nombre reservado con SOCIEDAD DE COBRANZAS PAYBACK S.A.

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio 1, comparece Juan Luis Railef Balmaceda, abogado, quien deduce recurso de protección a favor de nombre reservado, en contra de Sociedad de Cobranzas Payback Limitada o Ripley, habida consideración que a la recurrente ha se le ha vulnerado el derecho a su integridad psíquica, garantía prevista y establecida en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada desde el año pasado cursa estudios superiores en el Instituto Profesional DUOC, sede Valparaíso, indicando el horario al efecto. Y que a partir de la tercera semana del mes de abril del presente año, ha sido intimidada, vía llamadas telefónicas y correos electrónicos, por parte de agentes o “ejecutivos” que se identifican como de RIPLEY, a fin de que dé un pronunciamiento sobre oferta de regularización de pago de deuda de tarjeta Ripley.

Explica que, en promedio diario su representada ha recibido hasta 7 llamados telefónicos de ejecutivos de call center de RIPLEY, desde la ciudad de Santiago, llamados que pueden ser desde las 08:30 hasta 18:30 horas, incluso los domingos. Asimismo, han enviado en promedio 3 mensajes de correo electrónico desde el 4 de septiembre de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019.

Refiere que lo anterior, ha afectado la salud psíquica de la recurrente, alterando su actual vida cotidiana, ya que la llaman estando en clases, o cuando está estudiando. Precisando que desde la última semana estos actos se han hecho más constantes, siendo a distintos horarios, días de la semana, y por diferentes ejecutivos que se identifican como agentes de RIPLEY o PAYBACK RIPLEY; afirmando que este tipo de hostigamiento se ha realizado desde el 4 de septiembre de 2019.

Indica que la recurrente está consciente que tiene que pagar la deuda, pero no por ello se puede permitir que el recurrido abuse de su derecho a cobro, llamando de manera insistente, violando leyes que regulan la cobranza extrajudicial. Añade que tanto el grupo familiar de su cliente, así como también su entorno laboral, están al tanto de la deuda en comento, siendo que por mandato legal de la ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial las actuaciones deben proteger los datos de carácter personal, estándole vedado a las empresas correspondientes entregar datos y/o información referente a los créditos, a terceros.

Explica que no se discute el derecho que tiene la empresa para intentar el pago de lo adeudado, sin perjuicio de encontrarse la deuda judicializada, sin embargo, este derecho debe ser ejercido en términos restrictivos, sin que se afecten derechos fundamentales.

En cuanto a la ilegalidad del acto denunciado, invoca el artículo 37 incisos tercero y quinto de la ley N° 19.496, sobre protección de los Derechos de los Consumidores, señalando que imposible es imputar a determinados personeros o empleados de la recurrida respecto del acto denunciado en autos, pues como se refirió, al tomar contacto con su cliente y su núcleo familiar, siempre aseguraron llamar de parte de NORMALIZA.

Finalmente, refiere que los hostigamientos dicen relación con actitudes insistentes imputables a la recurrida que magullan la sana convivencia del deudor, vulnerándose las garantía del articulo 19 N°1 de la Constitución de la Republica, ya que el acto del denunciado repercute en la salud psíquica de su favorecida, que la han sumido en un estado de angustia y desasosiego permanente, sin que pueda encontrarse tranquila ni en su hogar ni en su lugar de estudios.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, declarándose ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, y se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas, entre ellas disponer a la recurrida abstenerse de efectuar llamadas telefónicas a su favorecida a sus teléfonos personales, mensajes de correo electrónico al mail correo reservado, y a su lugar de estudios, todo ello con costas.

A folio 6, evacúa informe la Sociedad de Cobranzas Payback Ltda., solicitando desde ya el completo rechazo del recurso.

Indica que efectivamente la recurrente se atrasó con los pagos correspondientes a su obligación crediticia, y su empresa ha hecho varias comunicaciones a ésta con la única intención de obtener el pago de la deuda que aún existe; precisando que se le ofrecieron varias oportunidades para extinguir la deuda.

Refiere que los correos informativos, suman una cantidad mínima, y que la motivación de éstos o de las llamadas telefónicas, no constituyen un actuar ilegal o arbitrario, sino que simplemente informan e instan a los deudores a extinguir sus obligaciones aprovechando los descuentos y ventajas ofrecidas, tal como se exige en el artículo 37 de la ley nº 19.496 en su letra g). Explica que al informar al deudor sobre la posibilidad de entablar una acción judicial, mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas, se cumple con los requisitos que tiene la recurrida, establecidos en la circular 24 del 2008 del Servicio de Impuestos Internos, para poder declarar el crédito incobrable.

Seguidamente, hace presente que las comunicaciones de correo electrónico fueron enviadas por una empresa externa dedicada a la cobranza, llamada GBI, por lo que ninguna de las vulneraciones que aquí se alegan son atribuibles a Sociedad de Cobranzas Payback Ltda; resultando absolutamente innecesaria la interposición del presente recurso.

Finalmente, señala que ningún derecho fundamental se vulnera al instar a una persona a cumplir sus obligaciones civiles por medio de proveer información, absolutamente necesaria para la recurrente en orden a cumplir sus obligaciones civiles, siendo lícito el actuar de su representada.

A folio 13, evacúa informe Ripley Chile S.A., señalando en primer lugar que su representada es una empresa distinta de Sociedad de Cobranzas Payback Ltda. Esta última es una empresa que se dedica enteramente a prestar servicios de cobranzas extrajudiciales a través de un Call Center de los créditos que ésta tenga, en tanto que Ripley Chile posee un giro totalmente distinto. Así las cosas, refiere que su representada no tiene mayor incidencia en los hechos denunciados.

Indica que sin perjuicio de lo anterior, informa que desconoce si la recurrente se atrasó con los pagos correspondientes a su obligación crediticia y si se ha llevado a cabo un sinnúmero de comunicaciones a ésta con la única intención de obtener el pago de la deuda que aún existe. Explicando que sin embargo, la motivación de las comunicaciones es instar a los deudores a extinguir sus obligaciones, aprovechando los descuentos y ventajas ofrecidas, acto permitido por el artículo 37, letra g) de la Ley N° 19.496 y circular 24 de 2008 del Servicio de Impuestos Internos; por lo que que ningún derecho fundamental se vulnera al instar a un apersona a cumplir sus obligaciones civiles, debiendo rechazarse la acción.

A folio 15, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales ha sido instaurado por el Constituyente para brindar el debido resguardo a quienes sufran una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República producto de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Segundo: Que la recurrente señala que se ha visto vulnerado en su integridad psíquica, afectándose la garantía constitucional contenida en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al recibir llamados telefónicos de cobranza que se tornan en un acoso, ya que estos se realizan de forma insistente a toda hora del día y varias veces, incluso 7 veces diarias; situación que se reitera con el envío de correos electrónicos;

Tercero: Que la parte recurrida “Sociedad de Cobranzas Payback S.A.” expone que efectivamente se han realizado varias comunicaciones a la recurrente, con la única intención de obtener el pago de la deuda, ofreciéndosele oportunidades para extinguir aquella.

Que a su vez, la empresa “Ripley Chile”, refiere que desconoce la existencia de una deuda y de los hechos descritos en la acción de protección.

Cuarto: Que, entonces se debe determinar si dichos llamados telefónicos y envíos de correos electrónicos han sido efectuados conforme a la normativa existente o, por el contrario, ha sido arbitrario y al margen de toda normativa;

Quinto: Que, la Excelentísima Corte Suprema ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de este asunto, en la causa Rol N° 4767-2013, cuando señala: “Que la existencia de la supuesta deuda de la recurrente con la recurrida y su morosidad pueden ser planteadas en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos. De allí que el cobro extrajudicial de la misma por la vía telefónica, al menos durante los meses de septiembre de 2012 a abril de 2013, es decir en total 8 meses, constituye el ejercicio abusivo de una facultad.

En efecto, si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias a la deudora de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio. Este ejercicio es el que resulta arbitrario, debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por lo que el recurso será acogido, en razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental;”

Sexto: Por su parte el artículo 37 inciso 6° de la Ley N° 19.496, señala que “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor;”

Séptimo: Que, así y como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 36222-2016, “Existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda;”

Octavo: Que, de lo expresado en los fundamentos que anteceden es posible concluir que los llamados telefónicos y envíos de correos electrónicos efectuados por la recurrida “Sociedad de Cobranzas Payback S.A.”, no han tenido sólo por objeto poner en noticia de la recurrente la existencia de la deuda, sino que se han tornado en un acoso telefónico y por vía mail, persistente, ajeno a lo razonable y excediendo los márgenes de lo permitido, por lo que procede acoger la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge la acción de protección deducida por doña nombre reservado en contra de Sociedad de Cobranzas Payback Limitada o Ripley, y en consecuencia, dichas empresas deberán cesar inmediatamente los llamados telefónicos y el envío de correos electrónicos a la actora que tengan por fin el cobro anotado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20.741-2019.