Protección contra Megamedia S

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se interpone acción constitucional de protección en favor de D Litro S.p.A., representada por don nombre reservado; de nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y en contra de Megamedia S.A., representada por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal, vulneratorio de los derechos consagrados en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la captación de imágenes y audio mediante cámaras ocultas y grabaciones no autorizadas en dependencias privadas de los recurrentes, con el objeto de captar imágenes de un procedimiento policial en donde se imputaban delitos de tráfico de drogas, sin autorización de los mismos. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, decrete la prohibición de captar, emitir, difundir o publicar por cualquier medio las imágenes y audios captados sin autorización de los recurrentes, la eliminación definitiva de dicho material y la devolución de todas las cámaras e imágenes captadas de propiedad de la empresa.

Funda su arbitrio en que el 10 de febrero de 2026, una persona de género femenino, posteriormente identificada como periodista de la recurrida, se presentó en dependencias de la empresa recurrente para consultar información comercial, momentos en que, procede, en forma subrepticia, a grabar al personal e instalaciones con un dispositivo oculto en un reloj; sin embargo, ante su actividad sospechosa, no se le deja ingresar. Luego, el 19 de febrero de 2026, se realizó un procedimiento policial en el domicilio de los actores, en que personal policial ingresó a la fuerza al mismo, todo en presencia de menores de edad, donde se realizaron entradas y registros del inmueble e incautaciones de computadores y maquinarias, permitiendo, además, que todo este procedimiento fuera captado en imágenes por un tercero no uniformado, perteneciente al canal de televisión recurrido, en un procedimiento donde se imputaban delitos de tráfico de drogas a una familia, sin que se hayan otorgado mayores antecedentes de la investigación.

Indica que dicho actuar, además de vulnerar el secreto de la investigación para los terceros no intervinientes en el proceso que prescribe el artículo 182 del Código Procesal Penal, vulnera el derecho a la honra y la vida privada de los actores, al haberse obtenido material audiovisual privado bajo engaño, exponiendo incluso su integridad física.

A folio 11, informa Carabineros de Chile, indicando que el 19 de febrero de 2026 se realizó un procedimiento policial en la botillería “Good Luck D’Litros” de la comuna de El Quisco, a fin de acreditar o descartar la venta de alcohol en forma ilegal, previa orden de entrada y registro autorizada por el Juez de Policía Local de la comuna conforme a la Ley N° 19.925, el que fue autorizado mediante oficio de 4 de febrero de 2026. Una vez en el lugar cursaron citación conforme a parte policial de la misma fecha, en el que se detallan, además, las especies incautadas.

Señala, además, que, conforme a solicitud de la recurrida, se autorizó por personal policial la concurrencia de un periodista del canal Megavisión para confeccionar material en conjunto con la comisaría en materia de controles policiales, siendo, el día de los hechos, acompañado el personal policial por un periodista de dicho canal, en un procedimiento que se gestó con normalidad y donde se accedió voluntariamente por los moradores al acceso a la vivienda.

A folio 14, informa Megamedia S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, indica la falta de oportunidad del recurso, por cuanto la supuesta acción ilegal o arbitraria acusada ya se habría producido, concluido y extinguido el 19 de febrero de 2026, mediante la captación de las imágenes efectuada en el operativo policial desarrollado por Carabineros de Chile destinado a establecer la comisión de presuntas infracciones a la Ley 19.925, máxime cuando dichas imágenes no han sido emitidas ni forman parte de reportaje alguno. Indica que, en todo caso, las mismas fueron captadas en ejercicio de la libertad de información que asiste a su parte, con autorización de las policías intervinientes y captando únicamente el acopio de bebidas alcohólicas que existía en el lugar de manera clandestina. Así, no existe, a su juicio, medida que esta Corte pueda tomar para restablecer el imperio del derecho, toda vez que el acto acusado se encuentra agotado.

Finalmente, fundamenta su actuar en el ejercicio del derecho fundamental de libertad de información sin censura previa que le asiste, acotando que no ha existido actuación ilegal o arbitraria de su parte; y que, por otra parte, lo solicitado excede los márgenes de la cautela del recurso, desde que, en caso de existir alguna actuación delictual por parte de la recurrida en la toma o difusión de las imágenes aludidas, ello debe ser resuelto por el juez con competencia en lo criminal que corresponda.

A folio 15, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se denuncia como ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, en orden a captar imágenes y registros audiovisuales de los recurrentes, en un lugar privado, en vulneración de la honra y dignidad propias y de sus familias, solicitando los actores la eliminación de dichos registros y la prohibición de su difusión.

Segundo: Que, de los antecedentes acompañados y de lo expuesto por los intervinientes en estrados, el único hecho que no resulta controvertido es que el día 19 de febrero de 2026 se realizó un procedimiento policial en el domicilio de los recurrentes a fin de acreditar o descartar la venta de alcohol en forma ilegal, previa orden de entrada y registro autorizada por el Juez de Policía Local de la comuna conforme a la Ley N° 19.925, en compañía de una periodista de la recurrida.

Tercero: Que, a contrario sensu, resulta controvertido si el lugar donde se captaron las imágenes corresponde a un local comercial o a un domicilio particular, su contenido y el hecho de haberse afectado a los integrantes de la familia, entre los que habrían menores de edad, desde que se desconoce los registros audiovisuales captados y sus pormenores.

De lo anterior deriva que no es posible establecer actuaciones por parte de la recurrida que lesionen las garantías fundamentales invocadas por el recurrente y, del mismo modo, no se ha demostrado la existencia de derechos indubitados que deban ser protegidos por esta vía constitucional.

Cuarto: Que, por otra parte, las situaciones denunciadas por los recurrentes, aún en el caso de ser efectivas debieran ser debatidas en un procedimiento de lato conocimiento, al existir vías idóneas para ello, tales como la figura del artículo 161-A del Código Penal, aludida por los propios recurrentes y, por otra parte, toda extralimitación en el ejercicio de la libertad de información, como las que han esbozado los actores, debe ser conocida por los tribunales competentes en conformidad a la Ley N° 19.733.

Por estas consideraciones, y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1. Álcese la orden de no innovar decretada a folio 7, una vez que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2082-2026.