nombre reservado con EMPRESA PORTUARIA DE SAN ANTONIO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado e interpone Recurso de Protección en contra de la Empresa Portuaria de San Antonio, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región de Valparaíso, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios que habrían vulnerado sus garantías constitucionales, particularmente el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, en relación con el derecho a la integridad psíquica y con la prohibición de represalias derivadas del ejercicio legítimo de acciones destinadas a la defensa de derechos laborales.

Sostiene el recurrente que, luego de haber interpuesto tres denuncias formales al amparo de la Ley N° 21.643 (Ley Karin) en contra de superiores y compañeros de trabajo por hechos que estimó constitutivos de acoso laboral, fue objeto de una investigación interna y de una sanción disciplinaria que constituirían una represalia frente al ejercicio legítimo de tales acciones, y que además se habrían desarrollado con graves infracciones al debido proceso.

Afirma que el procedimiento disciplinario se inició a partir de una denuncia presentada por una persona que carecía de legitimación activa; que se desarrolló con vicios sustanciales, entre los que destaca la falta de comunicación previa y detallada de los cargos imputados, la ampliación indebida de los hechos investigados, el incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa interna y la desestimación injustificada de la objeción fundada de imparcialidad formulada respecto del investigador designado, quien mantenía vínculos jerárquicos con personas involucradas en los hechos que el propio recurrente había denunciado. Todo lo anterior culminó con la imposición de una amonestación escrita de fecha 10 de febrero de 2026, que carece de determinación clara de los hechos que la fundamentan y de motivación suficiente.

Solicita acoger el recurso de protección en todas sus partes, declarando la ilegalidad y arbitrariedad de los actos descritos, dejando sin efecto la sanción disciplinaria impuesta y disponiendo su eliminación de la hoja de vida laboral del recurrente, con costas.

A folio 11 informa la recurrida Empresa Portuaria de San Antonio, representada por don nombre reservado.

Sostiene la recurrida que los antecedentes presentados por el recurrente adolecen de graves imprecisiones y faltas a la verdad, y que aun cuando fuesen efectivos, en ningún caso permitirían el amparo solicitado, toda vez que el procedimiento disciplinario se llevó a efecto en pleno cumplimiento de la normativa interna y de la Ley N° 21.643.

Refuta cada uno de los vicios alegados, señalando que el recurrente fue debidamente notificado del inicio de la investigación el 7 de noviembre de 2025; que la denuncia fue presentada con representación sindical legalmente admitida y ratificada expresamente por el afectado con fecha 3 de noviembre de 2025; que el informe fue remitido oportunamente a la Dirección del Trabajo el 17 de diciembre de 2025; que la investigación concluyó dentro de los treinta días hábiles administrativos contados desde la denuncia; que la objeción de imparcialidad fue tramitada y resuelta fundadamente; y que se adoptaron medidas de resguardo desde el inicio del procedimiento.

Asimismo, sostiene la improcedencia normativa del recurso, argumentando que el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3 no se encuentra amparado por la acción de protección en la hipótesis invocada; que no existe acto ilegal ni arbitrario; que no hay derecho prexistente e indubitado; y que la acción importa en realidad una revisión del mérito de la investigación interna, lo que excede la naturaleza cautelar del recurso de protección.

Solicita rechazar íntegramente el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de impetrar del órgano jurisdiccional la protección debida, a fin de adoptar de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, el recurrente denuncia como ilegales y arbitrarios los actos de la Empresa Portuaria de San Antonio consistentes en haber tramitado en su contra un procedimiento interno de investigación de acoso laboral con infracción de garantías mínimas de debido proceso, y en haberle impuesto, como resultado de dicho procedimiento, una amonestación escrita de fecha 10 de febrero de 2026, todo lo cual estima constitutivo de una vulneración de la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y de su derecho de indemnidad.

Tercero: Que, la recurrida ha sostenido que el derecho al debido proceso del artículo 19 N° 3 no se encontraría amparado por la acción de protección, por cuanto el artículo 20 de la Constitución solo protege la garantía del inciso quinto de dicha norma, referida a la prohibición de comisiones especiales. Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales superiores ha reconocido que, cuando el empleador ejerce una potestad sancionatoria en el marco de un procedimiento que puede producir efectos directos y actuales sobre los derechos fundamentales del trabajador, los estándares mínimos del debido proceso resultan exigibles y su infracción manifiesta puede ser objeto de tutela cautelar por esta vía, en la medida en que no exista una acción jurisdiccional específica e idónea para obtener la protección inmediata que se requiere.

Cuarto: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, para resolver la controversia de hecho, corresponde examinar si los vicios denunciados por el recurrente presentan el carácter ilegal o arbitrario que exige la acción de protección, o si, por el contrario, su determinación requiere de un examen de mérito que excede la naturaleza cautelar y de urgencia de la presente acción constitucional.

Quinto: Que, al respecto, debemos señalar que el procedimiento respecto del cual se ha reclamado es aquel establecido en el marco de la ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo para prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La misma ha sido complementada por el decreto 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece las directrices a las cuáles deben adherirse este tipo de procedimientos.

Así las cosas, es sabido que la Ley 21.643 tiene un doble propósito, por una parte la sanción de los actos de acoso y junto con ello, la prevención de ocurrencia de los mismos. Es por ello que la tramitación de las denuncias realizadas en este contexto posee normas procedimentales específicas, las que se aplican en un contexto de subordinación y dependencia y pasan a ser analizadas a continuación.

En cuanto a la notificación de la denuncia interpuesta en contra del recurrente, consta en autos de los documentos acompañados por el mismo, que se realizó con fecha 7 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico enviado por nombre reservado. En el mismo se comunica el inicio del procedimiento de investigación, la persona que habría realizado la denuncia, las medidas de resguardo adoptadas y la necesaria confidencialidad. Luego de ello, consta que al recurrente se le hizo comparecer en dos oportunidades, la primera de ellas con fecha 19 de noviembre de 2025, oportunidad en que se le comunicó el tenor de la denuncia y una segunda el 1º de diciembre, en que formuló descargos al tenor de la misma. Así las cosas, el derecho a ser oído aparece como ejercido.

En cuanto a quien instruye la investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 inciso segundo del citado reglamento, si bien es efectivo que las partes del procedimiento pueden presentar antecedentes que cuestionen la imparcialidad del mismo, también establece la posibilidad del empleador de fundar su permanencia en tal calidad, como de hecho a ocurrido en la especie. Se debe tener presente que es el propio Código del Trabajo el que en su artículo 211-C establece la posibilidad de que el empleador instruya la investigación en cuestión. Por ende, el hecho de que a su alero se instruya el procedimiento no basta para entender que se ha vulnerado la garantía al debido proceso o que éste se ha constituido en una comisión especial, sino que se debe observar una transgresión que implique desconocer los principios del procedimiento, consagrados en el artículo 211-B del mismo cuerpo legal.

En el mismo sentido, del expediente investigativo consta que el hecho denunciado es “el día miércoles 15 de octubre, en horas de la mañana, presenció una situación de falta de respeto hacia el trabajador nombre reservado, quien además sería socio del sindicato del cual el señor nombre reservado es presidente, en la cual el señor nombre reservado, alzando la voz, habría tratado de manera despectiva al señor nombre reservado, utilizando expresiones ofensivas como “weon”, entre otras palabras inapropiadas, y en presencia de varios trabajadores del piso que se encontraban en el lugar.” Indica que la conducta se habría mantenido en el tiempo. Esta denuncia se ratifica y amplía a través de la declaración del denunciante en el procedimiento y aquella del propio recurrente, en que atribuye la situación a conflictos con el Presidente del Sindicato.

Las conclusiones del informe en cuestión indican: “En cuanto a los hechos denunciados, y posteriormente ratificados en las respectivas declaraciones, se puede observar que las expresiones pronunciadas por el denunciado - tales como: “oye weon para de enviarme weas, acabo de llegar y me estai weando” y “nombre reservado, tení que ser bien machito para decir las cosas, si me tienes que decir algo, dímelo de frente, ponte los pantalones” entre otras -, dichas con un tono prepotente y de forma despectiva, constituyen objetivamente expresiones de carácter ofensivo. Las conductas señaladas afectan totalmente a un ambiente laboral tranquilo, sano, digno y de reciproco respecto debe existir siempre en un lugar de trabajo, perjudicando claramente la dignidad de la persona, contraviniendo además lo dispuesto por la normativa vigente, así como por el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Empresa Portuaria San Antonio.” Y por otra parte, la sanción consistente en carta de amonestación declara: “a) Que, con motivo de denuncia por acoso laboral interpuesta con fecha 30 de octubre de 2025 por el Sr. nombre reservado, presidente del Sindicato de Profesionales de EPSA, por hechos que afectaban al socio de esa organización Sr. nombre reservado, debidamente ratificada por éste, se dio inicio a la investigación respectiva, según prescribe la ley y el reglamento interno de la empresa; b) Que, en la investigación efectuada se constató y concluyó la existencia de conductas de agresión verbal ejercidas por usted en contra del Sr. nombre reservado, constitutivas de acoso laboral, provocando para el afectado un resultado de menoscabo y maltrato en el contexto de la relación laboral, alterando de esta forma el normal ambiente de trabajo que debe primar entre los trabajadores de EPSA; c) d) Que, además tales hechos contravienen el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y la Violencia en el Trabajo, incorporado como Anexo 2 al reglamento interno de la empresa; y Finalmente, en la referida investigación se propone como sanción la aplicación de una amonestación escrita, cuyo informe fue remitido oportunamente a la Inspección del Trabajo respectiva, sin observaciones por dicha entidad.”

Así, no se observa una alteración sustancial entre el hecho denunciado y la sanción aplicada, sino mas bien la contextualización de dicho hecho y el necesario ejercicio tipológico de adecuación al tipo acoso laboral. Por ende, en este punto, no se observa vulneración alguna.

En cuanto a la titularidad de un sindicato a efectos de realizar una denuncia en el marco de la Ley 21.643, se debe señalar lo siguiente. En primer lugar, debemos recordar que un sindicato es un cuerpo intermedio cuya principal misión en la representación de los intereses individuales de cada uno de los socios, como colectivos del órgano en sí. En este sentido, un sindicato no sólo está habilitado para representar a su socio en la realización de la denuncia, sino que además es su obligación hacerlo. Lo anterior es de especial relevancia en las situaciones en las que es el propio empleador el que realiza el procedimiento investigativo, respecto de tipos jurídicos de carácter pluriofensivo que pudiesen afectar a trabajadores más allá del denunciante en específico. Y por otra parte, consta en el expediente allegado a la causa que la víctima de acoso ratifica las actuaciones realizadas por el órgano colectivo que lo representa, por ende la denuncia también es de resorte individual.

De lo expuesto se concluye que no es posible concluir que exista una ilegalidad o arbitrariedad de los actos impugnados que haga procedente la acción de protección.

Por lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Empresa Portuaria de San Antonio.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2093-2026.