces reconocer el contrato a honorarios dentro de las reparticiones públicas, ya sea para una labor accidental o para un cometido específico, encontrándose el recurrente en esta última situación.

Sexto: Que la jurisprudencia administrativa vigente y aplicable en la materia, contenida –entre otros –en el Dictamen Nº 23247, de 2013, de la Contraloría General de la República, sostiene que “es dable recordar que según lo previsto en el artículo 11 de la ley N° 18.834 y el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos 34.888 y 51.125, ambos de 2010, de este origen, quienes prestan servicios a la Administración bajo la indicada modalidad, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como principal norma reguladora de sus relaciones con ella el propio contrato, por lo que el prestador no posee otros beneficios que los que se contemplen expresamente en ese instrumento y la vigencia de éste se encuentra subordinada a lo que acuerden las partes.

Séptimo: Que, de lo precedentemente expuesto fluye que el cargo servido por el recurrente lo era en calidad de honorarios, es decir, un empleo de carácter transitorio, con un término fijo de duración, el que fue determinado, de acuerdo con la última prórroga, al día 31 de diciembre de 2023. De este modo, conforme lo estatuye el citado artículo 11° del Estatuto Administrativo, su cometido debía expirar en la fecha indicada. Con todo, y dado que la fuente de esta relación reside en el propio contrato, este también podía establecer la posibilidad de poner término anticipado, según lo referido en la cláusula octava del mismo.

Octavo: Que, tratándose de un contrato de honorarios, cuyo término anticipado estaba previsto como posible, fue fundado y puesto en conocimiento del recurrente, no se vislumbra razón por la cual dicho acto pueda ser calificado como ilegal o arbitrario.

Por las razones expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Hospital Dr. Eduardo Pereira R.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21097-2023.

En Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.