PAKMIN SPA con SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA nombre reservado Y nombre reservado
- Fecha
- 24 de febrero de 2023
- Sala
- Cuarta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 2082-2023, sentencia de 24 de febrero de 2023
Resumen
Se rechaza el recurso de protección de la arrendataria: no se acreditó un derecho indubitado ni los actos de autotutela denunciados, y la materia ya se debate en causas civiles y penales entre las mismas partes.
Texto íntegro
C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.
Vistos:
A folio 1, comparece don nombre reservado, Abogado, en representacion de nombre reservado. hoy GEONDINA CHILE MINERALS SpA, quien recurre de protección en contra de SOCIEDAD MINERA nombre reservado Y nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Valparaíso, representada legalmente por don nombre reservado y por don nombre reservado.
Señala que sustenta su acción en que la recurrida es propietaria y responsable del inmueble que el recurrente, el cual arrienda y se encuentra en posesión, ubicado en la localidad de El Asiento, en la comuna de San nombre reservado, que corresponde a una porción de 96,50 hectáreas de un inmueble de mayor extensión, el que tiene una superficie total de 196,50 hectáreas, aproximadamente. Esta Sociedad Contractual Minera, se encuentra en litigio con la recurrente para dar término al contrato de arrendamiento que se encuentra con laudo arbitral, Recurso de Queja incoado ante esa Corte de Apelaciones.
Los actos de la recurrida que se han visto agravados con el cierre del acceso hacia el inmueble, mediante la instalación de candados en barreras de acceso al predio, en el mes de enero del presente año, prohibiendo el ingreso no autorizado tanto al inmueble en cuestión como a las instalaciones de la planta de tratamientos de minerales denominada Bellavista, afectando las garantías contempladas en el artículo 19 Nº21 y 24 de la Constitución Política de la República.
Indica que la empresa recurrente y recurrida mantienen actualmente un proceso arbitral, cuyo laudo ha sido impugnado por su representada y que actualmente el Sr nombre reservado, ha solicitado el cumplimiento de resoluciones dictadas en causa E-2033-2022 incoada ante el Juzgado de Letras de San nombre reservado. Ante dicho Tribunal de Letras el recurrente interpuso recurso de nulidad procesal, en virtud de las facultades de corrección de oficio de los vicios que acarrean la nulidad.
Expresa que en atención a lo ordenado por la resolución de 24 de Enero de 2023 en autos E-2033-2022 incoados en el Juzgado de Letras de San nombre reservado, y sin perjuicio que su parte estima que el Sr. nombre reservado carece de competencia para su conocimiento y fallo, por no tener jurisdicción en base a las bases de procedimientos dictadas en comparendo en primer arbitral, por lo que se presentó recurso de nulidad procesal por el ingreso de terceros y receptores a propiedad privada, sin autorización judicial para ello, propiedad de terceros ajenos al proceso.
Señala que en causa E-2033-2022, la recurrida ha solicitado reiteradamente el auxilio de la fuerza pública para el desalojo del inmueble arrendado, sin embargo a todas su peticiones el Tribunal ha resuelto no ha lugar, por no constar la oposición al lanzamiento.
Agrega que para ingresar al inmueble se debe transitar por propiedad privada, toda vez que carece de Servidumbre Judicial de Transito y menos de autorización de los propietarios de los inmuebles que debe transitar, que pertenecen a la parcelación B de la Comunidad Agrícola Serranía el Asiento, que está compuesta por 106 títulos de dominio independiente y en especial se ha ingresado por los predios que se interponen entre el fin del camino público enrolado en MOP y la Municipalidad de San nombre reservado y el inmueble que se pretende desalojar de propiedad de la recurrida, ingreso de ésta última de por si inconstitucional e ilegal, atentando con ello el derecho de propiedad de los particulares propietarios de predios que no son parte en los autos arbitrales y en causa civil, y sí que fueron motivo que se anulara servidumbre de transito provisoria otorgada en causa C-2189-2018 incoada ante el Juzgado Civil de San nombre reservado.
Indica que se ingresó clandestinamente por los predios singulares que señala: B 11, B16, B17, B 18, B19, C1, C2 Y D32. Del ingreso ilegal la propietaria del inmueble señalado como B18 realizó la correspondiente denuncia en Carabineros y que actualmente conoce la Fiscalía Local de San nombre reservado en RUC 2201001547-6 Y RUC 2300082628-6.
Expresa que las constantes amenazas y acosos por parte de la recurrida, que han sido vivenciada incluso por sus trabajadores, han provocado un estado de inseguridad en los mismos, quienes prefieren retirarse del lugar de trabajo.
Señala que la recurrida con posterioridad a la resolución dictada en autos arbitrales de fecha 12 de Octubre de 2022, ha solicitado diversas peticiones a ese Tribunal Arbitral, a las cuales el Sr nombre reservado ha accedido, con evidentes vicios procesales; que acarrean la nulidad, sin tener en cuenta que su competencia y jurisdicción han cesado; y al menos lo que debiera proceder; por lo expuesto en la audiencia que fija las bases del procedimiento en remitirse a las normas del Código de Procedimiento Civil.
Esto es, que la parte que ha obtenido una sentencia favorable inicie el procedimiento incidental de cumplimento de una sentencia. Y en este punto al no tener jurisdicción y competencia el Señor Juez nombre reservado, debió abstenerse de dictar resoluciones solicitadas y el demandante con el fallo arbitral debió solicitar el cumplimiento incidental del mismo ante los Tribunales Civiles competentes o en su defecto y haciendo una extensión improcedente de las bases del procedimiento arbitral debió solicitar el cumplimiento incidental ante este mismo tribunal arbitral.
Indica que con fecha 19 de Enero del presente año y en presentación efectuada por la demandante, clandestina, arbitraria, ilegal y violentamente, pese a no tener una resolución judicial que lo autorice, justificando su actuar, acompañando un acta notarial, para evadir lo ordenado por el Señor Juez arbitro y por el Señor Juez del primer Juzgado Civil de San nombre reservado, en cuanto a se certificara la oposición al lanzamiento del inmueble en el cual se encuentra emplazada la maquinaria industrial de propiedad de Minera Clarita Chile S.A., propiedad que consta en transacción celebrada entre la demandante y Minera Clarita Chile S.A .
Expresa que se vulnera en una actuación arbitraria e ilegal lo ordenado por el Tribunal Arbitral y por el Señor Juez de letras de San nombre reservado, que incluso ordenó la suspensión del lanzamiento.
Alega la ocupación antijurídica del recurrente hasta la fecha del inmueble en litigio en el impedir el acceso de la recurrente hacia los bienes arrendados y que no son de su propiedad, constituye una actuación arbitraria e ilegal que se ejecuta de manera permanente y que otorga sustento jurídico al presente recurso de protección.
Sostiene que la conducta de la recurrida puede ser perfectamente considerada como anticonstitucional, arbitraria e ilegal toda vez que no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Letras de San nombre reservado de certificar posición, existiendo además recurso de queja en contra del Señor nombre reservado y nulidades procesales presentadas, actuando por encima de todo ordenamiento jurídico e institucional, pues las resoluciones judiciales deben cumplirse de acuerdo a lo ordenado y no vulnerando el debido proceso, mediante engaños evidentes, impidiendo que su representada ejerza sus derechos sobre la instalación industrial que se encuentra emplazado el inmueble de la recurrida y que no es de su propiedad.
Señala que las garantías constitucionales cuyo ejercicio se ven amenazadas y/o perturbadas, son: a.- El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Que consagra el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la Republica, ello por cuanto la recurrente debió interrumpir sus actividades y dejar sin efecto una serie de contratos de maquila, debido a la imposibilidad de acceder y de hacer uso de los bienes arrendados, siendo imposible para esta poder cumplir con las obligaciones adquiridas, lo que le significó importantes pérdidas; y el b.- El derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24, respecto de los derechos de uso y goce sobre los bienes arrendados a Minera Clarita Chile S.A, que no son de propiedad de la recurrida; derechos que no han podido ser ejercidos, debido a la imposibilidad de acceder al inmueble en cuestión, a causa del actuar de la recurrida, así como la turbación que existe debido al ingreso reiterado y sin autorización que se ha realizado en el último tiempo, por parte de los representantes de la recurrida, sus familiares y terceros dependientes.
Indica que los actos vulneratorios, se ejecutan de manera continua desde los días 3 de enero y en especial el 19 de enero del 2023, razón por la que esta acción se interpone dentro de plazo.
Pide en definitiva, darle lugar a la presente acción en todas sus partes disponiendo que: a.- Cese el cierre del acceso al inmueble arrendado, por parte de la Sociedad Minera recurrida, la que deberá devolver en forma inmediata la posesión de inmueble a la recurrente y permitir el acceso al mismo. Retirar todos aquellos implementos utilizados e instalados para entorpecer el paso o la entrada al inmueble arrendado y a sus dependientes o terceros por ellos utilizados, así como a la planta de tratamientos de minerales denominada Bellavista de propiedad de Minera Clarita Chile S.A; b.- Cesen los ingresos no autorizados por parte de los representante de hecho y convencionales de la Sociedad Minera nombre reservado y nombre reservado y los terceros que ellos han dispuesto para la continuidad de la acción arbitraria e ilegal, quienes han provocado con los mismos, un estado de alerta e inseguridad en mis trabajadores.
Acompaña documentos al recurso.
A folio 11, informa la recurrida PAKMIN SPA, HOY GEO ANDINA MINERALS SPA, refutando de manera categórica el inexacto relato de los hechos efectuado por la recurrente, solicitando el rechazo de la presente acción, con ejemplar condena en costas.
Señala que el único vínculo contractual y obligacional que existió (pues fue terminado por laudo arbitral) entre las partes del recurso, es el contrato de arrendamiento autorizado ante notario público don nombre reservado, celebrado por las partes en este juicio el 16 de septiembre de 2019, y en virtud de dicho contrato ya terminado, la recurrida dio en arrendamiento a la recurrente el inmueble ubicado en la localidad del Asiento en donde se encuentra emplazada la planta de tratamiento de minerales denominada Bellavista, cuyo uso y goce e instalaciones se encuentra dentro de la renta. Así, dicho contrato incluía todos los bienes que se encuentran en el inmueble.
Indica que concurrían al contrato como arrendador la Sociedad Contractual Minera nombre reservado y nombre reservado; arrendatario nombre reservado (hoy Geoandina Chile Minerals Spa; tercero interesado: Minera Clarita S.A., quien fue notificado del juicio arbitral en su calidad de tercero y no participo en el mismo.
Expresa que atendido una serie de incumplimientos contractuales por parte de la recurrente, su parte se vio obligada a solicitar la terminación judicial de dicho contrato, y con el mismo ya terminado, contenía una cláusula arbitral, en virtud de la cual, todas las disputas entre las partes (arrendatario y el arrendador) debían ser resueltas por un árbitro arbitrador. En dicha cláusula, las partes renunciaron expresamente a todos los recursos, lo que demuestra la finalidad que las partes le quisieron dar al juicio arbitral. La renuncia a los recursos, parece sobreabundante, puesto, al ser el árbitro arbitrador, de todas maneras, no procede en contra de sus resoluciones recurso alguno, ello con la exclusión de la casación por incompetencia y ultra petita, los que no fueron ejercidos por la recurrente como bien lo reconoce y el recurso de queja.
Indica que el árbitro don nombre reservado, fue designado por el tribunal competente en San nombre reservado, habiendo sida rechazada la infundada oposición a su nombramiento, ello, tanto por el Tribunal de Primera instancia como el de Alzada.
Expresa que con fecha 3 de octubre de 2022, el árbitro dictó el laudo. En el mismo, se acogió íntegramente la demanda de terminación de contrato de arrendamiento intentada por su parte, y dio por terminado el contrato de arrendamiento que unía a las partes, además de condenar a la contraria al pago de millonarias sumas a la defensa, y de rechazar la demanda reconvencional intentada.
Menciona que al haberse acogido la demanda, se puso término al contrato de arrendamiento que unía a las partes, por lo que la contraria ya no posee la calidad de arrendataria, y por ende no tiene título ni derecho alguno para usar la cosa que le fue arrendando, y por ende no ostenta un derecho de propiedad alguno sobre un contrato inexistente o bien los derechos que de él emanaron, por cuanto, se reitera dicho contrato se encuentra terminado debiendo restituir los bienes el demandado desde que la sentencia cause ejecutoria, lo que ya ha ocurrido.
Señala que al no proceder recurso ordinario ni extraordinario alguno en contra del laudo, el infundado recurso de queja interpuesto por el recurrente, es un recurso especialísimo que tiene por objeto la sanción disciplinaria de un juez, y no constituye instancia judicial, ni tampoco obsta a la ejecución de la sentencia, siendo calificado como irracional y un abuso de derecho, pues no se dan sus presupuestos. I Indica que después de la terminación del contrato de arrendamiento, la defensa se dirigió al tribunal competente de San nombre reservado para ejecutar el laudo (pues el árbitro no posee imperio), solicitando solo el lanzamiento de la recurrente, cosa a la que el tribunal de la instancia accedió con fecha 1 de diciembre de 2022.
En el intertanto, y de manera inexplicable, tanto por su fundamento como por su extemporaneidad, la contraria intento un incidente de nulidad. Dicho incidente no se intentó en contra del laudo, sino que respecto de la resolución que ordenó el lanzamiento por parte del tribunal de primera instancia por no haberle conferido citación, así como de la notificación de dicha resolución por parte del receptor. La interposición de dicho infundado recurso se debe al no tener a su disposición recurso judicial alguno en contra del laudo y que pudiera evitar el lanzamiento, en un intento desesperado por retrasar dicho evento.
Menciona que dicho incidente fue intentado tanto ante el Primer Juzgado de letras de San nombre reservado, quien denegó competencia para conocer del mismo. Dicha resolución se encuentra firme y ejecutoriada por no haber sido interpuesto recurso alguno en su contra, y luego al indicar el tribunal que dicho recurso se debía intentar ante el juez árbitro, la recurrente interpuso dicho incidente frente al Sr. nombre reservado, quien rechazó el mismo por falta de mérito y por haber sido interpuesto de manera extemporánea.
Señala que el segundo incidente de nulidad promovido por la contraparte, se funda en actuaciones emanadas del juez árbitro, una vez que evacuó el laudo, en circunstancias que dicha parte decidió acudir al mismo, en vez de impugnar la resolución del Tribunal de San nombre reservado que le ordenó a hacerlo.
Indica que en el ebook civil del Primer Juzgado Civil de San nombre reservado, Rol E-2033-2022, el Tribunal de la instancia ha dictado una serie de resoluciones sin mucho sentido y que se contradicen entre sí, lo que ha repercutido gravemente en los derechos de la recurrida e incluso pueden ser constitutivos de denegación de acceso a la justica, pues han generado una demora innecesaria en la culminación de dicho proceso.
Expresa que se ordena el auxilio de la fuerza pública, luego exige sobreabundantes requerimientos para su materialización, admite a tramitación incidentes de nulidad evidentemente extemporáneos y dilatorios, solicita información y actuaciones al juez árbitro, quien ya había cumplido con su cometido, entre otros desaciertos que lo único que han hecho es la demora de un proceso que debiese ser bastante rápido y simple.
Señala que la defensa no solicito el cumplimiento forzado del laudo, sino que solo el lanzamiento del recurrente, justamente para expeditar el proceso, además del hecho de no contar la recurrente con bien alguno que se le conozca sobre el cual ejecutar el laudo en su parte que ordena el pago de las millonarias sumas a la recurrida.
Indica que el laudo puso término al contrato de arrendamiento, y con ello los derechos que aduce tener el recurrente y que invoca como lesionados en este recurso, ordenando el laudo asimismo la restitución de los bienes arrendados dentro de tercero día. Dicho laudo fue notificado a las partes por lo que produjo sus efectos causando ejecutoria.
Expresa que con fecha 19 de enero de 2023, el recurrente hizo abandono voluntario del inmueble, como fue consignado por ministro de Fe. Sr. nombre reservado don nombre reservado.
Por ello, resulta indiferente el exhorto E-2033-2022, por cuanto, este proceso tuvo por objeto exclusivo solicitar el lanzamiento con fuerza pública. Al haber abandonado voluntariamente el inmueble, no se hace necesario persistir en tal solicitud o materializar la misma, careciendo de sentido el lanzamiento y proseguir con la tramitación del exhorto.
Señala que su representada fue avisada por vecinos del sector, que la recurrida hizo abandono voluntario del inmueble. Ello, consta en autos por cuanto la recurrida se dirigió al inmueble con el Sr. nombre reservado don nombre reservado, quien, en su calidad de ministro de fe, con fecha 19 de enero de 2023, constató y certificó el abandono de la propiedad, así como el robo de especies y maquinarias, delitos por los cuales su representada se querelló en contra de la recurrente, como se acreditará. Dicho acta es acompañada por la misma recurrente, reconociendo así su pleno valor probatorio.
Indica que habiendo el recurrente abandonado voluntariamente la propiedad, su representada, en su calidad de dueña y poseedora de la misma, ingreso al inmueble y recuperó la tenencia material, ello de manera pacífica y acorde a derecho.
Expresa que su representada, es dueña y poseedora del inmueble, ingresó en tal calidad y de manera pacífica con ministro de Fe, y evidentemente cambió cerraduras y tomó medidas para evitar un posible acceso violento y clandestino de terceros, dentro de los que se encuentra la recurrente.
Señala que durante la ocupación de la recurrente del inmueble, su representada alega que la recurrente cometió una serie ilícitos (constatados incluso por el ministro de Fe) en el inmueble y otros delitos relacionados, por los cuales, la recurrida y sus socios han interpuesto sendas querellas y denuncias, incluida una querella de prevaricación del abogado tipificado en el artículo 467 del Código Penal interpuesta por don nombre reservado, socio y representante legal de su representada.
Indica que la contraria no tiene título alguno ni derecho para ocupar el inmueble, y habiendo hecho abandono voluntario del mismo, la defensa no vislumbra cual puede ser la conducta arbitraria que se le imputa, así como el supuesto legítimo ejercicio de derechos de la recurrente que alega han sido vulnerados por la recurrida.
Expresa que la contraria pretende con la acción de protección, se revise el fondo del laudo arbitral, por cuanto señala que a su juicio habría bienes que no están comprendidos en el contrato terminado, y que supuestamente le correspondería usar, lo que fue rechazado por el Sr. nombre reservado al rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por dicha parte. Tal fue el pronunciamiento del juez árbitro, denegando la supuesta titularidad de un tercero sobre ciertos bienes, y menos, que los mismos le hayan sido arrendados por ese tercero al recurrente.
Menciona que el derecho de uso y goce invocado por el recurrente respecto de dichos bienes que supuestamente no serían de propiedad de la recurrida, cosa desestimada por el juez arbitro arrancarían del mismo contrato de arrendamiento ya terminado, y con independencia de quien es el dueño de los bienes en cuestión, el contrato por el cual fueron arrendados y de donde emanó alguna vez el derecho de la recurrente de usar y gozar los mismos, es uno y solo contrato, el mismo que ha sido terminado judicialmente, por lo que el recurrente carece de un derecho de uso y goce.
Agrega que su representada es dueña del inmueble y de la planta de tratamiento como de los bienes muebles con los que fue arrendada, y como propietario, del inmueble en cuestión, tiene todo el derecho y facultad de restringir el acceso de terceros al mismo mediante su cercamiento.
En cuanto al derecho consagrado en el numeral 24 de la Constitución de Política de La Republica, tampoco puede existir una perturbación, privación, o lesión del mismo, al no ostentar derecho alguno el recurrente para desarrollar la actividad económica de explotar comercialmente los bienes arrendados, ello por haber cesado el derecho a usarlos.
En cuanto a la prohibición de desarrollar una actividad económica en particular, su representada no le impide al recurrente dicho ejercicio.
A folio 12, se ordenó tener a la vista la causa E-2033-2022 del 1º Juzgado Civil de San nombre reservado y traer los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Segundo: Que, del mérito de los antecedentes, consta que los actos impugnados y reprochados al recurrido consisten en el cierre del acceso hacia el inmueble ubicado en la localidad de El Asiento, en la comuna de San nombre reservado, que corresponde a una porción de 96,50 hectáreas, ocupado por el recurrente, en calidad de arrendatario, materializados por la instalación de candados en las barreras de acceso al predio, en el mes de enero de 2023, prohibiendo el ingreso a él, afectando con dicha conducta las garantías contempladas en el artículo 19 Nº21 y 24 de la Constitución Política de la República.
Tercero: Que la recurrida al evacuar su informe, señala que la recurrente hizo abandono voluntario del inmueble de autos, lo que constaría en Certificado Notarial de fecha 19 de enero de 2023, que se acompaña en autos, por lo que la recurrida, en su calidad de dueña y poseedora del inmueble, hizo ingreso al mismo y recuperó la tenencia material, de manera pacífica y acorde a derecho, por lo que en su concepto el presente recurso habría perdido oportunidad.
Cuarto: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Quinto: Que, igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.
Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, no es posible establecer la existencia de un derecho indubitado que amerite protección mediante la presente acción cautelar, así como tampoco se acreditó por la parte recurrente, los actos de auto tutela denunciados. Por otra parte, es posible advertir que la materia que se ha pretendido debatir en estos autos ya se encuentra al amparo del derecho mediante la tramitación de diversas causas tanto civiles como penales seguidas entre las mismas partes, precisamente con la finalidad de establecer o declarar los derechos que se encuentran en pugna.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por Pakmin SPA hoy Geondina Chile Minerals SPA, en contra de la Sociedad Minera nombre reservado y nombre reservado.
Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad N°Protección-2082-2023.