nombre reservado con JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1 comparece la abogada Susana Fernández Mardones, quien recurre de protección en favor del funcionario de iniciales A.D.S., y en contra del ADMINISTRADOR y del COMITÉ DE JUECES DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO, en relación con el procedimiento disciplinario que individualizada bajo el RIT 1-2019 y 2-2019, que concluyó con la sanción de remoción por una conducta calificada como acoso sexual. Acusa que dicho proceso adolece de una serie de ilegalidades y arbitrariedades que han conculcado sus garantías consagradas en el artículo N°s. 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita acoger esta acción y se deje sin efecto la mencionada sanción, disponiendo en su lugar que se le absuelve del cargo formulado en su contra o, en su defecto, la invalidación del procedimiento disciplinario a partir de la resolución de fecha 23 de octubre de 2019 del referido Comité de Jueces o, bien, lo que esta Iltma. Corte estime para restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Explica que el citado proceso disciplinario versó sobre el siguiente hecho denunciado en su contra por una funcionaria del mencionado tribunal: “el día 10 de junio de 2019, cuando el señor A.D.S. me hacía entrega de la correspondencia, sin provocación alguna, me dio un agarrón en el trasero”. Agrega que esto conllevó que se incoara un procedimiento sancionatorio, en el cual consta su declaración así como la prestada por la servidora denunciante. Aclara que los cargos que se le formularon, en base a los hechos descritos, constituyen “acercamientos o contactos físicos innecesarios”. Precisa que, tras dicha actuación, se rindió prueba testimonial por ambas partes y también se allegó prueba documental y oficio de la Secretaría Técnica de Igualdad, Género y No Discriminación. Señala que la investigadora estimó finalmente acreditado el hecho por conducta de acoso sexual, incurriendo con ello en la conducta establecida en la letra d) del artículo 1° del Acta N° 103-2018 “acercamientos o contactos físicos innecesarios”, de modo tal que propuso la medida disciplinaria de amonestación privada, contemplada en el artículo 532 N° 1 del Código Orgánico de Tribunales. Prosigue afirmando que el Administrador, en su calidad de órgano resolutor del comentado procedimiento, resolvió su absolución, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación la denunciante, la que fue acogida por el Comité de Jueces del tribunal recurrido, con lo que revocó la antedicha sanción, le impuso la medida disciplinaria de suspensión de funciones por un mes con goce de media remuneración, acorde con lo previsto en el artículo 532 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, decretó la medida de protección o reparación consistente en tratamiento sicológico para la denunciante y “Atendida la gravedad de la conducta sancionada” ordenó pasar los antecedentes al Administrador del juzgado para que en uso de sus facultades inicie el procedimiento de remoción que se impugna. Destaca que el fallo del Comité de Jueces no fue unánime, porque en él se contiene un voto en contra de la Magistrada doña nombre reservado quien estuvo por absolverlo de los cargos formulados en su contra, principalmente en función del principio de inocencia.

Aclara que en el expediente de remoción, no obstante constar su hoja de vida funcionaria intachable y el informe que presentó en su oportunidad, el Administrador dictó con fecha 2 de diciembre de 2019 la resolución que dispuso su remoción y la medida cautelar de suspensión antes reseñada, mientras no se encuentre firme y ejecutoriada la sanción. Agrega que dedujo apelación contra dicha decisión, la que fue rechazada por el Comité de Jueces y, por ende, confirmada la medida disciplinaria de destitución, a través de la resolución de fecha 6 de diciembre de 2019.

En el ámbito de las ilegalidades y arbitrariedades que denuncia en su recurso, el actor destaca las siguientes:

a) No observancia del principio de congruencia entre el hecho que consta en la formulación de cargos y la resolución que aplica la sanción. Al respecto, señala que el cargo que se comunicó en su contra se basa en un solo hecho, a saber, un “agarrón en el trasero”. Sin embargo, la resolución pronunciada por el Comité de Jueces recurrido con fecha 23 de octubre de 2019, estableció que dicha conducta constituye un acoso sexual, consistente en “acercamientos o contactos físicos innecesarios”, sin explicar el sustento fáctico de dicha aseveración. Añade que esto aparece más difuso aún, si se considera que en el razonamiento expuesto en la mencionada resolución se hacen referencias a otros hechos de supuesta ocurrencia, referentes a que el denunciando “acostumbraba a saludar de manera afectuosa a otras funcionarias, que habría efectuados invitaciones acosadores por mensajes que no constan en parte alguna del procedimiento, y una serie de afirmación que no fueron probadas”. Sostiene que lo anterior afecta su garantía del debido proceso, porque es el contenido de la formulación de cargos lo que define el hecho que es materia del procedimiento disciplinario.

b) Desproporción de la sanción. En este sentido el recurrente afirma que la remoción aparece desproporcionada frente a que no se ha especificado el sustento fáctico por el cual se le sanciona, si es por saludar con un beso en la mejilla a la funcionaria o bien si es por saludar con abrazos a sus compañeros de trabajo. Añade que si se revisa el procedimiento seguido en su contra se colige que no ha existido un criterio objetivo en cuanto a la sanción, toda vez que la investigadora propuso amonestación privada, luego el órgano resolutor estimó la absolución y, finalmente, el Comité de Jueces ordenó la suspensión de funciones conjuntamente con la apertura de un cuaderno de remoción. Agrega que para aplicar la medida disciplinaria impugnada se debió considerar otros aspectos, como sus antecedentes funcionarios y el hecho de no estar en una posición de jerarquía respecto de la denunciante, entre otros. A ello se suma que la resolución del Comité de Jueces cuenta con un voto de minoría que estuvo por su absolución.

c) No aplicación del principio de inocencia. Afirma en este respecto que dentro del proceso disciplinario no existe ninguna prueba concluyente respecto de la ocurrencia del hecho que se le imputó en la formulación de cargos. Así, sostiene, no resulta admisible que se le haya condenado a tan gravosa sanción a través de “formulación de supuestos patrones de conducta”, que no versan sobre la circunstancia fáctica materia de investigación. Esto significa que se le ha presumido culpable, en circunstancias que la presunción es la contraria, esto es, debe presumirse su inocencia.

En lo concerniente a las garantías vulneradas, reclama que su vida privada y honra se han visto conculcadas, porque el hecho consignado en la formulación de cargos es falso, no obstante lo cual se le ha impuesto la sanción más grave, atentando contra su imagen y su fuero interno. Luego, también se han transgredido su garantía de igualdad ante la ley, desde que no se aplicó en su favor el principio de inocencia. Por último, también se ha vulnerado su garantía de la propiedad, ya que la remoción implica que ha sido despojado de su trabajo “y todo lo que ello implica”.

Acompañó documentación a su recurso y solicitó su reserva, la que se encuentra bajo custodia.

A folio 17 informó el Comité de Jueces del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Afirma que en la recepción de la denuncia, tramitación del sumario y dictación de las distintas resoluciones se observaron fielmente las normas aplicables contenidas en las Actas N°s. 15-2018 y 103-2018 ambas del Excma. Corte Suprema, así como en las consagradas en el Código Orgánico de Tribunales, tramitándose el proceso bajo estricta reserva, cumpliéndose los plazos y dando cabal cumplimiento a las normas que regulan dicho procedimiento, por lo que descarta toda acción u omisión ilegal o arbitraria. Así, en cuanto a la inobservancia del principio de congruencia, señala que dicha alegación cae de la sola lectura de las piezas del sumario, toda vez que resulta evidente que los hechos por los que se le formuló cargos al actor –conducta de acoso sexual consistente en acercamientos o contactos físicos innecesarios-, se corresponden precisamente con aquellos respecto de los cuales se sancionó al ex servidor. En otras palabras, el sustento fáctico del mencionado acercamiento o contacto físico innecesario está constituido por el “agarrón del trasero de la víctima”, el cual fue fundamentado en la resolución adoptada por el citado Comité de Jueces. Luego, respecto de la eventual desproporción de la sanción impuesta en el sumario N° 1-2019, a saber, la suspensión del cargo con goce de media remuneración, está expresamente establecida en el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, las que se impuso atendida la gravedad de la conducta que se reprocha al recurrente, por lo que la misma resulta proporcionada y ajustada a derecho. En este sentido aclara que si bien la investigadora propuso la amonestación privada y luego el Administrador resolvió la absolución del inculpado, lo cierto es que la medida de suspensión adoptada por el Comité recurrido fue adoptada dentro del ámbito de sus competencias y de sus facultades, cumpliendo con la normativa vigente. Por último reclama que el recurrente parece confundir los dos procedimientos que se verificaron a su respecto. En efecto, destaca que aquel también se refiere en su recurso a la sanción de remoción que se aplicó como consecuencia de la tramitación del cuaderno de remoción N° 2-2019, medida disciplinaria que se le impuso en función de la gravedad extrema de su conducta, en cuanto afectó la vida personal, intimidad y salud mental de la víctima, afectando además el normal desempeño de sus funciones y alterando asimismo, como efecto secundario de tales hechos, el clima laboral del Juzgado. Agrega que estas circunstancias, ponderadas de forma conjunta, resultaron de mayor entidad que la carrera funcionaria del sancionado o la mayor o menor colaboración que prestó en la investigación. Añade que producto del acoso sexual, la funcionaria afectada se encuentra en la actualidad con reposo médico, en tratamiento siquiátrico, mediante prestaciones otorgadas por la Asociación Chilena de Seguridad, organismo este último que calificó su dolencia como de origen profesional y cuyo fundamento específico y concreto lo configura la situación de acoso antes referida. En cuanto al principio de inocencia, la recurrida indica que este siempre fue respetado, adoptándose todos los resguardos para proteger los derechos de ambos involucrados, rindiéndose y ponderándose todos los medios probatorios que ambas partes allegaron al proceso. Añade, en cuanto a la prueba, que frente a las situaciones como la denunciada normalmente no existen testigos presenciales del hecho ni documentos que plasmen la conducta, ni grabaciones o filmaciones que pudieran demostrarla con claridad y absoluta certeza, por lo que adquiere relevancia y trascendencia en este tipo de investigaciones, la prueba indiciaria y de presunciones. Señala que si se prohibiera esta forma para acreditar la conducta imputada, sería dejar en la indefensión más absoluta a la víctima del acoso.

Acompañó a su informe el sumario administrativo N° 1-2019, cuaderno de remoción N° 2-2019 y las resoluciones dictados por la Asociación Chilena de Seguridad y demás antecedentes relativos a la enfermedad profesional que afecta a la funcionaria denunciante.

A folio 18 informó el Administrador del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Además de dar cuenta resumida de la tramitación del sumario administrativo y del cuaderno de remoción ya individualizados, destaca que la decisión adoptada en cuanto a remover al funcionario recurrente se basó en los antecedentes aportados en el cuaderno de remoción y especialmente en lo resuelto por el Comité de Jueces en el procedimiento disciplinario con fecha 23 de octubre de 2019, en el que se dio por acreditado el hecho denunciado, siendo calificado como una conducta muy grave a juicio de dicho organismo colegiado, conforme con lo previsto en el artículo 31 del Acta N° 15-2018 de la Excma. Corte Suprema. Añade que contra la decisión de remoción el actor dedujo apelación, la que previa audiencia oral de su abogado defensor, fue desestimada por el citado Comité, el que resolvió en definitiva confirmar dicha medida disciplinaria, considerando que es proporcional frente a la conducta de acoso sexual reprochada. Agrega que la resolución que dispuso la remoción se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 12 de diciembre de 2019. Por estas consideraciones el Administrador recurrido descarta toda actuación u omisión arbitraria o ilegal y, afirma, que siempre actuó dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones.

Acompañó a su informe copia íntegra de los antecedentes administrativos Rol N°s. 1-2019 y 2-2019.

Por decreto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección materia de estos autos se intentó el 5 de enero del presente año 2020, y el actor se refiere, para entender que está a tiempo al formularlo, a la resolución del 6 de diciembre de 2019, por medio del cual el Comité de Jueces el Juzgado del Trabajo de Valparaíso confirmó la resolución del Administrador del Tribunal, que aplicó la medida de remoción al recurrente. Es decir, lo atacado es precisamente la decisión de remoción y ya veremos que no puede ser ninguna pota.

2.- Que en efecto; esa decisión, tanto la del administrador, como la confirmatoria dictada por el Comité de Jueces en segunda instancia, suponía que estuviera ejecutoriada, como efectivamente lo estaba, la decisión del sumario administrativo incoado contra el funcionario que hoy acciona, resolución terminal que impuso al afectado una medida disciplinaria de suspensión de funciones. Ese procedimiento quedó afinado y no fue objeto de acción de protección, ni puede serlo ahora, porque la remoción no es el acto terminal de aquel proceso, sino un acto posterior al mismo, una vez afinado éste, como acertadamente lo indica el informe del Comité de Jueces, y como se desprende de lo prescrito en el Acta N° 103 de 2018 de la Excma. Corte Suprema, según se verá. Luego, no cabe aquí extenderse en cuestiones tales como la presunción de inocencia o la congruencia supuestamente vulnerada en un proceso ya fenecido.

3.- Que, a todo evento, la alegación acerca de la prueba y su supuesta debilidad, con relación a la presunción de inocencia, no es otra cosa que un reclamo de apelación. En materia administrativa el nivel de prueba exigido es evidentemente inferior al de la materia penal, y la credibilidad de la víctima, en hechos de suyo difíciles de establecer, es crucial, y ciertamente puede afirmarse por medio de prueba indiciaria relativa al comportamiento previo del imputado, en el área del respeto del espacio y el cuerpo ajenos, con relación a la libertad sexual. Cuánto deban pesar esos testimonios o esa imputación, no es cosa que sea revisable por esta vía –existan o no votos disidentes en lo administrativo- y mucho menos si, como decíamos, el sumario ya concluyó y su resultado quedó firme.

4.- Que tampoco el principio de congruencia fue vulnerado, porque la referencia en el fallo del sumario a contactos físicos innecesarios, los abarca todos, y por supuesto, también la conducta que el cargo imputaba, de tocar intencional e indebidamente los glúteos a la denunciante. Si eso no es un contacto físico innecesario, y desde luego abusivo y reprochable, no se ve cómo calificarlo entonces. A todo evento, de nuevo, el presunto vicio debió reclamarse in limine litis o, si se prefería esta vía, dentro del plazo de interposición de esta acción con relación a la última resolución del sumario, que concluyó en verdad el 23 de octubre de 2019, como ya se dijo.

5.- Que determinado lo anterior, todo lo que puede analizarse es la resolución misma que dispone la remoción, y para ello es menester volver a recalcar que a esas alturas era un hecho establecido, y ya inamovible, que el funcionario sancionado había perpetrado un acto de abuso sexual consistente en tocar de manera indebida del cuerpo de una compañera de labores. Ese hecho, que había merecido una sanción de suspensión de funciones podía, por la misma gravedad que le es inherente, ameritar, además, y no como segunda sanción, porque el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales no la contempla como tal, sino como consecuencia de lo prescrito en el artículo 389 F del Código Orgánico de Tribunales, y particularmente de lo previsto en el artículo 21 del Acta 103 del año 2018, de la Excma. Corte Suprema, que expresamente dispone que, además de la sanción que imponga, el órgano resolutor tiene la facultad de disponer la apertura de un cuaderno de remoción “en caso de que lo estime pertinente”. Es decir, la sanción aplicada en el sumario, dada la gravedad de las infraccione de que se trate, no impide que además y a continuación, agotado el sumario, pueda revisarse si un funcionario de tal conducta, ya castigada, pueda o no permanecer prestando funciones en el Poder Judicial.

6.- Que lo anterior, además de refrendar lo antes dicho en cuanto a que la investigación sumarial y su resultado final estaban afinados con mucha antelación a treinta días, contados hacia atrás desde que se interpuso esta acción, que entones solo puede afectar a la remoción misma decretada, nos lleva a acotar qué puede revisarse de esta última medida, y desde luego ello no es si el hecho infractor se produjo o no, pues eso está establecido de manera ejecutoriada, sino solo si la gravedad de la conducta ameritaba la destitución. Pero advirtamos que, como éste no es un recurso de apelación, no se trata tampoco de establecer si esta Corte concuerda cabalmente con el criterio de la decisión, sino solo si ésta aparece o no fundada, si es o no ilegal o si es arbitraria. Ilegal, desde luego no es, pues la ha adoptado quien tenía facultad legal para hacerlo y ha sido revisada en sede de apelación por el resolutor competente, en base a hechos definitivamente establecidos, y ciertamente graves.

7.- Que la decisión tampoco es arbitraria, no solo porque esté formalmente fundada, sino porque de hecho se funda en un acto que es en sí mismo de gravedad extrema, que afecta un área de intimidad especialmente valorada y protegida por la ley, por la autoridad judicial-administrativa y por la sociedad toda, y porque conlleva un desprecio tal por el derecho, la autonomía y la dignidad ajenas, que no parece compatible con la conducta exigible a un servidor de la Justicia, cualquiera sea su escalafón o grado y, por ende, con sus permanencia en el servicio. El administrador informante dice, y dice con razón, que a esas alturas, cuando se pronuncia sobre la remoción, ya no podía discutirse la existencia de la falta, que es un punto sobre el que equivocadamente insiste la recurrente, olvidando que eso ya estaba zanjado por sentencia firme, en el sumario administrativo previo.

8.- Que la recurrente argumenta, y lo destacó ante estrados, que el funcionario removido no era superior de la víctima, y por ello pretendió en su alegato que se configuraba una atenuante. Desde luego no es así. Que no se añada la jerarquía como factor de agravación no significa que haya una atenuación, y mal podría haberla en este caso, porque el acto físico cometido, en sí mismo violento, inesperado e inesperable, no podía ser rechazado en razón de igualdad jerárquica. Se trata de un ataque directo, sorpresivo e inmediato, por su propia naturaleza, que no se alcanza a evitar por la víctima, sea cual fuere su posición de escalafón o jerarquía.

9.- Que, en suma, los actos administrativos que pueden revisarse por esta vía no aparecen teñidos ni de ilegalidad, ni de arbitrariedad, y por ende la acción intentada no puede ser acogida.

Y visto además lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se rechaza el intentado por doña nombre reservado, en favor del ex funcionario del Juzgado del Trabajo de Valparaíso don nombre reservado, en contra de Administrador y del Comité de Jueces de dicho Tribunal.

Notifíquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Sr. Raúl Mera Muñoz.

N°Protección-209-2020.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz y Sra. María del Rosario Lavín Valdés y la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez.